“Caza Científica” de Japón en Antártica, Mucho Más Que Ballenas




Diversos factores relacionados a la agresiva política ballenera de Japón en Antártica alertan a los gobiernos y la ciudadanía latinoamericana sobre las reales intenciones del gobierno asiático en una de las regiones de mayor interés estratégico y de potenciales disputas territoriales y de recursos naturales en el futuro próximo.

Por: Elsa Cabrera


El pasado 07 de diciembre tres naves de la flota ballenera japonesa, liderada por la Yushin Maru, zarparon desde puerto de Shimoniseki rumbo al Santuario de Ballenas del Océano Austral con el objetivo de capturar 900 ballenas minkey 50 ballenas de aleta (En Peligro) bajo supuestos fines de “investigación científica”.

Las características de la flota, fechas de zarpe y el plan operacional continúan siendo un misterio. El gobierno japonés justifica el ocultamiento de información argumentando razones de seguridad. Sin embargo este tipo de información debería ser pública toda vez que las ballenas son patrimonio de la humanidad y no del gobierno de Japón.

Industria Ballenera Recibe Fondos Públicos a Pesar de Crisis Generada por Tripe Desastre

El 30 de septiembre pasado la prensa japonesa informó que el gobierno aumentaría en casi un 600 por ciento1 el presupuesto anual otorgado al programa ballenero en Antártica. Esto con el objetivo de fortalecer la seguridad de la flota ballenera después que en 2010 ésta regresara a puerto con menos del 20 por ciento de la cuota de ballenas que se habían auto otorgado y cerraran anticipadamente la temporada de “caza científica” en la Antártica argumentando que el acoso de la organización Sea Shepherd amenazaba la seguridad de las operaciones. Para concretar este espectacular aumento del presupuesto ballenero, el gobierno anunció que utilizaría el fondo para la reconstrucción del país2, creado con el dinero de los contribuyentes japoneses.

El anuncio produjo el inmediato rechazo de la sociedad civil japonesa. Más de una decena de organizaciones, incluida la Federación de Abogados Ambientales de Japón, la Asociación para la Protección de las Comunidades Costeras y la Red de Acción Ballena (IKAN), enviaron un duro mensaje al primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, denunciando el uso de fondos públicos destinados originalmente a la reconstrucción del país para “conducir operaciones de caza científica de ballenas de acuerdo al plan original”. La carta, a la cual posteriormente se sumaron una decena de organizaciones de América Latina, incluido el Centro de Conservación Cetacea y el Centro Ecoceanos de Chile, agrega que el uso de estos fondos genera inevitables cuestionamientos sobre los intereses creados del gobierno de Japón con el fin de mantener activo “el moribundo programa de caza de ballenas con dinero de los contribuyentes”.

Oficiales de la Agencia de Pesca de Japón (APJ) salieron a defender la decisión del gobierno afirmando que el dinero irá en apoyo de la industria ballenera y algunas comunidades que se vieron afectadas por el terremoto y tsunami de marzo pasado. Agregaron que al regresar con un “cargamento completo” [de ballenas] podrán revivir la comunidad de Ayukawa3, única localidad ballenera de toda costa este de la península de Ojika que fue destruida por el desastre de marzo pasado y que contaba con una solitaria y decaída planta ballenera (Ayukawa Whaling). Sin embargo la solicitud de financiamiento es clara en precisar que el destino final del dinero obtenido de los contribuyentes japoneses es para “aumentar la seguridad de la flota ballenera y permitir la operación estable de la temporada en la Antártica” y no la reconstrucción de Ayukawa. De manera similar, las afirmaciones de los oficiales de la APJ evidencian el fin último de las operaciones balleneras en la Antártica es comercial y no científico. Esto confirma una vez más el carácter ilegal de la caza de ballenas realizada por Japón en el Océano Austral4.

Tras estas desconcertantes declaraciones la respuesta de la sociedad civil japonesa no se hizo esperar. El pasado 02 de diciembre diversas organizaciones hicieron un llamado a las autoridades para revisar el uso de fondos públicos en la mantención de la industria ballenera en una clara y contundente señal pública de rechazo a la política ballenera del gobierno japonés.

“Caza Científica” ¿Estrategia de Expansión y Militarización de la Antártica?

Tras triplicar el subsidio gubernamental y asegurar una nueva temporada de “caza científica” de ballenas en la Antártica, el portavoz de la Guardia Costera japonesa afirmó en los medios de comunicación que “decidieron reforzar la seguridad como nunca antes” y “llevar la mayor protección en la historia” de la ballenería, la cual “servirá para disuadir” a los grupos conservacionistas. Ésta incluiría el despliegue de un numero indeterminado de agentes de la Guardia Costera a bordo de las naves que componen la flota ballenera, equipos de seguridad no especificados y hasta una nave patrullera de la Agencia de Pesca de Japón que e sus costados lleva escrito en letras gigantes “Gobierno de Japón”. Este es otro claro ejemplo de la implementación, en base a una política de hechos consumados, de la agresiva política expansionista de Japón en aguas antárticas, la cual toma forma de un emprendimiento estatal.

La falta de transparencia del gobierno de Japón en relación al programa de seguridad ballenero fue una de las preocupaciones expresadas por más de sesenta organizaciones de América Latina, el Caribe e internacionales en una carta enviada el pasado 25 de octubre a los comisionados de la región (Grupo Buenos Aires) ante la Comisión Ballenera Internacional (CBI) toda vez que el Océano Austral, regido bajo el Tratado Antártico5, es una zona designada para la paz, cooperación internacional y libre de armas que hoy está amenazada por un programa ballenero que ni siquiera cuenta con el apoyo de la sociedad civil japonesa. El llamado de la sociedad civil latinoamericana no es menor considerando que la mayoría del dinero derivado del fondo para la reconstrucción hacia el programa ballenero será utilizado en reforzar la seguridad de la flota ballenera, sentando un grave precedente sobre la forma en que se abordarán futuros conflictos en la zona del Tratado Antártico.

Sin embargo este aspecto ha sido completamente ignorado por los gobiernos, incluso de países con intereses y reclamaciones sobre la Antártica. Tras el zarpe de la flota el Grupo Buenos Aires emitió un comunicado conjunto que se limitó a condenar las operaciones de “caza científica” y exhortar al Gobierno del Japón a poner fin las operaciones balleneras que realiza “en un santuario que fue establecido por la CBI precisamente con el objetivo de proteger a las ballenas”.

De manera similar, ningún gobierno ha cuestionado y/o exigido públicamente al Gobierno de Japón la entrega de información necesaria para conocer el tipo de embarcación, oficiales y características de los equipos de seguridad que operarán en las aguas del continente Antártico. Esto a pesar que la CBI ha adoptado varias resoluciones sobre seguridad en alta mar que el gobierno de Japón intenta utilizar para obtener apoyo a su ofensiva expansión ballenera en la Antártica.

Mientras gobiernos y organizaciones civiles guardan silencio respecto al uso de personal y elementos de carácter militar en la zona del Tratado Antártico, Japón continua implementando medidas estratégicas orientadas a librarse de cualquier oposición a sus operaciones en alta mar y así poder retornar a casa con “un cargamento completo" [de ballenas] que permitiría revitalizar la moribunda y decadente industria ballenera. Así quedó evidenciado el pasado viernes cuando los medios de comunicación anunciaron que el Instituto de Investigación de Cetáceos6 (ICR por sus siglas en inglés) y el conglomerado ballenero Kyodo Senpaku, presentaron una demanda ante un Tribunal Federal en Washington (EE.UU) que busca impedir a la organización Sea Shepherd participar en actividades de protesta marítimas. Cabe recordar que en 2009 Estados Unidos, país cercano a la política ballenera de Japón durante los últimos años, apoyó la idea de tomar acciones contra la organización ecologista si descubrían violaciones a la legislación norteamericana.


Oscuro Futuro para las Ballenas en el Continente Blanco

Si bien el rechazo de la ciudadanía global y la comunidad internacional a las operaciones de “caza científica” de ballenas es casi unánime y transversal, las declaraciones, condenas, demandas legales y protestas diplomáticas no han tenido la menor incidencia en la voraz política ballenera de Japón en el Océano Austral.

La falta de acciones concretas y efectivas, como la adopción de sanciones comerciales y la reforma de los Estatutos que rigen el trabajo de la Comisión Ballenera Internacional, entre otras, han permitido al gobierno de Japón traspasar límites legales y éticos que no sólo amenazan las ballenas, sino también la gobernanza del Océano Austral, los principios del Tratado Antártico, los intereses de los países latinoamericanos y las urgentes necesidades del pueblo japonés tras el terremoto, tsunami y desastre nuclear de marzo pasado.

Resumiendo las acciones adoptadas por el gobierno de Japón para garantizar la temporada 2012 de “caza científica” en el santuario de ballenas del Océano Austral podría concluirse que el triple desastre de marzo de 2011 ha sido utilizado para implementar una ofensiva política ballenera que incluye desviar de fondos públicos destinados originalmente a la reconstrucción del país, socavar los principios del continente Antártico como una zona de paz y libre de armas, y intentar restringir o eliminar derechos básicos como el derecho a la libertad de manifestarse pacíficamente7 consagrado bajo las Naciones Unidas.

Ante el creciente rechazo al interior de Japón a la política ballenera del gobierno nipón, la sistemática disminución del consumo de carne de cetáceos y el histórico sobre almacenamiento de más de seis mil toneladas de carne (link) y productos de ballenas, entre otros, resulta evidente que el real interés del gobierno de Japón es la defensa de una pequeña pero muy poderosa elite económica asociada a la industria pesquera japonesa que busca expandir y consolidar su dominio en las ricas aguas del Océano Austral, incluso mediante agresivas medidas de seguridad, y no los intereses ni necesidades de la ciudadanía japonesa.

Bajo este contexto resulta urgentemente necesario que los países del hemisferio sur, especialmente aquellos con intereses y responsabilidades directas en la zona Antártica y sus ecosistemas relacionados, implementen una política precautoria que detenga efectivamente la provocadora política ballenera de Japón antes que sea demasiado tarde.
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Elsa Cabrera es directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea y observadora acreditada ante la Comisión Ballenera Internacional desde 2001, y Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo del Centro Ecoceanos.


NOTAS:

1. El presupuesto anual para la operación de la flota ballenera en la Antártica es de alrededor de seis millones de dólares. La temporada actual tiene un costo aproximado de 33 millones de dólares.

2. Item "Medidas para Estabilizar el Programa de Caza Científica de Ballenas" presentado por la Agencia de Pesca de Japón durante la revisión del presupuesto anual adicional orientado a ayudar a las personas de las zonas afectadas por el triple desastre del 11 de Marzo de 2011.

3. A pesar que el gobierno de Japón argumenta que la ballenería es una tradición milenaria, las operaciones balleneras en Ayukawa sólo se remontan a inicios del siglo pasado tras el arribo de tres compañias balleneras que operaron hasta la implementación de la moratoria sobre la caza comercial en 1986. U pequeño porcentaje de la comunidad se dedicaba a la caza costera de ballenas hasta el terremoto y tsunami de marzo pasado.

4. Desde 1986 la caza comercial de ballenas se encuentra prohibida a nivel global tras la implementación de la moratoria. A partir de 1987 Japón ha cazado más de 20 mil ballenas con supuestos fines de “investigación científica” en aguas internacionales del Océano Austral y Pacífico Norte. La carne y productos son luego comercializados en el mercado interno japonés e incluso exportados ilegalmente a países como Estados Unidos.

5. La zona del Tratado Antártico se aplica a partir de los 60º latitud sur. El denominado programa de “caza científica” de Japón en Antártica (JARPA II) realiza operaciones al sur de los 60ºS (ver, entre otros, informe SC/63/O1de JARPA II ante Comité Científico de Comisión Ballenera Internacional).

6. Organismo dependiente de la Agencia de Pesca de Japón encargada de implementar los programas de “caza científica” de ballenas.

7.Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

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Fuentes: Courier Mail, Associated Press, Japan Real Time, Prensa Latina, Univisión Noticias, The Guardian, The Sydney Morning Herald, ABC News, La Región, M&C, Wikileaks, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

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