Ambientalistas criminalizados





juicio oral por una protesta

Un fiscal salteño pidió que se juzgue a once asambleístas por impedir en 2008 el paso de cuatro camiones a la minera Bajo La Alumbrera.


Piquete. La Unión de Asambleas reclama contra la explotación minera a cielo abierto.
En una decisión inédita, un fiscal salteño acaba de pedir que se inicie un juicio oral y público contra once asambleístas acusados de impedir en agosto de 2008 el paso de cuatro camiones de la minera Bajo La Alumbrera que pretendían circular por un recorrido vedado por una ordenanza municipal.

A fines de mayo, el fiscal correccional Nº6 Facundo Ruiz de los Llanos imputó a los miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del Valle Calchaquí-Cafayate por el presunto “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”.

Bajo La Alumbrera se instaló en Catamarca en 1996 y es una de los primeros emprendimientos mineros de oro y cobre. Las denuncias en su contra sostienen que la explotación a cielo abierto contamina no sólo en la provincia en la que está afincada, sino también en otras aledañas. Ruiz de los Llanos hizo lugar a un pedido de los encargados de la empresa de transporte chilena Carmona, que trasladaba en cuatro camiones un tanque de grandes dimensiones con destino a la mina. El 6 de agosto de 2008, los vehículos intentaron atravesar un camino municipal escoltados por Gendarmería pero sin pedir permiso a las autoridades locales.

El requerimiento judicial representa una vuelta de tuerca en la ofensiva de las mineras trasnacionales por sofocar la oposición ciudadana a la minería a cielo abierto. Desde la Unión de Asambleas Autoconvocadas, que reúne a más de 70 organizaciones vecinales en todo el país, aseguraron a Crítica de la Argentina que el pedido de juicio oral marca un salto cualitativo en el proceso de “criminalización de la protesta ambientalista”. Si las mineras replican este tipo de reacciones estarían retomando el camino de la judicialización frente a las protestas sociales, tal como lo hicieron en la década del 90 los gobiernos nacionales y provinciales para erradicar los cortes de ruta de los desocupados.

Mariana Araujo integra la lista de los once asambleístas imputados por el fiscal Ruiz de los Llanos y está entre los vecinos que vienen expresando su preocupación por la disminución del caudal de agua del río Santa María, que pasa por Salta y se nutre de Campo Arenal, el acuífero que utiliza la mina. “Queremos saber cuánto mermó el caudal. Hace treinta años que no se hacen estudios de ese tipo”, se quejó. Araujo vive en Cafayate desde hace 13 años cuando, junto a su marido, Claudio Gómez –otro de los imputados– decidió abandonar Buenos Aires en busca de “un lugar más tranquilo”.

El pedido del fiscal contradice una disposición que el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad en octubre pasado. Se trata de la ordenanza 13/08, que prohibió el ingreso de camiones en el ejido municipal y el transporte de sustancias como cianuro, mercurio o ácido sulfúrico.

Fuente: http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=26084

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