domingo, 5 de septiembre de 2010

Agroquímicos en Santa Fe





Beneficios privados vs. Salud de la gente
Las declaraciones de la Sociedad Rural de Rosario
 
                   
 Las declaraciones del directivo de la  Sociedad Rural de Rosario, de la Provincia de Santa Fe, Argentina, muestran nuevamente  que  productores de la agricultura transgénica  pretenden privilegiar sus beneficios privados obtenidos con la aplicación de agroquímicos, aún a costa de la  protección de la salud de la población afectada.
 
El 1º de julio de 2010 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para modificar la ley provincial de fitosanitarios Nº 11.273. En ella autoriza la aplicación de productos clase IV (que clasifica la menor toxicidad) a partir de los 200 metros desde las plantas urbanas en forma terrestre, y de 1.000 metros en forma aérea. Sin embargo, prohíbe  la aplicación del glifosato y sus formulados, también clasificados como clase IV, a menos de 500 mts  vía terrestre y a menos de 1.000 por vía aérea de las plantas urbanas.
El proyecto debe ahora pasar a Senadores, donde se vaticinan muchas dificultades para ser aprobado, dada la prevalencia de senadores representantes de los intereses vinculados al sistema sojero. La presión quedó explicitada a través de las declaraciones de Patricio Lamas, directivo de la Sociedad Rural de Rosario, publicadas en un periódico local el 31 de agosto, en una nota titulado “Agroquímicos: el Senado promete basarse en la ciencia”.
La entidad manifiesta que el proyecto con media sanción "deja sin protección al sector (agropecuario)” y pidió que "las decisiones se tomen en base a estudios científicos".
Patricio Lamas, directivo de dicha entidad aseguró que el senador santafesino Alberto Betique, del Partido Justicialista, prometió que la Cámara alta "se basará en la ciencia" a la hora de definir el futuro de dicho proyecto. "La ciencia no estuvo presente en Diputados", dijo Lamas.
 
Además expresó que:
 "…hay mucha mentira o desinformación, muchos informes sin fundamentos y sobre todo hay mucha precisión de los que dicen llamarse ecologistas, porque yo productor también soy ecologista. Esto no es ecologistas contra sojeros, yo como productor, como creador de alimento, soy la persona más ecologista que hay sobre la tierra".
"No puede ser que un grupo de diputados de la provincia decida que un determinado producto no es de una banda porque a esa condición la determinan organizaciones mundiales como la FAO o la Organización Mundial de la Salud ”.
 
La afirmación de que Lamas se considera ecologista porque produce alimentos sin importar cómo los produce, debe señalarse como espuria, pero no merece comentario adicional.
Más allá de la presión que Lamas reconoce que está ejerciendo sobre los senadores para que aprueben una ley que proteja sus intereses privados a pesar del perjuicio a la salud de la población, sí merecen analizarse tres cosas: el sistema productivo cuestionado, la incumbencia del Poder Legislativo provincial para tratar el tema y el respaldo científico de la decisión.
 
El sistema productivo cuestionado
 
Cuando la SRR sostiene que el proyecto deja sin protección al sector agropecuario, lo que está diciendo es que no la van a dejar producir con la máxima rentabilidad en el menor plazo, sin importar los daños que produzca a terceros.
En realidad, los dueños de los campos que se dedican a la producción transgénica podrían producir muchas otras cosas, que tengan que ver con la alimentación de la población, con la soberanía alimentaria, con la articulación productiva con el sistema social que los rodea, en vez de producir forraje para exportar.  Y les podría ir muy bien, como ocurre con establecimientos productivos agroecológicos.
 
La incumbencia de la Cámara de Diputados
 
Las declaraciones de Lamas respecto que no puede ser que un grupo de diputados de la provincia decida que un determinado producto no es de una banda porque a esa condición la determinan organizaciones mundiales como la FAO o la Organización Mundial de la Salud , es el cuestionamiento de una potestad constitucional y legal de uno de los poderes del Estado provincial, con la intención de proteger un beneficio privado ilegítimo, ya que produce daños a la salud de la población afectada.
 
El Artículo 121 de la Constitución Nacional dice que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.”
El artículo 35º de la ley de fitosanitarios provincial vigente dice que  “Cuando el organismo de aplicación estimare desaconsejable el empleo de determinado producto fitosanitario que por su toxicidad o prolongado efecto residual tornare peligroso su uso, adoptará en forma inmediata las medidas necesarias para el resguardo y preservación de la salud de la población y del medioambiente.”
 
Si es facultad de la autoridad de aplicación, lo es también del Congreso provincial; sobre todo si la autoridad de aplicación no aplicó esa facultad, muy probablemente por la presión ejercida por las asociaciones de los productores que utilizan este sistema productivo, la misma que está ejerciendo ahora la SRR sobre el Senado provincial.
 
El respaldo científico
 
Las expresiones del directivo de la Sociedad Rural de Rosario diciendo que el senador santafesino Alberto Betique, del Partido Justicialista, prometió que la Cámara alta "se basará en la ciencia" a la hora de definir el futuro de dicho proyecto, y que "La ciencia no estuvo presente en Diputados", muestran nuevamente que no hay ciencia sin ideología.
Los estudios científicos institucionales sobre los agroquímicos en general, y específicamente del glifosato y sus formulados comerciales, han privilegiado los que pretenden consolidar su supuesta inocuidad, y se ha pretendido marginar sistemáticamente los estudios que muestran los daños que produce. Los estudios sistematizados de las toxicidades crónicas, letales y subletales han sido realizados por investigadores independientes, severamente cuestionados por las instituciones oficiales en todos los países. Lo mismo ocurrió con las investigaciones epidemiológicas llevadas adelante por médicos independientes, y ausentes de las investigaciones oficiales públicas hasta hace muy poco.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe sí se basó en estudios científicos, así como lo hizo la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, al avalar el fallo de primera instancia de la Justicia de San Jorge e imponer límites a las aplicaciones aérea y terrestre en campos próximos al barrio Urquiza.
Sería muy deseable que el Senado de la Provincia de Santa Fe utilice también esos estudios científicos, y tenga también en cuenta en su evaluación los que se confirmaron posteriormente la sanción de Diputados, como:
 
·       El Primer Informe de la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua, que señala que los cánceres en niños se multiplicaron por tres y las malformaciones congénitas por cuatro desde que se iniciaron los cultivos de arroz transgénico, confirmando lo que los vecinos asocian y manifiestan desde hace más de ocho años.
 
·       El estudio del Dr. Andrés Carrasco, investigador principal del CONICET, publicado en una revista científica internacional con referato, como requerían los que lo cuestionaban. La investigación demuestra que el glifosato, en concentraciones ínfimas respecto de las usadas en agricultura, interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano de embriones de anfibios conduciendo a malformaciones congénitas. Esas malformaciones comprobadas en laboratorio son compatibles con las observadas en embarazos de mujeres expuestas al glifosato durante la gestación.
 
Estaría muy bien también que tanto el Senado como los productores santafesinos recordaran que la recomendación de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU para determinar la toxicidad del glifosato se basa fundamentalmente en un estudio realizado con la participación y la financiación de Monsanto, como lo señala entre tantos otros el Dr. Alberto Cassano, Profesor Titular Consulto de la Universidad Nacional del Litoral e Investigador Superior Emérito del CONICET.
Que tuvieran presente que los médicos reunidos en el Primer Encuentro Nacional de los Médicos de Pueblos Fumigados convocados por la Universidad Nacional de Córdoba el 27 y 28 de agosto pasado, concluyeron que los cánceres y otras enfermedades severas son detectadas ahora con más frecuencia; que encontraron índices muy elevados en abortos espontáneos, trastornos de fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones congénitas. Y que los trastornos respiratorios, endocrinos, hematológicos, neurológicos y psíquicos son, también ahora, mucho más frecuentes en las poblaciones que padecen las aplicaciones de los agroquímicos, ya que comparten el mismo espacio geográfico que el sistema de producción transgénica para agroquímicos.
 
 
Claudio Lowy. Ingeniero Forestal. Master en Desarrollo Humano Sostenible
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