En medio de una fuerte expansión del poder corporativo tecnológico a nivel global, América Latina enfrenta una decisión urgente: construir obligaciones públicas exigibles, o aceptar que los marcos voluntarios de las propias empresas reemplacen al derecho. En toda la región se repite una misma escena: ante problemas que requieren obligaciones públicas, fiscalización independiente y sanciones reales, los gobiernos aceptan acuerdos voluntarios, estándares corporativos o promesas de inversión como si fueran política pública. Por Juan Carlos Lara En México, el gobierno firmó, en marzo de 2026, un criticado acuerdo de colaboración con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra las mujeres, que no obliga legalmente a las empresas, no prevé verificación independiente y no garantiza sanciones claras. En Colombia, con 139 municipios clasificados “en riesgo extremo” de cara a las elecciones del 31 de mayo, no existe un régimen legal específico que obligue a las plataformas a ...