Chile: Ante la inminente aprobación de la ley Longueira, llaman a la desobediencia civil




La lucha contra la Ley Longueira que privatiza los peces continuará en las calles, en el Tribunal Constitucional y en las Cortes internacionales, afirmaron hoy organizaciones ciudadanas y de pueblos originarios en el dia en que el Senado chileno está legislando este proyecto que despoja a los pueblos de Chile de sus recursos marinos. 
En conferencia de prensa, el director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, y el integrante del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche, Sergio Millaman, afirmaron que "ante una ley injusta, es deber de la ciudadanía desobedecerla".
Millaman además agregó que el gobierno y el Parlamento han vulnerado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque no han realizado la consulta a los Pueblos Originarios RapaNui, Kawesqar, Mapuche-Lafkenche y Mapuche-Huilliche, tal como lo obliga este instrumento internacional que Chile ratificó en 2008 y que por tanto es Ley de la República.
"El gobierno y el Parlamento en forma constante han señalado que esta Ley no afecta los intereses de los pueblos indigenas y con ello han negado 10 mil años de historia en que estas comunidades han accedido y usado los recursos del mar para su economía y subsistencia, y que hasta hoy viven de la recolección y extracción de peces, algas y mariscos", afirmó Millaman.
Agregó que "se han realizado una serie de acciones para denunciar este hecho, además de las movilizaciones masivas que comunidades mapuche desarrollan en diferentes pueblos y ciudades del sur. También se ha interpuesto un recurso de protección en la Corte de Valdivia y se ha solicitado al Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Originarios, que realice un pronunciamiento al respecto".
"Tenemos entendido que este relator ya envió una consulta formal al gobierno de Chile y que está en Cancillería. Así que el gobierno deberá pronunciarse al respecto y con esta situación la Ley Longueira ya está siendo discutida y criticada en instancias internacionales", dijo el representante de las comunidades originarias.
Por su parte, el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, dijo que la Ley Longueira es injusta y el gobierno ejerce una gran presión a los senadores para aprobarla. "El ministro Longueira ha dicho que si el texto respecto a la propiedad de los recursos y duración de la entrega de las concesiones no es del agrado del Ejecutivo, van a vetar parcial o totalmente el proyecto. Esto demuestra que este proyecto de Ley se está tramitando con pistola al pecho. Esta es una situación que es inédita en la tramitación de un proyecto de Ley", dijo Cárdenas.
Ante la aprobación del proyecto de Ley Longueira, Cárdenas dijo que a la ciudadanía, a los Pueblos Originarios y a los pescadores artesanales que rechazan esta iniciativa, les está quedando la movilización social, recurrir al Tribunal Constitucional, porque esta Ley tiene vicios de inconstitucionalidad, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque viola el Convenio 169 de la OIT".
El director de Ecoceanos afirmó también que "una vez que se apruebe la Ley Longueira viene todo un proceso de resistencia y desobediencia civil porque es una Ley extremadamente injusta, que ha sido tramitada por un Parlamento que está seriamente cuestionado en su legitimidad por la ciudadanía". (Ecoceanos.)
Chile: La sustentabilidad, un concepto para privatizar el mar
Javier Zárate
Hablar de sustentabilidad a la hora de legislar sobre nuestros  recursos naturales, es algo políticamente correcto sin embargo se ha tornado en un concepto mañoseado inescrupulosamente al referirse solo a la conservación de los ecosistemas. Se ha igualado el concepto de sustentabilidad al de conservacionismo dando paso a una serie de errores en la generación de leyes. Un caso emblemático es la ya conocida ley de pesca o ley Longueira tendiente a la privatización de las zonas de extracción marítima.
El concepto de sustentabilidad se remonta hacia 1987 con el informe Brundtland definiendo la sustentabilidad como  la búsqueda por satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Posteriormente tras múltiples instancias internacionales en materia medioambiental se llega al concepto actual de sustentabilidad que refiere al equilibrio entre tres elementos que propician el desarrollo, estos son: El cuidado del medio ambiente, el desarrollo económico y el bienestar social. Es decir, el concepto de sustentabilidad une lo ambiental con lo social, ya que no puede existir solo conservación si eso no implica bienestar social, entendiendo ello como la equidad en el reparto de los beneficios que brindan los recursos naturales. Con todo, los legisladores insisten en hablar de sustentabilidad cuando se trata realmente de conservación, poniendo en riesgo aún más la sustentabilidad del país.
Hoy por hoy el argumento de la falta de conservación, creída insustentabilidad que se busca cambiar ha sido un potente trampolín para llevar adelante iniciativas de privatización que supuestamente defenderán y protegerán aún más nuestro medio ambiente en la medida en que esa supuesta privatización o repartija de la torta de recursos permita “regular” por parte del estado, pero no administrar lo que a todos los chilenos pertenece. Sin embargo, la privatización trae consigo la mercantilización de los recursos naturales, poniendo aún más en riesgo la supuesta sustentabilidad que los legisladores dicen defender, entrampando gravemente la discusión hacia una desestatización irresponsable. El país deja de ser dueño de su territorio y lo enmarca vulnerable a las especulaciones financieros. ¿Quién puede limitar a un privado de explotar algo que le pertenece? ¿Quién realmente controla la extracción de los recursos naturales? ¿Cómo se limitaría al mercado de tomar decisiones ambientalmente incorrectas? ¿Quién realmente defendería el patrimonio nacional?
Con todo algunos legisladores creen que la sustentabilidad viene aparejada de la privatización, que supuestamente el mercado arreglará mágicamente las reglas del juego, que creando algunos comités de científicos pagados por las mismas industrias pesqueras van a controlar la voracidad del mercado. El supuesto orden que traerá la privatización y la mercantilización de recursos pesqueros no será sino otro despelote que terminará beneficiando a los siete reyes del mar chileno.

Lobby y acuerdos de última hora: Cómo se mueve el Senado ante discusión de Ley de Pesca
De los acuerdos para una rápida aprobación del proyecto de Ley de Pesca, que impulsaban los senadores Hosaing Sabag (PDC), Alejandro García-Huidobro (designado) y Fulvio Rossi (PS), se ha pasado a las negociaciones entre el ministro Longueira y los senadores demócrata cristianos, encabezados por Jorge Pizarro y Soledad Alvear.
El 20 y 21 de noviembre serán fechas que el actual ministro de Economía, Pablo Longueira, recordará con frustración. Luego de una maratónica sesión de 12 horas en la sala del Senado, los sucesivos acuerdos políticos entre el gobierno y la Concertación para destrabar los artículos claves y mas polémicos del proyecto de nueva Ley de Pesca fueron cayendo uno a uno. Ellos dicen relación con la propiedad del Estado sobre los recursos marinos de la Nación, y la duración de la entrega de licencias de pesca al sector industrial. Además, de las licitaciones anuales de un porcentaje de las cuotas de la pesca industrial.
La discusión del articulado del proyecto de Ley de Pesca, en segundo trámite, no ha estado exenta de tensos momentos que llevaron inclusive a desalojos en las tribunas. Además de una fuerte discusión entre los senadores Carlos Bianchi (independiente) y Alberto Espina (RN).
El conflicto Bianchi-Espina se inició cuando el legislador magallánico no dio la unanimidad para permitir el ingreso del Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, al hemiciclo, lo que provocó la molestia del parlamentario de derecha. En medio de la discusión, el ministro Longueira pedía el ingreso del Subsecretario de Pesca y de sus asesores técnicos. Estos últimos pudieron finalmente ingresar, no así el Subsecretario de Pesca, quien aprovechó de avanzar en las negociaciones con el Partido Demócrata Cristiano.
SE NEGOCIAN NUEVAS INDICACIONES PARA LOS TEMAS CONFLICTIVOS
Esta miércoles en la mañana, con 24 votos a favor y 7 en contra, la Sala del Senado ratificó un acuerdo mayoritario de comités, mediante el cual se acordó remitir el proyecto de Ley de Pesca a las Comisiones Unidas de Pesca y de Hacienda, a objeto de presentarle indicaciones acotadas. Hasta las 16 horas se fijó el plazo para hacer llegar las enmiendas. Sin embargo, no se cumplió con el tiempo establecido, por lo que se suspendió la discusión en la sala del Senado.
Cabe recordar que el acuerdo de comités fue aprobado con los votos a favor de los comités de RN, de la UDI y de la DC, y con los votos en contra de los comités independientes, del MAS, del Partido Radical, del PPD y del PS.
Los parlamentarios deberán votar diversos temas pendientes sobre la iniciativa, entre ellas, el artículo primero, sobre la propiedad del Estado sobre los recursos marinos de la Nación.
Asimismo, se encuentra pendiente la votación de las normas sobre licitación de pesca. El gobierno propone que la cuota industrial se diluya 15% en paquetes de licitación de 5%, las que se gatillan cuando la pesquería llegue al 95% de su Rendimiento Máximo Sostenible. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Pesca del Senado y rechazada por la Comisión de Hacienda.
LAS MAÑAS DE LA LEY
Los acuerdos se basan en incorporar al texto redacciones engañosas y con letra chica, de manera de hacerlas más digeribles. Ejemplo de ello es el articulo 1, donde la senadora Soledad Alvear, “en conjunto con Cancillería” idearon la fórmula de reconocer que el Estado de Chile tiene soberanía sobre la explotación de los recursos pesqueros del país, pero no propiedad.
En relación a la extensión de la entrega de las licencias de pesca, Pablo Longueira había señalado su posición de entregarlas a perpetuidad. Sin embargo como dicha fórmula era políticamente incorrecta, fue dejada en 25 años, renovables automáticamente por igual periodo. Dichas licencias son transables, hipotecables, heredables.
La Concertación presentó como contrapropuesta entregarlas por 15 años. El acuerdo hasta el momento baraja la fórmula de entregarlas por 20 años renovables, pero con causales de caducidad. Al leer la letra chica, estas causales de no renovación automática son impracticables.
Esta semana la Comisión de Hacienda del Senado colocó una indicación para modificar el clave artículo 1, estableciendo que “los derechos que se otorgan por parte del Estado de Chile son temporales, y nadie tiene derecho a perpetuidad en materia pesquera”. Sin embargo, esta indicación fue eliminada en las negociaciones en el Senado.
Ahora la discusión en la sala del Senado esta muy complicada, discutiéndose artículo por artículo, sin que exista un acuerdo macro. Todo ello, mientras los pueblos Lafkenches y pescadores artesanales siguen movilizándose desde diversas caletas y comunidades en Temuco, Valdivia, Osorno y Hualaihué.
DESOBEDIENCIA CIVIL
El director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, y el integrante del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche, Sergio Millaman, afirmaron que “ante una ley injusta, es deber de la ciudadanía desobedecerla”.
Millaman planteó que el gobierno y el Parlamento han vulnerado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque no han realizado la consulta a los Pueblos Originarios RapaNui, Kawesqar, Mapuche-Lafkenche y Mapuche-Huilliche, tal como lo obliga este instrumento internacional que Chile ratifico en 2008 y que por tanto es Ley de la República.
“El gobierno y el Parlamento en forma constante han señalado que esta Ley no afecta los intereses de los pueblos indígenas y con ello han negado 10 mil años de historia en que estas comunidades han accedido y usado los recursos del mar para su economía y subsistencia, y que hasta hoy viven de la recolección y extracción de peces, algas y mariscos”, expresó el representante de los pueblos originarios.
Por su parte, el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas dijo que la Ley Longueira es injusta y el gobierno ejerce una gran presión a los senadores para aprobarla. “El ministro Longueira ha dicho que si el texto respecto a la propiedad de los recursos y duración de la entrega de las concesiones no es del agrado del Ejecutivo, van a vetar parcial o totalmente el proyecto. Esto demuestra que este proyecto de Ley se está tramitando con pistola al pecho. Esta es una situación que es inédita en la tramitación de un proyecto de Ley”, dijo Cárdenas.
Ante la aprobación del proyecto de Ley Longueira, Cárdenas dijo que a la ciudadanía, a los Pueblos Originarios y a los pescadores artesanales que rechazan esta iniciativa, les está quedando la movilización social, recurrir al Tribunal Constitucional, porque esta Ley tiene vicios de inconstitucionalidad, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque viola el Convenio 169 de la OIT”.
El Ciudadano con información de Radio Del Mar

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