martes, 31 de enero de 2017

"Se deben crear alternativas al desarrollo"

Entrevista a Arturo Escobar
elnacional.cat

Arturo Escobar, antropólogo colombiano, se doctoró en Estados Unidos y es profesor en la Universidad de Carolina del Norte, pero trabaja mucho en Colombia, especialmente con comunidades negras. Vive a caballo entre Norteamérica y Colombia. Es uno de los mayores especialistas mundiales en antropología del desarrollo, pero también ha estudiado los movimientos sociales, el diseño, las transiciones civilizatorias y la ecología política. Ha venido a Barcelona, una ciudad que visita con cierta frecuencia, para asistir al congreso de Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR). Nos recibe, relajado, en el jardín de una cafetería de la plaça Molina, muy cerca de Gràcia, un barrio que le fascina por la vitalidad de sus movimientos sociales.

Usted se formó en ciencias, pero terminó por dedicarse a la Antropología. ¿Cómo fue eso?
Yo estudié química en Cali, y tras terminar mis estudios empecé a preocuparme por el hambre en el mundo desde una vertiente técnica. A partir de aquí me vi obligado a cuestionar las políticas de desarrollo, e inevitablemente terminé por plantearme la misma ideología del desarrollo, que es usada como vehículo de penetración cultural. Cuando llegué a este punto, me pasé a la antropología y en este ámbito me fueron de mucha utilidad las teorías de Michel Foucault. A partir de las teorías de Foucault, que explica la utilidad del discurso como herramienta de dominio, empecé a trabajar sobre la invención del desarrollo.
Muchos europeos, cargados de buena voluntad, creen que la cooperación al desarrollo europea es la que puede resolver la situación de los pueblos de Latinoamérica. Usted, ¿qué les diría?
Tendría muchas cosas que decirles. En primer lugar se tendría que matizar sobre las posibilidades de la cooperación al desarrollo para solventar los problemas del mundo. Y se debe distinguir las intenciones de la cooperación de sus prácticas. Mucha gente que trabaja desde Europa con América Latina tiene muy buenas intenciones y desea realmente mejorar las condiciones de las poblaciones pobres y explotadas de esta zona. Pero la mayor parte de la cooperación no consigue impactar sobre los problemas más graves de los latinoamericanos.
¿Toda la cooperación es igual?
Es evidente que hay muchos tipos de cooperación. Yo distinguiría entre tres tipos: la cooperación al desarrollo, la más clásica; la cooperación a la justicia social, que coincidiría con lo que hacen organizaciones como Intermón Oxfam, que pretenden un desarrollo alternativo; y finalmente, lo que yo llamo “cooperación para las transiciones civilizatorias”, la opción más radical y la que yo, desde una visión latinoamericana crítica, creo que se debería reorientar toda la cooperación. Ya no se trata de buscar un modelo de desarrollo alternativo, sino de encontrar alternativas al desarrollo.
¿Qué piensa de las iniciativas de cooperación al desarrollo clásicas?
Por una parte tenemos las iniciativas más convencionales, como la ayuda multilateral, cuyo máximo ejemplo sería la política del Banco Mundial: esto ni siquiera se podría considerar cooperación. Por otra parte tenemos la cooperación clásica, que asume que el mundo seguirá funcionando de la misma forma que ahora funciona, aunque con pequeñas modificaciones. Es lo que proponen muchas de las agencias de ayuda bilateral: pretenden mejorar la situación de la gente manteniendo el sistema. La cooperación para el desarrollo, en esta opción sólo puede funcionar, como mucho, como paliativo, ayudando a grupos particulares. Puede implicar una cierta mejora, a nivel de escuelas, de sanidad, de ayuda alimentaria… Pero esto no conduce a ningún tipo de desarrollo, ya que agrava la dependencia. Ayuda más a los que ayudan que a los ayudados. Diría que es un tipo de estrategia que, como mucho, va a reducir ligeramente la pobreza. Es la continuación de las viejas teorías del desarrollo aplicadas a la situación contemporánea.
¿Cómo actuaría la cooperación para la justicia social?
Se trata de iniciativas más ambiciosas. La cooperación para la solidaridad, cuyo paradigma sería OXFAM, busca transformar el mundo. Se enfoca en tres ámbitos: la desigualdad, los derechos humanos y la destrucción ambiental. Propone que la cooperación debe contribuir a cambiar esta situación injusta. En este sentido, modifica algunas de las premisas del desarrollo, pero, en conjunto, forma parte de la teoría del desarrollo dominante, capitalista y patriarcal.
¿Cuál es la propuesta de la cooperación para las transiciones civilizatorias?
Se trata de una cooperación que cuestiona las creencias básicas de la teoría del desarrollo: el crecimiento, el individualismo, el progreso, la eficiencia, el capitalismo… Este tipo de cooperación apuesta por otra forma de pensar y construir lo que antes se llamaba desarrollo. Por ejemplo, en algunos puntos de América Latina han aplicado la teoría del buen vivir, una concepción holística, heredada de los pueblos indígenas, que plantea otra forma de relacionarse con las personas, con las comunidades y con el universo, y que no tiene nada que ver con las teorías del crecimiento capitalista.
¿De qué premisas parte la cooperación para las transiciones civilizatorias?
La cooperación para las transiciones civilizatorias cuestiona el mundo. Cuestiona las normas de este mundo, lo que no hacían los otros tipos de cooperación. Cuestiona el mundo moderno globalizado del capitalismo y argumenta que este tipo de mundo es la causa de la crisis social, climática y de significado que estamos viviendo hoy en día. Por eso aboga por la transición civilizatoria; es decir, por acabar con el modelo occidental del capitalismo patriarcal.
¿Cómo actúa la cooperación para la transición civilizatoria?
En primer lugar, esta cooperación parte de la base que se deben crear condiciones para el “buen vivir” como alternativa al desarrollo. No se trata tanto de conseguir un gran crecimiento, sino de garantizar el acceso de las poblaciones a aquellos bienes que ellas mismas consideran esenciales. En segundo lugar, esta cooperación actúa desde lo que se ha llamado “justicia cognitiva”: no sólo debe partir de los juicios de los expertos que vienen de las organizaciones del Norte, sino que la base de actuación deben ser los conocimientos que tienen las comunidades y las poblaciones. Se debe evitar imponer la propia visión del mundo a los otros, una cosa muy difícil en la práctica, pero uno de los principios básicos de este concepto de cooperación. En conjunto, la cooperación debe formar parte de una estrategia global, que no aborde sólo cambios en una región del Sur, sino que pretenda una reforma global del planeta, porque los problemas tienen un origen común. El Norte global debe reflexionar, también, sus estrategias, y debe plantearse muy seriamente el decrecimiento. La cooperación debe ser un puente entre transiciones: entre las del Sur global y las del Norte global.
¿Debemos, pues, renunciar al crecimiento?
Todos, Norte y Sur, debemos renunciar a la obsesión por el crecimiento. La obsesión por el crecimiento llevó al capital y a la modernidad que destruyeron y siguen destruyendo el planeta. El Sur necesita crecer en algunas áreas como salud y educación, para proporcionar condiciones decentes de vida para su población. Pero el Sur no puede evolucionar pensando sólo en el crecimiento y manteniendo una ideología extractivista. El decrecimiento debe ser para todos: las transiciones deben ser para todo el planeta. Debemos bajarnos del tren del progreso, que es el que está acabando con nosotros.
¿Dónde pretende conducir el mundo este tipo de cooperación?
No se quiere implantar un único proyecto como alternativa al modelo existente. Lo que se quiere es consolidar una multiplicidad de modelos en que se va a cuestionar la modernidad globalizada. El principio más interesante lo sugirió la revolución zapatista: “Queremos un mundo donde quepan muchos mundos”. A partir de aquí se ha acuñado el concepto de pluriverso, una alternativa al concepto tan extendido de universo. Hay un solo planeta, pero hay muchos mundos que pueden tener alternativas válidas y que deben poder convivir. En el mundo, hoy, hay conceptos de sociedad distintas; la cooperación para las transiciones se orienta hacia crear condiciones para que estos mundos subalternos puedan sobrevivir en el planeta.
¿Cómo debe ser la cooperación para no terminar oprimiendo a los supuestos beneficiarios?
Una cooperación responsable debe contribuir a la liberación de la madre tierra. Debe ayudar, también, a la autonomía de las comunidades y los pueblos implicados. Y, finalmente, debe contribuir al pluriverso. Para que esto sea así, debe trabajar con organizaciones de base que trabajen por sus derechos, por el buen vivir, por la defensa de la madre tierra… Pero, en realidad, muy pocas ONG pueden o quieren ayudar o financiar organizaciones políticas de base. Con frecuencia se niegan a trabajan con organizaciones étnicas y territoriales, que son las que tienen mayor capacidad de transformación social.
Con frecuencia los partidarios de la cooperación para las transiciones civilizatorias se refieren al posdesarrollo. ¿Qué es esto?
Se trata de una teoría que aparece en los años noventa, sobre todo por parte de intelectuales del Sur Global, como reacción al discurso del desarrollo. Se trata de una crítica a la modernización, al crecimiento… Desde el posdesarrollo los intelectuales de África, Asia y América Latina se negaron a que se les etiquetara como subdesarrollados y a que se los pretendiera desarrollar. El posdesarrollo no es una etapa que se alcanza, sino un espacio que se crea; un espacio para pensar las sociedades del Sur al margen del paradigma del desarrollo.
Usted tiene una sólida formación científica, pero no confía demasiado en los expertos, ¿por qué?
El conocimiento experto ha servido para crear y consolidar las formas de dominación que existen hoy en día, y esto lo aprendí leyendo a Foucault. Pero, por otra parte, en mi trabajo con las comunidades me empecé a dar cuenta de los conocimientos sofisticados que tienen los activistas. Saben cómo quieren que sea la vida de sus comunidades, y normalmente no se les presta atención. Las comunidades, como menos influidas por la modernidad están, mejor saben cómo convivir y cómo relacionarse con su entorno. En conjunto, los estudios de los expertos han contribuido a invisibilizar los conocimientos y saberes importantes y válidos que tienen muchos pueblos.
¿Qué ha cambiado del mundo con el estallido de la crisis de 2008? ¿Ha habido un replanteamiento del modelo?
Ni el Estado ni los actores políticos ha realizado ningún replanteamiento del sistema. Incluso las mismas personas que llevaban las altas finanzas en 2008 son las que las siguen llevando hoy en día. Sólo ha habido una mínima regulación del sistema financiero, pero sus bases son las mismas. En contrapartida, ha habido desde la base movimientos que se han planteado que era necesario un cambio: Occupy Wal Street, los indignados en España, las protestas afroamericanas en Estados Unidos, los movimientos campesinos en América Latina, nuevas propuestas intelectuales por la transición en diferentes partes del mundo… Este es el otro lado de la moneda. Gustavo Esteva, el pensador crítico mexicano, afirma que el modelo ya llegó a su fin y que las transiciones ya están ocurriendo.  Están aumentando, a nivel mundial, los activismos en muchos sectores: en el ámbito de los alimentos, del transporte, de la salud, de la alimentación, de la energía…
¿Qué impacto tienen las redes sociales en la vida colectiva? ¿Suponen la aparición de nuevas formas de sociabilidad?
No tengo mucha esperanza en la solidaridad creada por las redes sociales. En los años noventa era optimista: creía que las redes sociales iban a crear nuevas formas de comunidad. En la práctica se ha exacerbado el individualismo, la separación, la adicción, la desconexión... Las redes sociales tienen un gran potencial para contribuir a la transición civilizatoria, porque pueden conectar sociedades a nivel local, regional y transnacional. Pero deben ser usadas de forma inteligente, para recrear comunidades reales, no sólo virtuales. Las redes deben fortalecer las comunicaciones cara a cara, no suplirlas. Pero hasta ahora, a nivel global, no han jugado este papel.

Fuente: decrecimiento.info - Imagenes: ‪Pymex‬ - ‪Necesito De Todos‬

Patagonia Argentina/Chubut: El silencio y la inacción del gobierno mientras se seca el lago Colhue Huapi y desciende el nivel del Musters

En plena época estival y con al menos un mes y medio de altas temperaturas por delante, la población ha comenzado a tomar conciencia de la grave crisis hídrica que atraviesa la provincia. Sin embargo el problema no es reciente, sino que años atrás un grupo minoritario ya advertía a las autoridades de las consecuencias de no tomar medidas y de las posibles soluciones. Lo cierto es que el gobierno provincial, los gobiernos municipales y todos los organismos de control (IPA, Ministerio de Medio Ambiente, Subsecretaría de Recursos Hídricos, Defensoría del Pueblo etc, etc) demuestran un llamativo silencio ante los desvíos ilegales del río Senguer. Estos mismos desvíos han sido denunciado con coordenadas, con imágenes aéreas y satelitales.

Por Monitoreo Cuenca del Senguer y Autoconvocados por el Agua Cuenca del Senguer
 
Durante el año 2016 incluso funcionarios de la oposición han impulsado estos reclamos, quedando en el olvido, ya que no hubo acciones legales ni proyectos concretos que prosperaran. No hay un color político que represente estos intereses. 
La población ya no cree en la sequía como causa principal de la crisis hídrica y avizora la desaparición inminente del segundo lago en la provincia de Chubut.

Ver también en: www.noalamina.org
    •    Hay “700 canales ilegales no controlados a lo largo del Senguer”
    •    El titular del IPA maltrata a vecinas de Sarmiento mientras se secan los lagos y falta el agua
    •    Sarmiento marchó para que salven a la cuenca del Senguer
    •    En un sobrevuelo se detectó el descontrol de tomas de agua en la cuenca del Senguer

El Mar Muerto iraní, se convierte en un desierto de sal. Y no es el único...

Por Valeria Hiraldo

La que era una atracción turística de primer orden hoy se está convirtiendo en una simple área desierta. El efecto del cambio climático ha tenido especial incidencia en él. Según los expertos el lago ha disminuido la cantidad de agua que poseía hace veinte años y el dato es aterrador: contiene solo el 5% del agua.

Ya nunca más
El efecto del cambio climático ha tenido especial incidencia en él. Según los expertos el lago ha disminuido la cantidad de agua que poseía hace veinte años y el dato es aterrador: contiene solo el 5% del agua. Sus causas son las de siempre: sequías prolongadas, calentamiento global, despilfarro de agua y unas agresivas políticas medioambientales.
Como podemos ver en la siguiente imagen, a día de hoy el lago se ha convertido en un páramo salino en el que ya no quedan ni aves ni turistas:
Desde 1977 este lago pertenece a la reserva de la biosfera de la Unesco lo que provoca aún mayor descontento por la población de Urmía porque a pesar de ello, no frenan su desaparición. Están en pie de guerra exigiendo al gobierno que ponga medidas que permitan rescatarlo.
Y no sólo eso. A parte de su escalofriante imagen, la sequía provoca tormentas de sal que llenan la tierra de partículas tóxicas, las cuales destruyen cultivos y obligan a los campesinos a emigrar en busca nueva tierra fértil. Por si esto fuera poco, la super contaminación salina del aire provoca muchos efectos nocivos en la salud de la población.
Tanto expertos como muchos activistas medioambientales no paran de denunciar el incremento de un mayor número de enfermos de cáncer, patologías respiratorias y de la vista, y sobre todo un aumento de la presión arterial entre las poblaciones afectadas.
Todas estas alegaciones han surtido efecto y el gobierno pondrá en marcha, este mismo año, un plan para restaurar el lago con una inversión de 5.000 millones de dólares. Los pilares de este proyecto a diez años vista son: la construcción de nuevos embalses, el trasvase de agua para aumentar su caudal y la mejora de políticas públicas que buscan modificar hábitos de consumo de agua.
Con estas medidas sumadas a una inversión tecnológica, moderna y eficiente conseguirán que los campesinos reduzcan un 40% el consumo de agua.
Recordemos que la sequía del lago Urmía no es un caso aislado sino un reflejo de la gran crisis medioambiental que está viviendo Irán, cuyas tierras se secan a pasos agigantados y aventuran una crisis similar a la sufrida por Siria. Este país tiene un mayor desafío y este es la falta de agua. Si no funcionan estas nuevas medidas  la población podría verse obligada a emigrar a otros puntos del país para sobrevivir.


Una historia que se repite como la del lago Hamún, al sureste de Irán (frontera con Afganistan), donde la terrible sequía producida en 2012 obligó a más 600.000 personas a desplazarse al norte en busca de refugio.
Si no frenamos el cambio climático no será el primero ni el último: el Mediterráneo se convertirá en un mar muerto si no frenamos el cambio climático. ¿A qué esperamos para actuar?

Fuente: Muhimu http://muhimu.es/ - Imagen: ‪El Mundo‬ - 
AsiaNews - Publicado en: Ecoportal.net

Continúan los devastadores incendios en Chile



Santiago de Chile.- Más de un centenar de incendios forestales continuaban hoy ardiendo en Chile, mientras la Justicia investiga a presuntos pirómanos por provocar los siniestros y el gobierno reiteraba sus propósito de ayudar a los afectados.
En La Moneda, tras reunirse con el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, la presidenta Michelle Bachelet afirmó que la identificación y persecución de las personas que han provocado incendios forestales es una prioridad para el Gobierno. “Investigar, perseguir y aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables de estos hechos repudiables es una tarea prioritaria en estos momentos”, precisó la mandataria, que indicó que hay diez personas en prisión preventiva por su presunta participación en incendios, mientras que otros sospechosos cumplen otras medidas cautelares.
Matizó que los incendios que tienen su origen en el factor humano pueden ser intencionales o provocados por actitudes imprudentes, aunque es necesario aclarar todos los casos y aseguró que ha ordenado a las Fuerzas Armadas y policías desplegados en las zonas afectadas por la catástrofe que realicen “patrullajes preventivos especiales” para incrementar la seguridad.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, por su parte, aseguró que hasta ahora no hay pruebas que permitan afirmar que los incendios constituyen un “ataque terrorista”, como han sostenido algunos grupos políticos.


Fuente:  Agencias AP y EFE

Argentina: No es lo mismo pasto que cultivo: la diferencia de absorción en imágenes

Por Andres Actis

Un fotógrafo de National Geographic retrató lo que ocurre dentro de la tierra con las raíces que siembra el hombre. Las imágenes dan cuenta de la abismal diferencia de infiltración, absorción y consumo entre una pastura perenne y un cultivo anual.
 
Las últimas inundaciones que afectaron al sur de Santa Fe y al norte de Buenos Aires reavivaron el debate respecto de los factores que cada vez con más frecuencia provocan estos fenómenos hídricos. El gobierno culpó al cambio climático y acusó al anterior Poder Ejecutivo de hacer pocas obras de infraestructura. Académicos y científicos fueron un poco más allá: pusieron la lupa en las consecuencias adversas de un modelo productivo que desplazó las pasturas para sembrar soja, el cultivo anual más rentable para exportar.
Rosarioplus.com publicó un informe a principios de mes con datos recogidos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Marcos Juárez (Córdoba). Un relevamiento de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera logró cuantificar el daño de la consolidación de la soja como el principal cultivo agrícola del país: un campo sembrado con esta semilla absorbe diez veces menos agua que un bosque nativo y tres veces menos que una pastura con ganado.
“La pampa húmeda es hoy una gran maceta saturada de agua”, explicaba Bertran al referirse al actual estado de las napas tras décadas de sojización. Tan preocupante es el panorama que, a su juicio, ya no alcanza con “rotar los cultivos”, una solución que plantean algunos productores y empresarios del sector. “Necesitamos más pasturas y más forestación”, afirmaba el científico en una entrevista con este portal.
En la misma línea que esta hipótesis de trabajo, la revista National Geographic publicó un revelador documento gráfico sobre las diferencias de infiltración, absorción  y consumo entre una pastura perenne y un cultivo anual. Un fotógrafo retrató el trabajo de un ingeniero agroecólogo que durante meses trabajó en un enorme pozo de tierra en un instituto de Salina de Kansas, Estados Unidos.
El artículo se titula “Digging deep reveals the intricate world of roots” (Cavar profundamente revela el mundo complejo de las raíces), escrito por Becky Harlan.
El científico Jerry Glover logró meterse debajo del suelo para ver qué ocurría en la tierra con una plantación de hierbas de praderas y otra de trigo, uno de los cultivos más usados en norteamérica. En el primer caso, las raíces se extendieron más de cuatro metros.
“Además de ser impresionantemente grandes, estas bolas de raíz ocultas logran un carbono que almacena mucho, nutren el suelo, aumentan la bioproductividad y previenen la erosión”, explica Glover. Y agrega: "Por desgracia, estas hierbas productivas y perennes, que viven todo el año, son más raras de lo que solían ser". 
Las raíces de los cultivos casi no se extendieron por la tierra. Las plantas se desarrollaron en grandes tuberías a modo de maceta, simulando un campo a cielo abierto.
El fotógrafo Jim Richardson se unió al trabajo de campo de este investigador para ilustrar las conclusiones luego de un año de experimento. Las fotos confirmaron que la agricultura es una de las principales amenazas del hombre para la biodiversidad global y la función del ecosistema.
"Antes de la agricultura, las comunidades vegetales naturales gobernaban la tierra y mantenían los ecosistemas en perfecto equilibrio. Como estas plantas eran perennes, vivían durante todo el año y eran increíblemente eficientes en los procesos reguladores como el ciclo de nutrientes y el consumo de agua”, afirma Glover.  Todo cambió –sostiene el científico— cuando el hombre reemplazó las hierbas naturales por los cultivos.
Crear cultivos anuales requiere fertilizantes adicionales, maquinaria pesada, y “la perturbación de la tierra”, en un proceso que se “repite año a año”, detalla Glover. ¿Qué propone? Desarrollar “cultivos perennes” (un invento en plena etapa de elaboración) para volver a sembrar  “comunidades vegetales naturales” de nuevo en los campos.
“Estos cultivos serían más parecidos a las praderas naturales que antes dominaban la Tierra. 
Los cultivos pueden ser cosechados año tras año sin ser replantados, enriquecerían el suelo en lugar de agotarlo y requerirían ningún fertilizante o pesticidas”, concluye en su investigación.

Fuente: Rosario Plus http://www.rosarioplus.com/ Publicado en: Ecoportal.net

El Mediterráneo acumula 62 millones de grandes fragmentos de basuras

El Mediterráneo acumula 62 millones de grandes fragmentos de basuras en sus aguas, lo que representa una gran amenaza para los ecosistemas y para el ser humano, advierte la ONG Ecologistas en Acción en un informe difundido hoy en España.

El estudio sobre basuras marinas, plásticos y microplásticos de Ecologistas en Acción resume el conocimiento aportado en la materia por 300 publicaciones científicas internacionales.
Entre sus conclusiones, destacan datos como que cada año entran al océano entre 6,4 y 8 millones de toneladas nuevas de basuras marinas, de las que el 80 % son plásticos, que generan elementos más ligeros, microplásticos capaces de viajar grandes distancias. Los ecologistas advierten también de que más de 690 especies de flora y fauna han interactuado con basuras marinas plásticas, y que sus restos están ya en la cadena trófica humana.
 
El 80 % de la basura entra en el mar desde zonas densamente pobladas, desde industrias o vertederos. EFE/EeA
 
El 80% desde tierra
El informe señala que el 80 % de la entrada de basuras marinas se produce desde tierra, desde zonas con alta densidad de población y presencia de industrias o vertederos.
Al principio los grandes bloques de residuos marinos se detectaron principalmente en la costa, pero en los últimos años se han hallado grandes islas de basura flotante en mar abierto y en los fondos oceánicos.
Ecologistas en Acción alerta de la elevada presencia de microplásticos (partículas de menos de 5 milímetros), muchos de los cuales provienen de productos de cosmética, que sortean los sistemas de saneamiento hasta desembocar en mares y océanos. Muchos de estos microplásticos provienen también de la fragmentación de tejidos sintéticos (en un sólo lavado pueden generar más de 1.900 fibras de microplásticos) o de la degradación de las bolsas de plástico en partículas microscópicas.
Fuentes de entrada de la basura en el mar. EFE/EeA

La contaminación, amenaza del siglo
Este problema de contaminación es, junto al cambio climático, una de las mayores “amenazas globales de este siglo” para los océanos, según la ONG.
Asimismo destaca que en algunos casos los organismos marinos “no sufren una muerte directa derivada de los enmallamientos en redes de plástico, pero sí resultan gravemente afectados por las heridas o los impedimentos generados por el atrapamiento”.
Además, señalan que se han documentado casos de ingestión de macroplásticos en un amplio número de organismos, “incluyendo especies de peces de valor comercial como el arenque y la caballa, los atunes del Mediterráneo y el bacalao del Atlántico”, en los que la confusión de la basura con alimentos puede causar la muerte directa, a través de la obstrucción del estómago, o afectar a sus organismos a largo plazo.

Fuente: Efeverde http://www.efeverde.com/

lunes, 30 de enero de 2017

Interseccionalidad: Un problema lógico en la representación

Daniel Martínez Ávila 






La interseccionalidad da nombre a los sistemas entrelazados de opresión. El concepto surgió durante el segundo movimiento feminista en los Estados Unidos: las mujeres afroamericanas y de otras minorías no se veían totalmente representadas en los discursos feministas blancos y empezaron a escribir sobre su posición en el centro de una discriminación dual y sistemática de racismo y sexismo. Este sistema multidimensional de opresión interconectada es conocido como interseccionalidad.  

En lugar de examinar o luchar cada sistema de discriminación separadamente, la teoría de la interseccionalidad estudia el espacio en el que los varios sistemas de opresión coinciden y entran en conflicto unos con otros.

Desde finales de los años 1980, otros grupos también han reconocido el fenómeno de la interseccionalidad. Aunque unos grupos serán más sensibles que otros, en principio cualquier grupo podría ser objeto de perjuicio. Los problemas de interseccionalidad en sistemas de organización ocurren cuando usuarios pertenecientes a varios grupos marginados son representados, entendiéndose por grupos marginados aquellos que están en los márgenes del sistema, es decir, que no están en el centro o “mainstream”. Siempre que en un sistema haya grupos no representados existirán límites en la representación y por lo tanto grupos sí representados que estén marginados.


Un aspecto fundamental es que los sistemas de organización no son neutrales (no son universales). Las decisiones que se toman al desarrollar los sistemas privilegiarán a unos grupos sobre otros, y lógicamente los sistemas son casi siempre diseñados para el privilegio del grupo mayoritario. El problema no es que un sistema esté sesgado y adaptado al grupo mayoritario (siempre y cuando existan alternativas y sistemas adecuados para otros grupos), el problema es que un sistema sesgado sea presentado como neutral, universal y apto para todos los grupos. Es importante reconocer los sesgos para saber qué sistemas son más adecuados para cada grupo. Por otra parte, también es necesario que los grupos minoritarios y marginados puedan disponer de sistemas específicos para cada grupo como alternativa a los sistemas universales. Los intentos universales de arreglar los sesgos en los sistemas universales, aunque cargados de buenas intenciones, solo han enmascarado y prolongado los problemas de representación.

Los sistemas actuales se basan en gran medida en la lógica aristotélica, utilizan categorizaciones, definición de clases en función de sus características e inferencias.
Cuando se desarrollan las clases se hace de forma lineal, primero se determinan unas facetas primarias, luego unas secundarias, etc. Los grupos representados por las facetas primarias estarán más privilegiados que los representados por las facetas secundarias y sucesivas. Aunque este desarrollo de facetas se trata de un proceso completamente arbitrario, siempre que haya una representación física será necesario determinar un orden. Por ejemplo, ¿dónde colocaríamos en una biblioteca la literatura de mujeres africanas? una opción sería desarrollar primero la faceta sexo y luego la faceta nacionalidad, agrupando todos los libros escritos por mujeres de todas las nacionalidades juntos silenciando su condición africana; otra opción sería desarrollar primero la faceta nacionalidad y luego la faceta sexo, agrupando toda la literatura africana junta y silenciando que sean mujeres. En cualquiera de las decisiones las mujeres africanas serán agrupadas junto a grupos que no representan completamente su condición. Aunque una solución sería la creación una clase específica para la intersección, los sistemas basados en la lógica tradicional no siempre lo permitirán, ya que el árbol de dependencias físicas crearía un problema de herencia múltiple. Sin embargo, aunque siempre existirán problemas lógicos en el desarrollo de sistemas, una conciencia sobre el concepto de interseccionalidad permitirá una mayor efectividad en la representación de estos grupos.



Daniel Martínez Ávila es doctor en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha visitado y es colaborador asiduo de la University of Wisconsin-Milwaukee. Su especialización es la organización del conocimiento, los estudios de género y la filosofía del software libre. Fuente: La MareaImagenes: ‪aulaintercultural.org‬

Tribu siux de Standing Rock a Trump: “Crear otro Flint no hará grande a Estados Unidos otra vez”

Los opositores al oleoducto Dakota Access temen que una ruptura del oleoducto pueda envenenar el río Missouri, que abastece de agua potable a 17 millones de personas. El núcleo base de la oposición se encuentra en los campamentos instalados dentro de la Reserva Siux de Standing Rock y sus alrededores, donde está planificado que el oleoducto cruce por debajo del río.

Amy Goodman y Denis Moynihan

Desde que asumió el cargo, y ya no solo a través de Twitter, el presidente Donald J. Trump no ha dejado de emitir órdenes ejecutivas y memorandos presidenciales. El martes, sus pronunciamientos se refirieron a los oleoductos Keystone XL y Dakota Access. Ambos proyectos fueron rechazados o retrasados por el gobierno de Barack Obama, tras grandes protestas de la población en ambos casos. Ahora, con las acciones del gobierno de Trump, respaldadas por un Congreso servil con mayoría republicana, los megaproyectos de combustibles fósiles están recibiendo luz verde otra vez.
 
Sin embargo, se necesita algo más que la acción veloz de la pluma de Trump para sofocar la vigorosa resistencia a estos dos oleoductos y al creciente movimiento mundial que demanda medidas urgentes para combatir el cambio climático.
El oleoducto Dakota Access (DAPL, por su sigla en inglés) es un proyecto de 1.770 kilómetros de extensión, valuado en 3.800 millones de dólares, que tiene como objetivo transportar petróleo obtenido mediante fracturación hidráulica desde los yacimientos petroleros de Bakken, en Dakota del Norte, pasando por Dakota del Sur y Iowa hasta Illinois, donde se conectaría con otro oleoducto para trasladar el petróleo al golfo de México.
Los opositores al oleoducto Dakota Access temen que una ruptura del oleoducto pueda envenenar el río Missouri, que abastece de agua potable a 17 millones de personas. El núcleo base de la oposición se encuentra en los campamentos instalados dentro de la Reserva Siux de Standing Rock y sus alrededores, donde está planificado que el oleoducto cruce por debajo del río.
El proyecto del oleoducto Keystone XL (KXL) propone transportar los combustibles fósiles más sucios del mundo, arenas alquitranadas, desde Alberta, Canadá pasando por la frontera hacia Estados Unidos, también culminando en el golfo de México. El 6 de noviembre de 2015, tras cinco años de protestas contra el KXL, el presidente Barack Obama declaró que el oleoducto “no era de interés nacional para Estados Unidos”, y acabó definitivamente con el proyecto. El 5 de diciembre de 2016, en una segunda victoria para los ambientalistas de base, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense le negó el permiso a la propietaria del Dakota Access para perforar debajo del río Missouri, lo que detuvo ese proyecto de oleoducto.
“La orden ejecutiva de Trump sobre el oleoducto Dakota Access viola la ley y los tratados tribales. Tomaremos medidas legales”, dijo el jefe de la tribu siux de Standing Rock, David Archambault II, en un comunicado de prensa. “Crear otro Flint no hará a Estados Unidos grande otra vez”. 
El memorando presidencial de Trump sobre el Dakota Access instruye al secretario del Ejército a “evaluar y aprobar de forma expedita… las solicitudes de aprobación para construir y poner en funcionamiento el oleoducto Dakota Access”. El mismo tipo de redacción se puede ver en el memo respecto al oleoducto Keystone XL, dirigido al secretario del Ejército, así como a los secretarios de Estado y del Interior. La persona designada por Trump para el cargo de secretario de Estado, Rex Tillerson, anteriormente fue director ejecutivo de ExxonMobil, una empresa que cosecharía enormes ganancias mediante la explotación del petróleo de las arenas alquitranadas canadienses. El nominado de Trump para el puesto de secretario de Energía y ex gobernador de Texas, Rick Perry, poco tiempo atrás integraba la junta de la empresa Energy Transfer Partners, propietaria del Dakota Access.
La orden ejecutiva de Trump titulada “Acelerar las evaluaciones ambientales y aprobaciones para proyectos de infraestructura de alta prioridad”, emitida junto con los dos memorándums, incluye la declaración de que “muy a menudo, los proyectos de infraestructura en Estados Unidos han sido retrasados de forma rutinaria y excesiva por los procesos y procedimientos de las agencias”. Junto con un cuarto memo que exige –sin tener fuerza de ley– que los proyectos de construcción y reparación de oleoductos “usen materiales y equipos producidos en Estados Unidos”, esta oleada de decretos prepara el terreno para el resurgimiento acelerado de ambos oleoductos.
Winona LaDuke, activista indígena estadounidense y directora ejecutiva del grupo “Honor the Earth”, dijo en una entrevista en Democracy Now!: “Es prácticamente una declaración de guerra contra todos nosotros aquí, no solo contra los pueblos indígenas sino contra cualquier persona que desee beber agua. [Trump] definitivamente quiere forzar la construcción de estos oleoductos como sea”.
Bobbi Jean Three Legs, miembro de la nación sioux de Standing Rock, comenzó las protestas contra el Dakota Access antes del surgimiento del primer campamento de resistencia el pasado mes de abril. La joven, de 24 años de edad, ayudó a dirigir una carrera con relevo de 3200 kilómetros para los jóvenes indígenas, desde el campamento Sacred Stone en Cannon Ball, Dakota del Norte hasta Washington DC, con el objetivo de atraer la atención a su lucha contra el oleoducto. Su principio básico es “El agua es vida” o, en lengua lakota, “Mni Wiconi”. Bobbi declaró en Democracy Now!: “[Trump] está despertando a mucha gente. Ahora mucha gente realmente le está prestando atención al cambio climático. No vamos a retroceder jamás”.
A Bobbi Jean Three Legs y Winona LaDuke les preocupa el aumento de la violencia por parte de la policía y la Guardia Nacional. Bobbi describió la situación: “Aún estamos sufriendo brutalidad policial. Reprimen a la gente con gas. Les disparan. Nuestra hermana Red Fawn sigue en la cárcel. Más de 600 personas han sido arrestadas al momento, y esta cifra sigue aumentando”. Los ojos de Bobbi Jean se llenan de lágrimas mientras habla. “Ahora mismo les pido a todos los jóvenes del país que nos apoyen. Les pido a todas las personas del mundo que nos apoyen, dondequiera que estén… Me temo que quieren matarnos”.

Fuente Democracy Now- Imagenes: ‪Alto Nivel‬ - ‪La Marea‬

Chile: Denuncian que Fiscalía se niega a investigar atentados incendiarios que vincularían a empresas forestales

"La Red por la defensa de los territorios" ha señalado que la FISCALÍA a pesar de poseer una nutrida carpeta de antecedentes se ha negado a investigar atentados que estarían relacionados con las empresas forestales y sus grupos de seguridad.
 
“La Fiscalía de la Araucanía a pesar de haber incorporado la tesis del autoatentado en 2012 ante evidentes antecedentes en el marco de los incendios forestales que se expandieron en más de 50 mil hectáreas en dicho año y que la mayoría tendrían relación con la plaga de la avispa taladradora que mata la madera y que no tiene seguro, pero si tienen seguro de incendio, no quiso investigar, lo que habla del conflicto de interés que hay al interior del Ministerio Público con respecto a la relación de fiscales con empresarios”, indicó la Red por la Defensa de los territorios.
 
La Red por la Defensa de los Territorios señaló que se reunieron con la Fiscalía Nacional en septiembre del 2015 donde se comprometieron a investigar una serie de denuncias que dan cuenta de atentados que vinculan directa o indirectamente a las mismas empresas forestales, sin embargo a la fecha no han hecho absolutamente nada, razón por la cual evalúan acciones legales al respecto para que se determinen responsabilidades ante la ola de incendios donde varios focos han sido intencionales, incluso, algunos provocados con paracaídas como se demostró en San José del Maipo recientemente.
“La Fiscalía Nacional, luego del ingreso de una serie de antecedentes relacionados a atentados incendiarios sobre plantaciones forestales y que estarían vinculados a grupos sicarios – mercenarios e intereses forestales ya sea directa o a través de entidades de seguridad, había determinado derivarlos para el levantamiento de líneas de investigación en las Fiscalías del Bio Bio y la Araucanía, este según carta Gabinete N° 257 del 2015, sin embargo a la fecha no han hecho absolutamente nada”, denunció la Red.
Las organizaciones denunciantes vienen señalado que luego de años de existir una serie de antecedentes, varios de hechos públicos, no es concebible que jamás se haya levantado líneas concretas de investigación y que esta instancia pública haya realizado exclusivamente persecuciones a causas Mapuche, sin atender contextos ni otros modus operandi.
Los antecedentes que se ingresaron formalmente en septiembre del 2015 a la Fiscalía, fueron suscritos por las siguientes organizaciones: Red por la defensa de los Territorios (Araucanía); Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); representaciones estudiantiles y ambientales, carpeta con más de 300 páginas que dan cuenta sobre testimonios de ex guardias vinculados a empresas de vigilancia en predios forestales; confesiones de obreros pagados para cometer atentados e incriminar a dirigentes Mapuche; peritajes inconclusos y causas judiciales abandonadas relacionados a atentados forestales y grupos mercenarios; ex agentes del servicio de inteligencia de la dictadura militar como prestadores de servicios de vigilancia a empresas; testimonios públicos de parlamentarios; investigaciones periodísticas y opiniones jurídicas, entre otros documentos.
Además se entregó a la Fiscalía datos de la relación entre incendios de plantaciones forestales con plagas en los monocultivos; montajes informativos, siendo varios los antecedentes que desprenden tesis relacionadas a la existencia de grupos mercenarios con la intención de criminalizar causas del Pueblo Mapuche, intensificar acciones represivas a comunidades, cobros de seguros y colusiones de sectores empresariales, políticos y operadores de justicia en la Región de la Araucanía.
Para las organizaciones denunciantes, es inconcebible que con más de 15 años de antecedentes en su mayoría de carácter policial, el Ministerio Público jamás ha establecido líneas de investigación para determinar actos y responsabilidades relacionados a los intereses de empresas forestales, particularmente de las compañías forestal Mininco y Arauco, en cambio los fiscales hayan preferido tendenciosamente, con sesgo y racismo, levantar una abierta persecución a causas del Pueblo Mapuche, más aún, cuando en varios de estos hechos, se aplicó la Ley interior de Seguridad del Estado y la Ley anti terrorista, ha indicado la Red por la defensa de los territorios.
Para la Red por la Defensa de los Territorios ha señalado que Fiscalía no hace su trabajo cuando involucra intereses de ciertos latifundistas coloniales o empresas forestales, lo que habla de los directos vínculos de operadores de la justicia con intereses políticos vinculados con ese sector,  haciendo referencia al ex Fiscal regional en la Araucanía, Francisco Ljubetic y también en particular, al ex persecutor Luis Chamorro, ex Fiscal quien por años llevó acciones de criminalización contra numerosos comuneros Mapuche, quien renunció a su cargo en mayo del año 2014, aduciendo razones de salud para desvincularse para prestar servicios en calidad de lobista para la empresa forestal Arauco, del grupo Angelini.
La Agencia EFE publicó a inicios de septiembre del 2015 que organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, ambientales e indígenas acusaron a la Fiscalía de Chile de “estigmatizar” a la comunidad mapuche al presentar antecedentes relacionados con atentados incendiarios en el sur del país atribuidos a ese pueblo indígena, informaron fuentes oficiales: “Existen incidentes que han venido pasando en los últimos años que han sido atribuidos al pueblo mapuche sin que la Fiscalía Nacional haya hecho una investigación pertinente”, publicaban los medios relacionados a la agencia.

Fuente: El Ciudadano
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Bachelet: "Estamos seguros de que sí ha habido intencionalidad en algunos focos"
 
Los incendios forestales que están afectando la zona centro sur del país han consumido casi 400 mil hectáreas y se han logrado extinguir 14 siniestros en todo el país durante la jornada de ayer. Más de 9.000 personas y cerca de un centenar de aeronaves fueron movilizadas por el gobierno para combatir los siniestros


Con más de 9.000 personas y cerca de un centenar de aeronaves, Chile montó un inédito operativo de emergencia para combatir los peores incendios forestales de su historia, que ya han arrasado cientos de miles de héctareas
Más de 4.500 bomberos voluntarios y bomberos forestales, unos 4.600 militares, policías y funcionarios públicos, se enfrentan a los voraces incendios que ya han destruido cerca de 480.000 hectáreas en poco más de una semana en siete de las 15 regiones del país, informó este sábado la presidenta Michelle Bachelet.
"Estamos dando una batalla contra el fuego sin pausa y también sin precedentes", dijo Bachelet.
Unos 24 aviones, 45 helicópteros y 124 camiones cisternas fueron movilizados por el gobierno y empresas privadas para combatir los siniestros. Se espera además la llegada el domingo de un avión ruso con capacidad de 42 toneladas de agua para que se una a las labores de combate del fuego.
Los aviones lanzan a diario alrededor de 980.000 litros de agua a los focos de incendio, según datos del gobierno.
La cifra de víctimas fatales por el siniestro se mantiene en 11, mientras que 2.025 personas han sido albergadas, 3.270 resultaron damnificadas y 1.089 viviendas fueron destruidas por estos voraces incendios.
La presidenta Bachelet ha calificado este siniestro como la peor catástrofe forestal de la historia de Chile, un país acostumbrado a soportar desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas.
Las regiones más golpeadas por las llamas son las de O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, donde se concentra un importe sector agrícola, ganadero y de plantaciones de monocultivos de propiedad de grandes empresas forestales.
Estas cuatro regiones fueron puestas bajo estado de catástrofe por Bachelet.
El gobierno afirma que las pérdidas económicas son incalculables, y teme además que el perjuicio a la fauna y flora de las zonas afectadas sea considerable e irreversible.
"Estamos frente a una catástrofe inédita, pero quiero asegurar que como país tenemos reservas y capacidades para enfrentarla e ir en apoyo de nuestros compatriotas afectados", agregó Bachelet.
Empujados por fuertes vientos, altas temperaturas y una sequía que arrecia desde hace 8 años, los incendios avanzan sin control desde el centro al sur del país. Aún 110 focos ígneos se mantienen activos; de ellos, 49 fueron controlados, 60 se encuentran en combate y 1 extinguido, según el último informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Bachelet anunció el traslado de algunos de sus ministros a las zonas afectadas para encabezar las tareas de distribución de ayuda a los damnificados, el acondicionamiento de colegios públicos para albergar a los afectados, la atención médica y la En medio de la emergencia, más de 35 personas han sido detenidas acusadas de haber tenido alguna responsabilidad en el inicio y propagación de estos incendios.

Fuente: AFP - http://elcomercio.pe - ‪Weekend Heroes‬ - Imagen: Crédito: Agencia Uno

Masivos rechazos populares y desastres mineros en Latinoamérica: Canadá envía emisarios para convencer a los alcaldes e intendentes

Ante la gran cantidad de masivos rechazos a la actividad extractiva y particularmente al desempeño de las mineras de origen canadiense en toda Latinoamérica, Canadá lleva a cabo un programa propiciado por la Federación Canadiense de Municipalidades, con la iniciativa denominada “Comunidades Inclusivas y Durables en América Latina” (CISAL) y el aval del ministerio canadiense de Relaciones Exteriores. El programa, que actualmente se aplica en Perú y Colombia, implica que funcionarios de diversas localidades canadienses visitan América Latina para exponer sus experiencias y ofrecer asesorías. Como ejemplo, el alcalde de Sudbury, Ontario, se encuentra por estos días en Perú, en una actividad auspiciada por CISAL.

La explotación minera es uno de los puntos que tienen en común Canadá y algunos países de América Latina.
Pero ese vínculo no ha sido necesariamente armonioso entre los diversos sectores y agentes participantes.
Por un lado están las empresas mineras, que explotan los recursos que constituyen su principal materia prima; por otra parte, los gobiernos de las naciones donde se lleva a cabo la explotación, que priorizan y alientan la misma, teniendo en mente los beneficios que puedan obtener de la actividad; pero, por otro lado están las comunidades, cuyas opiniones pocas veces son tomadas en cuenta y que son las primeras en recibir y padecer las consecuencias negativas de la minería, principalmente en lo que se refiere al medioambiente y al avasallamiento de los derechos de las comunidades originarias.
Es en ese contexto que se lleva a cabo un programa propiciado por la Federación Canadiense de Municipalidades, por medio de la iniciativa denominada “Comunidades Inclusivas y Durables en América Latina” (CISAL), y que cuenta con el aval del ministerio canadiense de Relaciones Exteriores.
El objetivo principal del programa, que actualmente se aplica en Perú y Colombia, es reforzar las instancias locales de gobierno, con eje central puesto en alcaldes o intendentes y consejeros municipales.
Para tal fin, Canadá apela a su historial extenso en la construcción de una relación fluida y amigable entre los municipios y las instancias de gobierno provincial y federal.
Funcionarios de diversas localidades canadienses visitan América Latina para exponer sus experiencias y ofrecer asesorías. Como ejemplo, el alcalde de Sudbury, Ontario, se encuentra por estos días en Perú, en una actividad auspiciada por CISAL.
Las similitudes y diferencias entre los recorridos canadiense y latinoamericano…
Una iniciativa que parece augurar un “mejor futuro para las empresas mineras” ¿se traducirá necesariamente en un mejor futuro para las comunidades afectadas?
Más detalles en la entrevista que Christopher Yeomans, director de la iniciativa Comunidades Inclusivas y Durables en América Latina, le concedió a Luis Laborda.

Fuente: Radio Canadá Internacional - Publicado en noalamina.org

Glaciares de Bolivia amenazados por la minería

Se confirmó que existen 40 concesiones mineras en el nevado Illimani y que otros glaciares de gran importancia para el abastecimiento de agua de las poblaciones también están en peligro por la actividad minera. Los comuneros de Palca se declaran en emergencia. “No quisiéramos que haya esa minería, porque va a afectar al agua que usamos para el riego de nuestros cultivos”, sentencia Olimpia Alejo, secretaria general de la comunidad de Huancapampa (ubicada en Palca, a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz). Los pobladores de este municipio alertaron sobre la existencia de actividad minera en el nevado Illimani y se declararon en emergencia por el peligro que representa la contaminación para las aguas que escurren del glaciar, las cuales son fundamentales para su producción agrícola. El pronunciamiento de los comunarios de Palca, realizado hace cuatro meses, derivó en una investigación que evidenció la existencia de actividad minera en el nevado Illimani, al igual que en el Mururata (ambos situados en ese municipio) y otros glaciares ubicados a lo largo de las cordilleras Real y Apolobamba.

La alerta de los palqueños llamó la atención de las autoridades y de los ciudadanos. Las voces de rechazo de parte de la población, de entidades políticas y cívicas no se dejaron esperar. Ante esta situación, funcionarios del gobierno -incluyendo el presidente Evo Morales- negaron que hubiera actividad minera en la icónica montaña nevada declarada Patrimonio y Paisaje Natural de Bolivia en 2012.
Pero una investigación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) confirmó lo denunciado por los pobladores de Palca. Tomando como base para su estudio la información oficial vigente sobre el registro minero nacional actualizado hasta 2014, el Cedib plasmó esos datos en mapas que muestran presencia minera tanto en el Illimani como en otros nevados. Ante la contundencia de esa información, el gobierno reconoció la existencia de derechos mineros (concesiones o arriendos) en la zona, mientras el Comité Cívico Pro La Paz (entidad civil que aboga por los derechos de los paceños y los representa) reaccionó solicitando la reversión de los mismos.
Glaciares en peligro
Tras la alerta de los palqueños -quienes han conformado un Comité de Defensa del Illimani con el objetivo principal de liberar a la región de esa actividad extractivista- entidades estatales de minería y el Comité Cívico realizaron, de manera separada, una inspección al nevado para verificar la denuncia.
Mientras tanto, los investigadores del Cedib revelaron que 17.226 hectáreas del Illimani se encuentran bajo derechos mineros, los cuales ocupan hoy una parte de la base del glaciar, así como algunos otros sectores del mismo nevado. Todas estas zonas son ostentadas por cooperativistas y privados, como la Compañía Minera Amazona de Bolivia (Comabol).
“Como Cedib hacemos seguimiento al problema minero en el país, para eso usamos las bases de datos oficiales proporcionadas por las autoridades sectoriales. La última oficial y vigente es la elaborada por el Sergeotecmin (Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas) en 2014”, explica a Georgina Jiménez, investigadora del Cedib.
Tras la publicación de la investigación del Cedib, en noviembre pasado, en la que construyeron un mapa colocando la información oficial vigente sobre la cartografía del Illimani, el Ministro de Minería, César Navarro, descalificó ese estudio argumentando que la ONG no utilizó información actualizada a 2016. Negó la existencia de actividad minera en el nevado y solo reconoció el arrendamiento de dos contratos de la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) con las cooperativas Bolsa Negra y Cerro Negro.
La investigadora del Cedib explicó que la información vigente sobre las concesiones mineras en el país está actualizada oficialmente por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) hasta 2014. La AJAM les comunicó que tendrán los datos hasta 2016 recién en esta gestión.
El trabajo de los investigadores del Cedib no se quedó en el nevado Illimani. Usando la misma base de datos oficial, identificaron concesiones mineras en la región comprendida entre la Cordillera Real y la Apolobamba, la cual alberga una cadena de glaciares y nevados de gran importancia porque son la fuente principal de agua para numerosas comunidades.
“Tomando en cuenta la última información oficial vigente, se demostró que hay derechos mineros prácticamente en los alrededores de todos los glaciares”, dijo a Mongabay Latam Marco Antonio Gandarillas, director del Cedib.
De acuerdo con el mapa superpuesto a las concesiones mineras contempladas en los datos oficiales, las faldas de los nevados Illampu y Ancohuma están totalmente cercadas por la actividad minera, y el glaciar Huayna Potosí corre con la misma suerte, aunque la superficie afectada es menor.
En la cordillera de Apolobamba la presencia de mineras es alta sobre todo en las cercanías de los nevados Cavayani, Canisa y Coruquini. En el mapa construido por el Cedib se ve que también hay concesiones en Matchu Sochi Conchi y otras que prácticamente rodean a la Reserva de Fauna Ulla Ulla.
En la cordillera Real, las áreas rojas marcadas en el mapa confirman que el nevado Illimani está completamente rodeado de concesiones (el punto 4 en el mapa), así como el Takesi y en menor medida el glaciar Huila Kollo.
En el Mururata, la Comibol tiene los derechos mineros y estos llegan prácticamente hasta la parte alta del nevado como se ve en la foto, las cooperativas mineras en este caso sí están algo alejadas del nevado. La alteración o remoción de los glaciares por esta actividad supone, además de la contaminación, una pérdida irreversible de una fuente de agua dulce tan importante, dice a Mongabay Latam la investigadora y ambientalista Cecilia Requena.
La amenaza del retroceso de los glaciares
“Las comunidades del Sector Illimani nos declaramos en estado de emergencia permanente para defender la vida y principalmente la protección de los nevados del Illimani y el Mururata, y de igual forma defender todos los recursos naturales existentes en nuestra jurisdicción territorial”, señala el artículo primero de la resolución emitida por los comunarios de Palca el 25 de septiembre de 2016.
En el documento evidencian su preocupación por cómo la actividad minera estaría contaminando sus fuentes de agua, lo cual afectaría la vida de las comunidades y su producción agrícola. A cuatro meses de ese pronunciamiento, no recibieron ninguna respuesta de las autoridades, dijo Emilio Limachi Colque, secretario general de la Central Agraria Huancapampa.
“Ya hemos hecho la denuncia ante la Gobernación de La Paz y el Ministerio de Minería. Todavía no tenemos un informe técnico, pero ya sabemos que hay contaminación por mercurio. Ya es casi seguro que hay esa contaminación”, remarca Limachi.
En la visita realizada el último domingo por Mongabay Latam a Palca, los comuneros manifestaron su preocupación porque su actividad es netamente agrícola, producen una variedad de verduras para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto, y ven amenazada esa producción por la actividad minera de tres empresas en el río Chilicoya, cuyas aguas nacen en el Mururata y confluyen en el río La Paz.
“Nuestras comunidades serán afectadas. (Los mineros) van a agujerear (la tierra) y no va haber agua para nuestra producción”, explica Olimpia Alejo, quien asegura que el cerro de esa comunidad “ya está cedido” a la minería “justo donde está la toma de agua que usan para riego.
Pero el problema se agrava cuando a la contaminación se suman los impactos del cambio climático. Se calcula que desde los años ochenta, la pérdida de superficie glaciar en la región andina ha oscilado entre el 27% y el 37%: la cordillera Apolobamba retrocedió en un 40,09%, la cordillera Tres Cruces en un 27,29% y la cordillera Real un 37,40%. Este inventario de glaciares fue elaborado en el 2014 como parte del Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA), que fue ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente en Bolivia.
El retroceso acelerado de los glaciares en los Andes Tropicales es una de las consecuencias más evidentes del calentamiento global. Esta deglaciación amenaza la disponibilidad futura del agua para las economías de subsistencia, para la agricultura y para los requerimientos de algunas de las poblaciones altoandinas, según el PRAA.
El inventario glaciar de Bolivia se actualizó (el anterior data de 1980) con el fin de cuantificar las pérdidas en superficie en los últimos 30 años. La metodología incluyó el uso de herramientas de percepción remota tales como imágenes satelitales de alta resolución (ALOS), así como sofisticadas técnicas de tratamiento como la “Fotogrametría Digital” que sirve para obtener las características geométricas de los objetos a partir de fotografías.
Las comunidades que viven en los alrededores de los nevados Illimani, Mururata, Huayna Potosí y Tuni-Condoriri conocen de este impacto, por eso su preocupación es mayor frente a la amenaza de que sus fuentes de agua sean contaminadas por la actividad minera, que además potencialmente agudizaría el problema. Los pobladores de las comunidades que dependen de ríos que son alimentados por los glaciares saben que deben aprender a adaptarse a los cambios estacionales en los caudales, porque han sido capacitados sobre el tema por diversos proyectos públicos y privados.
La ambientalista Cecilia Requena considera que es necesario modificar la Ley de Minería y Metalurgia de 2014, porque esta permite la existencia de derechos mineros sobre recursos hídricos. “Esta última ley dió autorizaciones en glaciares, en cursos de agua, aguas superficiales, subterráneas”, explicó.
Un estudio realizado sobre el tema por Oscar Campanini, investigador del Cedib, establece que 510 microcuencas, que representan un cuarto de las que existen en Bolivia, son afectadas por concesiones mineras. El informe que data de 2014 señala que la minería en Bolivia es la que consume la mayor cantidad de agua.
Si bien el artículo 93 de la Ley Minera de 2014 establece restricciones a esta actividad en áreas de importancia como son las fuentes de agua, también contempla una excepción que permite levantarla si se cuenta con estudios ambientales favorables a la actividad minera, explica la abogada Erika Bruzonic.
“El espíritu de esa ley (535) es dar todas las facilidades posibles a las mineras sin importar los efectos en el medio ambiente, los impactos sociales, la contaminación, informalidad y violencia”, señala Bruzonic.
Actividad minera en el Illimani
Ante las declaraciones de los pobladores de Palca sobre la existencia de actividad minera en el Illimani, investigadores y autoridades del gobierno, así como especialistas de varias instituciones públicas y privadas anunciaron una visita a la zona para verificar la información. La estatal Comibol y el Comité Cívico Pro La Paz fueron al lugar, por separado, en noviembre pasado.
La inspección realizada por el comité, entre el 24 y 26 de noviembre, encontró operando a la mina Bolsa Negra que explota wolfrán y zinc, entre otros minerales. La comitiva llegó hasta Taka, ubicada en el municipio de Irupana en la parte posterior del Illimani. “Vimos terraceos y socavones que deben estar abandonados por las cooperativas desde hace 30 años”, dijo Clemente Gutiérrez Mamani, presidente del Comité Cívico Paceño.
En los tres días, recorrieron también poblaciones como Tres Ríos, Santa Rosa, Khani y Pinaya, entre otras. “Hemos encontrado gente trabajando artesanalmente en el Águila en la comunidad Pinaya. Allí explotan zinc y wólfram”, dice Gutiérrez, aunque resalta que no evidenciaron “contaminación masiva”.
Según un medio de comunicación local, se evidenció que tres cooperativas mineras extraen desde socavones improvisados y rústicos un promedio de 20 toneladas de concentrados de minerales, entre los cuales se hallan wólfram, plomo, zinc, oro, antimonio y plata. Estas son la Cooperativa Minera Aurífera 14 de Septiembre del Illimani Ltda., Cooperativa Minera Aurífera Pinaya Illimani S.R.L. y “Águila Chica”, las cuales tienen derechos reconstituidos para explotar el mineral en el Illimani.
Entre noviembre y diciembre, el gobierno manejó distintas versiones. Primero negó la existencia de concesiones en el nevado Illimani calificando de mentiras lo difundido por los investigadores del Cedib. Luego Navarro admitió la existencia de derechos mineros, aunque dijo que en el caso de la empresa privada Comabol, el 80% de sus concesiones habían sido anuladas y que en el 20% restante no se desarrollaban hoy actividades. Gandarillas señaló que no existe información oficial (Gaceta Minera del AJAM) que confirme lo dicho por el titular de Minería.
Lo que quedó establecido, tras la interpelación realizada por la Cámara de Diputados el 18 de enero al titular de Minería, es que existen concesiones mineras en el Illimani. “Nosotros hemos hecho una relevación de información y hemos identificado 40 áreas mineras, 18 son exconcesiones, 17 (son) solicitudes de contratos a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que no fueron autorizados, y cinco (fueron) dadas por la Comibol”, puntualizó Navarro en esa oportunidad.
Marco Antonio Gandarillas afirma que “toda actividad minera, por pequeña que sea, genera un impacto severo principalmente en los cursos de agua”. Por tanto, aunque desde el gobierno se afirme que las mineras que operan en el Illimani lo hacen de manera precaria, es decir, que no procesan su mineral y no usan químicos, con solo remover la tierra provocan contaminación, más si se extrae metales pesados como el cadmio o el plomo.
Las exigencias y acciones irresueltas
Para la ambientalista Cecilia Requena, lo que queda es exigir al gobierno que transparente la información sobre las concesiones mineras. “Eso es lo más importante porque es el único país donde se dan este tipo de derechos mineros”, remarca.
Para el presidente del Comité Cívico Pro La Paz es importante que el Ministerio de Minería y Comibol dejen sin efecto los derechos mineros en los nevados y que la contaminación que genera la actividad “tenga un tratamiento para que no afecten con los minerales a las comunidades de la región”.
Adelantó que la entidad cívica realizará visitas a los nevados Mururata, Huayna Potosí, Tuni Condoriri e Illampu para constatar que no haya actividad minera, “porque es importante preservarlos por el valor que tienen para los paceños en la provisión de agua potable”, precisó. Mientras tanto, los asambleístas departamentales anunciaron que declararán patrimonio de los paceños a los nevados para protegerlos.
Por su parte, los comunarios de Palca ratificaron su solicitud de que se eliminen las autorizaciones dadas para la explotación minera en los nevados Illimani y Mururata. “Queremos que se protejan los nevados. En la infancia hemos crecido ahí arriba (en el nevado), antes era lindo el Mururata tenía mucho blanco, pero desde hace 20 años su color es más oscuro”, recordó el dirigente comunal de Huancapampa. Emilio Limachi dice que se sienten desamparados y abandonados porque las autoridades solo se preocupan de llevar agua a La Paz y no de los palqueños.
Navarro adelantó que a partir de 2017 se iniciará un proceso de saneamiento de la propiedad de unas ocho mil concesiones de explotación minera para establecer cuántos titulares de la actividad productiva existen porque muchos titulares fallecieron, y en otros casos “hubo concesiones que se traspasaron a segundas, terceras y hasta cuartas personas”.
Lo que no menciona el Ministro de Minería es si con las anulaciones de las concesiones se busca evitar la contaminación de fuentes de agua que son vitales para la supervivencia y producción agrícola de comunidades como las de Palca.

Fuente: Semana Sostenible - Imagenes: ‪Noticias sobre conflictos mineros‬
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Gobierno revertirá dos concesiones mineras en nevado del Illimani
 
El ministro de Minería, César Navarro, anunció el miércoles que se revertirán dos concesiones mineras de empresas privadas que operan en cercanías al nevado del Illimani, en el departamento de La Paz, debido a que una está inactiva y la otra firmó de manera irregular un contrato de riesgo compartido con una cooperativa para la explotación de wólfram en el lugar.
Según Navarro, la reversión de ambas concesiones suma alrededor de 50 cuadrículas a favor del Estado boliviano y se encuentran en un radio de 7 kilómetros cerca al Illimani.
"Estamos en condición de expresar que habrá una reversión de las empresas que son aproximadamente 50 cuadriculas, que serán revertidas y no tendrán más actividad productiva", informó a los medios.
El ministro de Minería precisó que la primera concesión a revertir es el área de la empresa Comabol, tomando en cuenta que la inspección realizada en el lugar dio cuenta que ya no realiza actividad productiva.
La segunda reversión es en el área otorgada a una empresa familiar hace más de una década, que cedió ese derecho de explotación de manera irregular a una cooperativa minera, a la que le cobra el 1% de la producción, complementó.
De acuerdo con la autoridad del sector, la inspección realizada en el nevado del Illimani dio cuenta que actualmente existen 40 titulares de áreas mineras en el lugar, la mayor parte otorgados bajo al antiguo código minero, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Además, sostuvo que existen 17 solicitudes de contrato que no han sido entregados.

Fuente: ABI - http://paginasiete.bo

Argentina: Más agronegocios (y más luchas)

Darío Aranda Periodista
 
El primer año de Mauricio Macri como presidente confirmó la profundización del agronegocio. Más transgénicos, beneficios a empresarios y ahogo para campesinos e indígenas. Se multiplican las luchas. Exención de impuestos a sectores del agronegocio. Desintegración del área de agricultura familiar y falta de presupuesto para campesinos. Aprobación de nuevos transgénicos, impulso de una nueva ley de semillas (en línea con el agronegocio) y represión. El gobierno de Mauricio Macri marcó continuidades y profundizaciones respecto al kirchnerismo y al modelo agropecuario. Pero campesinos, indígenas y asambleas resisten.

A cinco días de asumir la Presidencia, Mauricio Macri viajó a Pergamino (Pampa Húmeda, la tierra más cotizada del país) y anunció la eliminación de retenciones (impuesto a la exportación) para los productos agropecuarios y la reducción de cinco puntos a la soja (pasó del 35 por ciento al 30). Un beneficio millonario para el agronegocio.
Al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) fue nombrado Oscar Alloatti. De inmediato comenzó un proceso de ajuste y despidos. El sindicato (Asociación de Trabajadores del Estado, ATE) denunció que echaron a más de 250 técnicos que trabajaban en agricultura familiar. “El gobierno viene atacando las políticas y los derechos de la agricultura familiar mediante el cierre de programas y reparticiones, recorte presupuestario, despido de trabajadores y judicialización”, denunció el sindicato (ATE-SAF) a fines de 2016.
“El glifosato es como agua con sal”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao, en 2009, en pleno kirchnerismo. Férreo defensor de los transgénicos, fue confirmado en su puesto por el presidente Macri. También confirmaron a Martín Lema, director de Biotecnología en el Ministerio de Agroindustria, área clave en la aprobación de transgénicos. En 2016, el gobierno aprobó seis nuevos transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.
Los transgénicos en Argentina se aprueban con base en estudios de las propias empresas, que son confidenciales.
También hubo novedades respecto a semillas. Las empresas del agro exigen desde hace años una nueva ley de semillas, que contemple “regalías extendidas” (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Esto implica limitar el “uso propio” (práctica milenaria que implica sembrar, cosechar y con esas semillas obtenidas volver a sembrar).
En abril de 2016, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Reclamó el cobro de regalías. La agencia oficial Telam señaló que los ejes de la reunión fueron “que se transparente el mercado de semillas y se pague por la tecnología lo que se tiene que pagar”.
En octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: “El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso Nacional”. Afirmó que se busca “garantizar la investigación, tecnología y productividad”. El Ministerio remarcó que “desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas”.
No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores. Medio centenar de organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas, y sectores académicos conforman la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. “Expresamos nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación de la ley vigente”, señala el documento emitido el 18 de octubre. Para quienes creen que sólo se trata de un debate entre empresas y sectores del agro, la Multisectorial recordó un hecho básico: “Quien controla la semillas, controla la alimentación”.
Finalmente, el proyecto de ley no fue tratado en el Congreso Nacional, pero el gobierno anunció que en 2017 intentará aprobarlo.
Desde el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Macri, cambió el contexto para algunas organizaciones campesinas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) formaron parte de la gestión de la Secretaría de Agricultura Familiar del kirchnerismo. También había buen diálogo y articulación con el Frente Nacional Campesino (FNC) y con sectores del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (Maela).
“El sector está siendo seriamente perjudicado por las decisiones políticas del gobierno”, afirmó el documento firmado por ACINA, MNCI, el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) y Maela, entre otros, en septiembre pasado.
FOTO: Meine Landwirtschaft

Cuestionaron la reducción en las retenciones a productos del agronegocio (como soja y maíz) y denunciaron el vaciamiento de políticas para el sector campesino. Las organizaciones exigieron la urgente reglamentación de la Ley 27.118 (de agricultura familiar). “Es de suma urgencia que se tomen medidas con fondos específicos para atender las necesidades de nuestros productores”, solicitaron los campesinos.
El gobierno nacional, de similar manera que el kirchenrismo, impulsa el avance del agronegocio sobre nuevos territorios (hoy en manos de campesinos e indígenas). Los intentos de desalojos y la violencia se repiten en todas las latitudes del país. Provincias como Misiones, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, entre otras, son escenario de continuas situaciones violentas de la mano de los empresarios de transgénicos.
Las resistencias ante el avance extractivo (agronegocio, minero, petrolero, forestal) es de agenda diaria en Argentina. Dos logros fundamentales: en la provincia de Córdoba (centro del país), luego de cuatro años de luchas, se expulsó a Monsanto, que intentaba construir su mayor planta de maíz transgénico del continente. Con un bloqueo comunitario de más de dos años (que cerró el paso a los vehículos de la empresa), media docena de represiones y judicialización, finalmente la multinacional vendió el predio y sufrió su mayor derrota en el país.
El otro logro: en mayo de 2016 se conformó la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología (Renama), un espacio que reúne experiencias agroecológicas (desde pequeñas hasta de gran escala), productores, organizaciones sociales y académicos. Eduardo Cerdá, uno de los impulsores, celebró el paso adelante: “Los productores son conscientes de los límites del agronegocio, de los altos costos, los problemas que genera, tanto en salud como en el ambiente. La agroecología es un modelo superador que ha dado sobradas pruebas de que produce más y mejores alimentos, y a un costo menor”.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/01/21/cam-agronegocios.html -
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