jueves, 8 de octubre de 2015

Europa: TTIP El Dorado de los lobbies corporativos




Corporate Europe Observatory
Observatorio de los lobbies en Bruselas

“Proporciona un cierto sentimiento de excitación conseguir lo que quieres a través del sistema. Sé exactamente como hacerlo”. Éstas son las palabras de Jean De Ruyt, ex-oficial de alto rango belga reconvertido en lobbista europeo para una firma legal, que trabaja para clientes corporativos para lograr un tratado de comercio e inversión de gran alcance con EEUU. El número de lobbistas en Bruselas es tan impresionante como su poder de influencia. Y el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), el acuerdo de comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, es una muestra perfecta de cómo los intereses corporativos pueden lograr sus objetivos a través del sistema europeo. 

Acción de Lobby en Bruselas
Hay entre 20.000 y 30.000 lobbistas en Bruselas. El negocio del lobby genera beneficios billonarios. Y también es una industria inteligente: gracias a las puertas giratorias, involucra a exempleados de las instituciones europeas como lobistas, y sus actividades pueden ser muy rentables.
Jean de Ruyt, anteriormente citado, es un caso clásico de puerta giratoria. Primero fue diplomático y después representante permanente de Bélgica en la Unión Europea, y ahora trabaja para Covington y Burling LLP, una firma legal internacional. Las firmas legales están entre los actores más poderosos en Bruselas, ya que a menudo son “lobbistas de alquiler”. Alber & Geiger, por ejemplo, anuncia ufano en su página web cómo logró evitar la prohibición de las bolsas de plástico en Europa en nombre de su cliente: Papier-Mettler, el mayor productor de bolsas de plástico en la Unión Europea. Para todas esas firmas legales, como para todos los lobbistas, el secretismo es el mejor aliado.
Sidley Austin, por ejemplo, califia su oficina en Bruselas como “líder en ayudar a compañías, asociaciones industriales y gobiernos para dar forma y navegar a través de las normativas de la UE”. Austin fue uno de los principales sponsors de la Conferencia de Comercio UE-EEUU de febrero de 2015, que se centró en el TTIP. Este encuentro permitía las compañías ser ponentes en la sesión plenaria previo pago de 10.000 dólares. Allí estaban distintos responsables políticos, incluidos la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström o el presidente de la Comisión de Comercio en el Parlamento Europeo, Bernd Lange. . A pesar de estas evidentes acciones de lobby, Sidley Austin no figura en el Registro de Transparencia de la UE.
Pierre Defraigne, otro ex alto oficial de la UE, comentaba recientemente cómo “de facto, existe una conspiración sistemática entre la Comisión y los círculos empresariales". Y el TTIP es la perfecta ilustración de este fenómeno.
Las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el TTIP comenzaron en 2013. El acuerdo tiene el objetivo de crear un mercado transatlántico con bajos aranceles y pocas diferencias entre regulaciones. El TTIP servirá también para establecer poderosos marcos legales que permitirán a las multinacionales demandar a los gobiernos ante cortes privadas, e influir en las legislaciones antes de que lleguen a los parlamentos.
En la primera fase de conversaciones sobre el acuerdo, el departamento de la Comisión Europea responsable de las negociaciones sobre el TTIP (la Dirección General de Comercio, DG Trade, en inglés) mantuvo encuentros con 288 grupos de presión, 250 de ellos vinculados al sector privado. Esto significa que un 88 por ciento de las conversaciones tuvieron como interlocutores a los lobbies corporativos, frente al 9 por ciento, en las que participaron los grupos de interés público. La representación de los intereses públicos frente a los del sector privado es claramente desigual. Por decirlo suavemente.
Pero el problema no es sólo el acceso que tienen los lobbies a los pasillos de Bruselas. Cuando los lobbies se reúnen con la Comisión Europea, esta última suele ser toda oídos. Los lobistas corporativos se han beneficiado de un “acceso privilegiado” a los oficiales de comercio.
En el caso del TTIP, por ejemplo, la Dirección General de Comercio ha buscado la opinión de los lobbies de forma activa y sistemática cuando preparaba la posición de la Unión Europea en las negociaciones. En octubre de 2012, la Dirección General de Comercio escribió un correo electrónico a ECPA, el lobby de los pesticidas europeo, informándole de que su contribución al debate sobre el TTIP sería “más que bienvenida”. Cuando la DG Trade se reunió con Europia, la asociación de refinerías europea, pidió a ésta un apoyo adicional en lo que respecta a los capítulos de materias primas y energía [del TTIP], además de otras contribuciones en asuntos concretos.
De nuevo, este labor de presión corporativa tiene lugar en secreto. En otras conversaciones por correo electrónico entre funcionarios vinculados al TTIP, la Comisión Europea ha sido muy clara: “También necesitamos alcanzar a stakeholders, pero tenemos que hacerlo discretamente”.
Sector financiero y servicios públicos en el TTIP: victorias para los lobbies
En determinados capítulos del TTIP (y el CETA, el acuerdo UE-Canadá), especialmente en lo que respecta al sector financiero y a los servicios públicos, las demandas de los lobbies se han convertido en las posiciones de partida de la UE.
La industria financiera, por ejemplo, tiene una poder y una capacidad de influencia inmensos en los pasillos de Bruselas. Hay al menos cuatro lobbistas trabajando en asuntos financieros por cada funcionario de la Comisión Europea (1.700 lobistas frente a 400 funcionarios). Bancos, compañías aseguradoras, gestores de activos... gastaron entre todos al menos 123 millones de euros anuales para asegurarse de que ninguna ley acabe reduciendo sus beneficios.
Y el resultado es impresionante: la regulación financiera es menos severa en Bruselas que en Washington.
El TTIP no es una excepción. Cuando la posición de la UE sobre el capítulo financiero del TTIP fue filtrada a comienzos de 2014, Richard Normington, manager senior en ThecityUK- un poderoso grupo de lobby financiero británico- aplaudió las propuestas de la Comisión, porque “reflejaban tan de cerca la aproximación de TheCityUK, que un espectador hubiera pensado que venía directamente de nuestro folleto informativo sobre el TTIP”.
The CityUK es un lobby muy poderoso en Bruselas, especialmente en lo que respecta a las negociaciones sobre el TTIP. En 2015, un email reveló cómo invitó al cabeza del gabinete de Malmström, Comisaria Europea de Comercio, a un “almuerzo informal”, “a su vuelta de EEUU”, con “suficiente tiempo para formular cualquier pregunta que quisieran plantearnos”.
El sector financiero ha hecho una lista con las regulaciones financieras estadounidenses que les gustaría ver eliminadas a través del TTIP -desde las reglas de reservas de capital de EEUU (para evitar riesgos de quiebra o rescate) hasta las regulaciones de entidades demasiado grandes para caer (too big to fail). Grupos representantes de la sociedad civil han alertado de que las demandas de los grandes grupos financieros de ambos lados del Atlántico, en lo que respecta a regulación financiera, pueden llevar al retraso, moderación, o directamente al bloqueo de las muy necesarias reformas y controles del sector, necesarias para evitar una nueva situación de colapso financiero.
De los servicios públicos a las corporaciones con ánimo lucrativo
El TTIP es también una amenaza para los servicios públicos, en especial para los servicios de salud pública. Un gran número de las peticiones a largo plazo de los grupos de presión a las órdenes de las corporaciones han encontrado su camino en las negociaciones comerciales, especialmente la privatización de servicios públicos.
En primer lugar, el TTIP y su alianza “hermana”, el CETA (UE-Canadá), facilitan aún más el acceso a los servicios públicos a la empresa privada, una de las demandas de los lobbies corporativos.
Es más, el lobby industrial logró un nuevo gran éxito, ya que el CETA va a ser el primer tratado en el que la UE use la lista negativa sobre servicios. Esto significa que todas las medidas que no se encuentran específicamente excluidas del acuerdo están sujetas a la privatización. Las omisiones, sean o no intencionadas, pueden ser desastrosas, -y nuevos servicios sobre los que no está puesta la atención pasarán automáticamente a estar bajo esta normativa: la comerciabilidad.
El Foro Europeo de Servicios (ESF) estaba encantado cuando descubrió la exclusión de la lista negativa en el CETA: “Es una decisión importante, de la que la industria de los servicios debería estar orgullosa, tras años defendiendo la necesidad de ir en esta dirección”.
Los servicios de salud pública se deteriorarán, no sólo porque serán privatizados, sino también porque para los ciudadanos y los sistemas sanitarios se volverá más difícil acceder a las medicinas.
Entre enero de 2012 y marzo de 2013, y hasta el periodo de abril de 2013 a febrero de 2014, las grandes farmacéuticas han multiplicado por siete su labor de lobby en el TTIP. Entre abril de 2013 y febrero de 2014, el 16,5 por ciento de las reuniones cara a cara sobre el TTIP sentaron a las grandes farmacéuticas a la mesa de negociaciones.
Y las grandes farmacéuticas están claramente presionando para lograr imponer una agenda en el TTIP con potenciales y graves implicaciones para el acceso a las medicinas y a la salud pública. Monopolios más grandes a través de normas de propiedad intelectual fortalecidas, y límites en las políticas de control de precios en el TTIP podrían incrementar los precios de las medicinas y los costes para los respectivos sistemas sanitarios nacionales. Es más, el intento combinado de los grupos de presión EFPIA y su hermana en EEUU, PhRMA, para limitar las iniciativas europeas de revelación de datos de ensayos clínicos podría enterrar los conocimientos sobre los verdaderos efectos de las medicinas, (incluidos los relacionados con su seguridad y las pruebas de que sean beneficiosas o lo contrario) u obstaculizar la innovación.
Desafortunadamente, la administración norteamericana parece haber tomado por buena la lista de deseos de las grandes farmacéuticas –en lo que respecta a derechos de propiedad intelectual y otros asuntos-, en detrimento de los consumidores.

Conclusión
El TTIP no es solo un tratado comercial, sino una alianza corporativa secreta. 
Y las pruebas no contradicen esta idea. Las listas de deseos de las grandes corporaciones han sido adoptadas como propias por la administración norteamericana y por la Comisión Europea, con casi ninguna consideración ante los deseos prioritarios de los ciudadanos: servicios públicos de calidad y un sistema financiero estable, por no hablar de los problemas medioambientales. El TTIP y la austeridad en el sur de Europa revelan cómo la principal prioridad de la Unión Europea es dejar a un lado los derechos de la gente por el poder de las corporaciones. 



El TTIP ayuda a las corporaciones a enmarañar las regulaciones que no les gustan.
Mientras la agenda corporativa sobre el Acuerdo es extensa y a menudo se centra en aspectos concretos, las grandes empresas unen sus intereses en lo que realmente es el corazón del TTIP: derechos excesivos para los inversores extranjeros y cooperación reguladora. Estos dos asuntos podrán desviar más las políticas de la UE y de EEUU a favor del capital y de las corporaciones transnacionales, y amenazar cualquier regulación futura que ponga coto a los beneficios de las grandes empresas- sea en estándares alimentarios, aprobación de productos químicos o reglas en procesos productivos, por nombrar sólo algunos ejemplos-.
El capítulo de Cooperación reguladora del TTIP proveería a los grupos empresariales de una serie de armas para presionar sobre los legisladores en Bruselas y Washington, pero también en las capitales de la Unión y en los estados norteamericanos, para disuadirlos de adoptar reglas que puedan afectar a sus intereses comerciales, a menudo en detrimento de otros grupos de la sociedad.
Según las propuestas de la UE filtradas, los lobbies corporativos tendrán a su disposición nuevas oportunidades para “contribuir” que “deberán ser tenidas en cuenta” por los legisladores. Las nuevas regulaciones tendrán que pasar por una “valoración de impacto” con preguntas que fundamentalmente estarán orientadas hacia los intereses de las empresas, no de los ciudadanos.
Y las compañías podrán utilizar incluso los procedimientos de intercambio entre la UE y EEUU para quejarse sobre “previstos o planeados actos regulatorios”, y regulaciones que estén siendo revisadas.
Por encima de todo eso, el capítulo de protección de inversiones del TTIP empoderará a miles de empresas de ambos lados del Atlántico para atacar legalmente las decisiones tomadas por los parlamentos nacionales, gobiernos e incluso los tribunales, si eso menoscaba los beneficios de las corporaciones..
A lo largo y ancho del mundo, las compañías llevan tiempo utilizando el llamado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados (Investor State Dispute Settlement, ISDS ) para reclamar compensaciones billonarias a los estados por aplicar políticas perfectamente legítimas de gobierno para proteger la salud, el medio ambiente y otros intereses públicos. Solamente la amenaza de una costosa demanda ya puede servir para convencer a los legisladores de que abandonen o suavicen una ley sobre la salud pública y protección medioambiental, vigente o en elaboración.
Juntos, los abusivos derechos para los inversores privados y las propuestas de cooperación reguladora expandirán significativamente el poder de las empresas sobre el poder político a lo largo de la UE y de EEUU.
Las medidas facilitarán a las corporaciones que retrotraigan regulaciones y bloqueen nuevas normativas que pretendan impedir a la industria alimentaria vender alimentos que incluyan tóxicos, leyes que intenten impedir que las energéticas destruyan el clima, o regulaciones para combatir la polución, la inestabilidad financiera y la protección de los consumidores.
No en vano, poderosos grupos de presión como Business Europe y la Cámara de Comercio de EEUU ven la cooperación reguladora en el TTIP como un “potencial modificador del terreno de juego”, un “regalo perpetuo”, que esencialmente permitiría a los lobistas empresariales “co-escribir las normativas”, como ellos mismos dicen.


Imagen: sou_lobbygraphic8_en_editable - Kike Estrada