Ciencia y principio precautorio
Por Norma Giarracca y Enrique Matías Viale
Hace unos días, el Comité Nacional de Etica en Ciencia y Tecnología (Cecte) recomendó al Ministerio de Ciencia crear una comisión para analizar los múltiples aspectos relacionados con el uso del glifosato. El debate se generó porque un científico de UBA y Conicet difundió resultados de su investigación en embriones sobre los efectos dañinos del agroquímico. La Cecte propuso abrir una segunda comisión, diferente de la que debería funcionar en el Ministerio de Salud, originada por solicitud presidencial. Es decir, en estos momentos estarían por funcionar dos comisiones en dos ministerios elaborando información y recomendaciones sobre el uso del glifosato. El primer interrogante que surge es por qué las autoridades gubernamentales, que deben constituirse como garantes de la salud y el bien común, permitieron que pasara tanto tiempo y tantas denuncias judiciales para realizar lo que ameritaba hacerse antes de poner el agroquímico (y todo el paquete tecnológico sojero) en producción. Y si esto vale para todos los funcionarios técnicos de gobierno (INTA, INTI, Secretaría de Agricultura, etc.), es todavía más significativo en el caso de los miembros del sistema científico, donde circula vasta bibliografía que señala daños de los agroquímicos en general y del glifosato en particular. Es más, llama mucho la atención que en el informe enviado por la Cecte al ministro Barañao se mencionara como “bibliografía” la que prueba la “inocuidad” del glifosato y como “denuncias” (restándole status científico) las que señalan los daños del agroquímico. Llama la atención que los funcionarios y hombres de ciencia de la Cecte hayan procedido de esta forma en Argentina, uno de los 19 países del mundo que produce soja y uno de sólo cinco que lo hace en gran escala, colocándose así en situación de grave peligro ambiental. Habría que interrogarse por qué funcionarios y científicos interpretan una pieza clave del derecho ambiental, el principio precautorio, al revés de lo que ocurre en sociedades responsables e informadas.
El principio precautorio, incorporado en nuestra legislación a través del artículo 4 de la ley nacional 25.675, establece que en caso de ausencia de información o certeza científica y ante la posibilidad de que se produzcan daños graves e irreversibles deben adoptarse medidas eficaces para impedir la generalizada degradación del ambiente, sin importar costos o consecuencias. La rama del derecho que enmarca este principio es el derecho ambiental, que es dinámico y objeto de re-interpretación al compás de los progresos del conocimiento. Es evidente que, cuando se autorizó y comenzó a utilizar el glifosato, se estaba al menos frente a una incertidumbre científica, que disparaba la aplicación del principio. Pero se autorizó y podemos suponer que estábamos en tiempos en que sólo se respetaban las leyes del “mercado”. Pasado todo este tiempo de aplicación y tras la aparición de numerosos trabajos de médicos, estudios sociales rurales, informes de ingenieros agrónomos preocupados por las poblaciones y la vasta bibliografía internacional de las “ciencias duras” involucradas y, lo que es aún más importante, de las reiteradas y coincidentes denuncias de comunidades y organizaciones sociales en distintas provincias, quedan pocas dudas de lo que sucede.
Algunos conocedores del derecho ambiental consideran que en nuestro país el principio precautorio se encuentra perversamente subvertido. En lugar de que la ausencia de certeza científica genere la obligación de aplicar medidas preventivas, la falta de certidumbre es utilizada para “legalizar” la mayoría de los agroquímicos que se usan en forma generalizada en nuestros campos. Peor aún, se les exige a las comunidades perjudicadas por estos químicos que carguen con la ciclópea tarea de acreditar científicamente su peligrosidad, cuando, por aplicación del principio señalado junto con otros principios ambientales, son los que introducen la sustancia química en la sociedad quienes tienen la responsabilidad de probar irrefutablemente su inocuidad. En materia ambiental, la prevención tiene una importancia superior a la que tiene en otros terrenos, ya que la agresión al ambiente y los seres humanos se manifiesta en hechos que provocan un deterioro, la mayoría de las veces, irreversible.
En definitiva, se produce “una inversión de sentido” como mecanismo de producción de “ausencias” –de víctimas y del drama social– en la agenda de discusión y toma de decisiones políticas. En Patas para arriba, Eduardo Galeano escribe sobre Alicia en el País de las Maravillas para interpelar estos núcleos de sentidos invertidos por la colonialidad del poder. “Si Alicia renaciera en nuestros días –sostiene– no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse a la ventana.” ¿Es posible en la Argentina actual modificar lo que Alicia podría ver por la ventana del campo argentino? Deseamos que sí y creemos que sólo la política, representada en los tres poderes de la Nación, puede lograrlo.
* Giarracca es profesora de Sociología Rural en la UBA; Viale preside la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
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"Argentina presionada para prohibir el uso de un químico por preocupaciones de salud"
Por: Jude Webber en Buenos Aires y Hal Weitzman en Chicago
Publicado: 29 de Mayo 2009
El gobierno de Argentina está bajo presión para prohibir el uso del químico más usado a nivel mundial, el que ha ayudado a que el país se convierta en un importante exportador en la última década, después que nuevas investigaciones hayan demostrado que puede llegar a ser perjudicial para el ser humano.
Un grupo de abogados ambientalistas pidieron a la Corte Suprema imponer una prohibición de seis meses en la venta y uso de glifosato, ingrediente base de muchos herbicidas, incluyendo el que es usado por la compañía Monsanto Roundup.
Si fuera aprobada la prohibición significaría “no hacer agricultura en Argentina”, dijo Guillermo Cal, director ejecutivo de CASAFE, asociación argentina de compañías de fertilizantes.
Argentina se ha convertido en un gran exportador, gracias a la utilización de semillas transformadas genéticamente, las que están hechas para resistir al glifosato. Esto ha permitido a los cultivadores de soja el poder exportar a mayor velocidad ya que no hay necesidad de limpiar el piso una vez que se ha recogido los frutos, después esparciendo el herbicida para matar a las malas hierbas sin dañar el fruto.
El país es el máximo exportador de aceite de soja, y es el segundo exportador de maíz, tercero en la exportación de semillas de soja, y séptimo en trigo. El glifosato es el herbicida de mayor utilización y los agricultores utilizan alrededor de 450 millones por año y usan 150 millones de litros anualmente en sus cultivos, explicó el Sr. Cal.
La prohibición del uso del glifosato podría tener consecuencias directas en el fisco argentino: la ya sufrida economía argentina depende de los impuestos de los cultivos que se exportan. Se espera que recolecte $5 billones este año, aunque es la mitad de lo que se recolectó el año anterior, después de un largo conflicto con los representantes del campo, lo que perjudicó la producción de soja en el país.
“Sabemos que estamos peleando contra Goliat”, dijo Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, organización que en abril pasado presentó un escrito a la Suprema Corte buscando que se prohíba el uso y la venta del glifosato en Argentina. Todavía queda pendiente un estudio a realizar por una comisión de expertos estipulada por el gobierno en enero pasado. Nadie de la Secretaría de Agricultura estuvo disponible para comentar sobre el tema.
La acción del Sr. Aguilar receptó una investigación de Andrés Carrasco, un científico del Conicet, una institución de investigación financiada por el gobierno. De acuerdo al estudio del Sr. Carrasco, hasta con pocas cantidades de glifosato podrían causar malformaciones embrionarias en sapos, lo que indica que este sería el caso en humanos.
“Sospecho que la clasificación tóxica del glifosato es baja…en algunos casos esto puede convertirlo en un poderoso veneno”, le comentó el Sr. Carrasco al Financial Times. El dice que los residentes que habitan cerca de plantaciones de soja donde se usa el herbicida empezaron a demostrar problemas a partir de 2002, dos años después de las grandes cosechas, que usaron las semillas modificadas, la que fue aprobada en Argentina en 1996".
Fuente: The Financial Times Limited 2009
http://www.ft.com/cms/s/3d74344c-4be8-11de-b827-00144feabdc0,dwp_uuid=8fa2c9cc-2f77-11da-8b51-00000e2511c8,print=yes.html
