Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido

Elementos para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación del crudo del ITT en Ecuador



Alai-amlatina

Alberto Acosta Eduardo Gudynas Esperanza Martínez Joseph Vogel


En el año 2007, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, presentó públicamente la propuesta de no explotar el petróleo en la zona del Parque Nacional Yasuní. La iniciativa representaba una acción sustantiva para la protección ambiental del área y sus habitantes, y para innovar en la búsqueda de alternativas al desarrollo extractivista tradicional basado en la exportación de productos primarios.

Esta propuesta constituyó un punto de ruptura en la historia ambiental y el nacimiento de un nuevo camino para enfrentar en la práctica el calentamiento global. Superó la etapa de los discursos sin propuestas efectivas, para dar un paso vigoroso hacia cuestionar la lógica del desarrollo extractivista (primario-exportador). Es una opción para construir globalmente el buen vivir; entendido este como la vida en armonía de los seres humanos consigo mismos y con la Naturaleza.

El proyecto, en concreto, se sustenta en una visión respetuosa de la Naturaleza y de las opciones culturales de los pueblos originarios en aislamiento voluntario que todavía habitan en ese territorio amazónico. Constituye una apuesta por un nuevo régimen de desarrollo, no solo a nivel nacional, sino civilizatorio.

Las reservas del ITT alcanzan, de acuerdo a las últimas estimaciones, 846 millones de barriles recuperables de crudos pesados (14,7° API) que se explotarían durante alrededor de 13 años, a razón de 107.000 barriles diarios, a partir del quinto año. Esta cifra que representa casi la cuarta parte de las reservas probadas en Ecuador, significaría apenas unos 8 días de consumo de petróleo en el mundo.

Al no explotarlas se evitaría la emisión de unos 400 millones de toneladas métricas de CO2; es decir, ahorraría al mundo el costo de su abatimiento. Más todavía, evitaría los efectos de la deforestación causada por la explotación petrolera. Las reservas petroleras del ITT se encuentran bajo una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta, que alberga no menos de 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no estudiados.

Con estos antecedentes es fácil comprender la acogida que experimentó esta iniciativa. Desde su primera formulación pública, ha recibido mensajes de aliento, aunque no han faltado comentarios caracterizados por la duda y la incomprensión. El entusiasmo ha sido una constante, aun a pesar de las señales muchas veces contradictorias dadas por el gobierno nacional.

Al mediar 2008, la iniciativa consiguió uno de los mayores espaldarazos con el apoyo formal del parlamento alemán, que recomendó a otros parlamentos europeos asumir una posición similar. Y mas importante aún fue el respaldo de la sociedad ecuatoriana cuando esta aprobó mayoritariamente la Constitución de la República redactada en Ciudad Alfaro, en Montecristi, cuyo eje es el concepto del buen vivir o sumak kawsay, a partir del cual se constitucionalizaron los Derechos de la Naturaleza.

Alcances de una propuesta revolucionaria

El punto de partida, que se basa en la justicia ambiental, es decir en los Derechos de la Naturaleza, se fundamenta en la idea de una estrategia de desarrollo post-material, con un componente post-extractivo, desde la realidad de un país dependiente de las exportaciones petroleras, como lo es Ecuador. Este es uno de los puntos medulares del debate en Ecuador y debería serlo también en la mayoría de países latinoamericanos.

La propuesta de dejar el crudo en tierra, a más de abrir la puerta para posibilitar la protección de la Amazonía, presenta la pluralidad de valores como un nuevo paradigma democrático para el diseño y discusión colectiva de políticas públicas en correspondencia con los principios recogidos en el nuevo marco constitucional ecuatoriano. Es decir, también está en juego la construcción democrática de una sociedad democrática.

Se ha ligado a la propuesta un mecanismo de financiamiento constituido de la colaboración solidaria de la comunidad internacional. Esta, basándose en co-responsabilidades comunes y diferenciadas contribuiría a la conformación de un fondo para la ejecución de una serie de proyectos de carácter sustentable que le permitan al Ecuador, encarar el tránsito hacia una economía post-petrolera.

Una propuesta innovadora como ésta requiere de herramientas también innovadoras. Son indispensables esfuerzos que nos obliguen a repensar las cosas imaginativamente, sin desconocer posibles logros de la economía y la política en el campo ambiental, pero reconociendo que estos avances deben enriquecerse permanentemente para poder enfrentar una realidad atravesada por múltiples factores, especialmente por “sentidos comunes” que impiden superar las sombras del pasado.

La conservación del ITT, es importante en sí misma, independientemente de los humores y la disponibilidad de pago de la comunidad internacional. La demanda de compensación económica internacional no puede ser usada como excusa para la inacción. En este sentido esta propuesta debería tener un compromiso en primer lugar con los ambientes amazónicos de Ecuador y con el bienestar de las comunidades locales.

En este ámbito, las sociedades civiles ecuatoriana e internacional tienen una gran responsabilidad no sólo como veedores del proceso, sino como actores directos encargados de presionar a sus respectivos gobiernos, particularmente al ecuatoriano para que demuestre en la práctica la suficiente coherencia para cristalizar esta iniciativa.

Más allá de una estrategia de mercado

Sabemos que la Naturaleza tiene límites que la economía no debe sobrepasar. El cambio climático, resultado del sobreconsumo energético, es una evidencia incontrastable. Conocemos también que el pensamiento funcional se limita a hacer de los bienes y servicios elementos transables, a través de la dotación de derechos de propiedad sobre estas funciones. Y por igual estamos convencidos que el mercado de carbono, construido como espacio para procesar una salida a los conflictos del cambio climático, es realmente un nuevo negocio del desastre climático.

El mercado de carbono voluntario es aún más limitado que el del Protocolo de Kyoto, que está de cierta manera regulado en tanto fija una cuota a un país y éste a sus empresas. Mientras tanto, el mercado voluntario está creciendo sin ningún tipo de regulación, lo que disminuye el capital político de tener límites vinculantes sobre las partes

El problema del deterioro ambiental en una economía de mercado es que no considera plenamente en sus cálculos los efectos externos; por lo tanto tiende a socavar los intereses de las futuras generaciones y los derechos de las otras especies. En este contexto el análisis costo-beneficio no es aplicable, pues tiende a valorar en cero lo que se desconoce.

Finalmente es cada vez más aceptada la noción de que introducir en el mercado dichos servicios ambientales significaría transferir al mercado asimétrico la responsabilidad de definir los aspectos distributivos asociados con los usos de los recursos naturales, cuya valoración monetaria, como lo hemos dicho, resulta muy compleja, sino imposible. Además, la misma lógica de mercado puede generar un proceso de concentración en el acceso a los recursos naturales y la consiguiente pérdida de soberanía para las poblaciones usuarias de dichos ecosistemas.

La salida política es la única posible

El objetivo de esta Iniciativa ITT, sería alcanzar, en términos constantes, la meta económica planteada con una compensación de 3.500 millones de US dólares de acuerdo a la propuesta inicial. Para lograrlo la mejor y más segura opción será un acuerdo político internacional.

El objetivo de este acuerdo político internacional será constituir un fondo que permita financiar la compensación solicitada por Ecuador, al tiempo que se establecen las condicionalidades que permiten su funcionamiento.

El Fondo ITT puede constituirse de diversas maneras:

- donaciones de gobiernos o de empresas,

- contribuciones ciudadanas o de organizaciones privadas,

- recursos provenientes de actuales o nuevos fondos de cooperación internacional o de diversas modalidades de condonación o conversión de deuda externa.

- mecanismos regionales ligados a nuevas estructuras financieras regionales como son el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE).

Las posibilidades existentes son múltiples, y algunas podrían incluso recién aparecer como resultado del debate planteado.

Lo importante es garantizar que la decisión se mantenga en futuros gobiernos, por lo que es imprescindible la transparencia y participación ciudadana, tanto como la existencia de mecanismos de presión e incluso sanción en caso de incumplimientos.

Uno de los mecanismos más eficientes es la existencia de un sistema de pago, que podría ser reversible en caso de incumplimientos. Un mecanismo que otorgue certezas y garantías, y una de ellas podría ser, que los aportantes sean, por así decirlo, propietarios del crudo del ITT si éste llegara a salir a la superficie.

Es importante subrayar el hecho de que es el Estado quien negociará y administrará la propuesta de pago por conservación de crudo en subsuelo y que no se traspasarán las responsabilidades de la conservación a entidades privadas nacionales o extranjeras, ni la formulación de políticas sobre conservación, ni tampoco la administración