jueves, 16 de septiembre de 2010

Memoria del saqueo: Más que dinero




Por: Carlos del Frade

Dentro de las mil empresas que más venden en la Argentina, cuarenta y una de ellas están ubicadas en la provincia de Santa Fe y su facturación representa tres veces el producto bruto de lo trabajado por más de tres millones de habitantes de este territorio en un año y once veces el presupuesto anual de gastos para el año el Bicentenario.

Una fenomenal concentración de riquezas en pocas manos que pone en evidencia la necesidad de una profunda reforma impositiva no solamente en Santa Fe, si no también en el país.

Pero detrás de estos números que rayan la obscenidad existen historias de trabajadores, de contaminación ambiental, diversas impunidades y contrastes con la crónica social de los pueblos donde estas firmas están asentadas. Como diría Raúl Scalabrini Ortiz, una vez más se confirma que los números son las vísceras de la sociedad. Detrás de estos nombres y estas cifras asoman los mecanismos del sistema capitalista en estos arrabales del mundo.

A principios del año del bicentenario, las empresas Aceitera General Deheza, Toepfer, Bunge, Cargill, Dreyfus, Nidera, Noble, Terminal 6 y Minera Alumbrera acusaron a la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín de pretender recomposiciones tarifarias “desproporcionadas”, “carentes de toda lógica” y que “solo un tercio de esa plata va a parar a los bolsillos de los trabajadores que son socios de la cooperativa”, según se publicó en el diario La Capital el lunes 22 de marzo.

Según dice Dan Morgan en su célebre investigación “Los traficantes de granos. La historia secreta del pulpo mundial de los cereales: Cargill, Bunge, André, Continental y Louis Dreyfus”: “Las firmas cerealeras no dan por sentado que el público tenga derecho saber nada acerca de lo que hacen” y que “las casas que comercian con granos son oligopolios privados, centralizados, que no publican declaraciones financieras. No hay accionistas públicos, cosa que limita enormemente la obligación de difundir informaciones. La propiedad de las compañías se encuentra en manos de siete de las familias más ricas y menos comunicativas del mundo, y esas mismas familias tienen en sus manos la operatividad de las compañías. Muy pocas personas controlan, en la cúspide, las informaciones y la adopción de decisiones”, sostiene el periodista y escritor.

Esas afirmaciones se comprueban en la vida cotidiana de los que realmente producen las riquezas de esas empresas en el sur de la provincia de Santa Fe. De acuerdo al ranking de las mil empresas que más venden en la Argentina recientemente publicado por la revista “Mercado”, en su número 1.107 de junio de 2010, las cifras de estas firmas están muy por encima de lo les pagan a sus trabajadores por mes.

Los números

*Cargill vendió durante 2009 por 14.150 millones de pesos, a razón de 27.295 pesos por minuto.

*Bunge, 10.000 millones de pesos, a razón de 19.290 pesos por minuto.

*Aceitera General Deheza, 9.200 millones de pesos, es decir 17.747 pesos por minuto.

*Dreyfus, 8.120 millones de pesos, 15.667 pesos cada sesenta segundos.

*Minera Alumbrera, 4.954 millones de pesos, por lo tanto 9.556 pesos por minuto.

*Nidera, 3.500 millones de pesos, 6.751 pesos cada sesenta segundos.

*Toepffer, 1.150 millones de pesos, un total de 2.218 pesos por minuto.

*Noble, 1.030 millones de pesos, 1.986 pesos por minuto.

Un total de 52.104 millones de pesos, alrededor de 13 mil millones de dólares durante el 2009 que fue uno de los peores años por la crisis financiera que afectó las principales economía del planeta.

Acá abajo, cerca de las raíces, como diría Mario Benedetti, esos números fueron construidos por los trabajadores del sector.

Los salarios de los que hicieron posible semejante negocio para estas firmas representan una ínfima proporción en relación a estos ingresos: para Cargill, el costo laboral representa apenas el 0,58 por ciento; para Dreyfus, el 0,23 por ciento; para Bunge, el 0,47 por ciento y el 1,54 por ciento para Nidera; según datos de la Escuela de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, citados por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina.

Es decir que las ocho empresas que exportan 13 mil millones de dólares en un año gracias a sus trabajadores invierten solamente un 1,94 por ciento del total de sus erogaciones.

En el caso de los estibadores la cuestión es peor porque el salario de los jornaleros apenas representa un cinco mil de las utilidades de las empresas radicadas sobre el caudaloso Paraná.

El preámbulo de la Constitución Provincial de Santa Fe, vigente desde 1962, dice que es función del Estado “…asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social…”, entre otras cuestiones.

La pregunta que estalla frente a estas cifras es cómo se hace para impulsar semejante desarrollo económico bajo el signo de la justicia social de una buena vez en el territorio santafesino.

El poder de Terminal 6

Un servicio portuario eficiente es un factor positivo para el crecimiento de las cosechas.

Esa es la frase con que la empresa Terminal 6 define lo que llama: “Nuestra filosofía”, cuando presenta sus virtudes en la página web.

La eficiencia, por supuesto, no se detiene en menudencias tales como la seguridad de sus trabajadores.

El primero de julio, ocho operarios sufrieron algún tipo de quemaduras leves como consecuencia de un accidente que la empresa definió como "deflagración" (explosión menor de corto alcance) en un horno secador, conocido como Toster, en la planta aceitera que Terminal 6 de Puerto General San Martín.

El hecho se produjo poco después de las nueve de la mañana, cuando un grupo de operarios se encontraba reparando el Toster que se utiliza para el secado y enfriamiento de cereales y, por causas que se investigan, se produjo el incidente.

Según fuentes empresariales las heridas no fueron de gravedad, y los obreros fueron trasladados al Sanatorio Británico de Rosario. Apenas se produjo el accidente llegaron al lugar los Bomberos de Prefectura Naval Argentina y Zapadores de la Unidad Regional XVII, quienes rápidamente sofocaron un principio de incendio, que no se propagó al resto de la planta.

En el marco del Pamge (Plan de Ayuda Mutua ante Grandes Emergencias), llegaron al lugar más de media docena de ambulancias. Sin embargo, algunos de los heridos ya habían sido trasladados en remises a Rosario.

Seis de los trabajadores heridos pertenecen a la contratista Sergem, y los otros dos son empleados directos de Terminal 6. Pablo Reguera, secretario general del gremio aceitero, sostuvo que "hay dos compañeros que tienen quemaduras en el rostro, pero están todos fuera de peligro; incluso, algunos ya volvieron a sus casas".

El Toster se usa para eliminar los solventes que se usan en la extracción de aceites en los cereales. Según el informe preliminar que los encargados de seguridad de la planta brindaron al gremio, la noche del miércoles habría tenido algún inconveniente en su funcionamiento.

El personal del turno mañana fue el encargado de los trabajos para desobstruir el Toster, pero a minutos de iniciadas las tareas se produjo la deflagración."Queremos ver qué dicen las pericias sobre cuáles pudieron ser las causas de este incidente, que no trajo consecuencias graves", sostuvo Reguera. Personal de Prefectura y responsables de seguridad e higiene de la empresa permanecieron varias horas en el interior de la planta, buscando las causas del siniestro.

Terminal 6, es propiedad de Aceitera General Deheza (AGD). La planta de Puerto San Martín está en una zona totalmente alejada del casco urbano de la ciudad de Puerto.

Según la investigación preliminar realizada por el equipo de Seguridad y Medio Ambiente indica que el accidente fue ocasionado por una deflagración.

"Durante el transcurso de la mañana del día de hoy, jueves 1º de julio, se produjo un accidente en la planta de molienda. La investigación preliminar realizada por el equipo de Seguridad y Medio Ambiente indica que el accidente fue ocasionado por una deflagración (explosión menor de poco alcance). El accidente ocasionó 8 heridos que se encuentran fuera de peligro y están siendo atendidos en el Centro de Quemados del Sanatorio Británico en Rosario. Ningún colaborador presentó lesiones de gravedad y fueron asistidos por el personal médico y de seguridad de la empresa. Los planes de emergencia se activaron de inmediato dando respuesta efectiva ante lo sucedido. En el complejo las operaciones continúan desarrollándose con normalidad, tomando la precaución necesaria en la zona afectada" informaron desde la empresa.

Lo que no dijo la empresa es que el secretario de Salud Pública de Puerto San Martín, doctor Mario Galimberti, no fue autorizado a ingresar a la planta por decisión exclusiva de esta unión de grandes aceiteras y que además trabaja con la exportación del oro, cobre y sesenta metales más que extrae Minera La Alumbrera por uno de sus muelles.

¿Por qué no dejaron que el secretario de Salud Pública ingresara a Terminal 6?.

¿Por qué el poder económico de la empresa es superior al poder político de la ciudad?.

Como queda dicho más arriba, el grupo Bunge facturó durante el año pasado nada menos que 10 mil millones de pesos, a razón de 19.290 pesos por minuto.

En el caso de Aceitera General Deheza del senador justicialista Roberto Urquía, vendió por 9.200 millones de pesos, es decir 17.747 pesos por minuto. Y Bajo La Alumbrera, facturó 4.954 millones de pesos, nada menos que 9.556 pesos por cada sesenta segundos.

Es decir que no falta dinero para hacer las necesarias inversiones en higiene y seguridad industrial para cuidar, si es que les interesa, la vida de los trabajadores que son los que generan semejante volumen de negocios.

Frigoríficos

El frigorífico Mattievich confirmó el pasado 12 de julio el cierre de su planta de Puerto San Martín, que tiene 180 empleados. El gerente general de la compañía, Jorge Torelli, precisó que se intentará la reubicación de la mayor parte de los obreros.

Torelli señaló que ante el escenario del acuerdo macro realizado a nivel nacional entre la Federación de Trabajadores de la Industria de la Carne y el Ministerio de Trabajo de la Nación —mediante el cual la cartera laboral comprometió el pago de los subsidios salariales adeudados para destrabar el conflicto que provocó la paralización del Mercado de Liniers— se abre una nueva instancia.

Pero ahora la prioridad es acceder a los subsidios nacionales y en primera instancia “salvar” —según dijo Torelli— la planta exportadora que la firma tiene en Carcarañá.

“La empresa de Puerto San Martín se encuentra en el marco de un procedimiento de crisis y en ese sentido y ante lo díficil de la situación, el Ministerio de Trabajo actuó rápidamente”, dijo Torelli y explicó se están estudiando distintas salidas para evitar despidos.

“La situación es preocupante, las empresas están con hasta un 40% de capacidad ociosa. Por caso, la planta de Carcarañá tiene una capacidad de faena de 400 animales diarios y estamos faenando 35”, dijo y recordó que esto es producto de “la falta de animales”. Torelli explicó que la intención de la firma es esencialmente “salvar las tres plantas exportadoras de mayor porte (Rosario, Carcarañá 2 y Puerto San Martín) dado que las destinadas al consumo interno consumeras) todavía se pueden sostener”, señaló. Esta información publicada en el diario “La Capital” muestra el cinismo de algunas empresas.

De acuerdo al ranking de las mil empresas que más vendieron en la Argentina durante el año 2009, el Frigorífico Mattievich, cuyos principales accionistas son José Emilio Esteban y Antonio Rogelio Mattievich, ocupó el lugar 960, llegando a vender por un monto de 145 millones de pesos, alrededor de 280 pesos por minuto.

En el año 2008, la misma empresa facturó por 141 millones de pesos, es decir que sus cuentas no están mal, ni mucho menos.

¿Por qué ahora recurre al procedimiento de crisis?.

¿Por qué no puede seguir “aguantando” a los trabajadores que hicieron posible semejante volumen de producción y ventas?.

Mala leche

Los trabajadores nucleados en Agrupación de Trabajadores Lácteos 7 de Febrero de Rosario se concentraron el martes 8 de junio en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial con el objetivo de reclamar la reincorporación de cinco trabajadores despedidos del depósito que SanCor tiene en la Cuna de la Bandera.

“Rechazamos de plano el accionar de la empresa, que se ve reflejado también en la conflictiva situación que viven los trabajadores de Cotar. SanCor quiere cerrar el centro de distribución de Rosario y ya ha llevado a la quiebra a Cotar. No permitiremos que por los intereses patronales 300 obreros queden en la calle”, señala un comunicado de la Agrupación de Trabajadores Lácteos 7 de Febrero.

Desde este sector gremial, que está en medio de una pelea interna con la conducción nacional de Atilra, señalaron que dos de los empleados despedidos el pasado 17 de mayo, Pedro Estrada y Ariel Chávez, eran miembros de comisión de la antigua seccional Rosario de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) que fue intervenida después de los incidentes de diciembre del 2008, y otros dos estaban postulados para delegados en la lista opositora a la del Consejo Directivo nacional en las elecciones que se realizaron el año pasado en la localidad de El Trébol.

Héctor Romero, uno de los delegados del centro de distribución de SanCor en Rosario, donde trabajan 98 operarios, advirtió que la empresa cerró nueve sucursales en todo el país, tiene pensado trasladar al resto de los empleados de Rosario a la planta de Gálvez.

Los conflictos internos en este sector explotaron el 3 de diciembre de 2008, cuando en las inmediaciones de la sede de Atilra se enfrentaron dos sectores, cuyo resultado fue la muerte del cordobés Hugo Cornejo, quien falleció a causa de un disparo.

Luego, en abril de 2009 se realizó una asamblea general extraordinaria de delegados congresales de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea, en la que se aprobó la expulsión de los dirigentes involucrados en los incidentes. Se disolvió la seccional Rosario del gremio, que estaba a cargo de este sector alineado con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y los afiliados de esa delegación pasaron a la seccional de El Trébol.

Más allá de las lecturas periodísticas sobre el conflicto gremial, la responsable de los despidos es la empresa SanCor.

Una firma que no tiene problemas de plata.

De acuerdo al ranking de las mil empresas que más venden en la Argentina, Sancor ocupa el lugar 65 y facturó durante el año 2009, nada menos que 2.505 millones de pesos, a razón de 4.832 pesos por minuto. Un poder económico que, obviamente, tiene capacidad de maniobra política y gremial.

En “Leche hervida”, boletín de los trabajadores de la industria láctea, número uno de la segunda época, los obreros escribieron una nota titulada “Derechos 0 por ciento” que resumen la política de SanCor de los últimos años.

“Retiro voluntario, plan de retiro voluntario prejubilatorio, reestructuración de personal, han sido los nombres elegidos por la empresa para lo que terminó significando la pérdida de mil quinientos puestos de trabajo en cuatro años”, apunta la publicación.

Dice que “la política de esta industria láctea parece asemejarse cada vez más a las publicidades de productos adelgazantes. Reducción, ajuste, promesas de felicidad eterna para quienes se acerquen y adopten sus objetivos como propios. Mientras, como los componentes truchos de las pastillas para bajar de peso, carcomen el tejido fundamental de la clase trabajadora: la reivindicación de sus derechos, la solidaridad y la visión de un futuro mejor posible”, termina el artículo de “Leche hervida”.