Resistiré

Por Maristella Svampa
El auge de la actividad minera en el país –consecuencia de las políticas y alianzas de poder de los 90– no sólo entró en zona de fricción con los movimientos sociales que lo resisten. Las redes surgidas contra la explotación a cielo abierto ya se reflejan en nuevas legislaciones sancionadas entre 2003 y 2008 en siete provincias. Un dato olvidado: el veto “no positivo” de Cleto Cobos cuando gobernó Mendoza, en coincidencia con las empresas.

Cualquier modelo que se plantee como alternativa de desarrollo en una sociedad, debe ser informado y sometido a la discusión pública. No parece ser el caso en este país, donde tanto la ciudadanía, como los intelectuales y la comunidad universitaria, solemos llegar tarde, cuando los hechos ya se presentan como consumados. Así sucedió con el modelo sojero, cuya discusión debería haberse instalado en la agenda pública hace ocho o diez años atrás. Hoy, el riesgo es que por indiferencia, desconocimiento u omisión dejemos pasar por delante de nuestras narices la discusión del modelo minero, que involucra diecisiete provincias argentinas, muchas de ellas erigidas en territorios de resistencia.

La megaminería a cielo abierto, que emplea tecnologías de lixiviación con sustancias tóxicas, es una actividad que en los últimos años viene suscitando grandes resistencias a lo largo del país. La importancia económica del sector minero no es menor, si tenemos en cuenta que, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas se multiplicó por más de ocho, pasando de 660 millones a 5.600 millones de dólares. Beneficiadas por un escandaloso marco legal creado en los 90, confirmado por las sucesivas gestiones, la puesta en marcha de este “modelo de desarrollo”, se viene realizando de manera silenciosa y vertiginosa, sin consulta a las poblaciones involucradas.

En 1997, Catamarca fue la encargada de arrancar con el megaproyecto La Alumbrera, pero fue en la localidad chubutense de Esquel donde la megaminería encontró un primer gran escollo. Allí, luego de conformar una asamblea multisectorial en la cual se destacaban grupos de profesionales, la población llamó a una consulta popular que en marzo de 2003 arrojó un rotundo “no” y desembocó en la primera ley provincial de prohibición de este tipo de minería.

Muchos de los escenarios a los cuales se ven confrontadas las poblaciones son de una asimetría obscena, como se refleja dramáticamente en San Juan, La Rioja y Catamarca. Pero, entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, ya se sumaron siete provincias que sancionaron leyes prohibiendo este tipo de explotación minera. Tres factores clave jugaron en favor: movilización multisectorial, información y redes territoriales. Hoy existen unas 70 asambleas de vecinos autoconvocados, que incluyen desde amas de casa, comerciantes hasta productores y profesionales. Contrariamente a lo que divulgan gobiernos y empresas transnacionales, y gracias a la elaboración de un saber experto independiente realizado por profesionales, cada vez son más las comunidades informadas que toman conciencia de lo que significa la instalación de un emprendimiento minero a cielo abierto, tanto en lo que se refiere a su impacto económico y ambiental, como al enorme consumo de agua y energía que éstos conllevan. Por último, las asambleas van creando una red de territorios, de alcance regional (Asamblea Patagónica, la Asamblea Regional No a Pascua Lama, Plenario de Organizaciones del NOA), y de nivel nacional, a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que desde 2006 reúne a las asambleas de base.

DESDE EL SUR Y POR TODAS PARTES. En la Patagonia, luego de Esquel, la acción ciudadana contra la minería a cielo abierto tuvo su epicentro en la localidad rionegrina de Jacobacci, donde había un proyecto en fase de exploración (la mina de Calcatreu). La sanción de la ley, en julio de 2005, que sólo prohíbe la minería realizada con cianuro, fue el primer triunfo de una red de territorios, que incluía a asambleas de Río Negro y Chubut, así como a organizaciones mapuches.

En Mendoza, las asambleas arrancaron en el Valle de Uco, pero en esta provincia el rasgo distintivo fueron las multisectoriales de segundo grado, en las cuales confluyeron, además de los autoconvocados, organismos gubernamentales, concejos deliberantes, iglesias y cámaras de comerciantes. La legislación del “no” estuvo lejos de tener una secuencia lineal. En diciembre de 2006, la Cámara de Diputados sancionó una ley, pero ésta se encontró con el veto “no positivo” de quien era por entonces gobernador, Julio Cleto Cobos. La explicación de Cobos, que coincidía con la Cámara de Empresarios Mineros, que catalogaban la ley como “inconstitucional”, era que “una ley provincial no puede reformar el Código Minero”, de alcance nacional, y que su aprobación prometía una lluvia de juicios de las mineras contra el Estado. Un mes después, los cortes, movilizaciones y recursos judiciales se endurecieron y tuvieron un primer correlato en una ordenanza municipal que prohibió la actividad en el departamento de San Carlos.

Desde el gobierno mendocino buscaron adormecer el tratamiento del tema hasta después de las elecciones, pero la multiplicación de los reclamos disuadió a los senadores que trataron la ley. “Ésta es una competencia de las provincias, que tienen la obligación de controlar y evitar que se produzcan daños ambientales. Se habla de seguridad jurídica y ¿cuánto se han preguntado acerca de la seguridad ambiental? Se dice que es inconstitucional y ¿qué hay del artículo 41 de la Constitución que habla del derecho a un ambiente puro?”, afirmó la senadora del ARI Alejandra Naman. Así, el 30 de mayo de 2007, como consigna el diario Los Andes, en medio de un clima de tensión, el Senado rechazó el veto de Cobos y la ley pasó a Diputados para ser promulgada.

Hoy las asambleas mendocinas están movilizadas contra el proyecto de la mina de potasio Río Colorado en el sur de Malargüe, de la empresa Río Tinto, que involucra otras tres provincias, dado que la sal de ese depósito podría contaminar el río Colorado, que se utiliza aguas abajo para riego y consumo humano en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, lo cual ya motivó reclamos del gobernador Scioli.
Fuente: Crítica Digital