viernes, 14 de octubre de 2016

Argentina: Cómo impacta el entramado offshore en el acuerdo YPF-Chevron

Giustiniani pedirá investigar el contraro por presunta evasión fiscal, perjuicio económico del Estado y la protección total de petrolera extranjera.
Por Julian D'Imperio

El diputado nacional Rubén Giustiniani presentó las claves del acuerdo de YPF-Chevron, remarcó que investigarán si hubo evasión impositiva y si existió un perjuicio económico al Estado Nacional. Además, criticó la resignación de la soberanía y jurisdicción ante los tribunales de Nueva York.
Presunta evasión impositiva. Giustiniani dialogó con PERFIL y subrayó la posibilidad de una presunta evasión tributaria: "Este entramado de sociedades offshore que se realizan en general tienen un objetivo que es evadir impuestos. Acá hay un entramado curioso de sociedades offshore, que arrancan en el Estado de Delaware, pasa por Bermudas, sigue por Uruguay y termina en Argentina".
"El primer interrogante es si acá existe un perjuicio a la tributación, a los impuestos que pagamos todos los argentinos y todas las empresas del país", añadió.
Además, el diputado nacional destacó a este portal que "es un contrato que en realidad no fue firmado por YPF y Chevron, sino por dos offshore de ambas empresas".
Posible perjuicio económico al Estado Nacional. Según lo que confirmó Giustiniani aPERFIL, "por 35 años, YPF le cede el 50% de Vaca Muerta a Chevron, pero por toda esa estructuración de offshore, Chevron no aparece nunca en la Argentina".
"Es fundamental saber cuánto pone y cuánto se lleva Chevron. Eso decidirá si está preservado o no el interés nacional. Estamos hablando de la Reserva Natural más rica del país", consideró el funcionario.
En relación a este tema, el senador Pino Solanas, durante la presentación, no tuvo ninguna duda de expresar su opinión: "Estamos ante una gran estafa. Se burló todo tipo de control público. Un pueblo hambreado, que tiene más de un tercio de los que trabajan en negro, que tiene un 32% de pobres, que tiene una riqueza fenomenal, y la regala sin ningún control público".
Y apuntó contra el exministro de Economía, Axel Kicillof, y la exPresidenta, Cristina Fernández de Kirchner: "Este contrato es un modelo de la impunidad y de la irresponsabilidad o de la entrega por parte de nuestros gobernantes. Esto fue firmado porKicillof y Cristina".
Por último, afirmó que está "seguro" de que "Chevron tiene libre disponibilidad, es decir, si quiere se lleva su 50%".
Resignación de la soberanía y protección de Chevrón. Giustiniani criticó que en el contrato se resignará inmunidad soberana y jurisdicción: "El acuerdo fue firmado con las leyes y tribunales de Nueva York. Cualquier conflicto que haya serán sus leyes y las del tribunal de París las que prevalezcan".
No obstante, no sería sólo esa la única protección que Chevron se garantizó en su contrato, ya que con el presunto entramado de sociedades offshore, Giustiniani explicó que podría "licuarse la responsabilidad de Chevron ante cualquier responsabilidad ambiental que pudiera haber".
"El método de extracción de gas y petróleo está incluso prohibido en varios estados de Estados Unidos por la contaminación ambiental, hay un control muy riguroso", argumentó el diputado.
Con respecto a los riesgos ambientales, el senador Pino Solanas expresó en la presentación del acuerdo que "sobre la base de este modelo de contrato se borra toda responsabilidad por el control ambiental. Todo esto es YPF. Chevron no tiene ninguna responsabilidad".
Según los detalles que brindaron en la presentación del contrato, la figura de Chevron aparece como prestamista, y se garantizaría tener ganancias y cero riesgos.
Eduardo Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, aseguró desde su cuenta de Twitter que de ser así, "YPF renuncia expresamente a cualquier derecho de inmunidad a los que pudiere tener la empresa en razón de su mayoría accionaria estatal".
Otro detalle que reveló es que el contrato fue escrito únicamente en inglés, no en los dos idiomas.
Giustiniani concluyó su discurso prometiendo: "Vamos a entregar una copia a la Auditoria General de la Nación y otra a la Defensoría del Pueblo de la Nación y vamos a plantear de conformar una comisión con las organizaciones ambientales, de derecho al acceso a la información y periodistas que quieran participar, para hacer un análisis del contrato".

Fuente: http://www.perfil.com/- Publicado en:
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