Fallo de La Corte Suprema de Justicia ratifica la demolición del terraplén ilegal en Iberá

La Corte Suprema, en una decisión tomada por unanimidad, rechazó el Recurso de Queja presentado por la Empresa Forestal Andina en el caso del
Terraplén ilegal construido por ellos en los Esteros del Iberá, perjudicando a los pobladores de Yahaveré. Ello implica que el fallo que ordena demoler el Terraplen (dictado por el Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. de Correintes) ha quedado firme, por lo cual se cierran todas las instancias judiciales de revisión de dicha sentencia.
Hay que valorar este fallo de la Corte por cuanto la máxima instancia judicial del país le ha dado la razón a los pobladores de Yahaveré y a todos los que trabajamos para preservar y fortalecer al Iberá, además de ser un espaldarazo para toda la causa ambiental en nuestro país.


 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
RATIFICA  LA DEMOLICION  DEL TERRAPLÉN
 ILEGALMENTE CONSTRUIDO
EN LOS ESTEROS DEL IBERA
PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA
 
El pasado 13 de octubre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una decisión tomada por unanimidad, rechazó el Recurso de Queja presentado por Haciendas San Eugenio S.A. (ex Forestal Andina), ratificando así la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes que ordena la demolición del terraplén ilegal y agotando definitivamente todas las instancias judiciales. 
 
            El terraplén había alcanzado los 27 kilómetros de extensión, endicando el escurrimiento de las aguas.
 
El extenso complejo de humedales de los “esteros y lagunas del Iberá”, ubicados en el centro norte de la provincia de Corrientes, con una superficie aproximada de 1,3 millones de hectáreas constituye uno de los más importantes reservorios de biodiversidad en la Argentina y el continente americano. Recientes informes acerca de la diversidad biológica representada en el área, dan cuenta de 500 especies de especies de vertebrados silvestres (excluyendo a los peces), lo que constituye aproximadamente un 25% del número total actualmente conocido por la ciencia para el país. Por su parte, entre los peces de agua dulce, las 130 especies actualmente registradas en el sistema, significan algo así como el 30% de las referidas a la Argentina.
 
Ante la noticia, la coalición No a Los Terraplenes, constituida por un centenar de organizaciones ecologistas y conservacionistas, festeja que finalmente se hizo justicia.
Al igual que todos los tribunales de la Provincia de Corrientes,  el mayor órgano judicial del país les ha dado la razón a los habitantes del paraje Yahaveré. Es ampliamente destacable que a pesar de las sucesivas instancias por las que paso este caso, no hubo un solo juez que disidiera con el justo reclamo de los pobladores del estero.
La Justicia ya dio su veredicto final. De aquí en más, resta que de una vez por todas las autoridades responsables   hagan cumplir la sentencia y no se presten nuevamente al juego de una empresa que una y otra vez desacató los mandatos judiciales alardeando de una impunidad sorprendente.
Antes de que la causa fuera remitida a la Corte nacional, cuando esta se encontraba en proceso de ejecución, la empresa demandada firmó un acuerdo ante el Juzgado de Primera Instancia en el que se comprometió a realizar un estudio de impacto ambiental sobre como iba a realizar la demolición de la obra, debiendo el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) evaluarlo y aprobarlo .
Tras el dictamen de la Corte este acuerdo renueva su validez, por lo que es imperioso que la gestión se haga en forma urgente y que la muralla de tierra sea derrumbada en su totalidad, para evitar mayores daños sobre el ecosistema de Iberá y los habitantes del paraje Yahaveré.
Haciendas San Eugenio se ha caracterizado no sólo por incumplir la medida cautelar que ordenó la suspensión de la obra ilícita, sino por delatar todos los tiempos de cumplimiento de las sentencia con apelaciones, recursos jurídicos y administrativos, que sólo generaron mas daño al bien público y a la figura de Reserva y Parques Provinciales.
Ahora ya no le quedan más instancias judiciales a las que apelar, por lo que es de esperar que el  Estado adopte una participación activa en el cumplimiento de sentencia, en el cobro de las multas correspondientes por incumplimiento y en el resarcimiento de daños a la sociedad y la Reserva que la empresa deberá pagar por todos los años de ilegalidad descarada.
 
coordinador@salvemosalibera.org
 
 
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