viernes, 10 de marzo de 2017

Hidroeléctricas a la conquista de Guatemala

Una investigación señala las violaciones de los derechos humanos en Barillas y San Pedro de Carchá

Enric Llopis

La ofensiva neoliberal implicó la privatización del sector energético durante los años 90 en Guatemala. Si a comienzos de la década, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), de titularidad pública, producía del 95% de la energía eléctrica del país (principalmente hidroeléctrica), en 2014 se había revertido la situación. La generación eléctrica del organismo público representaba entonces el 28%, mientras que el 72% restante correspondía a agentes privados. En los últimos años se han producido cambios en el sector; por ejemplo, los gigantes Unión Fenosa e Iberdrola se deshicieron de sucursales guatemaltecas. ¿Qué consecuencias ha traído la privatización, además de los beneficios empresariales?
 
Un informe de 2014 del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala (CODECA) apunta un aumento en el precio de la electricidad del 213% para los usuarios residenciales entre 1997 y 2014, y “sobrecargas” del 87% para la población rural, que destina una cantidad superior al 13% del salario mínimo a la factura eléctrica mensual. El CODECA destaca el caso de muchas comunidades sin alumbrado público, pero a las que se les carga este servicio en las facturas. A ello se agregan las pérdidas de energía eléctrica en el transporte y la distribución (del 16,5% en el periodo 2002-2008) y sobre todo los asesinatos, secuestros y penas de prisión a campesinos e indígenas que se levantan contra las transnacionales.
Guatemala se revela como un país exportador de energía. Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), el país centroamericano aumentó las exportaciones –medidas en gigavatios hora- un 378% en el segundo semestre de 2013, respecto al mismo periodo del año anterior. El Ministerio de Energía y Minas contabiliza actualmente 29 centrales hidroeléctricas operativas, 14 en construcción, otras 15 autorizadas y ocho en trámites de autorización administrativa, que suman 2.318,7 megavatios. El ministerio reconocía en un mapa correspondiente a 2014 que 14 proyectos hidroeléctricos representaban focos de conflicto, entre otros el de Canbalam I, de reducidas dimensiones pero enorme impacto en el municipio de Santa Cruz de Barillas (Huehuetenango), a cargo de la compañía Hidro Santa Cruz; y el denominado Renace en el municipio de San Pedro de Carchá (Alta Verapaz), el mayor complejo hidroeléctrico del país impulsado por la corporación Multi-Inversiones (CMI).
El detalle de estas actuaciones puede seguirse en el informe de 190 páginas “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de los pueblos indígenas”, del que son autores la abogada, investigadora y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Elena de Luis Romero; y el economista Antonio Rodríguez-Carmona, quien ha publicado trabajos como “La minera Yanacocha en Cajamarca: ¿Oro de unos pocos o agua para todos?” (2015). Fruto de dos años de investigación (2014 y 2015), en el documento sobre las hidroeléctricas han colaborado la asociación Paz con Dignidad, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Amigos de la Tierra, Mujeres de Guatemala, la Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca (CDHHG), la agencia sueca Dakonia y Protection International.
En diciembre de 2016 y tras ocho años de estancia conflictiva en Guatemala, la empresa Hidro Santa Cruz anunció su retirada en un comunicado de prensa. Defendía el carácter “respetuoso” con el medio ambiente del proyecto Canbalam, “pero no ha adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio”. La compañía informaba asimismo de que se encontraba en fase de extinción. Sin embargo, Elena de Luis Romero se muestra partidaria de realizar un seguimiento. “En no pocas ocasiones las empresas cambian de nombre o aportan muy poca información sobre sus proyectos, por lo que no resulta sencillo seguirles la pista”, ha afirmado en la presentación del informe organizada en Valencia por CEDSALA. Un hecho provocó que las operaciones empresariales de Hidro Santa Cruz en Barillas se subrayaran en la prensa internacional: el asesinato de un vecino del municipio en mayo de 2012 y el posterior estado de sitio ordenado por el expresidente de Guatemala y general retirado, Otto Pérez Molina.
Tras los hilos de la compañía figuraban dos españoles, los hermanos Luis y David Castro Valdivia, apellido asociado en Galicia a turbios entramados empresariales. A Luis Castro Valdivia se le conocía como el “señor del kilowatio”, apodo que remitía a sus conexiones con la Xunta gallega gobernada por el PP. Las dos matrices de Hidro Santa Cruz –Ecoener e Hidralia-Hidraes- se establecieron en Guatemala con el fin de expansionarse por América Latina. Uno de las infraestructuras se emplazaría en Santa Cruz de Barillas, municipio donde es mayoritaria la población indígena q’anjob’al y en 2013 –según cifras oficiales- la electricidad sólo alcanzaba al 25% de las comunidades rurales. La multinacional contaba con todos los permisos ambientales del Gobierno y una concesión por un plazo de 50 años. Entre las entidades que aportaron dinero para desarrollar Canbalam I figura la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructuras (CIFI), el Fondo Noruego de Inversión en Países en Desarrollo (Norfund) y otras como la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial o Bankia.
Elena de Luis Romero resalta la estrategia comunicativa de Hidro Santa Cruz, que con matices repiten las transnacionales que se implantan en los países del Sur. Así, la documentación ambiental presentada al Gobierno incluía un Plan de Manejo de Relaciones Comunitarias con un fin explícito: aportar “información veraz” a la opinión pública para “minimizar las resistencias de todas las partes interesadas”. Así pues, la hidroeléctrica supondría energía “limpia y barata”. En otras ocasiones la compañía no se limitaba a la mercadotecnia, y optaba por el garrote. El informe de Elena de Luis Romero y Antonio Rodríguez-Carmona apunta la contratación de un exmilitar condenado por delitos de narcotráfico, Juan Garrido, como coordinador del área social de la empresa. No se trataba de una decisión inocente, pues entre 2010 y 2013 empleó “métodos de seguridad e inteligencia” (infiltraciones, coacciones y chantaje), que denunció la población local. Asimismo los vecinos señalaron la cooptación de autoridades, la compra de dirigentes, la intimidación y acoso a mujeres y las amenazas a quienes no quisieron vender las tierras. El primero de mayo de 2012 un atentado perpetrado por paramilitares terminó con un muerto y dos heridos graves. Quince días antes, una Asamblea Municipal con representantes de 300 consejos comunitarios (COCODES) expresó el rechazo al proyecto previsto sobre el río Q’an Balam (tigre amarillo). El informe también apunta el alcance de la represión: entre 2011 y 2015 se materializaron no menos de 65 órdenes de captura contra líderes comunitarios –algunos procesados en varias causas- y trabajadores de Barillas.
Si el capital español alienta sin duda la constitución de Hidra Santa Cruz, en la macroactuación Renace la inversión hispana se centra en la construcción de la hidroeléctrica. En concreto, se trata del Grupo Cobra, una subsidiaria de la constructora ACS que preside Florentino Pérez. La adjudicación e inversiones de este gran complejo en al menos cinco fases a lo largo del río Cahabón (Alta Verapaz), corresponde a la corporación Multi-Inversiones (CMI), que según detalla el informe “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala”, se halla en manos de la familia Gutiérrez-Bosch, una de las señeras en la oligarquía del país y muy bien relacionada con José María Aznar.
“El caso fue muy difícil de investigar por el oscurantismo y el control de los medios de comunicación”, asegura Elena de Luis Romero; “al poco de sacar nuestro documento, Renace sacó otro contrainformando”. Tras adquirir la empresa que impulsó la primera fase, en enero de 2012 CMI inició el proyecto hidroeléctrico Renace II con una inversión de al menos 230 millones de dólares y la afección a siete comunidades (unas 29.000 personas) del río Cahabón. La compañía alegó que la mayor parte del proyecto discurría bajo tierra, de ahí que –según esta versión- no se produjera un impacto paisajístico. Sin embargo, la población afectada denunció la tala de árboles y la contaminación del río durante las obras de construcción ejecutadas por el Grupo Cobra, lo que se agregaría a los impactos de la industria minera, o de los agroquímicos para el cultivo de la palma africana en la cuenca del río Cahabón.
Mientras tramita y desarrolla las diferentes fases del proyecto, la corporación CMI no descuida su imagen y la oportunidad de optar a ayudas públicas. En febrero de 2015 firmó el programa “Cultivando Agua Buena”, una iniciativa de cooperación brasileño-guatemalteca para aplicar métodos innovadores de gestión ambiental, y al que el gobierno centroamericano contribuyó con un 6% de la inversión. Además la empresa ha impulsado otros programas embellecedores -“Mejores familias” o “Mi salud, mi responsabilidad”- dirigidos a la población de San Pedro de Carchá, en más de un 90% indígena q’eqchi. O ha lanzado el anuncio “Renace, energía con sentido social”.
Sin embargo, la investigación “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala” señala promesas incumplidas de pago en la compra de tierras, invasión de propiedades sin permiso y amenazas, criminalización de líderes comunitarios y cooptación de dirigentes. Además, en noviembre de 2014 una familia de Xicacao denunció ante la fiscalía la desaparición de un joven indígena de 20 años. Aunque no hayan podido investigarse en profundidad, el documento presentado por CEDSALA menciona testimonios sobre desapariciones, asesinatos y violaciones “en el área de influencia de Renace, en circunstancias no aclaradas”. El miedo y la impunidad de los victimarios frenan las denuncias ante los juzgados. Tampoco se respetó el derecho de consulta a las comunidades afectadas, antes que el proyecto se iniciara en 2012. Por último, el informe de Elena de Luis Romero y Antonio Rodríguez Carmona apunta la “estrecha y fluida” relación de la empresa Cobra con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada española en Guatemala.

Fuente:
Rebelión.org