Argentina - Chubut Amparo ambiental: “¿Un freno a la megaminería?”

Por MACh Trelew

Marcelo Pintihueque, integrante de la comunidad Comarca Chubut, representado por la abogada Silvia de los Santos ingresó una acción de amparo ambiental, mandamiento de ejecución y una declaración de inconstitucionalidad. La medida cautelar cuenta con una profunda fundamentación que se cimenta en el derecho internacional indígena como el artículo 169 de la OIT que establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. “El objeto del amparo es que el poder ejecutivo y el poder legislativo hagan efectivas las normas que reconocen derechos colectivos e individuales al mundo indígena”, explicaba la letrada en conferencia de prensa. El recurso solicita que se suspendan  68 de los 135 proyectos megamineros  “con miras a su cierre definitivo”. El propio ministerio de medio ambiente reconoce que su habilitación ambiental se encuentra vencida. Esos proyectos  “son clandestinos” denunció Silvia de los Santos. En su exposición ante los medios de comunicación la abogada explicaba que “lo que estamos queriendo demostrar también es la falacia de que el estado controla, justamente si permiten que se hagan actividades de exploración o prospección sin tener habilitación vigente habla de una falta total y absoluta de controles”
En la provincia de Chubut no se realiza Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como exige la normativa. Por un decreto del anterior gobierno se establece un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que posibilita la aplicación de los mismos por meras Declaraciones Ambientales (DA). Esto es directamente inconstitucional. El amparo no tiene por objeto prohibir ningún tipo de actividad económica, lo que busca es que se respeten las normas vigentes que son constitucionales y supra legales, y legales también, ya que el código ambiental de la provincia dice que deben hacerse EIA. Entro los muchos fallos citados con jurisprudencia en este aspecto, se menciona el conocido caso  Esquel en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció que “toda actividad que pueda generar un impacto en el ambiente debe tener previamente aprobada una EIA” Y estas evaluaciones deben someterse a audiencias públicas, en el caso de la minería la única consulta que se hace es vía internet. Las asambleas y organizaciones sociales se encuentran expectantes ante el resultado de esta presentación legal que podría dar por tierra con el vapuleado marco regulatorio de las actividades mineras e hidrocarburíferas presentado por el gobierno para su tratamiento ante la legislatura provincial. Si el tribunal superior da curso a la medida cautelar pondrá sin dudas un freno a las apetencias de las corporaciones transnacionales que en las sombras empujan para habilitar la megaminería.

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Fuente: “La Tijereta” *
En mayo de este año, el intendente, Rafael Williams, anunció que no tenía marco legal para negar la habilitación comercial a la subsidiaria de Yamana Gold, Minas Argentinas S.A. y procedió a otorgar una habilitación provisoria. Ante el anuncio del intendente, tanto el Frente Vecinal como el Frente para la Victoria presentaron, esa misma semana de mayo, sendos proyectos de ordenanza para no permitir que se otorguen habilitaciones comerciales a actividades prohibidas en el ejido municipal. La semana pasada, el PJ y un ciudadano, a través de la Banca del Vecino, presentaron también proyectos de ordenanza en el mismo sentido. La presencia y las acciones de esta empresa, promocionando una industria contundentemente rechazada por el 82 % de la comunidad en el plebiscito del 2003, vienen generando un gran conflicto y división social. Ante la presión de los vecinos y en vista de la reunión pactada para el próximo 28 de noviembre en el acuerdo firmado por el intendente con el Movimiento de Lucha por Trabajo, entre otras organizaciones de base, el funcionario volvió a excusarse en la falta de marco legal y endilgó esta responsabilidad al Concejo Deliberante. Por este motivo, el pasado jueves 15, el plenario del Concejo reunido en comisión se aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el Frente Vecinal, el cual agrega un artículo en el Código Tributario referido a las habilitaciones comerciales y que expresa: “Art. 166 bis: No se otorgará habilitación comercial para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas de actividades que se encuentren prohibidas o de cualquier forma no permitidas por la legislación municipal.” Esta nueva ordenanza se ratificaría el próximo jueves 22 en sesión de Concejo.

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