ESPAÑA: La fiscalía pide 9 meses de cárcel y 18.000 euros para 10 activistas por defender el clima
Según la información aparecida ayer en El Diario Vasco, y pese a que la organización no tiene a fecha de hoy conocimiento oficial de la misma, la Fiscalía de Gipuzkoa ha hecho pública la petición de nueve meses de cárcel para diez activistas de Greenpeace que el 27 de marzo de 2007 se encaramaron a la chimenea de la central térmica que la empresa Iberdrola posee en Pasaia (Guipuzcoa), en la que se desplegaron varias pancartas pidiendo el cierre de la instalación.
Según la información aparecida ayer en El Diario Vasco, el escrito de acusación elaborado por el Ministerio Público, considera que estos hechos son constitutivos de un delito de usurpación de bien inmueble, una falta de deslucimiento de bien inmueble, un delito de coacciones y otro de desobediencia grave a agentes de la autoridad, por los que pide nueve meses de cárcel, nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad y multas que suman 18.000 euros para cada uno de los procesados, lo que sumaría 180.000 euros. "Es indignante que se persiga a los que defienden el clima y no a los que atentan contra él. Llama la atención que mientras los que destruyen el clima se pasean tranquilamente, los ecologistas son perseguidos por la fiscalía", ha afirmado Juan López de Uralde, director de Greenpeace, quien ha tenido conocimiento de la denuncia de la Fiscalía de Gipuzkoa a través de los medios de comunicación. "Conocer esta petición sólo aumenta nuestra decisión de continuar luchando de manera pacífica por el cierre de la térmica de Iberdrola". Los hechos sobre los que se hace la petición ocurrieron hace más de dos años, el 27 de marzo de 2007, cuando activistas de Greenpeace se descolgaron por la chimenea de la central térmica de carbón de Pasaia y escribieron en ella el mensaje "STOP CO2". Con esta acción de protesta los ecologistas exigían a la compañía propietaria, Iberdrola, el cierre de esta central que emite en un año más CO2 que todo el parque móvil de Gipuzkoa. Estrella, enfermera madrileña, participó como activista en la acción desarrollada en Pasaia, por la que se podría enfrentar a nueve meses de cárcel. Ella es uno de los rostros de la campaña de Greenpeace "Activistas por el Clima", lanzada de cara a la próxima Cumbre del Clima que se celebrará en Copenhague, en diciembre. En la web www.activistasporelclima.com se puede seguir su vida y la de Vicenç, un joven estudiante de biología mallorquín. A través de ellos la gente puede conocer cuáles son sus motivaciones para luchar por el medio ambiente, qué les lleva a participar en acciones de Greenpeace y por qué quieren pedir a los políticos compromisos con el clima. Como ellos, todo el que quiera puede convertirse en esta web en un activista por el clima. En palabras de Estrella, "quien debería responder ante los tribunales es Iberdrola, por seguir quemando carbón, y no Greenpeace, que defiende el bien común". La Consejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco en el año 2006 manifestó su deseo de cerrar esta central mientras Greenpeace llevaba a cabo actividades de protesta contra centrales térmicas de carbón, incluida la de Pasaia. Dos años más tarde y tras pedir insistentemente a Iberdrola su cierre y al Gobierno de España que no le otorgara derechos de emisión gratuitos, sin que estas peticiones fueran tenidas en cuenta, la organización ecologista realizó esta protesta. A partir de este momento, las Juntas Generales de Gipuzkoa pidieron por unanimidad su cierre. La central de Pasaia funciona con un permiso provisional desde su instalación en 1964 y esperó hasta el final de la prórroga para solicitar la Autorización Ambiental Integrada (AAI), imprescindible para su funcionamiento legal. Sorprendentemente y a pesar de la multitud de alegaciones, incluidas las del propio Ayuntamiento de Pasaia, que prefirió este camino legal en vez de proceder a su cierre, para el cual está capacitado, no fueron atendidas y la misma Consejería que dos años antes pedía su cierre, el 30 de abril de 2008 concedía esta AAI. El recurso presentado por Greenpeace ante esta Autorización fue desestimado, por lo que la organización va a presentar en breve una demanda judicial ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la resolución ilegal que concede dicha AAI. "Todos los políticos y gobiernos manifiestan que hay que cerrarla pero ninguno lo hace. Cuando el diálogo, la lógica y la justicia no actúan, ¿qué otro camino le queda a Greenpeace para defender el clima si no es la acción pacífica?", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España.
