Panamá - Engaño y represión sufren en Petaquilla
Por: Julio Yao *
Adital -
La represión del plantón que campesinos e indígenas mantuvieron en Nazareno por 17 días para impedir que las empresas tuvieran acceso a sus campamentos y evitar una mayor devastación es la respuesta del gobierno a una manifestación pacífica que quería llamar su atención a la lesión producida por la minería metálica a cielo abierto.
La ciega obediencia al neoliberalismo desenfrenado pasa sentencia de muerte a recursos naturales que son entregados para complacer la voracidad de saqueadores panameños y canadienses.
La represión confirma la guerra al pueblo en San San Drui, en Soná y La Palma , en Guaribiara, en Charco La Pava , en Tonosí, en Chorcha, Cerro Colorado y en otros sitios para que los depredadores arrollen con su maquinaria y rocíen con perdigones, bombas lacrimógenas y químicos a gentes que no comprenden cómo y por qué el gobierno permite que les disparen desde helicópteros prestados por las empresas cuando huyen por los montes, ni entienden cómo y por qué un gobierno "torrijista" sea alcahueta de acaparadores y geófagos profesionales.
En Nazareno, las comunidades platicaron el sábado 16 de mayo con el representante del alcalde de Donoso, la corregidora y el jefe de la Policía. Éstos acordaron tramitar sus reclamos, con lo cual se abrió un proceso de consulta y una tregua. El lunes 18, a instancias de las empresas que acusaron al campamento de "amasar armas para asaltarla" , la Dirección de Investigación Judicial y la Policía de Coclé lo requisaron con resultado negativo. Esta fue la primera violación del proceso de consulta.
El jueves 21, el gobernador de Colón, Julio Kennion, conversó con las comunidades y prometió regresar el martes 26. El sábado 23, en una segunda violación de las conversaciones, tres vehículos con antimotines fueron enviados a despejar el plantón, pero una tregua con el jefe al mando permitió que nuestra delegación (Celma Moncada, representantes de La Estrella y este columnista) arribáramos a encarar a los antimotines quienes, luego de tres horas, se retiraron.
Kennion visitó a Celma Moncada el lunes 25 y le dijo que no iría el martes 26, sino el miércoles 27. Sorpresivamente, el martes llegaron los antimotines y esta vez, sin preavisos, desvencijaron y quemaron el campamento, arrastraron a campesinos y ambientalistas (Carmencita Tedman, José Yángüez y Paolita), arrestaron a 20, incluyendo al representante Toribio Valdés; robaron cientos de Balboas y desbarataron equipos, además de quemar tanto la bandera rojiverde del Comité pro Cierre de Petaquilla como la bandera nacional. La represión del 26 fue la tercera y última violación de la consulta.
Tan pronto se tuvo noticia, temprano en la mañana, Serpaj-Panamá envió a una abogada que estaba en el área a Coclesito, mientras que Teresa y Celma Moncada presentaban los Habeas Corpus, proceso que tomó hasta entrada la nochecita. Llegamos a Coclesito y, ya en libertad los campesinos, se hizo una reunión con 200 moradores hasta las 4 a .m. del día siguiente.
Las comunidades quisieron auxiliar al Estado en el cumplimiento de la Ley para detener a las empresas que han desobedecido las órdenes de la ANAM de suspender operaciones y pagar las multas. Como dijo un ciego, "amanecerá y veremos".
[Enviado por Panamá Profundo]
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Observatorio critica daños ambientales contra pueblos indígenas y campesinos
Adital -
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) emitió un manifiesto criticando las políticas desarrollistas de los gobiernos del continente. Según el grupo, las actividades primario exportadoras buscan "despojar, una vez más, de sus tierras a las comunidades indígenas y campesinas". El documento fue escrito en Quito, capital de Ecuador, después de una reunión entre 36 entidades que componen el Observatorio, de 3 a 5 de esto mes.
"Anunciamos que seguiremos fortaleciendo la solidaridad entre nuestros pueblos y organizaciones para construir un mundo social y ecológicamente justo", dicen en el documento, titulado "Por la Justicia social y ambiental y la Paz en Amerindia". Firmaron el manifiesto 36 entidades civiles, indígenas y cristianas de Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil y Colombia.
Las entidades afirman que el capitalismo ha causado graves daños ambientales, debido al consumo desenfrenado de los países más ricos del mundo y a los lucros, reducido a un pequeño grupo de corporaciones transnacionales.
"Consideramos que este sistema debe ser cambiado y que la justicia social que por siglos venimos reclamando debe extenderse también a la justicia con la tierra", puntuaron los movimientos en su manifiesto. "La reproducción de este sistema reproduce también el sometimiento de nuestros pueblos y el despojo agresivo de nuestras riquezas naturales", añadieran las entidades. Los grupos afirman que las actividades mineras y la expansión de las industrias extractivas están "llevando a que cada vez haya más personas sean denunciadas, encarceladas, asesinadas o desaparecidas".
En la nota, el grupo se solidariza con los pueblos Awajún, Achuar, Wampis y Shuar de la Amazonia oriental de Bagua, en Perú. Según las entidades, los miembros de estos pueblos "han sido asesinados por defender sus territorios". El documento aún cita nombres de varios indígenas y campesinos latinoamericanos que están siendo perseguidos o fueron brutalmente asesinados por luchar por las tierras de sus pueblos.
Las entidades exigen sanción para los responsables políticos de todas las víctimas (indígenas y policías), el fin inmediato de la persecución de los líderes indígenas y el cese de las acciones de hostigamiento y criminalización contra ellos.
