miércoles, 23 de septiembre de 2015

Encasillando el Vivir Bien

Eduardo Gudynas
Página 7

El gobierno, varios intelectuales y militantes no comparten esas posturas, y poco a poco generaron una nueva versión del Vivir Bien despojándolo de esa crítica radical a las ideas de desarrollo para convertirlo, en cambio, en una consecuencia de lo que denomina "desarrollo integral”.
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En las polémicas sobre los controles que el Estado exige a las asociaciones ciudadanas parecería que han pasado desapercibidas algunas consecuencias. Entre ellas estimo de enorme importancia señalar que podría desembocarse en extremos tales como cercenar las exploraciones sobre las ideas del Vivir Bien, las alternativas al capitalismo o incluso los modos de enfrentar el cambio climático.

Esto no es una exageración. Para explicarlo hay que comenzar por recordar que la Ley 351 sobre la otorgación de personerías jurídicas a ONG y otras asociaciones (aprobada en marzo de 2013) establece que en sus estatutos deberán indicar su "contribución al desarrollo económico y social” (artículo 7, sección II). El sentido del artículo se aclaró en el decreto de reglamentación parcial de la ley (DS 1597 de 2013), entendiéndola como las actividades "orientadas al desarrollo económico social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”.
Traduciendo esas exigencias, las ONG no pueden trabajar en cualquier tema, sino que deben necesariamente abordar la temática del "desarrollo”, y específicamente tal como el gobierno de turno entienda a ese concepto. Si abordan otras cuestiones que no están dentro de las visiones oficiales del desarrollo, o incluso si se critica esas concepciones o se alertan sobre sus efectos, las ONG y otras asociaciones podrían entrar en zonas de riesgo de ser declaradas irregulares o ser disueltas.
Estamos frente a un marco normativo que tiene la potencialidad para acortar temas de discusión o prácticas de las asociaciones ciudadanas. Esta situación es clara ya que, según los testimonios de algunas personas que tramitan las personerías jurídicas de las ONG, el gobierno les señala que en sus estatutos deberían indicarse que sus fines están en correspondencia con el plan nacional de desarrollo o la Ley de la Agenda Patriótica. Una vez que se comprende esto pueden advertirse algunas consecuencias. Si bien son muchas, deseo detenerme en algunas de ellas.
Encasillando el Vivir Bien
Un primer impacto afecta las capacidades para seguir avanzando en los conceptos del Vivir Bien. Las posiciones originales de esa idea expresaban una crítica radical a las propias bases de la ideas de desarrollo en cualquiera de sus variedades. Dicho de otro modo, aquel Vivir Bien buscaba trascender a todos los tipos de desarrollo, se llamaran sostenible, humano, endógeno, etc., y descansaba sobre un profundo respeto de la naturaleza. Es evidente que la profundización de una estrategia extractivista sería incompatible con esa versión del Vivir Bien.
Es bien sabido que el gobierno, varios intelectuales y militantes no comparten esas posturas, y poco a poco generaron una nueva versión del Vivir Bien despojándolo de esa crítica radical a las ideas de desarrollo para convertirlo, en cambio, en una consecuencia de lo que denomina "desarrollo integral” (formalizado en la ley sobre la Madre Tierra de 2012).
Lo que ahora está sucediendo con el estatuto sobre las asociaciones ciudadanas opera en el mismo sentido de limitar los contenidos y alcances sobre un Vivir Bien que pudiera ser radical. Las ONG deberían enfocarse en un tipo de Vivir Bien asociado al "desarrollo integral”, pero no podrían cuestionarlo ni avanzar en otras visiones. Es más, nada impediría que aquellas asociaciones que defiendan un Vivir Bien pongamos por caso, radicalmente andino y ecológico, cuestionando las invasiones petroleras o mineras, puedan ser observadas o disueltas.
Desarrollo y cambio climático
Otros impactos inciden sobre las opciones para debatir alternativas sobre el capitalismo, y dentro de ellas, de uno de los problemas actuales más graves, el cambio climático. Existen muchos acuerdos en que la marcha del capitalismo global es insostenible por sus impactos sociales y ambientales, y por descansar en relaciones de desigualdad y poder. Varios componentes de este diagnóstico han sido dichos por distintos actores del Gobierno boliviano, lo que es muy bueno. Pero es necesario advertir que el capitalismo y el desarrollo son conceptos contenidos uno dentro del otro, íntimamente relacionados. Por ello, si se critica al capitalismo también se debería cuestionar al desarrollo, en cualquiera de sus variedades. No tiene sentido cuestionar al capitalismo pero abrazarse al desarrollo. Esos debates son nutridos sobre todo por ONG y centros de investigación, y por las visiones y testimonios de los movimientos sociales. Pero, como se demostró arriba, las ONG que podrían trabajar en esas cuestiones ahora están limitadas a operar dentro de una versión del desarrollo, llamado integral.
El debate sobre el capitalismo y el desarrollo además está directamente vinculado a la problemática del cambio climático. Este es un nexo especialmente relevante dada la invitación del Gobierno boliviano a una nueva "cumbre de los pueblos” para analizar esa cuestión.
En la actualidad son muchos los que reconocen que el avance de los cambios en el clima planetario se debe a las perversas expresiones de la pareja capitalismo – desarrollo. Es por eso que activistas y académicos proponen medidas como dejar sin explotar, en el subsuelo, al menos el 80% de los yacimientos petroleros (ya que si esos combustibles son quemados, el cambio climático se dispararía fuera de control). Esta es una medida postextractivista que se da la mano con las visiones originales del Vivir Bien. Pero también sabemos que el gobierno que convoca a esa cumbre tomó partido por un desarrollismo que se mueve en el sentido contrario, intentando extraer más hidrocarburos, que serán quemados y contribuirán al cambio climático. Estrategias similares siguen otros países, y dentro de muchos de ellos hay centenares de asociaciones civiles que les critican y que además exploran opciones postpetroleras.
Muchos de esos grupos, si llegan a participar del encuentro en Tiquipaya, se encontrarán que desde el gobierno y sectores cercanos se critican o imponen condiciones a las ONG nacionales que intentan promover ese tipo de debates. Asoman contradicciones para sostener un debate plural y abierto sobre el cambio climático.
Por todo este tipo de razones, detrás de la intención de encauzar a las organizaciones ciudadanas hay implicaciones que van mucho más allá de simples formalidades burocráticas.