Chile: Comunidad organizada de Alto Maipo y autoridades insisten en impacto negativo del proyecto y acusan debilidad institucional


Al menos 20 denuncias por incumplimientos e irregularidades ambientales y un proceso sancionatorio tardío por parte de la autoridad gubernamental, es parte del resumen de años de resistencia a un proyecto hidroelèctrico que -según coinciden vecinos, agrupaciones y representantes políticos- pone en riesgo el ecosistema del Cajón del Maipo, así como el abastecimiento de agua para la Región Metropolitana.

Javier Karmy Bolton

“Nuestro objetivo es que la autoridad ambiental aplique la sanción máxima a este proyecto, y esto es la revocación del permiso ambiental”. Con esas palabras Anthony Prior, vocero de la Red Metropolitana No Alto Maipo explicaba a concejales, dirigentes, autoridades y vecinos del Cajón del Maipo y de Santiago la nueva etapa que se abre en el conflicto con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de la transnacional estadounidense Aes Gener. Todos están en la calidad de “denunciantes interesados” en el nuevo proceso sancionatorio abierto.
Prior explicó en la reunión de este 27 de marzo en las dependencias del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) que tras las casi 20 denuncias que se hicieron comunitariamente a lo largo de casi tres años, recién en enero de 2017 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había iniciado un proceso sancionatorio. Y tal como se establece en la institucionalidad, la empresa había presentado un plan de cumplimiento, que significa que el proyecto, de aprobarse ese plan, no va a recibir ninguna sanción. “Y lo que nos interesa es que se sancione, pues si llegara a cometer otro incumplimiento, se consideraría como reincidente, y eso ya es mucho más grave, lo que le podría costar la revocación del permiso”, sostiene el dirigente. Sin embargo, como se está evaluando el Plan de Cumplimiento, la estrategia deberá ser de mayor control comunitario en la institucionalidad ambiental del país.
La SMA abrió el primer proceso sancionatorio contra Alto Maipo el 30 de enero de 2017, luego de tres años de denuncias de la comunidad sobre incumplimientos y graves irregularidades a sus compromisos ambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Este proceso se inició una vez que Antofagasta Minerals, brazo minero del Grupo Luksic, saliera del proyecto tras llegar a acuerdo con Aes Gener.
Álvaro Toro, abogado ambientalista del OLCA  y asesor a la Red, sostiene que la normativa ambiental “nos parece débil”, aún más si se considera que “la información que tenemos no oficial es que la SMA va a aceptar el Plan de Cumplimiento”. Y si a eso le sumamos que “este mismo superintendente, Cristián Franz, tiene hartas ganas de dilatar esto porque como sabemos que se mezcla con lo electoral, van a tratar de que no florezca mucho”.
En ese sentido, el dirigente Prior sostiene que el objetivo de la Red es la sanción del proyecto, y que “queremos la revocación del premiso ambiental y no dar ‘segundas oportunidades’, sino que, si Alto Maipo no es capaz de cumplir la ley, entonces que se retire del territorio, porque en Chile somos todos iguales ante la ley ¿o no?”.
Tres concejales y una parlamentaria
A la reunión asistieron tres concejales, un representante de la diputada Camila Vallejo (PC), dirigentes de la comuna e integrantes de la Unión Comunal de Puente Alto, además de miembros de otras organizaciones. Todos apoyan la gestión de la Red Metropolitana No Alto Maipo, tanto en la defensa ambiental como en el seguimiento que ha hecho al proyecto hidroeléctrico.
Los concejales coincidieron en la necesidad de apoyar el proceso social de resistencia tanto como lo administrativo de la SMA, porque están convencidos de que Alto Maipo está trayendo consecuencias nefastas para toda la región Metropolitana.
En ese sentido Maite Birke, concejala que en las últimas elecciones sacó la primera mayoría en san José de Maipo, expresó que seguirá participando de las estrategias ciudadanas pues “sé que va a producir mucho daño” y llamó a que quienes son autoridades trabajen de forma consciente.
Además, la edil explicó que la comunidad se ha visto tensionada por la presencia de Alto Maipo, ya que San José existe un problema de empleabilidad, “y cuando llegan estos megaproyectos ofrecen trabajo, pero, en este caso, de 4 mil solo 600 son para la comunidad, lo que equivale al 15%”. Y agrega: “No es que tengan a toda la comunidad trabajando, ganando plata y saliendo adelante, sino que es una cantidad pequeña de personas”.
Sin embargo, confiesa que ha estado conversando con algunos trabajadores de Alto Maipo y que “están con el corazón dividido, porque saben que lo están haciendo mal y que va a haber un daño al medioambiente”.
Por su parte, Orlando Vidal Duarte, concejal de La Florida, manifestó que “el proyecto Alto Maipo es un atentado a la naturaleza, a la vida y a la sobrevivencia de la ciudad”, y expresó que ha estado en la lucha administrativa, judicial y en la calle, “porque estoy convencido que es justa”.
El edil manifestó que “no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que este proyecto sí va a generar impactos negativos en un amplio sector del Cajón que todavía sigue siendo un pulmón para esta ciudad tan contaminada”, y agregó que Alto Maipo va a afectar a toda la Región Metropolitana, pues “el agua va a terminar siendo un tema de la ciudad”.
Si bien hace tiempo que ha manifestado su apoyo a la defensa del Cajón del Maipo, ahora Rosario Carvajal participó como concejala por Santiago, antes era presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. En la ocasión expresó que Alto Maipo “pone en riesgo el abastecimiento del agua de toda la Región Metropolitana”, por eso es necesario que desde Santiago la ciudadanía participe.
Carvajal explicó que este proyecto causará “un impacto para toda la región y el país y es inconcebible que un recurso vital como el agua esté en función de un proyecto hidroeléctrico”.

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