Las trasnacionales disfrutan de una economía de mercado en Uruguay





Por Sylvia Ubal


En el parlamento uruguayo se está debatiendo un nuevo proyecto económico, que involucra una inversión millonaria por parte de la empresa Aratiri (de la India) transnacional, para la extracción de hierro en minas a cielo abierto a gran escala en el centro del país. Es importante tener en cuenta que estas empresas invierten sólo para obtener sus ganancias, sin tener en cuenta los costos sociales y ambientales del proceso que le dejan a los uruguayos, sin dar a conocer en esta iniciativa y sus impactos tanto en la sociedad, como en los costos ambientales. No existen aún evaluaciones oficiales de la solicitud de estos inversionistas, que están identificados como una empresa familiar India, pero que en realidad son la fachada de un gran operador del mercado mundial de materias primas.


La empresa Aratirí, filial uruguaya de Zamin Ferrous, promete invertir 2.000 millones de dólares y esperan generar 1.500 empleos (objetivos criticados por la bancada opositora por irreales), con una mina de hierro a cielo abierto en la zona de Valentones, que dejará devastada un área varias veces más grande que el departamento de Montevideo, inutilizando el desarrollo de la producción agropecuaria, afectando el ambiente a corto, mediano y largo plazo, estimando que se exportarían 18 millones de toneladas anuales de hierro a China.
Sobre esta trasnacional el periodista uruguayo Víctor L. Bacchetta señala que “los Zamin Ferrous (ZF) registrada como una firma multinacional en Jersey, con oficinas en Londres, San Pablo (Brasil), Montevideo y Zug (Suiza) que opera en América del Sur, su presidente Pramod Agarwal tiene 30 años de experiencia en el comercio internacional de materias primas, también fue presidente de Gerald Metals (GM), un importante grupo empresarial de Estados Unidos”. Agregando que “de hecho, la trayectoria empresarial de Agarwal se forjó en Texuna que se convirtió, en poco tiempo, en una gran red de empresas operando en el comercio de materias primas entre Asia, la CEI, Europa y EE.UU. Las mayores multinacionales se han apoyado en Texuna para entrar en los mercados de las ex repúblicas soviéticas, sumamente lucrativos, pero a menudo complicados según las fuentes especializadas”.
En una entrevista realizada por Baccheta a la gerente del área de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad de Aratirí, la lic. Uruguaya Helga Chulepín firma que representa a Zamin en Uruguay reiteró que “la misma pertenece a una familia india, que esta incursionando sus inversiones en la minería, se tienen varios proyectos a nivel latinoamericano, pero todos a nivel de prospección exploración, sin embargo, tienen intenciones de seguir en el proyecto Aratirí en toda la cadena. Esta familia es nueva en esta parte del proyecto, pero no en la minería, porque se dedicaba antes al comercio de minerales”.
Pero lo llamativo de esta entrevista son los argumentos pueriles que usa la lic. Chulepín, sobre una inversión multimillonaria en una familia, pero ella defiende sus argumentos al afirmar en la entrevista que “para Aratirí, es ventajoso que Zamin sea una empresa familiar, por que mucha gente, principalmente en el gobierno, ha valorado el tamaño y el hecho de que sea una empresa familiar, porque no son las grandes corporaciones, Río Tinto, etc. Y agregó; “Para el gobierno uruguayo, lo acerca más a poder manejar esto”.
Esta visión dada por la lic. uruguaya, argumentando que Zamin es una empresa familiar de la India no parece real, ni tiene alguna relevancia para evaluar un proyecto inversionista como el anunciado, que está jugando con las reglas del mercado financiero internacional, también surge la duda sobre la capacidad de esta empresa, porque parece que el gobierno uruguayo podría estar tratando con alguien de poca experiencia en esta actividad industrial, lo cual resultaría además peligroso, tanto en la producción, en el ecosistema y los beneficios. Según analista uruguayos analizan que la empresa minera Aratirí, podría obtener por esta producción más de US$ 600.000.000 (seiscientos millones de dólares anuales), mientras que le dejará al Estado uruguayo sólo percibiría un 10% de esa cifra, similar a los negocios con la Botnia, que están exentos de aranceles.


Con estos ingresos no se podrían cubrir los graves efectos ecológicos de esta minería
Uruguay es reconocido a nivel mundial por defender el ecosistema tiene estándares importantes en materia medioambiental, bajo la consigna “Un Uruguay Natural”. Uruguay tiene acuíferos importantes, no tiene catástrofes naturales, y junto a la escasez de procesos de industrialización, se genera un entorno que permite el turismo como rubro independiente que genera grandes ingresos de divisas al año. Entonces se hace necesario que el estado uruguayo regularice o estudie detenidamente los efectos de esta actividad tan contaminante. Entonces nos preguntamos: ¿cómo se conjuga ésta con el Uruguay Natural?, ¿A qué apuesta el gobierno con un emprendimiento minero de tal envergadura?, ¿Cuán grande será el beneficio en términos económicos para el país, ¿Se tienen en cuenta el daño social y ambiental irreversible?, ¿Qué pasará con esas tierras una vez que la empresa se retire?
Porque este proyecto de minería a Cielo abierto dejará, en más de 100.000 hectáreas, cráteres de 1,5 kilómetros de diámetro y 600 metros de profundidad que impedirán otras producciones en la zona. De acuerdo a informaciones de la prensa uruguaya esta iniciativa generará peligro de contaminación para la salud humana en zonas cercanas, además, se creara un minero-ducto atravesará de más de 200 kilómetros (el tamaño de 200 manzanas de una ciudad) por zonas protegidas. Se dice que terminará en La Esmeralda, desarrollo turístico de los últimos años donde existen más de 6000 casas y donde veranea el 70% de los turistas que llegan a las costas de Rocha y Punta del Diablo, dónde las comunidades han realizado inversiones estratégicas para fomentar el turismo en esta zona. Además este minero-ducto genera un impacto ambiental, de contaminación y riesgo de accidentes. Tampoco se han mostrado estudios de factibilidad económica que indiquen las ventajas de sustituir una industria turística en crecimiento, por una industria portuaria cuya rentabilidad no está asegurada y que arruinaría para siempre el potencial turístico de la zona.
Nos llegó una carta de los productores rurales de cuatro departamentos Florida, Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo que poseen entre 100 y 300 hectáreas de campo y no tienen acceso a los estudios jurídicos, quienes denuncian que empleados de la empresa ingresan a sus campos de manera prepotente, con pesadas maquinarias que causan impacto en los suelos, y sin dar mayor información proceden a realizar perforaciones que no saben bien como van a afectar sus tradicionales prácticas de producción agropecuaria y que avanzan los trabajos de perforaciones de la Minera Aratirí en la exploración y búsqueda de hierro en la zona ganadera, donde los productores rurales son directamente afectados.
Sabemos que la minería a cielo abierto constituye una de las agresiones más violentas al medio ambiente, por los enormes movimientos de tierra que significa la explotación, por la creación de la escombrera, la acumulación de residuos tóxicos y sus consecuencias nefastas para el entorno, por las aguas ácidas que se producen con un PH extremadamente bajo que alcanza ls valores de 2,0.
La eliminación del suelo es un impacto directo e irreversible
La Minera cavaría inmensos huecos en el corazón del país ocasionando una alteración permanente y definitiva del paisaje, de la red de drenaje, dada la imposibilidad de devolver a la zona su estructuración inicial. Esta alteración trae consecuencias ecológicas, sociales y económicas dramáticas ya que rompe una cadena productiva que será luego imposible reconstruir.
Una de las minas a cielo abierto tendría 2,5 kmts. de largo por unos 500 ATS. de ancho y varios cientos de metros de profundidad, se harían entre 6 y 10 perforaciones de esas características en un área de 10.000 has, además hay que tener en cuenta a todas esas familias que viven en los alrededores de la zona. Según técnicos de la empresa Aratirí, informaron que la fauna y el ganado deberán estar, por seguridad, a más de tres o cuatro mil metros del área de operaciones, si sumamos esa franja a las 12 a 15 mil hectáreas que ocupa la mina, son de 30 a 41 mil has., que deben ser totalmente despejadas de seres humanos y animales, genera un mayor impacto en los seres humanos, que deben dejar sus tierras y con ellas su vaca y animales de cría.
¿Alguien puede concebir, razonablemente, que una evacuación de esa magnitud, en un corto período de tiempo, de una población constituida por más de 300 familias de productores rurales, con bienes muebles y animales, pueda ser resuelta en forma tranquila y satisfactoria a través de los canales habituales de reclamación?
Vemos con preocupación que el gobierno uruguayo no ha generado ninguna instancia de intermediación o solución de disputas dejando a los productores a merced de la presión constante de la empresa Aratirí y la realidad es que tanto la minera como el gobierno pretenden ignorar a los productores, la empresa Aratirí ha propuesto, a los productores comprarles una parte de su propiedad del campo como si la restante pudiera mantenerla intacta.
La situación planteada en definitiva, para los senadores Blancos y Colorados, dicen que la solución entre el productor y la minera sería una indemnización o la venta en condiciones económicas adecuadas para compensar los daños patrimoniales y ‘morales’. En esta visión, la tierra es un capital más y la responsabilidad social de su posesión no cuenta. La responsabilidad social con la tierra, que el dueño debe respetar y el Estado controlar, es preservar el ecosistema, el patrimonio de la nación que asegura la supervivencia de la sociedad. El presidente Mujica recibió a los ejecutivos de Zamin Ferrous, pero se ha negado a recibir a los productores que si votaron en las elecciones pasadas por él.
El Articulo 47 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay dice: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente.


Sylvia Ubal, Barómetro Internacional

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