Petróleo enturbia el Perú amazónico

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Petróleo enturbia el Perú amazónico
Por Milagros Salazar, enviada especial - IPS/IFEJ

Más de 70 por ciento de la Amazonia peruana ha sido repartida en concesiones para inversiones de hidrocarburos entre 2003 y 2008, afirma un reporte no gubernamental.

BAGUA, Perú, jun (Tierramérica).- “Ahora se van a ir los peces”, dijo el indígena awajún Luis Umpunchi, entre una veintena de personas reunidas alrededor de un oleoducto roto en la comunidad de Jayais, en la norteña región peruana de Amazonas.

Todos observaban preocupados el derrame. Algunos tocaban el líquido negro, que se mezclaba con el lodo formado por la lluvia.

“Ese petróleo llega al río Marañón, en cuyas riberas están nuestros cultivos”, agregó Antonio Chu Pumpunchig, que estaba cosechando plátanos cuando se enteró de la rotura de una de las tuberías del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú y con varias estaciones de bombeo en Amazonas.

La Estación Número 6, precisamente, fue tomada a inicios de este mes por indígenas de la provincia de Bagua como parte de las protestas contra leyes que amenazan sus territorios, y fue uno de los epicentros de violentos choques en los que murieron 24 policías y por lo menos 10 civiles, aunque los nativos afirman que los decesos serían muchos más.

Las poblaciones más afectadas por el derrame están en las cuencas de los ríos Cenepa y Nieva. Pero los nativos que viven más cerca de ciudades como Bagua, capital provincial, también temen que sus ríos puedan contaminarse, como le sucedió al pueblo achuar, asentado en el río Corrientes de la vecina región de Loreto, en el extremo nororiental del país, donde opera la empresa argentina Pluspetrol. 

Trabajadores de Petroperú que llegaron a Jayais para limpiar el derrame se negaron a informar sobre la causa de la rotura de la tubería, tendida sobre una quebrada.

Las familias amazónicas viven de la pesca, la caza en los bosques, el cultivo de plátano, maíz y cacao en las riberas de los ríos y de yuca en la montaña, además de la venta de productos agrícolas. En las carreteras, los comerciantes les compran el ciento de plátano a tres soles (un dólar), para luego venderlo en los mercados a 12 (cuatro dólares).

“No es que reclamemos porque somos salvajes, sino porque vivimos de estos recursos. La tierra es nuestra madre y el bosque nuestra despensa para alimentar a nuestras familias”, insistió Umpunchi.

Lo más probable es que parte del crudo derramado llegue al río Chiriaco y luego termine en el Marañón, explicó.

Más de 70 por ciento de la Amazonia peruana ha sido repartida en concesiones para inversiones de hidrocarburos entre 2003 y 2008, sostuvo en marzo un informe de la organización no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), a partir de datos oficiales.

Para promover la inversión privada en la selva, el gobierno de Alan García aprobó una decena de decretos legislativos en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que encendieron inusitadas protestas indígenas en 2008 y este año.

Ante la tragedia de este mes, el gobierno retrocedió parcialmente y el Congreso derogó dos de las normas cuestionadas.

EXTRACCIÓN EN LA MIRA

Los pueblos awajún y wampí, que habitan Amazonas, se sienten amenazados por las actividades minera y petrolera, asentadas en las cabeceras de sus cuencas, en áreas protegidas y casi siempre en zonas muy vulnerables, lo que da pie a disputas por recursos como el agua y la tierra entre empresas y pobladores.

“Ésta es mi casa, aquí vivieron mis abuelos y es lo que quiero que mis hijos hereden”, dijo a esta periodista Julia Esamat, de 53 años, una awajún de la aldea de Wawas, en el distrito de Chiriaco. 

“Nosotros hemos salido (adelante) solos, sin el Estado. Ahora no pueden venir las autoridades a quitarnos lo que es nuestro”, aseguró.

Hay cerca de 60 concesiones petroleras, 15 de ellas aprobadas de manera irregular, superponiéndose a 12 áreas protegidas en 10 regiones del país. Entre ellas aparece la zona reservada Santiago Comaina, de Amazonas, según el informe de DAR.

En el lote 116 de Santiago Comaina tiene un permiso de exploración la empresa francesa Maurel & Prom. Para acceder a la zona, la compañía firmó un acuerdo con los presidentes de las federaciones nativas de la provincia de Condorcanqui. Pero, por no haber consultado a sus comunidades, esos líderes fueron destituidos por sus bases, señaló el diario La República en mayo de 2008.

Además, en Amazonas se han autorizado proyectos de exploración de oro y uranio en la Cordillera del Cóndor, en el límite con Ecuador. Según organizaciones nativas de la cuenca del Cenepa, esas concesiones fueron transferidas de modo irregular a la empresa Dorato Perú, subsidiaria de la canadiense Dorato Resources. 

En una nota de prensa de noviembre de 2008, Dorato Resources afirmó que había adquirido todas las acciones de la minera peruana Afrodita. Esa transacción se habría realizado mediante Afrodita y compradores de fachada, según el abogado Marco Huaco, de la organización no gubernamental Racimos de Ungurahui. 

De acuerdo con Huaco, el proyecto viola el artículo 71 de la Constitución, porque para autorizar una inversión extranjera en la frontera, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto supremo que la declare de “necesidad pública”, lo cual no se hizo. 

Además, se habría infringido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, que exige la consulta previa a las comunidades locales sobre actividades económicas que afecten sus medios de vida.

La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), una de las cuatro entidades indígenas de Amazonas, presentó en abril tres denuncias sobre el caso ante la Dirección de Concesiones Mineras. 

Las autoridades contestaron que desconocían la participación de la empresa canadiense, que las concesiones fueron otorgadas a personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana y que investigarían las denuncias, señaló Huaco, asesor de la organización.

La Odecofroc también llevó el caso de la Cordillera del Cóndor ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos y las libertades de los pueblos indígenas, James Anaya, que estuvo en Bagua el 18 de este mes.

En el documento entregado a Anaya, al cual accedió esta periodista, se señala que el proyecto afecta a 9.636 indígenas del Cenepa, porque se ubica en la cabecera de los principales ríos tributarios del Marañón y atraviesa el protegido Parque Nacional Ichigkat Muja, reconocido por el gobierno por su altísima “vulnerabilidad ecológica y humana”.

En varios expedientes de titulación de derechos a favor de peticionarios mineros, el Instituto Nacional de Recursos Naturales reconoció la imposibilidad de realizar actividad minera en el territorio awajún, afirma el documento entregado a Anaya.

“Si se realiza la minería en esa zona, significaría la extinción parcial de este pueblo amazónico”, declaró Huaco para este artículo.

Los líderes indígenas llevarán el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, al asesor especial para la Prevención del Genocidio del foro mundial y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org).

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Amazonia cada día más petrolera


Por Milagros Salazar



Se multiplican las autorizaciones para buscar crudo y gas en la Amazonia sudamericana, sobre todo en sus rincones más remotos y biodiversos, señalan investigadores.


LIMA (Tierramérica).- Más de 180 campos petroleros y gasíferos se extienden por la Amazonía occidental repartida en cinco países sudamericanos, amenazando la biodiversidad y territorios indígenas, afirma un estudio de organizaciones estadounidenses. 

El caso de Perú es el más preocupante: 72 por ciento de su territorio selvático coincide con planes de explotación de hidrocarburos, afirma la investigación "Los proyectos petroleros y gasíferos en la Amazonia occidental: Una amenaza a la vida silvestre, biodiversidad, y pueblos indígenas", publicada el 13 de este mes por la revista científica PLoS ONE.

Estas actividades extractivas cubren un área de más de 688.000 kilómetros cuadrados de la Amazonia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Brasil, donde operan unas 35 compañías transnacionales, sostienen los investigadores de Universidad Duke de Carolina del Norte y de las organizaciones no gubernamentales Save America's Forests y Land is Life.

Las concesiones se ubican en “el área más rica en especies de la Amazonia”, según la investigación.

"La Amazonia occidental es la zona más biodiversa del mundo, en especial en anfibios", dijo a Tierramérica uno de sus coautores, Clinton Jenkins, ecólogo de la Universidad Duke.

En una sola hectárea, se puede encontrar más de 600 especies de árboles, mientras en todo el territorio de Estados Unidos quizás haya unas 800 especies, comentó. Cualquier biólogo que la visite encontrará especies nunca antes descritas por la ciencia, pero bien conocidas por sus habitantes indígenas.

"Es muy difícil acceder a ella y existen decenas de grupos indígenas no contactados", completamente aislados de la civilización moderna, agregó.

Perú "es el caso más alarmante”, dijo a Tierramérica el autor principal, Matt Finer, ecólogo jefe de Save America's Forests. Uno de los mayores retos fue registrar los proyectos que se multiplicaron en este país desde que comenzó la investigación, en 2005.

En los primeros meses de ese año, al menos 15 por ciento de la Amazonia peruana estaba afectada por explotaciones petroleras, en el transcurso de 2005 llegó a 25 por ciento y en 2006 subió a 50 por ciento. 

En lo que va de 2008, las actividades llegaron a afectar 72 por ciento de esa selva peruana, con 64 campos en unas 49 millones de hectáreas. Cincuenta y seis de ellos aparecieron en los últimos cinco años, 20 se encuentran en zonas protegidas y 17 en reservas territoriales propuestas o creadas para proteger pueblos en aislamiento voluntario. 

Pero el viceministro de Energía de Perú, Pedro Gamio, advierte que menos de cinco por ciento de los territorios concesionados son explotados, y usualmente se otorgan grandes extensiones porque las empresas realizan inversiones de alto riesgo con una posibilidad de éxito que oscila apenas entre 10 y 15 por ciento. 

“Perú es el menos explorado de la región, por el péndulo político que nos ha hecho tanto daño. A diferencia de Colombia o Brasil, nuestro país ha perdido la oportunidad de captar inversiones”, dijo Gamio a Tierramérica. 

Según el Ministerio de Energía y Minas, se otorgaron concesiones a 84 proyectos de hidrocarburos hasta fines de 2007, 19 de ellos en proceso de explotación y 65 en exploración. 

Finer apuntó que de modo simultáneo a las concesiones, crecieron los conflictos entre empresas y comunidades nativas. Perú vive en estos días una intensa protesta en la Amazonia contra dos decretos que promueven la inversión privada en territorios indígenas. 

A pesar de que son pocos los que ya están en explotación, señaló Finer, la exploración genera impactos, como la deforestación para instalar helipuertos y campamentos o construir vías de acceso. 

De hecho, la mayor preocupación es la construcción de caminos, según Jenkins. Una vez que hay carreteras, por ellas llegan los colonos, el mismo patrón que ha afectado las selvas de Brasil, dijo el ecólogo que dicta parte de sus clases anuales en el Instituto de Investigaciones Ecológicas Nazaré Paulista, en el sureño estado brasileño de São Paulo.

El Ministerio de Minas de Perú asegura que hay normas para exigir a las empresas priorizar el tránsito fluvial y aéreo y el uso de carreteras ya construidas. 

Inclusive para explorar, los planes deberían contar con la consulta y aprobación previa de los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue ratificado por Perú. 

“De acuerdo al Convenio 169, los pueblos indígenas anteceden a la conformación del Estado y por lo tanto deben ser consultados... Pero aquí se hace lo contrario, vulnerando nuestros derechos consagrados”, dijo a Tierramérica el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pizango. 

Para el viceministro Gamio “si no hacemos un esfuerzo por conocer hasta dónde llega el potencial en hidrocarburos del Perú, las generaciones futuras nos pueden juzgar diciéndonos por qué ustedes no aprovecharon esta oportunidad cuando el petróleo era protagonista en la economía mundial”. 

La creciente demanda energética mundial es un gran incentivo para la búsqueda de recursos por parte de empresas radicadas en Estados Unidos, Canadá, Europa y China, afirma el estudio.

Los estudios de impacto ambiental no resultan lo bastante independientes para generar confianza en las poblaciones, pues son contratados y pagados por las empresas concesionarias, y no se consideran los impactos sinérgicos. “No hay un análisis de mayor escala sobre el impacto de dos, cinco, 10 o 20 lotes a la vez”, apuntó Finer. 

Las áreas protegidas tampoco se encuentran libres de la exploración y explotación de crudo en Ecuador y Bolivia, como lo prueban el ecuatoriano Parque Nacional Yasuní y el boliviano Parque Nacional Madidi, afirman los investigadores.

El gobierno de Ecuador dividió en lotes petroleros casi 65 por ciento de su Amazonia, donde habitan 10 grupos indígenas. Pero en 2007, las autoridades delimitaron una zona intangible de 7.580 kilómetros cuadrados en el Yasuní para mantener su crudo bajo tierra a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional. 

En Brasil, el gobierno concedió 25 lotes en 2005, que rodean los yacimientos de gas Urucú y Jurua en el noroccidental estado de Amazonas. La Agencia Nacional de Petróleo ha anunciado su intención de explorar en el también amazónico de Acre. 

En Colombia, 35 campos de exploración y producción se ubican dentro o en torno del departamento del Putumayo, en la frontera con Ecuador. Las autoridades abrieron una nueva ronda de licitaciones en la misma zona. Pese a ello, más de 90 por ciento de la selva colombiana está libre de actividades petroleras, afirma la investigación.

"Conduzco un auto, así que no puedo decir prohíban el petróleo y el gas", reconoció Jenkins. Pero el uso de recursos naturales en esa región debería ser social y ambientalmente sustentable, acotó.

* Con aportes de Stephen Leahy (Toronto).