Minería en Colombia: "Les estamos pagando para que se lo lleven todo"

Fragmento de la entrevista en la que Renán Vega habla de las multinacionales mineras Pacific Rubiales y AngloGold Ashanti

José Antonio Gutiérrez D.

Entre los días 16 y 18 de Agosto se realizó en Bogotá, por iniciativa del Congreso de los Pueblos, un Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, que tuvo en el banquillo de los acusados a dos grandes multinacionales que han hecho noticia en Colombia en tiempos recientes. Por un lado, estaba la AngloGold Ashanti, una importante empresa minera de origen sudafricano que está impulsando el controvertido proyecto de La Colosa en el municipio de Cajamarca, Tolima, el cual se pretende convertir en la mina de oro a tajo abierto más grande del mundo, con todo el costo ambiental y social que eso significa [1]. Por otra parte, estuvo la Pacific Rubiales, empresa petrolera de origen canadiense que ha estado al centro de la polémica debido al costo social y ambiental de sus explotaciones en Puerto Gaitán, Meta, evidenciado por las impresionantes movilizaciones de los trabajadores hace dos años.
El juicio, hecho según los llamados “tribunales de opinión”, que se desarrollaron en los ’70 para llamar la atención ante la impunidad que rodeaba a crímenes de lesa humanidad como la intervención norteamericana en Vietnam o las dictaduras del Cono Sur, fue escenario para bien documentadas denuncias y desgarradores testimonios sobre el accionar de ambas compañías. Finalmente, en la sentencia se condenó a ambas compañías por las siguientes violaciones: violaciones graves a los derechos laborales; violación a la libertad de asociación sindical; violación al derecho a la protesta social; desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las comunidades; instigación de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, indígenas y de organizaciones sociales; violación al derecho a la alimentación; vulneración de los derechos colectivos a la tierra; vulneración del derecho a los recursos naturales; vulneración de los derechos de participación, especialmente al de la consulta previa; violación de los derechos culturales, espirituales y ancestrales, así como al desarrollo propio y autónomo de los pueblos originarios.
En el panel del juicio estuvo, entre otros expertos, el profesor Renán Vega Cantor, autor de importantes obras sobre el modelo económico colombiano, de acumulación por despojo violento (que él llama “capitalismo gangsteril”), entre las que destacan Petróleo y Protesta Obrera, Sangre y Cemento, y Capitalismo y Despojo. Para conversar sobre este juicio y sobre su importancia, entrevistamos a Renán Vega. Crítico y reflexivo, fustiga no sólo a las multinacionales sino que a las bases mismas de este modelo económico neoliberal, dependiente, rentista, salvajemente violento, que se encuentra en una profunda crisis -como lo evidencia el actual Paro Agrario y Popular que sacude a Colombia-. Los dejamos con esta entrevista, que entrega importantes luces y reflexiones para enfrentar el actual período, y así contribuir a la construcción de alternativas.
 
¿Cómo fue el proceso en torno al juicio ético a las multinacionales realizado recientemente en Bogotá? ¿Cómo es que usted terminó en el panel que juzgó el accionar de Pacific Rubiales y de AngloGold Ashanti?
La audiencia pública en la que se juzgaron a las multinacionales mencionadas, que se efectuó en la ciudad de Bogotá durante los días 16-18 de agosto, fue un hecho más de un prolongado esfuerzo que han efectuado varias organizaciones sociales y gremiales durante varios años. Como parte de este proceso se destacan la realización de audiencias regionales previas, en el sur de Bolívar y en Puerto Gaitán, en donde los habitantes locales, los más directa e inmediatamente afectados, proporcionaron testimonio y suministraron pruebas sobre el comportamiento criminal de las multinacionales en cuestión. Al mismo tiempo, con la realización de las audiencias, otro grupo de personas se encargó de adelantar labores de recolección de información y acopió de documentación con miras a reunir elementos que permitieran tener una visión integral sobre la actuación e impacto de las Empresas Transnacionales (ETN) en territorio colombiano.
Participé en la última jornada del juicio ético por la invitación que me hicieron los organizadores a proporcionar un testimonio analítico sobre el comportamiento de las multinacionales en Colombia. Esta invitación resultó de mi experiencia previa en el estudio histórico sobre las luchas de los trabajadores petroleros, de la publicación reciente del libro Capitalismo y despojo y de mi labor educativa, en la cual siempre he señalado las características nefastas que tienen para los pobres de nuestro país la explotación minera y petrolera y la catástrofe ambiental que esto genera.
¿Cuáles fueron las principales constataciones de este juicio ético?
Durante las tres jornadas del juicio se presentaron innumerables pruebas y testimonios, por parte de todos aquellos que se han visto perjudicados y afectados en forma directa por la acción de la Pacific Rubiales y la AngloGold Ashanti, así como por investigadores independientes que han estudiado el asunto, tanto a escala nacional, como a nivel local y regional. En una forma sistemática se fueron presentando testimonios, análisis y descripciones de campesinos, indígenas, trabajadores y pobladores de las regiones en donde vienen operando las multinacionales en cuestión. Así mismo, el Fiscal del Juicio Ético y Político, el dirigente sindical Francisco Ramírez, presentó un pormenorizado pliego de cargos contra esas multinacionales, en donde enumeró, sistematizó y precisó los actos criminales, en cuanto al patrocinio y financiación de grupos paramilitares, la tortura y asesinato a que se han visto sometidas personas y trabajadores que han denunciado a las empresas, la destrucción ambiental y de los ecosistemas, el terror laboral, las mentiras corporativas, entre otros aspectos.
Ambas empresas son poderes importantes en Colombia, verdaderos Estados en otro Estado. Por citar sólo un ejemplo, la AngloGold Ashanti tiene por lo menos 410 títulos mineros en Colombia -391 directos, 19 a través de ‘Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.’-, controlando así, al menos, una extensión de 821.087 hectáreas de territorio nacional. ¿Describiría usted la relación de estas empresas con el Estado como cordial o existirían conflictos puntuales debido al control tan extenso que estas empresas tienen en el país?
Para las dos empresas es importante Colombia, aún más para la Pacific Rubiales nuestro país es crucial porque aquí desarrolla sus principales actividades, hasta el punto que hoy extrae algo más de una cuarta parte del petróleo que se exporta desde este país. Por su parte, para la Anglo Gold Ashanti, una empresa minera con inversiones en varios continentes, sus inversiones en Colombia son de primer orden en varios lugares del territorio nacional, pero especialmente en la región de Cajamarca (Tolima), en el sur de Bolívar y en Gramalote. La mina La Colosa, en el Tolima, se ha convertido en uno de los principales proyectos de extracción de oro del mundo y, de concretarse tan demencial propuesta, será una de las minas de oro a cielo abierto más inmensas de todo el planeta.
Ambas empresas participan en la feria de títulos mineros que se impulsa desde el Estado, y en la que se está cediendo todo el territorio nacional, de sur a norte y de oriente a occidente, en los páramos, en la selva, en la Orinoquia, en la zona andina, en la costa y en los mares. Al respecto puede señalarse que en los lugares donde se adelantan las explotaciones más nombradas de las dos empresas, en Cajamarca y en Puerto Gaitán, el control territorial es mucho más amplio que los terrenos que directamente conciernen a la extracción y que aparecen en la propaganda corporativa de esas multinacionales. En efecto, en La Colosa se dice que se afectaran 515 hectáreas, pero en realidad estamos hablando de miles de hectáreas de la despensa agrícola del país que van a ser convertidas en un gigantesco boquete, sucio y contaminado, lo que supone la destrucción de complejos ecosistemas, la contaminación de más de 150 corrientes de agua, y el desalojo de miles de campesinos, en un lugar que va a quedar destruido por cientos o miles de años.
Todo lo que hacen las dos empresas cuenta con el aval y el respaldo del Estado colombiano y de buena parte de las clases dominantes, como puede verse con hechos elementales, pero reveladores: la Pacific Rubiales desarrolla una agresiva campaña de propaganda, en la que ha invertido miles de millones de pesos –se dice que esa suma puede llegar a 30 mil millones- en lavar su imagen y presentarse como una entidad que representa a Colombia, hasta el punto que se convirtió en patrocinadora de la Selección de Futbol. El día en que se protocolizó ese hecho vergonzoso, que indica que la camiseta de esa selección está untada de sangre, el régimen de Santos se encargó de presentarlo como un gran logro para el país. Esto parecería secundario, pero es importante si se tiene en cuenta que la Pacific Rubiales fue denunciada por el maltrato y la superexplotación a que somete a sus trabajadores, en lo que cuenta con todo el respaldo del Estado colombiano, que le proporciona ejército y policía para reprimir a quienes se atrevan a protestar contra esa empresa.
En general esas relaciones entre el Estado y las empresas con cordiales, porque el primero parte de la lógica que todo lo que involucre al capital extranjero es benéfico para el país y debe permitírsele que haga lo que se le venga en gana. Por eso, cuida y protege a esas empresas, les proporciona todo tipo de exenciones y descuentos tributarios, y legisla para favorecerlo en forma directa.
Tanto Pacific Rubiales como AngloGold Ashanti han enfrentado considerable resistencia en sus respectivos proyectos... por una parte, Pacific Rubiales ha enfrentado las protestas de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán debido a las condiciones deplorables de trabajo. Por su parte, la AngloGold ha enfrentado un contundente y consistente rechazo por parte de la comunidad en el departamento de Tolima, ejemplificada en la consulta popular de Piedras y en las marcha-carnaval realizadas en defensa del agua y la vida... ¿cree usted que esta respuesta social puede constituir un freno a estas locomotoras descarriadas del gobierno santista?
La explotación minera es una actividad muy desprestigiada, con sobrada razón, en las zonas rurales, porque las comunidades entienden en forma directa lo que implica abrir una mina a cielo abierto, como es claro en el caso de Colombia con la extracción de carbón en la Guajira, al norte del país. Y cuando se inician las actividades extractivas los trabajadores experimentan en carne propia la explotación y la discriminación, lo cual por lo demás revive las tristemente célebres condiciones de los enclaves de comienzos del siglo XX.
Por esa comprensión de lo que significa el modelo extractivista, en el Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han presentado notables protestas y la gente se ha organizado de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera”. Entre esas luchas se destacan las dos que se mencionan en la pregunta. Las dos hacen parte de un mismo proyecto, aunque tienen sentidos diferentes. Me refiero a que los trabajadores petroleros pueden estar interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, mientras que las comunidades locales, campesinas e indígenas, lo que quieren es que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último es lo que se expresa en forma clara en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la Anglo Gold Ashanti. Ahora bien, el sentimiento de la gente de las comarcas no es el mismo de las clases dominantes, tanto a escala regional como nacional, que quieren y necesitan la explotación minera para llenarse los bolsillos con las regalías y las prebendas que de allí se desprenden.
Esto explica que cuando se presentaron la movilización de los trabajadores de la Pacific Rubiales por mejorar sus condiciones de trabajo, tanto los voceros del Estado, como la “gran prensa” y las clases dominantes pusieron el grito en el cielo y clamaron porque se reprimiera y acallara a esos “voceros del terrorismo”, que se atrevieron a solicitar que se les concedieran habitaciones limpias, sanitarios adecuados, que se les diera una copia del contrato que firmaran, que la compañía los reconociera como trabajadores, etcétera. En este país, como se sabe, defender sus derechos y tener un cierto aire de dignidad es considerado como propio del “terrorismo”, como ahora se califica cualquier reivindicación social o económica.
Algo similar está sucediendo con la Consulta de Piedras, la que fue desautorizada por la Procuraduría desde cuando fue convocada, y desde antes que se conocieran los resultados, el Estado central puso en duda su legitimidad y ha dicho que no la reconocería. Eso es lo que avanza en estos momentos, puesto que se ha sabido en los últimos días que el Consejo Municipal de Piedras no la va a aceptar y si allí se aprobara es muy dudoso que fuera admitida por el Estado central, en la medida que eso es un antecedente inaceptable para la locomotora santista.
Con una decisión de ese estilo queda claro que en Colombia la democracia es una cuestión retórica, porque cuando las propias comunidades acuden a mecanismos de participación directa para defender sus intereses, esos mecanismos son desconocidos. Eso se evidencia con las modificaciones que se están introduciendo para desconocer el mecanismo de consulta previa a las comunidades, que siempre en la práctica ha sido una especie de saludo a la bandera, sin implicaciones reales que impidan la explotación minera.
Todo esto indica, en consecuencia, la necesidad por parte de las comunidades y de todos los interesados en enfrentar la minería, de no bajar la guardia y de mantener la organización, movilización y lucha directa contra ese proyecto criminal.
¿Cuál es el valor político que este juicio ético puede tener en la actual coyuntura colombiana?
Este juicio señala la emergencia de otro tipo de justicia, de raigambre popular y comunitaria, que juzga los delitos corporativos de las multinacionales, en los que se incluyen los crímenes ambientales, laborales, étnicos, la mayor parte de los cuales ni siquiera son considerados como tales. Y también se juzga a esas corporaciones por su participación directa en el despojo, mediante la financiación y patrocinio de grupos paramilitares, que persiguen y asesinan a todo aquel que se atreva a denunciar y enfrentar el poder de las empresas. Pero también es un juicio al Estado colombiano y las clases dominantes (terratenientes, banqueros, exportadores, importadores, agroindustriales…)
En este sentido, puede decirse que este juicio es una muestra de independencia y dignidad cuyo veredicto condenatorio tiene un valor pedagógico y simbólico, y puede constituirse en la base de un juicio internacional, con implicaciones penales, para esas multinacionales. Pero incluso en ese terreno no hay que hacerse muchas ilusiones, si se tiene en cuenta el poder real de esas empresas, que son defendidas por los Estados imperialistas y por los Estados periféricos, con muy contadas excepciones.
El juicio tiene un carácter educativo, que ayuda a la toma de conciencia y a la movilización, siendo un eslabón importante en la lucha contra la minería, que apenas comienza.
Por último, usted, como intelectual, ha desarrollado reflexiones en torno al modelo neoliberal colombiano caracterizándolo como un capitalismo gangsteril... ¿cree que los resultados del juicio ético validan esta categoría y es, acaso, la situación de estas dos multinacionales sintomática de fenómenos políticos y económicos más profundos?
Si, por supuesto, que la forma como operan las multinacionales es típica de una mafia corporativa propia del capitalismo gangsteril de nuestros días, del cual es modelo prototípico el capitalismo colombiano. Esto se inscribe en la lógica de acumulación por desposesión que se implementa en estos momentos en diversos lugares del mundo, como Colombia, y se sustenta en el destierro forzado y violento de los habitantes de sus territorios ancestrales; en la ocupación militar y paramilitar de esos territorios; en la conversión de esos lugares en enclaves donde se produce no para el mercado interno sino para el mercado mundial; en la imposición del “orden corporativo”, donde no se puede ni se debe pensar ni protestar, porque quien lo haga es presentado como enemigo de la “inversión extranjera” y pronto acallado. Todo esto se hace con una violencia inaudita, que convierte a Colombia, como lo he mostrado en algunos estudios, en un inmenso enclave –donde los colombianos humildes son extranjeros en su propia tierra.

Fuente: Rebelión - Imagenes: rcnradio.com - ciperchile.cl

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