EL BANCO MUNDIAL METE LA COLA POR BOTNIA





Un informe del ombusman de ese organismo de crédito internacional, Meg Taylor, echó por tierra cualquier mediación entre los asambleístas de Gualeguaychú y la pastera Botnia. En un arranque de lucidez, Taylor aseguró que “no hay margen para la negociación” entre los vecinos y los representantes del proyecto Orión, de la empresa Botnia (en la actualidad UPM).

La información se conoció ayer tras la publicación de un informe de la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) de la entidad que a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC) capitalizó parte del proyecto.

La noticia llegó en medio de contradictorias versiones que llegaron desde Uruguay y fueron respondidas desde la ciudad entrerriana. "Mujica quiere tratar de levantar el corte en el primer mes de su gestión", dijeron  al diario Ultimas Noticias fuentes cercanas al mandatario electo. Para ello, "los contactos existieron y siguen existiendo" con integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, indicaron los informantes, según consignó la agencia italiana Ansa.

La respuesta vino de parte de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, quienes volvieron a negar que haya existido una reunión formal con el presidente electo de Uruguay, José "Pepe" Mujica, para gestionar el levantamiento del corte, y remarcaron que la protesta continuará "por lo menos" hasta que se expida la Corte Internacional de Justicia de La Haya. "El corte sigue en pie hasta, por lo menos, que se expida La Haya -entre marzo y abril próximos-, después decidiremos", subrayó el ambientalistas Jorge Fritzler, en diálogo con Noticias Argentinas.

"Esa una versión que ya tiene como 20 días. Primero era sólo de reuniones con Mujica y sus allegados, ahora hablan de levantar al corte. Esa versión va cambiando, pero por acá no hay nada", enfatizó el asambleísta. A la vez, consideró que los rumores sobre el posible levantamiento del boqueo sobre el punte General San Martín parten de "cuestiones internas de ellos, de la oposición uruguaya, de Mujica". "No sé a dónde querrán llevar esas versiones", sostuvo el ambientalista entrerriano.

El 18 de agosto de 2009 la CAO recibió una reclamación de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en la que planteaba inquietudes acerca del monitoreo ambiental del proyecto y su credibilidad en cuanto a olores y emisiones a la atmósfera generados por la planta.

También reclamaba por presunta contaminación hídrica, efectos para la salud de la comunidad y problemas transfronterizos. Fue la segunda reclamación recibida por la CAO en relación a este proyecto. La primera fue presentada en septiembre de 2005 por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, otra organización no gubernamental argentina.

El 31 de agosto de ese año la CAO admitió la reclamación en el entendido que la planta era financiada por un organismo del Banco Mundial y los potenciales problemas ambientales planteados estaban vinculados a su función.

Desde entonces el ombudsman se entrevistó con los demandantes y la compañía, además de mantener conversaciones con personal de la Corporación Financiera Internacional. También examinó el estado en que se encuentra el caso en otros foros internacionales.

De este diálogo la CAO concluyó que los demandantes consideran que los problemas planteados no se prestan al diálogo y, por el lado de la compañía se consideraba que la Corte Internacional de Justicia pronto dictará una sentencia definitiva sobre este asunto.

"Basándose en la información suministrada por ambas partes, la (CAO), en calidad de Ombudsman, entiende que la situación actual no es susceptible de solución a través de la determinación conjunta de los hechos, la mediación u otros métodos de resolución alternativa de conflictos", concluye el informe.

Por tal motivo, tras escuchar a las partes principales, la CAO, en su calidad de Ombudsman, entiende que esta reclamación "no es susceptible de solución mediante acuerdo en estos momentos". Finalmente, el organismo resolvió en diciembre pasado transferir esta reclamación al área de Cumplimiento del Banco Mundial para que la CAO, en tal función, realice una evaluación inicial con el propósito de determinar la necesidad de una auditoría de la IFC, que ofrezca "seguridad al presidente del organismo financiero y al público de que la entidad financiera del Banco Mundial está cumpliendo con las políticas pertinentes", dice el documento.

El informe puntualiza que el primer contacto que tuvo la CAO en su función de Ombudsman del Banco Mundial, fue en septiembre de 2005 con la denuncia del Centro de Derechos Humanos y Ambiente.

Posteriormente, en el mes de noviembre de ese año, la intervención de CAO concluyó con la recomendación, entre otras, de que era necesario desplegar esfuerzos concretos para cerciorarse de que las personas que consideraban que sufrirían las repercusiones ambientales y sanitarias adquirieran confianza en el proceso y en el resultado de todo estudio adicional que se efectuara.
Fuente: medioymedio.com

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