«No existe un interés superior humano que justifique el sufrimiento animal»
La abogada María González Lacabex, especializada en Derecho Animal y miembro de la junta de la asociación Operadores Jurídicos por los Animales (INTERCIDS) repasa los avances en bienestar animal y todo el camino que queda por recorrer: Proponer la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los animales. Mejorar la normativa europea que regula la cría de perros y gatos. Luchar para que se apruebe una ley que prohíba las granjas de pulpos en España. Todos son procesos en los que participa y que impulsa la asociación Operadores Jurídicos por los Animales (INTERCIDS). Integrada por profesionales del ámbito del derecho y la justicia, como abogados, jueces, procuradores, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o agentes medioambientales, esta asociación busca ser un espacio que aglutine todas las miradas de quienes trabajan en derecho y justicia para poder hacer propuestas legislativas para mejorar la normativa que protege a los animales, así como mejorar y garantizar su aplicación.
Entrevista; Juan F. Samaniego
Los animales y los ecosistemas en general no tienen voz política ni tampoco personalidad jurídica, en la mayoría de los casos. ¿Qué dificultades tiene luchar por sus derechos?
Estamos defendiendo a seres que, aunque se expresan, no participan en el sistema. Somos nosotros quienes tenemos que defender sus derechos y sus intereses. Y esto implica hacer cambios en el propio sistema jurídico. Hasta ahora los animales han sido considerados cosas, equiparándolos a los bienes materiales que son patrimonio de los seres humanos, o parte de los ecosistemas. Entonces, el principal reto al que nos enfrentamos cuando hablamos de su protección jurídica es la necesidad de darle la vuelta al sistema y cambiar la forma en que tenemos montadas las leyes. En los últimos años se han producido cambios importantísimos, como esa declaración que recoge el Código Civil español de que los animales no son cosas, sino seres sintientes. Poco a poco, las diferentes normas van teniendo en cuenta esta consideración y la van recogiendo de forma expresa.
En este sentido, ¿cuál ha sido la relevancia de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales?
Se trata de una ley de ámbito administrativo que da respuesta a una reivindicación histórica: contar con una ley marco que sentase unas bases mínimas para la protección de los animales en todo el Estado. Hasta ahora existía una ley de protección de los animales por cada comunidad autónoma. Esto suponía mucha dispersión normativa y niveles de protección muy dispares. A partir de ahora, cada comunidad autónoma establece su norma, pero siempre partiendo de los mínimos de la ley estatal.
Por otro lado, es una ley con sus limitaciones. No se aplica a todos los animales, solamente a los animales de compañía o a los silvestres en cautividad. Y dentro de estos grupos ha dejado también a algunos animales fuera, como por ejemplo los perros utilizados para la caza.
Si estos son los primeros pasos, ¿hacia dónde tiene que seguir cambiando el sistema?
El gran reto es devolver la cobertura de la ley a aquellos animales que han salido de ella o que todavía no están bajo ese paraguas protector. Es decir, ir llenando las lagunas de desprotección de determinados animales. En este sentido, también es importante que la ley se aplique, que las administraciones públicas y el personal que trabaja para ellas apliquen estas normas para proteger a los animales. Hoy en día, las sanciones por incumplir la ley de protección animal son casi un mito.
No es solo un tema de sensibilidad, sino que también es una cuestión de derecho, de justicia y de aplicar las leyes tal cual están aprobadas. Por último, dentro del ámbito administrativo, también es necesario intentar frenar el surgimiento de nuevas formas de explotación animal que hasta ahora no existían, como estamos haciendo nosotros para lograr prohibir las granjas de pulpos.
Hablar de protección de los animales es algo muy amplio. ¿A qué nos referimos concretamente?
La protección, en realidad, cambia en función de la especie de animal que sea y de la utilidad que el ser humano haya encontrado para esa especie. No tiene la misma protección un animal considerado legalmente de compañía, destinado a la convivencia con el ser humano, que un animal de una especie utilizada con un fin productivo, como los que se usan en granjas, o que un animal que vive libre en su medio natural. Dentro de los que viven libres tampoco tienen la misma protección las especies protegidas por estar en una situación de riesgo de extinción que el resto.
¿En qué medida avanzaremos hacia una mayor protección de los animales? En la medida en que la sociedad vaya entendiendo que determinadas actividades no tienen un interés mayor que el interés que existe en proteger el bienestar de un animal y en evitar su sufrimiento. Es decir, entender que no existe un interés superior humano que justifique el sufrimiento animal.
Cambiar esa visión utilitaria de la naturaleza parece un camino complicado.
Es una cuestión de antropocentrismo. Consideramos que los seres humanos y la naturaleza son cosas diferentes y separadas, pero en realidad no es así. Las leyes son reflejo de la sociedad, por lo que es normal que el derecho actual beba de esa forma de considerar las cosas. En la medida en que vas perdiendo esta visión, permites también que cambie el derecho. Yo creo que estamos empezando a entender que somos parte de un sistema en el que todo está relacionado: la salud y el bienestar de los animales también nos afecta a nosotros.
En todo el tiempo que llevan trabajando, ¿han notado un cambio hacia una mayor sensibilización con el bienestar animal en el Poder Judicial y en las fuerzas y cuerpos de seguridad?
Sí, aunque no sea con la rapidez y la magnitud que a muchos nos gustaría. La mera existencia de INTERCIDS ya es un ejemplo de que existe una mayor inquietud por mejorar la protección legal de los animales. En INTERCIDS confluyen todos los colectivos, pero también hay asociaciones de abogados, de la policía, de la Judicatura o de la Fiscalía que comparten este interés. Al final, si existe una ciudadanía cada vez más sensibilizada, se pone en marcha la maquinaria administrativa.
Hablaba antes de esta propuesta legislativa para prohibir las granjas de pulpos. ¿Por qué es necesaria?
La propuesta parte de una alerta científica y ciudadana sobre un proyecto empresarial para someter a esta especie a producción intensiva. Por su propia naturaleza, los pulpos nunca han sido criados y explotados en granjas. Hacerlo implica sufrimiento, porque no existe forma de que los pulpos, seres muy complejos, no sufran en cautividad. Y hacerlo implica también problemas de sostenibilidad medioambiental derivados de los impactos de la propia explotación.
En un momento en el que los sectores primarios están en una encrucijada, lo mejor que se nos ocurre es crear una nueva forma de explotar animales salvajes. Una explotación que no existe hasta ahora y que no está regulada. Por eso apelamos a la aplicación de un principio básico en la protección del medioambiente: el principio de precaución. Lo que hemos hecho desde INTERCIDS es darle forma jurídica a una demanda ciudadana y poner sobre la mesa una propuesta para impedir que este tipo de explotaciones puedan desarrollarse en España.
Las poblaciones salvajes de pulpo, en muchas partes de España, están sobreexplotadas. La cría en cautividad podría plantearse como una solución.
Para que una granja sea lo más rentable posible, económicamente, hay que producir mucho en el menor espacio posible. Para lograrlo siempre se sacrifica el bienestar animal. La solución para hacer frente a un problema de sobreexplotación en el medio marino no puede ser reemplazarla por un problema de explotación intensiva en cautividad. Tenemos que replantear toda nuestra relación con la naturaleza.
¿Qué recorrido ha tenido esta propuesta hasta ahora?
Por ahora, se ha planteado a varios grupos del Congreso a través de la Asociación Parlamentaria de Protección de los Derechos de los Animales, y algunos han presentado formalmente la propuesta para su tramitación. Después del verano esperamos que siga el recorrido habitual de todas las iniciativas legislativas. Se tendrá que votar su toma en consideración y a partir de ahí podrá empezar su procedimiento parlamentario. Es importante pensar que la propuesta no solo tiene como objeto plantear la prohibición de las granjas de pulpos, sino abrir un debate sobre la pertinencia de aprobar nuevas maneras de explotación en un momento en el que estamos planteándonos todas las que ya existen.
Otro de los grandes debates legales recientes sobre animales en España ha girado alrededor del lobo. ¿Qué opinión os merece la reducción del nivel de protección del lobo ibérico?
Estamos en contra y así lo hemos manifestado varias veces. En ese sentido, apoyamos las iniciativas que otras entidades están desarrollando para revertir legalmente esta medida. De hecho, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso para valorar la posible inconstitucionalidad de la desprotección de esta especie.
Hablando de nuevas formas de explotación animal que han surgido en los últimos años, las macrogranjas se han duplicado en la última década en España. ¿Cuál es su impacto desde el punto de vista del bienestar animal?
Al igual que con el tema de los pulpos, una macrogranja supone la explotación de muchos animales, cada uno con su individualidad, su capacidad sintiente de experimentar miedo, dolor, estrés o angustia. Es decir, no solo es una masa de animales, sino que son muchos individuos concretos en un espacio reducido con el único criterio de maximizar la rentabilidad.
Las macrogranjas suponen una contradicción con la normativa de bienestar animal, porque por su propio concepto productivo resulta imposible cumplir unos mínimos para reducir el sufrimiento de los animales. Además, a nivel medioambiental, se han aportado argumentos sobrados en contra de estas instalaciones que no hacen más que tratar a los animales como cosas dentro de un sistema productivo en masa.
A veces tendemos a abusar del término macrogranja, pero ¿los animales están mejor en una granja más pequeña? ¿El hecho de que sea macro influye mucho en su bienestar?
El hecho de que el animal vaya a ser explotado con un fin productivo compromete siempre su bienestar en términos generales. Pero cuanto mayor es la instalación y menor el espacio, más difícil es atender las necesidades individuales de cada uno de los animales, por lo que es mucho más fácil hacer sufrir a cada uno de estos seres.
¿Qué acciones legales se podrían llevar a cabo para frenar el auge de las macrogranjas o al menos para introducir medidas que mejorasen un poco el bienestar animal?
Desde INTERCIDS no hemos realizado propuestas en esta línea. Pero la aplicación de la normativa que ya existe y la realización de inspecciones aleatorias, sin preaviso, son herramientas muy útiles para controlar este tipo de instalaciones. Después hay medidas concretas, como dejar de usar jaulas, que sirven para reducir el sufrimiento de los animales en estas instalaciones.
María González Lacabex es abogada especializada en Derecho Animal y también miembro de la junta de INTERCIDS.
Fuente: https://climatica.coop/entrevista-maria-gonzalez-lacabex-bienestar-animal/ Imagen de portada: Anima Naturalis
