miércoles, 10 de agosto de 2016

Pueblos originarios de Venezuela: No se puede promover proyectos de minería sin consulta previa

Las comunidades indígenas de Venezuela emitieron un comunicado en el que rechazan la decisión del Gobierno de crear la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)” con la que se pretende entregar en concesión para la explotación de minerales una extensión de 111.843 km2, correspondiente al 12,2% del territorio nacional.

Destacan que la decisión de crear el AMO se realiza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120 CRBV y artículo 7 Convenio 169 de la OIT).

Comunicado
A propósito de celebrarse este 9 de agosto un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las organizaciones indígenas venezolanas y sus aliados deseamos insistir en las deudas del gobierno venezolano para materializar los derechos de los pueblos originarios consagrados en nuestra Carta Magna. La demarcación y entrega de los territorios no ha avanzado más del 15% de tierras indígenas, a pesar que la Constitución establecía un plazo de dos (2) años para que fuera realizada en su totalidad. Aunado a la paralización del proceso de demarcación se agrega una nueva amenaza a la cultura y forma de vidas de las comunidades: la promoción de proyectos de minería sin cumplir con los requisitos establecidos en la Carta Magna, ignorando las garantías presentes en su Capítulo VIII.
El pasado 24 de febrero de 2016 apareció publicado, en Gaceta Oficial 40.855, el Decreto número 2.248 mediante el cual se crea la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. De esta manera el Ejecutivo Nacional pretende entregar en concesión para la explotación de minerales una extensión de 111.843 km2, correspondiente al 12,2% del territorio nacional.
La decisión de crear el AMO se realiza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120 CRBV y artículo 7 Convenio 169 de la OIT). Dentro del territorio decretado como AMO, en el estado Bolívar, habitan los pueblos Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Yekwana, Sanema y Pemón, cuyos modos de vida serían afectados irreversiblemente por la actividad minera. Así como a los pueblos y comunidades indígenas fronterizas y aledañas al AMO ubicadas en el estado Amazonas y Delta Amacuro. No puede continuar promoviéndose este proyecto sin cumplir los requisitos constitucionales, especialmente la realización de procesos de consulta previa, libre e informada, como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos, con las comunidades y pueblos cuyo modo de vida será afectado por la actividad minera.
Las organizaciones indígenas del estado Amazonas, encabezadas por Orpia, suscribimos el presente documento, reconociendo los avances jurídicos en materia indígena, que se deben proteger y materializar; y ante cualquier amenaza a nuestros derechos fundamentales estamos obligados a elevar nuestra voz en los espacios que sean necesarios. Es una oportunidad más de reiterar el llamado hacia las instituciones que tienen la obligación de reconocer y proteger la existencia de los pueblos originarios.
Sin embargo, no todas son malas noticias para los derechos de los pueblos originarios. Las organizaciones saludamos la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco del 46° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada el pasado 15 de junio de 2016, tras 17 años de negociaciones. Esperamos que las obligaciones emanadas de esta Declaración presionen al Estado venezolano al cumplimiento de sus compromisos y deudas con la población indígena en el país.
Organizaciones indígenas:
ACEINLUZ (Consejos Estudiantiles Indígenas de LUZ)
Comité de Derechos Humanos de la Guajira
Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)
Organización Wainjirawa- Fuincep
Organización Kuyunu del Alto Ventuari
Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS) Autana
Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani, Bolívar
Organización de Mujeres Indígenas del Amazonas (OMIDAS) de Autana
Organización Indígena Yabarana del Rio Parucito
Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY) de Maroa
Organización Chejerume de Manapiare
HORONAMI, Organización Yanomami de Alto Orinoco
Cabildo Inga de Amazonas
Organización del Pueblo Baré (OPIBA)
Organizaciones aliadas:
Amnistía Internacional Venezuela
Acción Solidaria en VIH/sida
Aquí Cabemos Todos
Asociaciación Civil Ecológica Chunikai
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Civil Perijá
Aula Abierta Venezuela
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Investigaciones Jurídicas UNEG
CIVILIS Derechos Humanos
Convite AC
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU. Bolívar
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
DERECHOS HUMANOS Y@
Espacio Público
EXCÚBITUS DHE (derechos Humanos en Educación)
Federación Ambientalista Internacional
Foro Penal Venezolano
Fundación Aguaclara
Fundación de Derechos Humanos del estado Sucre (INCIDE)
Fundación de la Academia de Ciencias (FUDECI)
Fundacion Asesoría Venezolana y América Latina (Fundaval)
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Universidad de Los Andes
Laboratorio de Paz
La Guarura.net.ve
Observatorio Ambiental Venezolano
ONG Una Montaña de Gente
Organización Nelson Garrido
Phynatura A.C.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red ARA
Redes Ayuda
Revista SIC
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Una Ventana a la Libertad
Unión Nacional de Trabajadores (UNETE)
Adhesiones internacionales
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH (Guayaquil, Ecuador)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras
Fundación Myrna Mack (Guatemala)
Fundación para el Debido Proceso
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala
Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua
Paz y Esperanza (Perú)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

Fuente: EFE

---------------------
Revelan que una empresa minera china financia grupos armados


En momentos en que una nueva crisis política se cierne sobre Kinsasha, capital de la República Democrática del Congo (RDC), una ONG internacional denunció que la empresa minera china Kun Hou Miningprovee armas y dinero a milicias en el este, la zona más caliente del inestable país, para que les garantice el control de las reservas de oro.
 
La República Democrática del Congo es uno de los países socialmente más pobres de África, pero también uno de los más ricos en recursos naturales y no es la primera vez que una empresa es denunciada por similares financiamientos para los grupos armados.
Esta vez, la denuncia fue hecha por la ONG británica Global Witness, una organización dedicada a denunciar la explotación ilegal de recursos naturales en el mundo, que siguió el rastro del oro desde las minas en el este de la RDC hasta Emiratos Árabes, Dubai y Suiza, los principales mercados de compra-venta de este preciado metal.
Uno de los orígenes del oro de la RDC es Shabunda, en la región oriental de Kivu Sur, un lugar aislado geográfica y políticamente, aunque allí se concentran 46 codiciadas minas de oro en el lecho del río Ulindi, un recurso vital y único que sin embargo no sirvió hasta ahora para disminuir el hambre de su población o desarrollar la región.
Esta zona de 25.000 kilómetros cuadrados ubicada a unos 3.000 kilómetros de Kinshasa, no posee radio, tendido de líneas de teléfonos o rutas. A este aislamiento, se suma una profunda desprotección política de la población civil.
Reiterados informes internacionales denunciaron que gran parte de los niños sufren malnutrición, mientras que la mayoría de las familias padece la depredación y el acoso de los grupos armados que operan en la región.

Fuente: Telam