lunes, 20 de septiembre de 2010

Latinoamerica y la minería





Mina Crucitas irá a juicio


Costa Rica


Un triunfo se apuntaron el día 14 de setiembre las organizaciones ambientales que se enfrentan al Estado y a la minera Industrias Infinito en el Tribunal Contencioso Administrativo. La minera deberá esperar ahora que el Tribunal resuelva el proceso contra el Estado costarricense por el otorgamiento ilegítimo de la concesión de explotación, así como por la promulgación ilegal del decreto de Conveniencia Nacional, así como por todas las irregularidades con que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y dada la Viabilidad Ambiental.
 
 

El equipo jurídico integrado por la abogada Gabriela Cuadrado de CEDARENA, en representación del demandante Jorge Lobo, y los abogados Edgardo Araya de UNOVIDA, y Bernal Gamboa de APREFLOFAS y con la presencia de Gino Biamonte Presidente de esta última agrupación, se opusieron a cada una de las argumentaciones esgrimidas por la Procuraduría General de la República, el SINAC y la empresa minera.
El tribunal  resolvió llevar a juicio la concesión otorgada a Minera Infinito para explotar oro en la norteña región de Las Crucitas, pese a un fallo de la Corte Constitucional favorable al proyecto, se informó este viernes oficialmente. También determinó mantener las medidas cautelares impuestas a la compañía hace varios meses, que consisten básicamente en la suspensión de todos los trabajos de la mina.
El resultado más importante de esta audiencia preliminar es que todos los intentos de Industrias Infinito por frenar el proceso fueron desechados, de igual manera los alegatos de la Procuraduría y el SINAC de que ya había cosa juzgada material por haber sido resueltos los amparos por la Sala IV, fueron rechazados por el Tribunal Contencioso.
Otro elemento importante es que las partes demandantes están exigiendo como parte de las pruebas, que el Gobierno entregue el informe y documentación precisa con la cual llegó a la conclusión de que en una eventual demanda internacional el Estado debía indemnizar a la minera con Us$1.700 millones.
La minera deberá esperar ahora que el Tribunal resuelva el proceso contra el Estado costarricense por el otorgamiento ilegítimo de la concesión de explotación, así como por la promulgación ilegal del decreto de Conveniencia Nacional, así como por todas las irregularidades con que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y dada la Viabilidad Ambiental.
Cabe mencionar que la Contraloría General de la República recientemente señaló la gran cantidad de inconsistencias, errores e irregularidades con que viene operando la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) por lo que se espera un desenlace final favorable en el juicio a favor de los movimientos sociales y ambientales costarricenses.
Por su parte acaba de conocerse que la empresa Industrias Infinito invertirá siete millones de dólares (US$7.000.000) más en propaganda dirigida a centros de estudio, escuelas y colegios con el propósito de intentar quebrar la férrea oposición nacional a este proyecto minero. Esto sumado a la propaganda que ya distribuyen en los casilleros de profesores y estudiantes universitarios.
Los movimientos sociales y ambientales opuestos a la minería de oro a cielo abierto hicieron un llamado a la ciudadanía para que se mantenga firme en su oposición a esta actividad y se sume activamente a las distintas acciones que se irán desarrollando hasta lograr que la la Presidenta Laura Chinchilla derogue el decreto de conveniencia nacional y cancele la concesión a Industrias Infinito; así como para que el Congreso apruebe la urgente reforma al Código de Minería y se prohíba de una vez por todas la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.
 
Fuente: Costa Rica Hoy y AFP

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Comunidad Tzawata sostiene la lucha contra la minería


Ecuador

Desde hace 6 meses, la comunidad ha enfrentado dos desalojos y estrategias de desmovilización por parte de la empresa minera canadiense Merendon, frente a lo cual los hombres y mujeres de la comunidad se han mantenido unidos y en pie de lucha. La comunidad queda en el canton Carlos Julio Arosemena Tola, en la provincia del Napo, en el limite entre Napo y Pastaza.
 
Merendon del Ecuador. SA., como se llama a la filial representante de la minera en Ecuador, figura actualmente como la propietaria de las 627 Ha que se encuentran en litigio, este territorio ancestralmente perteneció a Tzawata e injustamente y con engaños les fue arrebatado. La compañía minera operó en estas tierras durante 2 años en los que provocó graves daños ambientales sobre todo a las fuentes de agua como los ríos Ila, Blanco, Pupo y Anzu, y actualmente, ha emprendido una campaña de división y desmovilización en contra de los compañeros que se encuentran en pie de lucha.
Así, en este último mes, y valiéndose de sus influencias en las esferas del gobierno, la minera ha realizado varias reuniones con las comunidades vecinas a las que han asistido altos personeros del Banco de Fomento quienes en acuerdo con la compañía, han ofrecido todas la facilidades para acceder a créditos para "comprar" las tierras ancestrales que actualmente se encuentran en litigio, pretendiendo así boicotear esta lucha.
Sin embargo, Tzawata responde organizadamente con una estrategia política y jurídica clara y respaldada por las organizaciones madre como la CONAIE, CONFENIAE y CONAKINO. Durante todos los días, niños y niñas, hombres y mujeres, ancianos y ancianas, viven la práctica cotidiana de la comunidad realizando mingas, trabajando las chacras, construyendo viviendas, entre otras actividades en las cuales se reproduce la cotidianidad de las comunidades amazónicas.
A esta práctica, se ha sumado el apoyo voluntario de decenas de jóvenes de sectores como Pakayaku, Sarayaku y Puyo, los cuales solidariamente han sumado su hombro a la lucha de Tzawata, rescatando un principio básico de reciprocidad que reivindica la necesidad de articular a las organizaciones hermanas dentro de plataformas de lucha comunes.
En el trasfondo de esta lucha subyacen elementos políticos que evidencian las contradicciones entre el estado -fiel e histórico defensor de los intereses privados- y los pueblos indígenas, así como el papel de estado en el sustento de un sistema capitalista que atenta contra la supervivencia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Durante las últimas semanas y gracias a la participación de los dirigentes de la comunidad en sucesivas asambleas, se han conseguido los siguientes avances, tal como se expresó en la última asamblea extraordinaria de la CONAIE realizada en Quito el 11 de agosto de 2010:
- Inclusión de la lucha de Tzawata dentro de los 48 casos de conflictos de tierras reconocidos por el movimiento indígena a nivel nacional.
- Respaldo jurídico del cuerpo de abogados de la CONAIE para el tratamiento de la lucha de Tzawata.
- Respaldo político por parte de la dirigencia de la CONAIE hacia los círculos de apoyo de jóvenes que se encuentran respaldando la lucha de la comunidad.
- Respaldo político a la lucha de Tzawata, tal como consta en el Acta de Resoluciones de la Asamblea Extra-ordinaria de la CONAIE del 11 de Agosto de 2010.
La tierra no se vende, Tzawata está en pie de lucha!

Fuente: CONAIE

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Por incumplir la ley, Minera San Xavier deberá cerrar


México

Confirma tribunal fallo que cancela de modo definitivo la manifestación de impacto ambiental. Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Minera San Xavier, por carecer de autorización su manifestación de impacto ambiental (MIA), incumple la ley y deberá cerrar, señaló su titular, Patricio Patrón Laviada. Dijo que el proceso administrativo llevará varios días, pero aseguró que se hará justicia.
 
 El juzgado segundo de distrito con sede en San Luis Potosí recibió del tribunal colegiado con sede en esa entidad la confirmación de un fallo que cancela de manera definitiva la MIA que tenía Minera San Xavier, por lo que la Profepa podría clausurar por segunda ocasión la operación de la empresa, revelaron fuentes judiciales consultadas.
La resolución judicial indica que la compañía, al no contar con la MIA, puede ser clausurada, aunque la decisión corresponde a la Profepa. El artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente obliga a las mineras a contar con dicha manifestación. La Profepa lleva un proceso administrativo a la empresa, ubicada en San Luis Potosí, octava productora de oro y décima de plata en el país, por carecer de la autorización ambiental.
Sin embargo, la subsidiaria de la canadiense New Gold -que lleva ya 10 años en litigio contra la Semarnat y Grupo Pro San Luis Ecológico- puede activar de nueva cuenta el proceso jurídico y defenderse de la medida mediante un amparo, como ocurrió tras la primera clausura. De esta forma la empresa está en posibilidades de demostrar ante un juez federal que puede trabajar sin la MIA, lo que daría inicio a un nuevo litigio, esta vez contra la Profepa.
En entrevista, Patrón Laviada explicó que el pasado 25 de agosto personal de las oficinas centrales de la dependencia realizó una inspección en la minera, ubicada en Cerro San Pedro, la cual concluyó dos días después. "La empresa contestó lo que en derecho le convino. Estamos analizando la respuesta para dictaminar pronto", abundó.
Se está elaborando una resolución, y cuando se emita la empresa tendrá 10 días para responder y complementar lo que se le pida.
-¿Qué puede decir acerca de la percepción de la gente de que en este caso no hay justicia ambiental?
-Este caso es paradójico. Después de 10 años cualquiera puede decir que la justicia está siendo lenta. Es un caso que ha tardado mucho y ha habido amparos de ambas partes. Hoy día, el que ha ido ganando la situación jurídica es Pro San Luis Ecológico. Para la Profepa ese lugar no tiene permiso y debemos actuar en consecuencia. La empresa también tiene sus derechos y podrá argumentar contra la opinión de la Profepa, hacer uso de las instancias legales que considere. A pesar de lo lento que ha sido, es un caso en el que la justicia en México ha pasado la prueba".
Dijo que a diferencia de la clausura que se hizo en noviembre pasado a la minera, cuando se aceleró el procedimiento para hacer la clausura temporal, ahora se está haciendo en detalle. "Vamos a procurar justicia. Estamos en un acto administrativo que debe llevar al cierre de la empresa por no contar con manifestación de impacto ambiental."
Ayer en la mañana integrantes de Pro San Luis Ecológico se manifestaron frente a las instalaciones de la Profepa, en demanda de una reunión con Patrón Laviada, quien no estaba en las oficinas, y se les ofreció una reunión con otro funcionario, pero no lo aceptaron y posteriormente se retiraron.
 
Fuente: diario La Jornada

Boletín: noalamina.org