Peru: La pesadilla de llamarse Madre de Dios y ser el lugar de todos sus vicios

La Amazonia peruana no es la excepción a la regla y bajo mitos como los de Eldorado un desarrollismo voraz la ha ido consumiendo década a década con la minería por bandera

Luis A. Hallazi Méndez

Las mejores imágenes de nuestro planeta suelen tener al menos tres colores: azul, marrón y verde en su diversa composición. Esas imágenes exuberantes han ido cambiando; una fuerza realmente revolucionaria lo ha ido haciendo estos últimos siglos, es así que a medida que vas aterrizando por el vasto y diverso territorio de la entidad geopolítica llamada Latinoamérica, las imágenes del joven continente, se resquebrajan y muchos de esos paisajes naturales se convierten en territorios yermos, desolados por la acción del ser humano, convirtiéndose en una terrible pesadilla.
Una pesadilla provocada por esa idea vaga y peregrina de un progreso y desarrollismo voraz, que al ritmo de explosiones, sudor, dragas y sangre van diseñando este nuevo mundo. Si podríamos darle una fecha a esa transformación, muchos coincidirían en el 12 de octubre de 1492, ese momento simbólico en que la riqueza se transformó en oro y el oro en una urgente ambición por sacarla de las montañas.
Así han transcurrido diversos momentos a lo largo de la historia de Latinoamérica y en específico del Perú, donde el extractivismo (proceso de extracción de recursos naturales de la tierra para venderlos al mercado mundial) ha sido una de las mayores fuerzas transformadoras de sus destinos, una fuerza hegemónica que ha visto a este continente como la inagotable despensa de materias primas, para alimentar esa ilusión desarrollista, exportadora de naturaleza, principalmente de minerales, innecesariamente de oro.
Amazonia sin mitos
La Amazonia en general tiene una historia cargada de mitos, y su ocupación moderna estuvo influenciada por esos mitos. El descubrimiento del río Amazonas por ejemplo fue ese impulso de ir en busca de Eldorado. A la Amazonia se la imaginaba como un espacio vacío, inhabitado, y sus bosques hacían pensar de una riqueza inimaginable en sus suelos; esa forma de imaginarla, sobre todo para las élites de los diversos gobiernos que la comparten, generó terribles desaciertos. De un momento a otro grandes proyectos de infraestructura arrasaban bosques enteros, construcción de vías penetraban las entrañas de la selva tropical, el descubrimiento del caucho y después de petróleo siempre contó con osados aventureros; todos en nombre del progreso profanaron ese bosque denso.
La Amazonia peruana no fue la excepción para que bajo esos mitos se fuera destruyendo. El mismo mito del Perú andino e incaico que prima en el mundo entero esconde que, de las 128 millones de hectáreas que conforman el territorio peruano, aproximadamente un 60% es Amazonia viva, con más de 73 millones de hectáreas de bosques tropicales. Después de Brasil, Perú es el país con mayor territorio amazónico.
El Machu Picchu, construido por los incas en la cordillera peruana de los Andes. (PERCY HURTADO / AFP)

La Amazonia no es una sino muchas, que trajo una realidad cargada de descubrimientos conforme era explorada, que incluso generó una fiebre delirante. Sólo hay que recordar el auge de la explotación y comercialización del caucho, disparando su proceso colonizador y causando una transformación social y cultural sin precedentes, que si bien generó cuantiosos recursos económicos para estados y empresas, también constituyó uno de los grandes etnocidios que sufrieron los pueblos indígenas amazónicos, sometidos a un régimen de trabajo esclavo por parte de los caucheros, denuncias que terminaron en un escándalo internacional, corroboradas por cartas de Roger Casement enviadas al Gobierno británico, donde da cuenta de las atrocidades cometidas por la empresa de caucho Casa Arana en contra de los indígenas del Putumayo, que después fuera novelado por Vargas Llosa en El sueño del celta.
Subsiste pues una incomprensión y exclusión hacia sus pueblos originarios que habitan la Amazonia desde tiempos inmemoriales, una relación que hasta el día de hoy no está resuelta y esconde diversos pasajes de injusticia que a efectos prácticos vulneraron derechos básicos de dichas poblaciones y que, al no abordarlos por ambas partes en conflicto, son heridas abiertas sobre las que es muy difícil construir instituciones.
Situación que sigue alimentado otro mito, aquel que ve al indígena como un obstáculo al desarrollo, ignorando los 55 pueblos indígenas u originarios que existen en el Perú, de los cuales 51 son amazónicos, así como las 44 lenguas amazónicas de las 48 que se hablan en todo el territorio. Todos esos pueblos están organizados en cerca de diez mil comunidades campesinas, nativas y ribereñas. Es decir, además del desconocimiento de la biodiversidad amazónica, se ignora y excluye una enorme riqueza cultural.
Amazonia bajo presión y conflictos
La desordenada ocupación en la Amazonia es responsabilidad compartida con las élites gubernamentales que hoy representa de la mejor manera el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien pretende promover la agroindustria y minería en reservas naturales y tierras indígenas. El mito de ver a los bosques amazónicos y pueblos indígenas como obstáculo al desarrollo, cien años después de la fiebre del caucho, está completamente vigente, con la única diferencia que en la actualidad hay suficiente información científica que da cuenta de la importancia de mantener en pie los bosques para la captación de CO2, y el papel de los pueblos indígenas como guardianes de los bosques dentro de la lucha contra el cambio climático.
Lamentablemente Bolsonaro no es la excepción a la regla. Tras los incendios en la Amazonia que conmocionaron al planeta, se esconden décadas de desastrosas decisiones de los gobernantes que dan como resultado un territorio cercado por las ambiciones del modelo extractivista, donde la minería es uno de los diversos problemas a los que se une la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas), extracción de madera, producción de monocultivos industriales (palma aceitera, piña, coca), actividades agrícolas sin control o infraestructura sin planificación, construcción de carreteras, hidroeléctricas, hidrovías entre otras, muchas de ellas impulsadas por un Estado capturado por el poder corporativo.
Las operaciones de una mina de níquel. (Esteban Biba / EFE)

En Perú no podemos hablar de minería en la Amazonia si no abordamos primero la minería en la zona andina y la relación con su medio. La principal es la minería a gran escala que en su mayoría de proyectos es extremadamente conflictiva. Una de las causas de conflicto es la relación de asimetría de poder entre Estado y pueblos indígenas, propietarios de territorios donde se explotan minerales. El Estado, para recibir prácticamente la totalidad de los beneficios económicos, enuncia mediante la Constitución Política, art. 66.°, que todo lo que está en el subsuelo son recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos. Gracias a esta abstracción jurídica el Estado entrega mediante concesiones mineras la explotación a terceros, aunque estén dentro de territorios indígenas.
Actualmente el Estado peruano tiene concesionado un 14% de todo el territorio nacional a la minería (sin contar la minería informal), concesiones mineras que se hallan superpuestas en un 35% en tierras de comunidades campesinas andinas, lo cual de por sí es una restricción a sus formas de vida diversas y al ejercicio de su derecho de propiedad colectiva.
Dentro de la cuenca amazónica peruana, las presiones y amenazas que ejerce la minería se concretan en que más de un 9% del territorio ha sido destinado a la denominada pequeña y mediana minería, siendo las regiones de Junín, Madre de Dios y Cusco las que poseen una mayor concentración de concesiones mineras, que se superponen parcial o totalmente a cerca de 2.021 comunidades, asentadas en la cuenca amazónica. La minería informal, por su lado, está presente en casi todas las regiones del país. Dentro de la cuenca amazónica, la región de Madre de Dios es sin duda la de mayor degradación por acción de la minería.
El extractivismo ha sido una de las mayores fuerzas transformadoras de Latinoamérica, una fuerza hegemónica que ha visto a este continente como la inagotable despensa de materias primas
A las concesiones mineras, hay que agregarles un 12% de lotes de hidrocarburos que cubren la cuenca amazónica y que se superponen a territorios indígenas, aproximadamente 11 millones de hectáreas, con 8 lotes en etapa de exploración y 18 en etapa de explotación. Todos estos lotes se superponen de manera parcial o total a 412 comunidades según datos oficiales. A eso se suman los constantes derrames de petróleo a lo largo del oleoducto Norperuano, donde en los últimos diez años se han registrado 168 derrames de crudo, generándose impactos negativos a la salud de miles de personas, intoxicados con metales pesados; la totalidad de ellos son parte de los pueblos Achuar, Kukama, Kichwa, Urarina y Awajún.
Otra de las amenazas a la integridad de la Amazonia se da por los grandes proyectos de infraestructura, como es el caso de la hidrovía Amazónica. La lista de proyectos continúa con las 76 plantas de hidroeléctricas, además de otras 13 que figuran en los planes energéticos para la cuenca amazónica. Es decir la situación de presión, amenaza y conflictos en la Amazonia es de diversa índole, quedando claro que aún subsisten muchos mitos y un desconocimiento sobre la fragilidad de este ecosistema. Y como si no fuese suficiente, la minería informal e ilegal, alentada por diez años de crecimiento y altos precios (2002 -2012), ha logrado estar presente en casi todas las regiones del territorio nacional.
Minería en la Amazonia
La minería en Perú es la actividad con mayor capacidad conflictiva y destructiva, pero al mismo tiempo tiene una capacidad generadora de recursos económicos muy importante. Los últimos diez años representó un promedio de más de un 9% del PIB; en algún momento los tributos aportados por la minería llegaron a representar un 18% de la recaudación tributaria, al mismo tiempo que contribuyó con alrededor de un 60% de las exportaciones y da cuenta de un 20% del capital de inversión extranjera directa. Es sin duda una actividad económica robusta, a la que han dedicado y dedican los mandatarios la mayor importancia en los últimos treinta años. A ese crecimiento económico, la minería informal ha aportado muchísimo aunque no se suelan visibilizar sus cifras.
En la zona amazónica la minería informal es principalmente de oro, se realiza en las partes bajas, en la rivera de los ríos, y es aluvial. En un reciente informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), se reportan 2.312 sitios con actividad minera ilegal y 245 áreas de extracción no autorizada. De estas últimas, Perú es el segundo país, con 110 áreas no autorizadas, todas ellas en la región de Madre de Dios, que tiene la mayor degradación causada por la extracción de oro, aunque hay otras zonas de extracción que están empezando a devastar la Amazonia en los ríos Nanay, Napo y Putumayo de la región de Loreto y en el río Santiago y rio Cenepa de la región de Amazonas.
Lo cierto es que desde hace algunos años hay una necesidad urgente de una diferenciación entre la minería formal e informal, puesto que ésta última mayoritariamente es ilegal. Esta definición jurídica de ilegal se hizo de manera clara en el 2012, con la aprobación del decreto legislativo n.º 1102, que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal simple y agravada. El tipo penal refiere que la exploración y explotación de recursos minerales que no cuente con la autorización de la entidad administrativa competente y cause perjuicio o daño ambiental será reprimido con penas de 4 a 8 años. Esta norma fue aprobada cuando empezaban a ser visibles las aterradoras imágenes de contaminación en Madre de Dios.
En ese sentido, podemos mencionar que en su mayoría la pequeña minería suele ser ilegal a pesar que desde el 2002, con la aprobación de la ley 27 651 de Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, se hicieran esfuerzos para establecer procedimientos de formalización. Diez años después, en el 2013, hubo otro esfuerzo estatal por formalizarla, lo que hasta el momento no ha dado frutos. El hecho es que cualquiera de las formas de minería genera impactos en la naturaleza, el medio ambiente y la salud de la gente. Lógicamente la minería formal tiene la obligación de buscar el cumplimiento de estándares mínimos, mientras la otra está fuera de la ley, sin control y guiada por la ambición. Sin embargo, en la Amazonia, por ser un ecosistema sumamente frágil, no debería practicarse ningún tipo de explotación minera.
Subsiste una incomprensión y exclusión hacia los pueblos originarios de la Amazonia, una relación no resuelta, con vulneración de derechos básicos y con heridas abiertas sobre las que es muy difícil construir instituciones
Pero seamos realistas, esto no va a pasar a corto ni mediano plazo, porque la desigualdad social, económica y cultural en el Perú es igual de dramática que la destrucción de la naturaleza. Además, la minería en el Perú goza del total apoyo de los altos funcionarios y de los medios de comunicación, los que se encargan día a día de reforzar esa idea peregrina de “Perú es un país minero”. Lo paradójico es que ese mismo mensaje, lo que hace es incentivar y alentar a una importante parte de la población que no se beneficia de los recursos que genera la gran minería a emprender la aventura del minero ilegal.
He ahí el gran problema, esa idea que “la mina nos sacará de la pobreza”, esta incrustada en el imaginario popular, es hegemónica y está bien escoltada por los últimos años de boom minero que provocó a su vez el crecimiento exponencial de mineros ilegales, con irreversibles impactos ambientales y sociales que todavía el Estado no logra entender.
Madre de Dios y de todos los vicios
A cuatro horas de Machupicchu, el mayor emblema peruano, se encuentra ubicada Madre de Dios, la región que figura con la menor densidad de habitantes y cuya población mayoritaria son migrantes de zonas andinas. La otra parte son población nativa de pueblos indígenas de comunidades Amarakaeri, Arawak, Machiguenga y Mashko Piros (parte de este último pueblo aún vive en aislamiento voluntario).
Madre de Dios es una de las regiones más biodiversas del Perú y actualmente considerada como una de las veinticinco áreas de mayor biodiversidad del planeta. No en vano se encuentra allí la reserva de biósfera del Manu, compuesta por el parque nacional del Manu, además de la reserva nacional Tambopata-Candamo, el parque nacional Baguaja-Sonene, parte del parque nacional Alto Purús y reserva comunal Purús y la totalidad de la reserva comunal Amarakaeri y el santuario nacional de Pampas de Heath.
La minería en Perú es la actividad con mayor capacidad conflictiva y destructiva, pero tiene una gran repercusión económica. En los últimos diez años ha representado un promedio de más de un 9% del PIB
En cualquiera de estos lugares es posible aproximarse a esa idea de paraíso terrenal; un paraíso que en la continuidad de sus bosques esconde una bestia voraz en busca del oro, capaz de tragarse todo el bosque y vomitar un lodazal pestilente, donde miles de hombres están condenados día y noche a alimentar a la bestia a cambio de sobrevivir. Estamos refiriéndonos a la zona de La Pampa, espacio inerte donde el verde continuo se transformó en un lodo bañado de mercurio, el más devastador que se puedan imaginar. La Pampa se encuentra en la zona de amortiguamiento de la reserva nacional de Tambopata. De acuerdo con el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) la depredación del bosque se extiende por 20 kilómetros de largo y 5 de ancho.
Se calcula que la minería aurífera ha deforestado en los últimos 32 años 95.750 hectáreas, esto es, el tamaño aproximado de Hong Kong. Los impactos de décadas de actividad minera aurífera sin intervención del Estado han sido devastadores, de tal modo que, después de diez años de una declaración de interés nacional para el ordenamiento minero en la región de Madre de Dios, nada significativo se ha conseguido. A esta situación hay que agregarle delitos conexos a la minería ilegal como la trata de personas, donde se perpetra la explotación laboral y sexual en bares acondicionados en los campamentos mineros, además de otros delitos como tráfico de insumos y maquinaria entre otros.
Funcionarios y medios refuerzan la idea de “Perú es un país minero”, un mensaje que alienta a una parte de la población que no se beneficia de los recursos que genera la gran minería a emprender la aventura del minero ilegal
La complejidad es mayor cuando uno verifica que parte de las zonas de explotación minera son concesiones tituladas, otras están en trámite, todas otorgadas por el Estado, incluso en zonas de amortiguamiento en áreas protegidas como la reserva nacional de Tambopata o el parque Bahuaja Sonene. El Estado peruano hoy intenta combatir este flagelo, pero lo cierto es que ha venido promoviendo la minería aurífera en esta zona desde la década de 1970, donde muchos obtuvieron todas las autorizaciones para explotar oro y muchos otros continuaron trabajando informalmente. Tras el alza de precios del oro, de pronto miles de personas estaban buscando trabajo en medio de la selva, ocupando zonas productivas, transportando maquinaria pesada, comercializando mercurio, invadiendo territorios indígenas y áreas naturales, todos frenéticos en busca de oro.
Un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), Fronteras de la minería ilegal, revela que en los tres últimos años se ha seguido perdiendo 2.150 hectáreas, equivalente unos 2.900 campos de fútbol, por la minería aluvial de oro. El informe se centra en cuatro zonas del sur y una del centro, entre ellas La Pampa, donde se menciona que en correlación con un informe anterior se detecta una reducción de la deforestación desde el inicio de la operación militar Mercurio en febrero del 2019, que destruyó numerosos campamentos ilegales y dragas de extracción. Sin embargo el informe menciona que, producto de dichas acciones militarizadas, los mineros ilegales están desplazándose a otras zonas cercanas al río Pariamanu, cual virus mortal que se propaga en un cuerpo infectado.
A manera de conclusión
La larga tradición extractivista en Perú ha conseguido que la minería en sus diversas modalidades (gran minería, pequeña minería, minería informal, artesanal e ilegal) pueda erigirse como un dogma tan poderoso como una religión, de modo que oponerse a él puede condenarte al ostracismo. Hoy la lucha de gran parte de sus adeptos es no ser confundidos con el desastre que la minería ilegal ha dejado en la Amazonia; bajo el sermón eclesial de la “nueva minería” busca no dejar dudas sobre la capacidad de respetar el entorno ambiental y social en el que se desarrolla, y al mismo tiempo proveer de todo lo que la vida moderna te demanda.
La minería ilegal en la región de Madre de Dios ha arrasado con miles de hectáreas de bosques, contaminado muchos ríos, peces y a miles de seres humanos. No hay ciencia que pueda restaurar sus impactos, ni dinero que pueda resarcir el daño realizado. La manera como el Estado ha abordado el problema es a través de la criminalización de miles de hombres desposeídos, internados en parajes inhóspitos y sometidos a jornadas inhumanas para conseguir unos gramos de oro, que les permitirá sobrevivir pero no llevar una vida digna. Sin embargo, sólo unos pocos son los que se benefician económicamente con esta actividad destructiva y van desde mafias enquistadas en el mismo Estado, hasta proveedores de maquinaria, combustible, redes de trata de personas, contrabandistas y toda la materia prima necesaria para el cometido. Pero además, la minería ilegal ha ido arropándose de influencia en poder y en las decisiones del Estado a través de representantes políticos que están en el Congreso de la República y en gobiernos regionales y locales.
Finalmente, la plegaria de “Perú, país minero” está fundada en la desigualdad social y económica, que una vez más fue utilizada a inicios del siglo XXI con la llegada de una nueva ola extractiva, que, en base a los precios altos de los metales y la narrativa de lucha contra la pobreza, va agudizando esa práctica extractivista y neocolonial, que paradójicamente resultó ser el aliento para que miles de mineros tomen esa ilusión neoliberal en sus manos y se internen hacia la devastación de la naturaleza en plena crisis climática y ambiental, lo que parece estar delineando nuestro actual fracaso civilizatorio.

Referencias bibliográficas
• CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica), Libro Azul Británico: Informes de Roger Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo, Lima, 2012.
• Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente, Amazonia sin mitos, Editorial Oveja Negra, Colombia, 1994. 
• De Echave, José, “La minería ilegal en el Perú, entre la informalidad y el delito”, Revista Nueva Sociedad n.° 263, 2016. 
• Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, ¿Y los pueblos indígenas en el Perú? Cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano a 30 años del Convenio 169 de la OIT, Lima, 2019. 
• Gudynas, Eduardo, Extractivismo. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, RedGe, CooperAcción, Claes, Lima, 2015. 
• Machado Araoz, Horacio, Potosí el origen: Genealogía de la minería contemporánea, Lima, 2012. 
• Pachas, V.H., Historia de una incertidumbre: Hábitat, conflicto y poder en minería artesanal de oro de Perú, Earth First SAC, Perú, 2013.
Fuente: https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20200625/481929111977/pesadilla-madre-de-dios-amazonia-vicios-peru-extractivismo-mineria-desarrollismo-voraz.html

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