lunes, 14 de septiembre de 2015

Argentina-Córdoba: Monsanto y Syngenta se ponen en víctimas siendo victimarios



Dos pesos pesados del agro-business mundial están chantajeando a Córdoba. Monsanto se pone en víctima del ambientalismo. Y Syngenta anuló su inversión semillera, aduciendo lo ocurrido a la otra firma, que tiene frenada su planta en la provincia.

Syngenta es una multinacional con casa matriz en Suiza. En julio de 2012 había anunciado una inversión de 775 millones de pesos para construir una planta semillera de maíz y girasol en Córdoba. Sería en Villa María, donde dijeron que estuvieron en contacto permanente con la municipalidad para ultimar detalles de su inversión. El emprendimiento iba a reportar 400 puestos de trabajo, aunque estas cifras hay que tomarlas con reserva porque las multinacionales suelen agrandarlas para ganar un plus de simpatía.
Los pomposos anuncios fueron realizados hace tres años en la Casa Rosada por el CEO de la compañía a nivel mundial, Mike Mack y el titular para América del Sur, Antonio Aracre. Los recibió Cristina Fernández de Kirchner y la ministra de Industria, Débora Giorgi, encantadas con la noticia.
Eso ocurrió en julio de 2012. A setiembre de 2015 no hubo novedades de la radicación. Y el 1/9 Aracre les expresó a Alejandro Rollán de La Voz del Interior y Juan Carlos Vaca, de Agroverdad-Canal 12, ambos de Clarín, que Syngenta había decidido no realizar la inversión en Córdoba. Adujo que los problemas de Monsanto para su radicación en la localidad de Malvinas Argentinas los llevó a reconsiderar su programa. Irán a Zárate, provincia de Buenos Aires, y no para tratar semillas sino para fabricar herbicidas y pesticidas, con vistas a sustituir importaciones y hacer mejor negocio.

Esos medios de comunicación adjudicaron la responsabilidad de lo sucedido a los sectores ambientalistas que lucharon desde 2012 para frenar la planta de semillas de maíz en Malvinas. El director de Asuntos Corporativos de Monsanto, Fernando Giannoni, fue el más extremista en las descalificaciones de los activistas, a los que llegó a comparar con el “Estado Islámico”.
En la decisión de Syngenta, si bien debe haber tenido influencia la presencia de ese activismo, el factor decisivo puede haber sido otro: la rentabilidad del maíz está en tela de juicio. Este año la superficie sembrada, 3 millones de hectáreas, será la menor en cien años. La cámara patronal Maizar sufre divisiones políticas con el retiro de la Sociedad Rural y CRA.
El verdadero motivo del cambio de la firma suiza se deduce de aquello. No sólo se fue de Córdoba a Buenos Aires, sino que mudó el objetivo pues en vez de tratar semillas de maíz va a fabricar herbicidas. De todos modos tangencialmente le echó la culpa a los activistas ambientales que resistieron a pie firme a Monsanto, impidiéndole avanzar en su planta semillera a 16 km de Córdoba Capital.
Otro tema donde puede haber mentido Aracre es en que estuvieron siempre comunicados con Villa María y no obtuvieron precisiones. José Carignano, jefe de gabinete de esa Municipalidad, replicó que desde Syngenta “nunca confirmaron ni formalizaron” la intención de localizar allí una planta. “Nos enteramos por los medios que desistieron de algo que no habían confirmado” ¿A quién creerle? El cronista opta por Villa María.
Monsanto desaforada
Ante el desistimiento de Syngenta, Monsanto aprovechó para victimizarse y reclamar contra todo el espectro político y social cordobés, excepto la justicia, donde aguarda con interés y esperanza un fallo del Tribunal Superior de Justicia.
Del resto habló pestes, en declaraciones del citado Giannoni a su homónimo Walter Giannoni, de La Voz del Interior. A los activistas los descalificó como si fueran miembros del ISIS. Y al gobierno provincial le cuestionó sus contramarchas, porque en febrero de 2014 -luego de un fallo un mes antes de la justicia- la secretaria de Medio Ambiente rechazó el informe de impacto ambiental presentado extemporáneamente por la firma norteamericana.
Es cierto que el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, en nombre del gobernador De la Sota, autorizó en 2012 a la empresa a a construir su planta con sólo un estudio de prefactibidad. Después de la enconada resistencia social en Malvinas y toda la provincia, que soportó represiones policiales entre 2012-2014, la secretaría de Ambiente a cargo de Javier Pretto reclamó el estudio de impacto ambiental y terminó rechazándolo.
Giannoni metió en una misma bolsa a todos, excepto el TSJ y los descalificó como ignorantes de los asuntos científicos y meros políticos ajenos al medio. En esta última acusación se copió de las descalificaciones de gobiernos neoliberales contra “los infiltrados” o venidos de otras provincias. La dictadura militar-cívica los llamaba “apátridas ajenos al ser nacional”.
Esa ametralladora de terrorismo ideológico también apuntó contra la Universidad Nacional de Córdoba y su rector Francisco Tamarit, al que acusaron de destratar a Marcelo Conrero, decano de Ciencias Agropecuarias ligado a la UCR y pro Monsanto. Tamarit sería culpable de no haber organizado un debate científico que echara luz y despejara el camino para la cuestionada planta.
La respuesta del rector fue contundente. “Es un disparate decir que tengamos que decir que Monsanto está bien o mal. Ellos tienen un problema con la Provincia y con los vecinos de Malvinas, en el que no tenemos por qué meternos. Nunca nos invitaron a participar y no podríamos hacerlo, porque en la Universidad conviven distintas posiciones”, alegó. “La UNC no discute con las empresas y ninguna firma le puede imponer la agenda de debate al Consejo Superior”, remató.
¿A quién creerle? A Monsanto o a una Universidad cuatricentenaria? El cronista oprime de nuevo la tecla 2.
Cambiar el modelo
El debate sobre la conveniencia o no de radicar esas plantas de multinacionales productoras de semillas transgénicas y productos agrotóxicos está en parte en el área científica pero también es política, de evaluar los pros y contras de esas industrias. En 1997 Felipe Solá, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, autorizó el empleo de las semillas transgénicas, especialidad de Monsanto. Sus defensores siguen afirmando que es un gran negocio, por inversión, puestos de trabajo y sobre todo por mayor producción agrícola, sobre todo sojera.
Sin embargo, muchos estudios en el país y el mundo han denunciado los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente que provocan aquellas semillas y el paquete atado por Monsanto y otros monopolios. Las fumigaciones con Round Up quedaron escrachadas como causantes de enfermedades varias, entre ellas el cáncer, para habitantes de zonas sojeras fumigadas en campos muy cercanos a los poblados. Ya hubo un juicios y primer condena en Córdoba y en junio de este año se elevó a juicio la causa madre de barrio Ituzaingó Anexo, contra seis productores, aplicadores e ingenieros agrónomos.
También en junio se supo que Francia prohibirá la venta libre de herbicida a base de glifosato por considerarlo cancerígeno. La Agencia AP difundió que “el conocido herbicida Roundup no podrá comprarse más en jardinerías como un producto de venta libre”. La decisión la tomó la ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, contra el producto Roundup comercializado por Monsanto. Entre otras razones se tuvo en cuenta que en marzo de este año la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró al glifosato como “probable cancerígeno”.
Un estudio realizado este año por médicos e investigadores de la UNC en la localidad de Monte Maíz detectó un alta incidencia de cáncer. Otra investigación del Conicet y la misma universidad puso de resalto las graves alteraciones de salud en los trabajadores que realizan la aplicación de plaguicidas.
Esto aconseja, de mínima, exigir el cumplimiento a ultranza de las leyes de ambiente nacional y provincial, antes de dar vía libre a proyectos como las plantas de Monsanto y Syngenta. Los directivos de esas multinacionales, en línea con los popes industriales locales, como Ercole Felippa, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba y dueño de Manfrey, razonan con el bolsillo propio. Lamentó lo sucedido “porque Córdoba no puede darse el lujo de perderse ese tipo de inversiones. La agroindustria para la provincia es clave”.
El 15 de junio de 2012 Cristina Fernández de Kirchner se reunió con las multinacionales en el Council of Americas, en Nueva York. Allí expresó: “aquí tengo – y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa – el prospecto de Monsanto. Vieron que cuando hacen prospecto es porque ya está hecha la inversión, sino no te hacen prospecto. Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico, que se llama Intacta”. Ese aval del gobierno nacional se extendió al provincial y el municipal de Malvinas.
Lo que está casi intacto es el modelo sojero agroexportador. Los anuncios y chantajes de Monsanto y Syngenta, pueden tener de positivo reiniciar el debate sobre cuál es el modelo económico y político que más se acerque a logros materiales, sociales, ambientales y de soberanía. El de Monsanto no lo es y la presidenta debería hacer alguna autocrítica antes de terminar su mandato.
Fuente: La Arena http://www.laarena.com.ar