lunes, 12 de octubre de 2015

Argentina: La mina Veladero funciona sin el seguro ambiental que exige la ley



Saúl Zeballos, un vecino que denunció a Barrick Gold por el reciente derrame de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, y miembro del comité de crisis formado en la ciudad de Jáchal, y el periodista Domingo Jofré, integrante de la asamblea "Jáchal no se toca", estuvieron en Infobae TV, donde se quejaron por la falta de información fidedigna sobre lo ocurrido el 14 de septiembre y denunciaron que el proyecto "funciona sin seguro ambiental".

Hace unos días se conocieron los resultados de un análisis realizado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que halló la presencia en el río La Palca de 1,4 mg/l de manganeso, lo que representa un 1.400% más de lo permitido y lejos del 0,25 mg/l de promedio histórico; y de 70 mg/l de aluminio, muy por encima del tope de 5 mg/l que autoriza la ley. También se halló boro y arsénico, entre otras sustancias, y escherichia coli. La información fue divulgada por un portal de la casa de estudios, que entrevistó a Zeballos y a Jofré, a quien el gobierno provincial analiza denunciar en la Justicia penal por la forma en que interpretaron los resultados.
–¿Qué se sabe y qué no se sabe sobre el derrame?
DJ: Sabemos muy poco, prácticamente nada, porque el informe oficial todavía no aparece.
SZ: El 14 de septiembre pedimos al ministro de Minería, Felipe Saavedra y al ingeniero Jorge Millón, (titular) del Departamento de Hidráulica, que informen qué pasó arriba y cómo es el estado de las aguas superficiales y subterráneas. Hasta el día de hoy no hubo ningún informe detallado y preciso de qué ocurrió.
–Sin embargo, desde el Gobierno de José Luis Gioja buscan instalar la idea de que no pasa nada, de que el agua es potable, el cianuro se evaporó y de que la vida tiene que seguir normalmente como antes.
DJ: No es que no pasó nada. Pasó. La contaminación existió, porque la empresa reconoció que se han derramado más de 1 millón de litros de solución cianurada al río. Eso es una confesión de parte.
SZ: Para colmo, la empresa el primer día dijo que no se derramó solución cianurada al río y nosotros cuando llegamos a tomar una muestra al río La Palca, había una camioneta de la empresa haciendo detección de cianuro en el lugar, lo que dejaba por el piso lo que había dicho la empresa. Luego fueron 15 mil litros, luego 224 mil y terminaron siendo más de 1 millón.
DJ: Ahora necesitamos saber cuáles son las actividades que han realizado para diluir, anular... Nosotros somos neófitos, no entendemos de química, pero queremos saber qué se hizo y qué se tiene que hacer de acá en más. No desconocemos los análisis que dicen que el agua de red es apta para consumo humano, pero hay algunos números que no nos dan y pedimos que se investigue.
–Un reciente informe de Universidad Nacional de Cuyo encontró la abundante presencia de dos metales pesados. Porque esa muestra se envió a Mendoza y no se analizó en San Juan.
SZ: Hay que destacar que nosotros nos autoconvocamos el 15 de septiembre en la explanada de la municipalidad, se convocó al intendente y se decidió hacer un comité de crisis. Y el mismo intendente nos convocó para hacer una toma de muestra con gente de la UNCuyo, que tiene un laboratorio de nuestra confianza.
–Los otros estudios que se hicieron hasta ahora y que presentó el Gobierno provincial sólo hablan de cianuro y no de metales. La información que trascendió a los medios es que no había cianuro o que había por debajo del máximo autorizado.
SZ: Por eso consideramos que el gobierno provincial nos dio información incompleta, porque sólo buscaron cianuro. Nosotros buscamos cianuro y no lo detectamos, pero sí detectamos elevados niveles de metales. Entonces, solicitamos que se nos dé toda la información posible. Incluso presentamos un recurso de amparo para que Barrick Gold y el Ministerio de Minería de San Juan den los resultados de los monitoreos permanentes y automático que tienen en la empresa de agua, suelo y aire. Necesitamos saber esa información para quedarnos tranquilos o tomar precauciones. El derecho a la información es un derecho constitucional.
–¿Cómo está la situación en Jáchal?
DJ: Hay un poco más de tranquilidad, porque se pasó la efervescencia del pánico que se vivió en los primeros días. Igual, además de incertidumbre hay tristeza, porque nos sentimos ninguneados. Hasta ahora el único funcionario que se acercó es el titular de Obras Sanitarias (Cristian Andino). Del resto aún no hemos obtenido ningún informe, ni siquiera el acompañamiento. El pueblo se informó por los diarios.
–Está bastante instalada la idea de que en San Juan la minería tendría licencia social. ¿Es cierto?
DJ: La licencia social es un requisito indispensable para la instalación de un proyecto minero. Pero a los jachaleros nunca se nos hizo una consulta popular. Hubo algunas reuniones muy hábilmente direccionadas, llevando como bandera promesas en torno al pleno empleo y el desarrollo sustentable. Diez años después estamos viendo que no era así: ni hay pleno empleo ni desarrollo sustentable. Incluso las otras actividades están en serios problemas. Encima nos aseguraban que era imposible que ocurriese un accidente, porque la tecnología era maravillosa.
SZ: Veladero comenzó a trabajar sin audiencia pública, que es el requisito que establece la ley general del ambiente. Y funciona sin seguro ambiental, que lo exige la misma ley.
–O sea que si hubo un daño por el derrame se haría cargo la empresa sólo con los bienes que tiene en el país.
SZ: Sí, pero hay que hacer hincapié en que la empresa que está operando Veladero es una subsidiaria de Barrick; es una sociedad anónima constituida en el país, pero que sus socios están constituidos en las Islas Caimán. Entonces, ¿a quién le vamos a exigir si esta empresa decide irse o se declara en quiebra?
–Otro mito vinculado a la minería es que el progreso de San Juan tuvo que ver con el desarrollo minero. De un lado, el Gobierno dice que más del 30% del PBI provincial se debe a la minería, pero del otro lado aseguran que no llega al 1% y que las cifras están dibujadas. ¿A quién le creemos?
SZ: Creemos que hubo un desarrollo, pero siempre condicionado, porque se postergaron todas las otras actividades. Se colocaron todos los huevos en una canasta, se apostó a la megaminería y no se desarrolló, por ejemplo, el turismo. En Jáchal deberíamos tener muchos trabajos genuinos de industrias que permanezcan más allá de la minería para poder hablar de desarrollo sustentable, que es una frase bonita, pero nada más. Creemos que se podría haber dado auge a otras actividades para que cuando baje el precio del oro, como ahora, no nos veamos apretados. Porque inclusive hay proyectos para postergarle el pago de regalías a las mineras. Entonces cuando la onza estaba a 1.900 y había ganancias, no se pagaba más; se privatizan las ganancias, que quedan en pocas manos; y cuando hay problemas, se está pensando en que el Estado se haga cargo y se socialicen las pérdidas. Así cualquiera hace negocios.
DJ: La minería exporta grandes cantidades de dinero, contadas en miles de millones. Yo entiendo que una exportación de un bien o de un producto se produce cuando la persona que genera el bien o producto lo vende en el exterior y obtiene el rédito económico, que queda en el lugar en el que se produjo. Pero la megaminería saca el lingote, dice cuánto vale en una declaración jurada y se lo lleva. Así los números a ellos les van a dar. Pero acá, ¿qué está quedando? Un agujero.

--------------------------
Derrame de San Juan: la UNCuyo defendió su informe sobre la contaminación en un río
El gobernador había acusado a la casa de estudios de "sembrar terrorismo". Gioja evalúa realizar una denuncia penal contra dos ambientalistas, aunque la Justicia no descartó que se haya producido contaminación ambiental en la cuenca hídrica del río Jáchal.
Tras el ataque del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) defendió los análisis realizados en su laboratorio, que confirmarían la presencia de grandes cantidades de metales pesados en un río cercano a la mina Veladero, donde el 14 de septiembre se derramaron no menos de 1 millón de litros de solución cianurada. Ahora el Ejecutivo provincial evalúa la posibilidad de realizar una denuncia penal contra dos ambientalistas que opinaron sobre el tema para un portal de noticias.
El día del derrame, el comité de crisis formado en Jáchal tomó una muestra de agua en la zona que fue enviada a la UNCuyo, con sede en Mendoza, ya que los vecinos desconfían de la Universidad de San Juan, a la que acusan de responder a los intereses de la minera canadiense Barrick Gold. Los supuestos resultados se conocieron el domingo, a través del portal Unidiversidad, que pertenece a la UNCuyo. Para ello, el medio consultó a Saúl Zeballos y Domingo Jofré. El primero es un vecino de Jáchal que denunció a Veladero en la Justicia y forma parte del comité de crisis local y el segundo es un periodista que participa de la asamblea "Jáchal no se toca". Ellos encargaron y recibieron los estudios.
Las mediciones arrojaron, según Zeballos y Jofré, que en el río La Palca hay 1,4 mg/l de manganeso, lo que representa un 1.400% más de lo permitido y lejos del 0,25 mg/l de promedio histórico. Lo mismo ocurre con el aluminio: mientras la media suele ser de 4 mg/l y el máximo autorizado es de 5mg/l, los especialistas encontraron 70 mg/l. A su vez, en el pueblo de Mogna hallaron niveles de boro, arsénico, cloruros y sulfatos muy por encima de los topes establecidos en la Ley de Residuos Peligrosos. Y se detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli, por lo que se puso en dudo la forma en que Veladero trata sus efluentes cloacales.
El informe no fue criticado por Barrick Gold, sino por el gobernador Gioja, que acusó a la UNCuyo de "sembrar terrorismo". En un tono poco frecuente para un primer mandatario, disparó: "No pueden venir a cagar así. Producen daño a la provincia, al pueblo de San Juan; que se la agarren conmigo y me digan lo que se les cante las bolas, tengo el cuero duro, llevo casi 50 años en esto".
Gioja hizo hincapié en que hay estudios de distintos organismos del Gobierno de San Juan y de Barrick Gold que no hallaron cianuro en los ríos de la zona o encontraron al metal en cantidades muy bajas. También citó una investigación de la ONU, pero desde Naciones Unidas lo desmintieron. Al margen, Jofré y Zeballos aclararon a Infobae que la diferencia del estudio de la UNCuyo es fundamental: "Ellos sólo buscaron cianuro. Nosotros también buscamos cianuro y no lo detectamos, pero sí detectamos elevados niveles de metales. Entonces, solicitamos que se nos dé toda la información posible, pero el informe oficial todavía no aparece", explicaron.
El gobernador instruyó al fiscal federal Ramiro González para que le pida a la UNCuyo que envíe el informe y "ratifique o rectifique" lo publicado. Hoy recibió la respuesta del vicerrector Jorge Barón. Dijo que lo publicado en el portal es una "actividad periodística" y que, como tal, está amparada en la libertad de expresión. Y señaló que en ese marco "resulta improcedente el requerimiento efectuado".
No obstante, subrayó "la objetividad y calidad técnica que pudiera tener el informe cuya elaboración ha sido atribuida al Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería" de la UNCuyo.
Según supo Infobae, en el entorno de Gioja analizan cómo seguir y estaría tomada la decisión de denunciar en la Justicia penal a Zeballos y Jofré, replicando la táctica empleada en La Rioja por la minera Midaish, que judicializó sus acusaciones contra 35 vecinos de la localidad de Famatina, incluidos el intendente Ismael Bordagaray, la diputada provincial Lucía Ávila y el sacerdote Omar Quinteros.

Fuente: noalamina.org - Imagfenes: www.laseptima.info