La crisis climática y la Tierra
Por Shalmali Guttal y Sofía Monsalve
La tierra, los bosques y el agua deben ser protegidos como riqueza social común y se debe garantizar la seguridad de la tenencia de los recursos a los pequeños agricultores, los pescadores, los pastores trashumantes y las comunidades indígenas, a través de una reforma agraria integral. Los recursos y las políticas públicas deben reorientarse para apoyar el uso de la tierra y las prácticas agrícolas que enfrían el planeta, nutren la biodiversidad y ahorran energía. De esta forma se podrá controlar el calentamiento global, alcanzar la soberanía alimentaria y reducir la angustiosa emigración rural hacia las zonas urbanas
Cuando hablamos de la crisis del cambio climático, generalmente nos referimos a las alteraciones recientes y futuras de los sistemas del clima del planeta que pueden atribuirse a actividades humanas (1). A la cabeza de estas actividades encontramos la quema de los combustibles fósiles, la explotación de los recursos naturales y la producción y consumo de energía y bienes industriales. Todos estos sectores son grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI). El incontenible calentamiento del clima mundial resultante del aumento de las concentraciones de GEI en la atmósfera, ya ha provocado distorsiones en las condiciones del tiempo en las cuatro estaciones y en los patrones de las precipitaciones, así como el derretimiento de glaciares, cambios en los ciclos hidrológicos y mayor incidencia de eventos climáticos extremos, con graves consecuencias para los ecosistemas, la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la seguridad del abasto y acceso al agua, y para los medios de sustento de las comunidades pobres urbanas y rurales en todo el mundo.
La tierra y el agua son elementos centrales de la crisis del clima. La industrialización y el crecimiento económico dependen en gran medida de la explotación de la tierra y el agua, y su acaparamiento para servir a la producción de energía, la minería, la industria, la agricultura, los parques tecnológicos, el turismo, la recreación y la expansión urbana, continúa de manera irrefrenable en todas partes del mundo. Los cambios en la cobertura de la Tierra y los cambios en el uso del suelo son los impactos mundiales más antiguos de la humanidad y han producido cambios significativos en la cantidad de carbono que se almacena y se libera en la atmósfera. Los bosques y los humedales almacenan más carbono que las praderas, las que, a su vez, almacenan más carbono que los cultivos. Los bosques naturales del mundo, las sabanas y los humedales han contribuido durante mucho tiempo a mantener el balance en el ciclo del carbono, pero su conversión a otros usos ha reducido gravemente este servicio crucial de estos ecosistemas. Hay estudios, incluidos los del Panel Internacional sobre Cambio Climático (PICC o IPCC por su sigla en inglés), que muestran que el uso del suelo y los cambios en el uso del suelo son responsables de más del 30 por ciento de las emisiones de GEI que atrapan el calor en la atmósfera de la Tierra y ocasionan el calentamiento global.
Las plantas, las especies animales y la vida marina están amenazadas o desapareciendo a un ritmo sin precedentes debido a los efectos combinados del calentamiento global y la explotación industrial. La vida en su conjunto está en peligro por el descenso de la disponibilidad de recursos de agua dulce. Ya hay más de mil millones de personas que viven sin acceso a agua potable segura y más de un millón de personas –la mayoría niños- mueren cada año de enfermedades como la diarrea, la disentería y el cólera, que están relacionadas con la falta de una higiene adecuada y de agua potable segura.
Las evaluaciones del PICC indican que, a nivel mundial, se prevé que los impactos negativos del cambio climático sobre los sistemas de agua dulce serán enormes. Las proyecciones indican que, a partir de 2050, se duplicará o más el área de tierra sometida al creciente estrés hídrico. Se prevé que el aumento en la intensidad y variabilidad de las precipitaciones incremente los riesgos de inundaciones y sequías en muchas áreas y afecte negativamente la recarga de los acuíferos subterráneos, reduciendo así las reservas hídricas de las napas freáticas. Debido a los cambios en la temperatura y el patrón de lluvias, las sequías han venido sucediéndose de manera más frecuente desde 1970. Se prevé que los cambios en la cantidad y calidad de agua debidos al cambio climático determinen una disminución de la disponibilidad de alimentos y un aumento de la vulnerabilidad de las comunidades rurales pobres, en especial en los trópicos áridos y semiáridos, y en los mega-deltas de Asia y África. Está previsto también el ascenso de los niveles del mar, que modificará la vida de las comunidades costeras, generando mayores desplazamientos en el interior de los países y entré países -en particular en Asia y África- y desatará nuevos conflictos por la tierra y el agua.
La destrucción causada por el calentamiento global va más allá de lo físico. Las condiciones del tiempo impredecibles y constantemente cambiantes cuestionan los conocimientos y la resiliencia local que han sido la base de un buen manejo de la agricultura y los ecosistemas en coproducción con la naturaleza, los que deberán ser reconstruidos a nuevo para ajustarse a las nuevas condiciones climáticas. En el período de transición, sin embargo, es probable que las comunidades rurales se tornen más vulnerables y dependientes de insumos y técnicas externas, y pierdan su preciado conocimiento local sobre los alimentos, las plantas medicinales, los suelos y el manejo costero, la protección de los bosques y la biodiversidad, etc.
Agricultura industrial
La agricultura y las pesquerías son sumamente vulnerables al cambio climático. Hoy, el 75 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales en los países en desarrollo y dependen de la agricultura familiar minifundista, la pesca artesanal y el pastoreo trashumante. Independientemente de las variaciones regionales, se prevé que el cambio climático tendrá impactos negativos sobre estas comunidades. Mientras se proyecta que enormes superficies en Rusia, Canadá y China se convertirán en tierras de cultivo, en las regiones tropicales y semitropicales el cambio climático probablemente conduzca a un descenso importante de los rendimientos de la producción agrícola, acelere la degradación de las tierras de cultivos y la línea costera, aumente la desertificación y provoque el desplazamiento de millones de pequeños productores rurales minifundistas.
La agricultura y otros sectores cuya actividad se basa en el uso del suelo son también grandes emisores antropogénicos de GEI a nivel mundial: la agricultura da cuenta de alrededor del 13,5 por ciento de las emisiones, aunque, contando el transporte, el procesamiento y la distribución de los productos agrícolas, esta cifra aumenta considerablemente; los cambios en el uso del suelo y la silvicultura representan el 17,4 por ciento (2), y la deforestación es responsable del 25 al 30 por ciento de las emisiones mundiales de GEI (3), aunque una investigación reciente muestra que la contribución combinada de las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques y las turberas da cuenta de alrededor del 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, una participación similar a la del sector del transporte (4). La tierra agrícola ocupa entre el 40 y el 50 por ciento del total de la superficie continental del planeta y da cuenta del 60 al 80 por ciento de las emisiones de óxido nitroso (N2O) y entre el 50 y el 55 por ciento de las emisiones de metano (CH4) (5). La producción pecuaria da cuenta del 70 por ciento del uso de la tierra agrícola y los cultivos para forraje y alimento animal representan el 33 por ciento del total de la tierra arable. Un informe de la FAO estima que las emisiones de GEI provenientes de los cultivos comerciales de forraje y alimento animal, el transporte de estos alimentos y de los productos de origen animal, la fermentación entérica y las emisiones de CH4 y N2O derivadas del estiércol animal son responsables del 18 por ciento de las emisiones de GEI (FAO, 2006). Hay estudios que indican que las emisiones antropogénicas de GEI provenientes de la agricultura están aumentando debido al uso creciente de fertilizantes nitrogenados y a la cría de un número cada vez más grande de animales, en particular ganado vacuno. Las infraestructuras urbanas, los rellenos sanitarios, la disposición de residuos, el saneamiento, y la quema de biomasa son otras fuentes importantes de emisiones de GEI.
Sin embargo, no toda la agricultura acelera el calentamiento global. Según la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD, 2009), la más alta intensidad de emisiones del sector agrícola está asociada a la agricultura industrial y a los monocultivos intensivos, que incluyen la producción de cultivos comerciales, alimentarios y bioenergéticos a mediana y gran escala y con uso intensivo de productos químicos, las plantaciones (de monocultivos de árboles) y la cría industrial de animales. Esta agricultura de uso intensivo de recursos reconfigura la forma en que se usan la tierra y el agua, y tiene impactos complejos y multidimensionales en los bosques, los ecosistemas, las cuencas hídricas, el clima, la seguridad alimentaria y las formas de sustento.
Los suelos agrícolas son tanto fuentes como sumideros de carbono. En las regiones de bosques tropicales húmedos, el comercio mundial y la intensificación de las economías de mercado impulsan la destrucción de los bosques para dar paso a los cultivos industriales y pasturas para la industria ganadera. Brasil sufrió una deforestación de 93.700 km2 entre 2001 y 2004, en gran parte debido al crecimiento de la demanda mundial de soja y carne vacuna. El bioma brasileño conocido como Cerrado –una zona de tierras secas, que ha sido reconocida como uno de los lugares de gran biodiversidad en alto riesgo—se encuentra particularmente amenazado. Más del 50 por ciento del Cerrado ha sido transformado para dar paso a la agricultura intensiva y la producción ganadera. De manera semejante, el sudeste asiático perdió 23.000 km2 de bosques entre 1990 y 2000 a manos de la tala maderera y la expansión agrícola. Cuatro quintos de los bosques húmedos indonesios han desaparecido desde la década de 1960, en su mayor parte a manos del cultivo de la palma aceitera, el caucho y otros monocultivos. En Sumatra, Kalimantan y Papúa, se estima que el ritmo de la deforestación se traduce en la pérdida de 400 campos de fútbol por día, la tasa más alta de deforestación del mundo.
La agricultura industrial y los monocultivos destruyen los procesos naturales que son necesarios para almacenar el carbono en la materia orgánica del suelo, y los sustituyen por procesos basados en fertilizantes y fitosanitarios químicos cuya producción insume grandes cantidades de combustible fósil. También destruyen características importantes del paisaje como los cercos vivos, las arboledas, las cuencas de captación de agua, hileras de árboles o arbustos, pequeños bosques naturales y otros hábitat naturales que brindan servicios ecosistémicos cruciales, como la recarga de los acuíferos y las cuencas hídricas, la retención de los nutrientes del suelo y el almacenamiento de carbono.
Acaparamiento de tierras
En los países en desarrollo, las necesidades diarias de alimentos de la mayoría de las familias rurales se satisfacen fundamentalmente a través de la producción localizada y las actividades de recolección a cargo de las mujeres. El agotamiento de los recursos naturales socava el conocimiento que tienen las mujeres de los usos tradicionales de las plantas silvestres como alimentos, forraje y medicina, aumentando su carga de labor en la tarea de satisfacer las necesidades alimentarias y de salud de sus familias. El uso intensivo de fertilizantes y fitosanitarios (plaguicidas, herbicidas y fungicidas) químicos produce estragos en la biodiversidad, contamina los suelos, los ríos y los cursos de agua, las fuentes de agua subterránea y los manantiales, y afecta gravemente la salud de las comunidades y los ecosistemas. Cuando se destruyen las fuentes de alimentos silvestres y se envenenan los ríos y los pozos de agua y desaparecen los peces y la pequeña fauna marina, las comunidades rurales se quedan prácticamente sin fuentes de alimento y agua.
La sustitución de los cultivos alimentarios de los agricultores minifundistas por la agricultura industrial y la transformación de los bosques para ese uso exacerban la inequidad del acceso a la tierra y a los recursos naturales entre las comunidades y entre hombres y mujeres, especialmente en el caso de los cultivos bioenergéticos y otros cultivos comerciales de gran valor. A medida que se expropian bosques y tierras agrícolas para la instalación de empresas agrícolas industriales y plantaciones, las comunidades locales van siendo arrinconadas en parcelas más pequeñas y menos fértiles, y se ven obligadas a depender de una base de recursos más reducida para resolver sus necesidades de alimentos e ingresos. Las reservas de agua dulce son monopolizadas y en algunos casos agotadas, creando y exacerbando la escasez de agua. Esto ha desatado conflictos por el agua entre poblaciones locales, en particular, entre campesinos, pescadores y comunidades indígenas que se ven privados de sus derechos al agua. Los derechos de los pueblos indígenas al control, uso, administración y preservación de sus tierras ancestrales son particularmente afectados. La política agresiva de compra de cada vez más tierras por quienes tienen dinero ha multiplicado los precios de la tierra y ha generado pujantes mercados de tierras en los cuales los pequeños agricultores empobrecidos son presas fáciles de la especulación y los intermediarios.
Las familias que son desplazadas o expulsadas de sus tierras no tienen otro remedio que mudarse a zonas boscosas o de monte, y despejar nuevas tierras para cultivo. Allí compiten con otras comunidades que habitaban esas zonas desde antes, por el acceso a una base de recursos cada vez más estrecha. Las plantaciones comerciales a gran escala atraen a las poblaciones migrantes -que son a menudo poblaciones que fueron desplazadas de otras partes- a trabajar como mano de obra asalariada, habitualmente por sueldos magros. La infraestructura creada al servicio de la agricultura industrial –como las carreteras, el transporte, la electrificación, etc.—promueve la urbanización y facilita la penetración de las fuerzas del mercado en todos los ámbitos del ecosistema.
Las crisis mundiales alimentaria y financiera han transformado a las tierras agrícolas y la infraestructura para la producción agraria en bienes estratégicos de gran valor. Los países ricos que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias a través de la producción nacional –por ejemplo, Japón, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Libia y Arabia Saudita- están adquiriendo enormes extensiones de tierras de cultivo (y las fuentes de agua que contienen) mediante contratos de arrendamiento a largo plazo en Asia, África y América Latina, con el propósito de garantizarles alimentos a sus propias poblaciones y materias primas a sus industrias agroalimentarias. Al mismo tiempo, las empresas de agronegocios y las compañías financieras como Morgan Stanley, AIG, Deutche Bank, Goldman Sachs, Renaissance Capital y Landkom, también han adquirido tierras (y recursos hídricos) en el Sur, para asegurarse ganancias en futuras inversiones. Para los financistas aquejados de problemas, la tierra, el agua y la infraestructura agrícola son paraísos relativamente seguros: con el cambio climático, una población mundial en crecimiento, y la previsión de escasez de alimentos, asegurarse el control del suministro futuro de alimentos promete ser un negocio sumamente rentable.
Estos negocios de tierras socavan la biodiversidad, la salud humana y ambiental, y la capacidad de las sociedades de asegurarse sus alimentos por sus propios medios. Incluso si son los Estados los que adquieren tierras de cultivo, ellos tercerizan la producción efectiva de los alimentos a empresas de agronegocios y de la industria agroalimentaria. Las empresas privadas que adquieren tierras suelen invertir en los cultivos que dan más ganancia: soja, trigo, maíz y otros cultivos bioenergéticos. Las comunidades rurales no sólo pierden el acceso a las fuentes locales de alimentos, agua y medicinas e ingresos, también desaparecen las pequeñas granjas de agricultura campesina y familiar diversa, los bosques, las pasturas abiertas y otros bienes comunes que son acaparados para la producción industrial de enormes extensiones de monocultivos agrícolas que perpetúan prácticas de producción ecológicamente destructivas, aumentan las emisiones de GEI y aceleran el calentamiento global.
Lucrando con la crisis
Los instrumentos de mercado, tales como el comercio de derechos de emisión y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), han sido promovidos a través del Protocolo de Kioto y por diversas agencias internacionales como herramientas para enfrentar la crisis climática. Mediante estos mecanismos, los países del Norte y sus empresas (responsables del grueso de las emisiones de GEI) pueden comprar "derechos de emisión" a los países del Sur que tienen menores niveles de industrialización, y financiar sumideros de carbono (incluyendo plantaciones de árboles) y proyectos de "desarrollo sustentable" en el Sur, como una alternativa lucrativa a la reducción de las emisiones en el Norte. El Banco Mundial ha asumido de manera agresiva el liderazgo de los programas de ‘financiamiento del carbono’, entre otros, a través del Fondo Prototipo de Carbono, los Fondos de Carbono para el Desarrollo Comunitario, el Fondo BioCarbon, el Fondo Paraguas para el Carbono y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Muchos de estos programas proclaman que reducen las emisiones de GEI provenientes de la deforestación en los países en desarrollo, al vender créditos de carbono de los bosques en el mercado internacional de emisiones. El 3 de noviembre, el Banco Mundial firmó un acuerdo con el Proyecto de Carbono Agrícola de Kenia para comprarles créditos de carbono del suelo a los agricultores keniatas a través del Fondo BioCarbon (6).
Entre las iniciativas de carbono de los bosques se destaca el programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), que aparentemente apunta a recompensar a los gobiernos y los propietarios de los bosques en los países en desarrollo por proteger los bosques y no talarlos, reduciendo así las emisiones de GEI. El Banco Mundial apoya activamente la iniciativa REDD, al igual que distintas agencias internacionales de conservación ambiental y compañías privadas de comercio de carbono. Los críticos de REDD señalan que la definición de Naciones Unidas de los bosques no distingue entre bosques y plantaciones de árboles, dejando así la puerta abierta para que inversionistas privados y gobiernos conviertan a los bosques en plantaciones de árboles, y que además se les pague por hacerlo.
REDD implica graves consecuencias para los pueblos indígenas, las comunidades rurales, los bosques y la biodiversidad. Un asunto particularmente polémico es el de la tenencia. ¿De quién son los bosques? y ¿a quién hay que recompensar por protegerlos y no talarlos? A pesar del lenguaje eufemístico adoptado, los proyectos para la "conservación y manejo sustentable de los bosques" frecuentemente implican el desalojo de las comunidades locales de las áreas boscosas y la autorización de la tala comercial en determinados tramos de bosques; además, la "mejora de las reservas de carbono del bosque" puede incluir plantaciones industriales de árboles que reducen la calidad ambiental de numerosas maneras.
Los gobiernos del Sur comúnmente proclaman la propiedad sobre todos los recursos en sus territorios soberanos y hacen tratos allí donde puedan obtener más ganancias, sea a través de los programas de REDD, o con las compañías madereras, de energía o minería o de agronegocios. Las reivindicaciones de las comunidades rurales, entre ellas las de los pueblos indígenas, que reclaman el uso y poder de decisión sobre los bosques que ellos han manejado y cuidado durante tanto tiempo, no son reconocidas por los gobiernos ni la industria de la conservación ambiental.
REDD no respeta algunos instrumentos cruciales de los derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el concepto de derecho al consentimiento previo, libre e informado. Los pueblos indígenas y otras comunidades rurales temen que REDD y las iniciativas asociadas al programa fomentarán los acaparamientos de tierra y brindarán nuevos incentivos a los gobiernos y los grandes terratenientes para aplicar un enfoque del tipo o "pagas o talo" a cada hectárea de bosque que han logrado sacarle a los pueblos indígenas y los campesinos sin tierras. Tanto en los proyectos REDD como en los proyectos MDL, las tierras, las cuencas hídricas y los bosques se valoran más en términos económicos monetarios que en términos de la diversidad de vida que sustentan.
Hasta la fecha, sin embargo, ninguno de estos programas ha logrado una reducción neta sustantiva de las emisiones de GEI, ni han detenido la deforestación. Por el contrario, el clima ha sido ‘financierizado’ y las tierras y los bosques están siendo manipulados económicamente para permitir que los inversionistas lucren con la crisis del clima. Grandes proyectos de infraestructura, energía e industrias, a menudo de dudosa calidad ambiental, pueden asegurarse financiamiento internacional, mientras los países ricos obtienen acceso a abundantes “créditos de carbono” baratos que los ayudan a evitar adoptar penosas reducciones de emisiones en sus propios territorios. Igualmente importante, el comercio del carbono de los bosques y los suelos no reducirá el calentamiento global, sino que al contrario, creará mayores incentivos y oportunidades para la mercantilización de los bosques en los mercados internacionales de carbono. Las burbujas y la inestabilidad de estos mercados pueden determinar que preciosos recursos naturales queden expuestos y vulnerables a los riesgos del mercado, dado que cualquier caída de precios puede significar incentivos perversos para retirarle protecciones legales a los bosques.
Otra supuesta panacea muy elogiada contra el calentamiento global son los agrocombustibles. Los gobiernos y las empresas de agronegocios siguen promoviéndolos como ambientalmente benignos y como una alternativa limpia a los combustibles fósiles, sin evaluar integralmente sus costos sociales, económicos y ambientales. La producción de agrocombustibles -por ejemplo, los monocultivos de maíz, caña de azúcar, palma aceitera, soja y jatrofa- implica una reestructuración del uso del suelo, el desplazamiento y la desposesión de las comunidades rurales de sus fuentes de sustento, la expansión de la frontera de la agricultura industrial a costa de bosques y ecosistemas nativos, la contaminación de las aguas y una degradación mayor de los suelos. También implica dejar de producir alimentos en valiosas tierras de cultivo para dedicarlas a cultivos energéticos, que son adquiridos por empresas nacionales y extranjeras a menudo violando las normas consuetudinarias de gobernanza de la tierra y las leyes ambientales nacionales.
La producción de agrocombustibles está estimulada con incentivos financieros que los Estados otorgan al sector privado para mantener estilos de vida de alto consumo, a pesar de los costos que esto genera en comunidades y medioambientes de otras partes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países de la OCDE han establecido metas obligatorias y apoyos financieros para promover la producción de agrocumbustibles de primera y segunda generación (7). También están invirtiendo fuertemente en la investigación y experimentación con agrocombustibles, incluyendo el desarrollo y ensayo de cultivos y árboles genéticamente modificados. La UE se fijó la meta vinculante de reemplazar el 20 por ciento de los combustibles fósiles y el 10 por ciento del combustible para el transporte por biomasa, energía hidroeléctrica, eólica y solar al 2020.
Mientras los países ricos cumplen sus metas de energía “limpia”, cientos de millones de campesinos y pequeños agricultores, pastores trashumantes y pueblos indígenas son expulsados de las tierras y bosques de los que dependen para sobrevivir. Todas las tierras que están en la mira o que ya han pasado a manos de grandes empresas son tierras que las comunidades locales ya utilizaban de una forma u otra. Los gobiernos y las empresas pueden argumentar que muchas tierras no forestadas que se han convertido en plantaciones de agrocombustibles son ”tierras yermas” o "tierras marginales” que deberían ser aplicadas a un uso productivo. En realidad, sin embargo, es muy probable que esas tierras hayan sido usadas de manera colectiva comunitaria o según los usos y costumbres tradicionales y las normas consuetudinarias desde hace muchas generaciones, y sean cruciales para el sustento de las comunidades locales. Las mujeres, que son las principales productoras de alimentos del mundo, son las más proclives a trabajar en las llamadas "tierras marginales", debido a la discriminación de género histórico-tradicional, y son por eso más fácilmente desprovistas de sus tierras que los hombres.
El cambio de uso de las tierras arables y los bosques (degradados o no) a la producción comercial de agrocombustibles tiene consecuencias severas para los pueblos y las personas que ya gastan más de la mitad de sus ingresos en alimentos. La crisis alimentaria mundial se debe, al menos en parte, a la carrera vertiginosa en pos de los agrocombustibles y la producción de forraje y alimento animal. Estudios recientes demuestran que la sustitución de ecosistemas nativos por plantaciones de agrocombustibles tendrá por efecto un aumento del calentamiento global, en vez de mitigarlo. El carbono que se libera en el desmonte y conversión de bosques húmedos, turberas, sabanas o praderas supera los "ahorros de carbono" derivados de los agrocombustibles. Por ejemplo, los procesos de conversión para producir maíz o caña de azúcar para etanol, o palma aceitera o soja para biodiesel liberan entre 17 y 420 veces más carbono que los ahorros anuales derivados de la sustitución de combustibles fósiles. Los estudios científicos muestran además que no todos los agrocombustibles son fuentes de energía "limpia" o "eficiente. Muchos agrocombustibles de etanol han demostrado ser bastante menos "eficientes" que otros combustibles, medidos por unidad de energía producida. La producción de cultivos para agrocombustibles (particularmente en el caso del etanol) y del propio combustible son procesos con uso intensivo de químicos, agua e incluso combustible fósil, que contaminan la tierra, el suelo y el agua, y destruyen la biodiversidad natural y agrícola.
La defensa de la tierra, los bienes comunes, los territorios y la dignidad
Las discusiones oficiales sobre el cambio climático y el hambre tienden a inclinarse por soluciones tecnológicas y de mercado, en vez de apuntar a los problemas estructurales socio-políticos, como el de los campesinos sin tierra, la alta concentración de la propiedad de las tierras agrícolas y el agua, y los modos industriales de producción y consumo que están en el corazón de las crisis. Las crisis del clima y los alimentos se han transformado en oportunidades de lucro empresarial, y la tierra, el agua y otros recursos naturales están siendo monetizados, reevaluados y explotados como nunca antes.
El lucro de la agricultura industrial proporciona al corto plazo grandes ganancias a las grandes empresas, los inversionistas ricos y las clases adineradas, en contraste con la agricultura campesina agroecológica, cuyas ganancias van en su mayor parte para las comunidades locales, la sociedad en su conjunto y las generaciones futuras. Las investigaciones muestran que los pequeños productores de granjas familiares minifundistas producen más de dos tercios de los alimentos básicos en Asia, África y América Latina. A través de la recolección, el cultivo, la pesca, el pastoreo y actividades de procesamiento localizadas, la producción de los pequeños agricultores es la fuente primaria de una amplia variedad de alimentos para las familias de bajos ingresos en las zonas rurales y urbanas. Las investigaciones también indican que las pequeñas granjas, especialmente las que se basan en poli-cultivos tradicionales, son mucho más productivas que las grandes explotaciones agrícolas, en términos de su productividad total, incluyendo, granos, fibras, frutas, verduras, forraje y productos animales, todos ellos cosechados en los mismos campos o huertos.
El policultivo de los pequeños agricultores minifundistas suele utilizar la tierra, el agua, la biodiversidad, la energía y otros recursos agrícolas de manera mucho más eficiente que la agricultura industrial y los monocultivos, y es mucho menos contaminante y mucho más benigno para el clima. Proporciona servicios ecosistémicos vitales y tiene gran potencial de almacenaje de carbono en la biomasa, tanto la que crece sobre el suelo como la del subsuelo. En términos de conversión de la riqueza natural del planeta en “productos", la sociedad obtiene mucho más ganancias con los pequeños productores minifundistas que con las empresas de agronegocios y las operaciones de la industria agroquímica.
La mayoría de los modelos del cambio climático prevén que los daños afectarán desproporcionadamente a las regiones pobladas por pequeños agricultores, especialmente a aquellos que hacen agricultura sin riego y que dependen de las lluvias en el Sur. Al mismo tiempo, las prácticas de cultivo diversificadas de los agroecosistemas tradicionales los hacen menos vulnerables a las pérdidas masivas de cosechas cuando hay desastres naturales. El conocimiento y las tecnologías tradicionales que aplican los pequeños agricultores, campesinos, pastores trashumantes, pescadores y comunidades indígenas constituyen un verdadero almacén de enseñanzas y lecciones de capacidad de adaptación y resiliencia a los fenómenos del tiempo y el cambio climático. Estas capacidades y conocimientos se verán afectados en gran medida, y hasta pueden perderse completamente, si el proceso de conversión del uso de la tierra continúa al ritmo actual.
Los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de GEI no pueden darse el lujo de seguir la lógica continuista de “negocios como siempre”, ni basarse en los artilugios de la tecnología o las iniciativas de mercado. La decisión recientemente adoptada por los gobiernos en la décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica celebrada en Nagoya, Japón, que estableció que ante la ausencia de mecanismos regulatorios efectivos y en aplicación del enfoque precautorio, no se debe realizar ninguna actividad de geo ingeniería relacionada con el clima que pueda afectar la biodiversidad, es un paso a saludar en este sentido.
Es urgente desmantelar el control de la tierra, los bosques y las fuentes de agua en manos de grandes empresas, y los Estados y las sociedades deben reconocer los derechos fundamentales de las poblaciones locales a gobernar y velar por los bienes comunes. La tierra, los bosques y el agua deben ser protegidos como riqueza social común y se debe garantizar la seguridad de la tenencia de los recursos a los pequeños agricultores, los pescadores, los pastores trashumantes y las comunidades indígenas, a través de una reforma agraria integral. Los recursos y las políticas públicas deben reorientarse para apoyar el uso de la tierra y las prácticas agrícolas que enfrían el planeta, nutren la biodiversidad y ahorran energía. De esta forma se podrá controlar el calentamiento global, alcanzar la soberanía alimentaria y reducir la angustiosa emigración rural hacia las zonas urbanas.
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Artículo escrito por Shalmali Guttal y Sofía Monsalve, con aportes de Mary Ann Manahan y Rebecca Leonard. Shalmali Guttal es miembro de Focus on the Global South y Sofía Monsalve es la coordinadora de los temas de la tierra de FIAN International. Rebecca Leonard y Mary Ann Manahan son investigadoras que trabajan con Focus on the Global South.
Referencias:
Altieri, Miguel A. (2009) Agroecology, Small Farms and Food Sovereignty, Monthly Review, Julio-Agosto 2009
Bellarby, Jessica et al. (2008) Cool Farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential, Amsterdam: Greenpeace.
Informe de Christian Aid, Mayo 2007: “Human tide: the real migration crisis”, en: http://www.christianaid.org.uk..., página visitada en marzo de 2010.
FAO (2006) Livestock's long shadow, environmental issues and options, Roma: FAO.
PICC (2000) Land Use, Land Use-Change and Forestry. Cambridge: Cambridge University Press.
PICC Fourth Assessment Report: Capítulo 3 ”Freshwater resources and their management”, en: http://www.ipcc.ch..., página visitada en marzo de 2010.
Lovera, Simone (2007) ‘REDD: ¿FINANCIANDO BOSQUES, PLANTACIONES O EXPERTOS FORESTALES?, Enfoque sobre Comercio No. 135, Focus on the Global South, Diciembre 2007.
Norwegian refugee council: “Future floods of refugees - A comment on climate change, conflict and forced migration”, en: http://www.reliefweb.int..., página visitada en marzo de 2010.
REDD-Monitor http://www.redd-monitor.org/ visitada en noviembre 10, 2010.
Redman, Janet (2008) World Bank Climate Profiteer. Sustainable Energy and Economy Network. US: Institute for Policy Studies.
Declaración de Nyeleni (2007), Land, Territory and Dignity. For a New Agrarian Reform Based on Food Sovereignty’, declaración no publicada, Selengue: La Via Campesina.
Notas:
(1) De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, “cambio climático significa un cambio de clima que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se agrega a la variabilidad climática observada en períodos de tiempo comparables (Artículo 1(2) CMNUCC).
(2) Cuarto Informe de Evaluación del PICC, 2007, Ginebra, Suiza.
(3) http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000385/index.html
(4) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, entrada de Wikipedia, http://en.wikipedia.org..., página visita el 18 de marzo de 2011.
(5) http://www.grida.no... y http://www.pewclimate.org...
(6) http://web.worldbank.org....
(7) La primera generación de agrocombustibles está integrada principalmente por el etanol obtenido a partir de granos, cultivos azucareros y biodiesel proveniente de semillas oleaginosas (como la palma aceitera y la jatrofa) o de aceite de cocina reciclado. La segunda generación de agrocombustibles se hace principalmente a partir de materiales ligno-celulósicos como la madera y la paja.
