BRASIL: Movimientos exigen veto de la MP del Grilagem





Adital -
Las más de 300 organizaciones que componen el Forum de la Amazonia Oriental (FAOR) van a entregar, este viernes (19), una carta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidiendo el veto de determinados artículos de la medida provisoria 458 (MP 458/09). Aprobada por el Senado el último día 3, en la forma de Proyecto de Ley de Conversión 09 (PLV 09/2009), la medida permite a la Unión donar o vender, sin licitación, terrenos de hasta 1.500 hectáreas en la Amazonia Legal.
Compuesto por entidades de Pará, Amapá, Tocantins y Maranhão, el FAOR evalúa que, de la forma como fue aprobada por la Cámara de Diputados y, en seguida, por el Senado Federal, la MP 458 va a oficializar el grilagem* de tierras públicas en la Amazonia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima y Tocantins y parte de Maranhão). En total, la Unión podrá legalizar 67,4 millones de hectáreas, lo que podrá, según las entidades, "afectar a las poblaciones tradicionales, indígenas y quilombolas (negros) de la región e intensificar la violencia y la deforestación en la Amazonia".

En un comunicado a la prensa, el FAOR alerta sobre los perjuicios que la medida causará a los indígenas y quilombolas que "enfrentan luchas históricas por la titulación de sus tierras". Para el forum, "la MP pone en riesgo los derechos colectivos a la tierra de esas poblaciones en la medida que incentiva la integración de esos suelos al mercado de tierras, dominado por el agronegocio y su finalidad de expansión de la pecuaria y de los monocultivos de dendé, de caña de azúcar y de soja".

El FAOR pedirá el veto de los Artículos 7 y 13 y de los incisos II y IV del Artículo 2 de la medida. El primer artículo amplía el área máxima de regularización de tierras. El segundo dispensa de inspección previa las áreas vendidas o cedidas por el gobierno. Por su parte, los incisos II y IV del Artigo 2 definen la ocupación y la explotación indirectas, lo que permite que personas que no viven en las tierras sean beneficiadas.
Además de los vetos ya exigidos por otras entidades y por la senadora Marina Silva (PT-AC), el FAOR resalta la amenaza que la medida causa a las tierras colectivas de las poblaciones indígenas y quilombolas, ya que puede legalizar tierras particulares en territorios indígenas y quilombolas o desconocidos, o en proceso de titulación. "La medida no favorece el reconocimiento de las tierras colectivas, porque las poblaciones amazónicas no pueden registrar tierras en tanto comunidad", critica Aldalice Otteloo, de la coordinación ejecutiva del FAOR.
Las entidades cuestionan, además, el hecho de que el Congreso Nacional apruebe la legalización de grandes extensiones de tierras en la Amazonia y haga muy poco en favor de las tierras indígenas y quilombolas. Según datos del FAOR, de 846 territorios indígenas existentes en todo Brasil, sólo 393 se encuentran registrados u homologados. Sólo 82 territorios quilombolas, entre los más de mil existentes, se encontraban titulados en todo el país hasta febrero de 2008. Según el forum, el gobierno de Lula sólo entregó siete títulos a las comunidades quilombolas desde 2003.
Mañana (19), a las 10 horas, representantes de organizaciones indígenas y quilombolas hablarán, en Belem (Avenida Senador Lemos, 557, Umarizal), en relación con el impacto de la MP sobre sus comunidades y acerca de sus propuestas para modificar la ley. El FAOR está convocando a la sociedad amazónica a posicionarse en contra de la medida aprobada por el Senado. El objetivo del forum es intervenir en las políticas públicas económicas, sociales, culturales y ambientales desarrolladas en el ámbito de la Amazonia Oriental.
* Grilagem: Escrituración y apropiación ilegal de tierras.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

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Las agresiones a la Amazonía quedan impunes


El 86% de los crímenes ambientales contra la Amazonía brasileña permanece impune, según un estudio de la organización no gubernamental Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) divulgado hoy por el diario O Globo.

De acuerdo con el estudio, además de apenas tener un 14% de posibilidades de sanción, las personas que destruyen áreas protegidas en la mayor selva tropical del mundo saben que en la mayoría de los casos podrán sustituir su pena por castigos como la donación de alimentos.
 
De las personas condenadas por devastar áreas protegidas en el llamado pulmón del mundo, casi la tercera parte consiguió sustituir su condena por una pena alternativa.
 
Tras analizar 51 procesos abiertos por la justicia brasileña por crímenes ambientales en la Amazonía entre 1997 y 2006, Imazon concluyó que 16% habían prescrito, 4% habían sido archivados por falta de pruebas y otros 66% estaban en tramitación pero a pasos muy lentos.
 
Según el estudio, el 50% de los casos demoraron más de 318 días antes de comenzar a ser investigados y las investigaciones policiales demoraron en promedio 1.047 días antes de que la denuncia sea presentada ante la justicia.
 
Antes de prescribir o terminar en una condena, un proceso en un caso de crimen ambiental se extiende por cerca de 5 años y medio.
 
"Pese a que hay un esfuerzo de la policía, el Gobierno y la justicia para agilizar esos procesos aún será necesario mucho tiempo para que las medidas adoptadas surtan efectos. La única salida por el momento es garantizar una vigilancia constante de las reservas ambientales", asegura el investigador Paulo Barreto, uno de los autores del estudio.
 
Según Imazon, el 42% de la Amazonía está protegida legalmente contra la deforestación por ser reserva ambiental, reserva indígena o unidad de conservación.
 
Pese a ello, cerca de 22.500 kilómetros cuadrados de áreas protegidas en la Amazonía fueron devastadas entre 2000 y 2008 por la tala ilegal de los bosques y la expansión de la agricultora y la pecuaria a áreas antes selváticas.
 
Según los autores del estudio, la impunidad en que quedan los crímenes ambientales contra la Amazonía obedece principalmente a que los organismos responsables por las investigaciones demoran en actuar.
 
Cuando finalmente un proceso llega a la justicia, los pocos jueces federales que hay en la Amazonía carecen de recursos logísticos y financieros para acelerar el proceso.
 
"La justicia es lenta en todo Brasil, pero en la Amazonía es mucho más morosa", asegura Barreto.
 
www.yahoo.com - EFE

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