Rebelión contra las mineras en Perú: gobierno decreta estado de emergencia

Por Ernesto Tamara Surameircapress
Tres muertos, entre ellos un bebé de cinco meses, más de 66 heridos y casi un centenar de detenidos, fue el saldo provisorio de las protestas contra la modificación de la distribución de canon minero en el sur del Perú, hasta la instauración del Estado de Emergencia el pasado viernes. Una reunión de organizaciones de los pueblos originarios del pasado mes de setiembre, acordó la movilización para exigir la derogación de todos los decretos legislativos que atentan contra los derechos comunales; el rechazo a las concesiones mineras y proyectos a favor de intereses de empresas transnacionales; la renuncia del actual gobierno y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para acabar con la constitución neoliberal fujimorista de 1993.

Tras el decreto de Estado de Emergencia, que militariza la región e impone a las Fuerzas Armadas la instauración del orden público, y prohíbe toda clase de manifestaciones y reuniones, la región permanece en una tensa calma, mientras se teme que la violencia vuelva a resurgir cuando se implementen las protestas por la presencia del presidente norteamericano George Bush en la Cumbre del Pacífico que se celebrará del 20 al 23 de noviembre en Lima, la capital del país.
El gobernador de Tacna, Hugo Ordóñez, condenó la medida y mantiene el reclamo de un diálogo con el gobierno central. En tanto, el gobierno de Alan García dijo que no dialogará con las autoridades de Tacna,
Perú que está viviendo una euforia minera, con crecimientos del PBI del 7 por ciento en los últimos años, está sacudido por las protestas de las poblaciones indígenas, el escándalo de corrupción en las altas esferas del gobierno, que ya provocó la salida del primer ministro y otro secretario de Estado, la denuncia de espionaje telefónico realizado a políticos y sindicalistas por una empresa privada, y ahora por la iniciativa de parlamentarios oficialistas de sancionar una amnistía para los militares involucrados en la violación de los derechos humanos en los últimos años, especialmente durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
El 30 de octubre, el Congreso peruano aprobó modificar el artículo de la Ley del Canon Minero, cediendo a las demandas de la región de Moquegua que pedía tener mayor participación de los recursos de la explotación de la empresa Southern Perú, que explota la mina Cuajone en Moquegua y la de Toquepala, en la provincia de Tacna (sur del país).
Los legisladores esperaban que con la aprobación de la nueva norma iba a cesar la huelga que mantenían los trabajadores mineros de Moquegua que exigían su modificación. Finalmente la nueva norma se aprobó por 51 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones.
El nuevo concepto de distribución del canon otorga más dinero a la región de la mina que más mineral ha vendido, y desestima el actual sistema de otorgar el canon por la cantidad de mineral en bruto que una mina produce, es decir, la tierra removida.
Los pobladores de Tacna denuncian que esta nueva forma de cálculo les quita más de 117 millones de dólares anuales de ingresos a la región. Poco después de la decisión del Congreso, la región de Tacna comenzó un paro en la zona, afirmando que podría perder 117,8 millones de dólares.

Otras demandas

Aunque las protestas en Tacna son presentadas como un reclamo por la reducción a la región de los canones mineros, distintas organizaciones participantes tienen otros reclamos, que van desde la recuperación de los santuarios indígenas, como Machu Pichu, para que pasen a ser administrados por las comunidades quechuas y aimaras, la nulidad de los contratos de explotación de gas y petróleo en el país, hasta la exigencia de presentar una denuncia en la Corte Internacional de La Haya contra España, por el genocidio contra los pueblos originarios y el saqueo de los recursos naturales desde 1532 en adelante.
Una reunión de organizaciones de los pueblos originarios del pasado mes de setiembre, acordó la movilización para exigir la derogación de todos los decretos legislativos que atentan contra los derechos comunales; el rechazo a las concesiones mineras y proyectos a favor de intereses de empresas transnacionales; la renuncia del actual gobierno y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para acabar con la constitución neoliberal fujimorista de 1993.
Por otra parte, organizaciones de Cusco y Puno, en una asamblea de mediados de octubre, reclamaron la recuperación de los santuarios Koricancha, Sacsayhuaman, Machupicchu y otros, para ser administrados directamente por las comunidades quechuas y aimaras, así como la revisión de las las privatizaciones y la nulidad de los contratos y concesiones de los proyectos mineros, petroleros y gasíferos.

Siguen las protestas


Fiesta minera

Perú ha abierto todo su territorio a la explotación minera por lo que el gobierno espera inversiones por 20.000 millones de dólares hasta el 2011, y un discutido decreto presidencial de mayo pasado le permite al gobierno disolver las comunidades indígenas y hasta disponer de sus tierras, de forma tal de habilitar a las empresas extranjeras a acceder a esas áreas hasta ahora vetadas para sus proyectos.
La sanción del decreto 1015 fue rechazada por las organizaciones indígenas que se han mantenido movilizadas.
En los últimos años Perú ha captado más de 400 millones de dólares por año en inversiones mineras y su producción en este rubro se ha multiplicado. Sin embargo ha sido poca la nueva mano de obra ocupada, y las inversiones han castigado comunicades indígenas, han destrozado el medio ambiente y están provocando daños irreparables al ecosistema.
En un reciente VIII Simposio Internacional del Oro que se celebró en Lima, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, Ysaac Cruz, afirmó que hay 15.000 millones de dólares previstos en inversión extranjera para el periodo 2008-2015 en el sector minero.
Cruz expuso que actualmente existen más de "200 proyectos de exploración, 30 más en fase de exploración avanzada y seis minas que van a ampliar sus actividades".
Por su parte, el gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Guillermo Albareda, declaró que la existencia de "unos Andes prácticamente vírgenes" en cuanto a exploración, unidos al "sostenido crecimiento económico del país" y un gobierno que "emite buenas señales para la inversión" convierten al Perú en un destino ejemplar para las empresas.
Perú es el primer productor mundial de plata, el tercero de zinc y cobre, así como el quinto de oro. En los últimos quince años, este sector ha concentrado el 62 por ciento de las exportaciones totales del país y sólo en 2006 las ventas al exterior de minerales se calcularon en 14.000 millones de dólares.
Pero estos beneficios no se vuelcan en las comunidades ni en los trabajadores mineros.
Los departamentos, donde prevalece la minería, ostentan los más altos niveles de pobreza del país. Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha -51.35% de cuyas acciones las posee la transnacional estadunidense Newmont Mining Corporation, 43.65% el grupo nacional Benavides y el 5% la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial-, que aporta alrededor del 10% de las exportaciones del país, es el quinto departamento más pobre del país con 77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la extrema pobreza.
Los mineros de Perú, donde casi el 50 de la población vive en la pobreza, denuncian que más de 90.000 trabajadores son contratados o subcontratados con sueldos de unos diez dólares diarios y que su esperanza de vida no supera los 50 años.
Fuente: noalamina.org