España: 'Campaña contra la estafa de los malos humos'



Un total de 16 organizaciones ambientales, sociales, de consumidores, científicas, de renovables y sindicatos han lanzado este jueves la 'Campaña contra los malos humos' en la que reclaman que caiga el peso de la ley sobre los responsables del escándalo de Volkswagen y que se inicien investigaciones para averiguar si otros fabricantes también están eludiendo informar de sus emisiones contaminantes reales. 

Así, han firmado un manifiesto conjunto en el que exigen medidas para que un "fraude" de esta naturaleza no se vuelva a repetir. Además, proponen un conjunto de medidas entre las que destacan la petición de una reunión conjunta con los ministros "más implicados", como son Industria, Medio Ambiente y Sanidad. Igualmente, señalan que están estudiando denunciar ante la Fiscalía y presentar una querella contra las empresas que han realizado el fraude así como diversas acciones para incrementar la conciencia de la sociedad ante "la gravedad de lo sucedido". Las organizaciones firmantes invitan también a otras entidades y colectivos a sumarse a su iniciativa para tener más fuerza en la reclamación ante las grandes empresas automovilísticas, que según vaticinan "ejercerán todo su poder e influencia para evitar las sanciones y actuaciones legales de las que se han hecho acreedoras". En este contexto, consideran que las manipulaciones de los motores de tal cantidad de vehículos por parte de Volkswagen tenían el "objetivo claro" de eludir el cumplimiento del reglamento Euro, que impone limitaciones a las emisiones de dióxido de nitrógeno y otros contaminantes a los vehículos. 
En el manifiesto, recuerdan que no se trata de un asunto menor porque en la Unión Europea fallecen de forma prematura cada año 450.000 personas por culpa de la mala calidad del aire. De hecho, califican de "escandalosas, inmorales e intolerables" las manipulaciones de la normativa que busca solucionar este "grave" problema de salud pública. Asimismo, exigen que se depuren las responsabilidades, penales políticas y de todo tipo que se deriven de este fraude masivo que afecta a 11 millones de vehículos. Esto incluye a los altos directivos de las marcas afectadas pero "también" a quienes tenían que controlar esas emisiones de forma adecuada por las consecuencias de su actuación o de su inacción. 
Del mismo modo, instan a realizar controles "efectivos" de las emisiones de los vehículos en circulación de forma fiable e independiente de los fabricantes, en los que participe la sociedad civil para verificar estos controles, de modo que se pueda conocer la situación real sobre las emisiones, tanto de contaminantes tóxicos para la salud (dióxido de nitrógeno, partículas) como generadores de efecto invernadero (dióxido de carbono) y si se está cumpliendo con la legalidad o no. En este contexto, también critican la "desregulación" que se está produciendo en la Unión Europea ante situaciones de este tipo, en las que, a su juicio, los intereses empresariales pasan por encima de valores tan básicos como la calidad ambiental y el bienestar y la salud de la población. "Iniciativas en marcha, como el TTIP, inciden en este mismo sentido y por tanto deben ser rechazadas".
El manifiesto está firmado por Amigos de la Tierra; Asociación General de Consumidores (ASGECO); ATTAC; Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris; Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); CGT; Ecologistas en Acción; FRAVM; Fundación Renovables; Greenpeace; OMAL-Paz con Dignidad; Plataforma per la Qualitat de l'Aire; SEO/BirdLife; Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS); Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) y WWF España. ep


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