martes, 13 de octubre de 2015

Chile Mejor si TPP: “Bachelet dice que el tratado es bueno, pero el país ignora a qué se refiere”



Este tratado no viene solo, sino que viene acompañado de sus dos tratados hermanos, el TISA y el T-TIP, que profundizarán la supremacía de las directrices comerciales en desmedro de las soberanías de los pueblos.
La plataforma integrada por centenares de organizaciones y ciudadanos afirmó que “es una situación absurda que la Presidenta se refiera a los supuestos beneficios de un tratado que nadie conoce. No resiste el menor análisis desde el punto de vista del control ciudadano de las decisiones políticas”.
Como “insólita” calificó la organización ciudadana Chile Mejor Sin TPP la conferencia de prensa realizada por la presidenta Michelle Bachelet, en donde se refirió a los beneficios que, a juicio de su gobierno, tendrá el tratado para el país. En su alocución, la mandataria afirmó que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica beneficiará especialmente a los sectores agrícolas, agroindustriales y forestales.
El TPP es la última versión de los tratados de libre comercio y obliga a los estados firmantes a cambiar sus leyes para resguardar las inversiones extranjeras. Acceso a recursos naturales, propiedad intelectual, internet y áreas financieras, entre otras, se verán afectadas para beneficio de las grandes corporaciones.
Para la organización el acuerdo “amplía nuestra área de influencia y nos inserta de una manera más plena en una zona prioritaria para la estrategia de desarrollo de Chile, pero a la vez sin haber renunciado a nuestras convicciones”.
A pocos días de firmarse el acuerdo, el portal Wikileaks publicó el capítulo final sobre propiedad intelectual del TPP, que tendrá efectos en internet, medicamentos y editoriales, entre otras áreas. Asimismo, el portal señaló que cientos de representantes de grandes corporaciones tuvieron acceso a las negociaciones, las cuales se mantuvieron bajo secreto ante la sociedad civil.
Una de las voceras de la plataforma Chile Mejor sin TPP, Javiera Espinoza de Fundación Terram, afirmó que “un país serio como se pretende el nuestro debe discutir abiertamente sus grandes decisiones políticas. El secretismo absoluto con que se ha discutido este tratado pone al país en la situación de hacer un acto de fe sobre la bondades a las que alude la presidenta Bachelet, lo que es del todo impropio para un sistema democrático”.
En tanto, Carlos Margotta afirmó que “la información que nosotros tenemos, y que solo se ha conocido por filtraciones de Wikileaks, nos lleva a conclusiones completamente distintas a las de la presidenta Bachelet. Este tratado no viene solo, sino que viene acompañado de sus dos tratados hermanos, el TISA y el T-TIP, que profundizarán la supremacía de las directrices comerciales en desmedro de las soberanías de los pueblos. En ese contexto, no logramos comprender en qué se basa la Presidenta para decir que Chile ampliará su área de influencia. Parece ser todo lo contrario”.
Las organizaciones, tal como lo han hecho varios parlamentarios, exigieron que se dé a conocer íntegramente el texto del tratado. “Solo así podremos discutir seriamente sobre las maravillas del TPP a las que se refiere el Gobierno”.
Al mismo tiempo que la presidenta Bachelet daba la conferencia de prensa, señalando que Chile había defendido sus intereses, Wikileaks filtró el capítulo de Propiedad Intelectual y la conclusión que se puede sacar, a primera vista, es que el acuerdo amplía las restricciones en materia de patentes de datos, patentes de plantas y restricciones digitales.
Finalmente, recordaron que el acuerdo firmado tiene nulo espacio de modificación, lo que transforma su aprobación en un plebiscito donde el país deberá optar por el Sí o por el No.
El Ciudadano
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Claudio Ruiz 

La versión final del capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo Transpacífico ha sido filtrada a la prensa. Derechos Digitales tuvo acceso al texto y, luego de un análisis exhaustivo del texto, vemos con preocupación que supone más costos y problemas que beneficios.

La regulación que hace el TPP de las medidas tecnológicas de protección no mejora ningún estándar actualmente existente, por el contrario, los empeora.

Hace algunos días, en una fría conferencia de prensa realizada en Atlanta y liderada por el embajador Michael Froman, cabeza de la Oficina de Comercio del gobierno de Estados Unidos (USTR), se anunció el cierre de las negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP). Tuvieron que pasar más de cinco años de largas discusiones en lugares tan remotos como exóticos, para que finalmente las negociaciones llegaran a puerto.
Wikileaks filtró el capítulo de propiedad intelectual del TPP, el acuerdo económico que se ha negociado en secreto durante los últimos 7 años y del cual Chile es parte.
En Derechos Digitales tuvimos acceso al capítulo y, tras analizarlo, creemos que hay más costos que beneficios.
Cabe mencionar que este es solo uno de los cerca de 30 capítulos que componen el acuerdo, los que siguen siendo secretos, incluso para los diputados y senadores, quienes deberán aprobar o rechazar el tratado en su totalidad, sin posibilidades de modificar el texto.
Lo que se ha anunciado es el acuerdo al que ha llegado un puñado de funcionarios públicos sin control político ni escrutinio público. Un acuerdo del que nada saben diputados ni senadores en ejercicio. El inexplicable secreto con que se ha negociado el TPP hace difícil responder las preguntas importantes. No es posible saber las razones de Chile -que tiene acuerdos de libre comercio con los doce países parte del TPP- para enfrascarse en un largo proceso que no será sino una re-negociación de los pactos actualmente vigentes. O los motivos que tuvieron México y Perú para ser parte del acuerdo, sabiendo que podían conseguir muy pocas concesiones para entrar a ciertos mercados.
Tampoco ha sido posible conocer las estimaciones económicas que supondrá el tratado, pese a las confusas explicaciones del Canciller chileno, Heraldo Muñoz, ante el Congreso Nacional. Las pocas proyecciones existentes, como las del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, indican que los cambios serán marginales: que el PIB proyectado al 2025 supondrá una diferencia de 0% para Perú, 0,01% para México y -0,02% para Chile.
La versión final del capítulo de propiedad intelectual permite vislumbrar lo que aún se mantiene oculto al escrutinio público: que el TPP supone más costos y problemas que beneficios. Los costos son perfectamente mensurables, identificables y analizables. Los beneficios para nuestros países, remotos y supuestos.
En materia de plazos de protección de derechos de autor, la mitad de los países del TPP deberán aumentar en 20 años la explotación monopólica de obras, sin ninguna justificación asociada. El simple afán de homologación normativa con el sistema estadounidense parece razón suficiente para evitar que cientos de miles de obras pasen a ser parte del patrimonio común. Esto sienta un preocupante precedente para futuras negociaciones en la materia, habida cuenta del actual estándar internacional de los ya excesivos 50 años post-mortem, establecido en el Convenio de Berna. El piso mínimo se ha aumentado en 20 años, sin que haya un solo beneficiado distinto a las grandes empresas titulares de derechos de autor, que gozarán de 20 años más de monopolio.
La regulación que hace el TPP de las medidas tecnológicas de protección no mejora ningún estándar actualmente existente, por el contrario, los empeora. A diferencia de lo establecido en otros TLC vigentes, se eleva el estándar para la sanción de la elusión de medidas, no solo para quien a sabiendas la eluda, sino también para quien lo haga teniendo motivos razonables para saber. También, incluye sanciones no solo civiles, sino también criminales contra quienes se demuestre que, con conocimiento, realizó actividades de elusión y obtuvo beneficios comerciales.
En materia de responsabilidad de prestadores de servicio de internet, el escenario no es mejor. Distintos actores, incluyendo a relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA, han dicho que no hacer responsables a los ISP de los actos eventualmente ilícitos de sus usuarios es un requerimiento necesario y clave para el respeto de la libertad de expresión en internet. El texto final del TPP obliga a los países a crear incentivos legales para “cooperar” con titulares de derechos y adopta el modelo de la legislación estadounidense para la notificación y bajada de contenidos infractores, con algunas salvaguardas muy generales.
El TPP, adicionalmente, pretende sobrecargar los sistemas judiciales de los países de la región. Establece medidas para que agentes de aduana detecten sospechosos de infringir la propiedad intelectual, nuevas presunciones a favor de titulares de derechos y aumento de los estándares de penas criminales para el descifrado de señales satelitales. No se vislumbran en el texto medidas de mitigación frente a esta sobrecarga, ni menos razones puntuales por las cuales nuestros países deban seguir gastando enormes recursos públicos en la persecución de delitos de escasa connotación social y daño económico marginal.
El TPP, además, restringe la adopción de excepciones y limitaciones al derecho de autor al expandir la prueba de los tres pasos a derechos que van más allá de lo establecido en el Convenio de Berna y sin consideración del destinatario de la excepción. Adicionalmente, hace un gesto de buena crianza señalando que los países procurarán tener un sistema equilibrado. La única manera de tener equilibrios es garantizando de manera efectiva la existencia de derechos para el público.
En definitiva, el TPP dilapida la oportunidad para tener una discusión seria respecto del rol del derecho de autor en el entorno digital y del rol de las bibliotecas, archivos y derechos de los usuarios en el siglo XXI. Los Congresos Nacionales tienen la próxima palabra. Esperamos que esta filtración y los análisis que presentamos puedan servir de base para tener, de una vez por todas, una discusión seria, profunda e informada sobre los alcances de un tratado internacional discutido en secreto.
Discutir de manera abierta es la mejor manera de tener mejores políticas públicas.

El Ciudadano