HidroAysén y el factor mapuche: línea pasaría por comunidades indígenas
Ya están organizados. Representantes de más de 30 comunidades se reunieron y acordaron que sin importar la ruta, ellos se opondrán a cualquier torre que se ubique en territorio indígena. Según un mapa del Consejo de Defensa de la Patagonia, más de 25 comunidades se verían afectadas directamente. El problema abre un nuevo flanco para el gobierno, ya que para esta segunda etapa del proyecto hidroeléctrico no sólo basta fijar participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental; también se debe respetar el convenio 169 de la OIT, al que Chile suscribió.
por ALEJANDRA CARMONA
La tarde del martes pasado, cerca de las 16:00 horas, 15 representantes de las principales comunidades mapuche de las regiones VIII, IX y X, tomaron una decisión irrevocable en la sede de la CUT de Temuco: su propia batalla contra HidroAysén.
Aunque la empresa no ha señalado públicamente cuál será el camino que seguirá la línea de transmisión del proyecto que implica la construcción de 1.912 kilómetros de tendido eléctrico, 2.750 MW, contempla 7.271 hectáreas y torres de alta tensión que atravesarán ocho regiones, una de las informaciones que ha trascendido con fuerza es que las torres de la megacentral de Endesa y Colbún pasarán por reservas naturales y también por comunidades mapuche que ya se están organizando para sumar un gran obstáculo al proyecto hidroeléctrico.
Desde octubre del año pasado más de 30 comunidades mapuches de las tres regiones mencionadas se reúnen cada martes para determinar cuáles serán las acciones a seguir en relación a sus demandas en general y su relación con el gobierno de Sebastián Piñera, pero en la última reunión, además, se agregó la idea de concretar una postura frente al trazado.
“Nos sumamos completamente al rechazo de la sociedad a la construcción… ¡Y además se pretende instalar tendido eléctrico por nuestro territorio!”, se queja Antonio Kadin, vocero de la coordinadora Futa Trawun, quien también señala que desde ayer mismo comenzaron a informar a las distintas comunidades sobre la posición que adoptarán frente a la empresa. Para ellos está claro: “No vamos a permitir la instalación de este tipo de torres”, dice Kadin.
Las comunidades mapuche no han tenido contacto con la empresa y en ésta tampoco se refirieron al tema.
EL TRAZADO
La lucha por la construcción de las 5 represas que se instalarán en los ríos Pascua y Baker fue sólo la primera batalla para las empresas. La verdadera guerra será la línea de transmisión, que tendrá un costo US$ 3.800 millones y cuya ruta se guarda bajo siete llaves. El trazado se dará a conocer en julio y el Estudio de Impacto Ambiental del tendido será presentado en diciembre.
Según los grupos opositores, uno de los puntos conflictivos lo va a gatillar el convenio 169 de la OIT, firmado por Chile. Este obliga la consulta a pueblos originarios en caso de que existan proyectos que puedan vulnerar sus derechos.
Paola Vasconi, coordinadora del programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram, señala que hay un tema que el gobierno no ha dimensionado. “Hay una obligación por parte de Chile, suscriptor del convenio 169, entonces tiene que haber consulta, y nadie sabe cómo se va a realizar. No sólo tiene que cumplir con el proceso de evaluación ambiental sino que tienen que preguntarles a las comunidades”, señala.
El secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, cuenta que según un mapa que hizo hace dos años la corporación Chile Ambiente para el consejo, se identificaron un total de 25 comunidades indígenas directamente afectadas por el trazado e indirectamente alrededor de 400. “No es descartable que también aparezca en el trazado Temucuicui, aunque la empresa lo quiere evitar”, dice Rodrigo.
Según Rodrigo, las comunidades afectadas estarían ubicadas entre Los Lagos y Valdivia. Impactaría también a la reducción indígena Chán-Chán, en Mariquina. Además, en Lastarria, Toltén, Cautín a la altura de Freire; la comunidad Chihuimolle cerca de Cunco, Lautaro, Victoria, Collipulli, Mulchén y Quilaco.
Rodrigo explica que este mapa se hizo “basándose en la hilera de solicitud de pertenencia de exploración minera que Endesa solicitó mediante un testaferro. Y eso marcó una línea continua entre Cochrane y Lo Prado”.
“¿Cómo veo la pelea que se viene?” Se pregunta Rodrigo y lanza: “Es una factura que tiene como 500 años de antigüedad”.
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Derechos de agua de río Baker es otra arista en pugna contra HidroAysén
El Viernes 13 de Mayo se debía realizar la vista de la causa en la Corte Suprema, pero se pospuso para la próxima semana ante una recusación que presentó la firma.
Un nuevo recurso del Consejo de Defensa de la Patagonia en contra de HidroAysén, sobre los derechos del agua de la cuenca del río Baker, se iniciaría hoy en la Corte Suprema de Santiago, sin embargo se pospuso para la próxima semana ya que la firma presentó una recusación en contra de una abogada de la tercera sala constitucional del máximo tribunal.
El secretario ejecutivo del Consejo de la Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, cree que la medida fue "una maniobra dilatoria" por parte de la compañía que instalará cinco represas en los ríos Baker y Pascua, ya que "no quisieron dar la cara para defender su monopolio del agua, que está amarrado al monopolio eléctrico que tienen en el país".
El abogado de la agrupación ciudadana, Marcelo Castillo explica que "la vista de la causa será la próxima semana" y agregó que la Corte Suprema "luego que exponen las partes, generalmente se demora un mes en fallar un recurso de esta naturaleza".
LOS DERECHOS DEL AGUA DEL RIO BAKER Castillo explica que HidroAysén "ocupa el 99.7% de los derechos del agua de la cuenca del río Baker y pidieron derechos adicionales para tener en algunos meses del año, por ejemplo septiembre, cuando hay crecidas, más de 170 % de los derechos de agua".
Es decir que "HidroAysén impide que nadie más tenga acceso al agua, porque ya está destinada y es para las represas. Los habitantes de la cuenca del río Baker no van a poder sacar ni un vaso de agua sin el permiso de HidroAysén", explica la coordinadora legal del Consejo de Defensa de la Patagonia, Macarena Soler.
El organismo presentó entonces una demanda al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quienes estimaron que la acción estaba prescrita.
Luego, el 3 de marzo de este año, "se presentó un recurso de reclamación a la Corte Suprema para que se revierta ese dictamen y se acoja la demanda declarando que atenta contra la libre competencia", explica el abogado Castillo.
Hoy se realizaría la vista de la causa, la cual se aplazó para la próxima semana. El abogado agrega que confía en que el máximo tribunal "enmiende la sentencia porque no está ajustada a derecho y va a causar un efecto muy perjudicial para los habitantes del río Baker que se van a quedar sin agua".
"De no acogerse el recurso por parte de la Suprema, iremos a instancias internacionales. La corte Interamericana de Derechos Humanos tiene varios casos que ha pedido que se dejen sin efectos sentencias por violarse el derecho al agua", afirma Castillo.
Macarena Soler explica que este punto no se incluyó en el Estudio de Evaluación Ambiental, ni en ninguna de las 3 Icsaras (Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones) pese a que se hicieron observaciones con la Dirección General de Aguas y de parte ciudadanos, ya que la Conama consideró que era "materia de derecho y no ambientales, que es absurdo, porque afecta a todas las actividades económicas de la cuenta", explica.
En tanto, Patricio Rodrigo se refirió al biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, quien dijo que "la ciudadanía está empoderada, pero no bien informada" sobre el tema energético del país.
"Laurence Golborne parece que fuese socio de este proyecto por el entusiasmo que pone y no un ministro de Estado que está para defender los derechos de los ciudadanos", sostuvo Rodrigo.
OTRAS MEDIDAS
El diputado PPD, Enrique Accorsi, junto al Presidente del Senado, Guido Girardi, explicó que presentarán un Proyecto de Ley para nacionalizar las aguas de los ríos Baker y Pascua declarándolas reservas estratégicas de aguas de todos los chilenos, así como una iniciativa destinada a modificar la ley de base del Medio Ambiente actual, con el objeto de hacer más sólida la participación ciudadana en proyectos que tengan relación con el Medio Ambiente.
