Represas, ¿qué intereses defienden?
Por: EDGARDO KRISTENSEN
Los objetivos fundamentales que llevaron a desarrollar el sistema de represas El Chocón-Cerros Colorados por parte de la desaparecida y muy extrañada empresa nacional Agua y Energía fueron:
1) resguardar vidas y bienes aguas abajo de las obras,
2) facilitar el riego para 1.000.000 de hectáreas y
3) generar hidroelectricidad limpia y barata (dejando aclarado que la zona del Comahue -Neuquén, Río Negro y partidos sureños de Buenos Aires- tendría tarifas preferenciales...).
Cuando asumió el gobierno subversivo del general Juan Carlos Onganía se creó la empresa Hidronor, que fue la responsable de llevar adelante el proyecto. Bien sabemos que han pasado más de tres décadas de finalizadas las obras y sólo se ha cumplido acabadamente con la generación de electricidad. Por el contrario, no se ha desarrollado el riego de un millón de hectáreas de tierras productivas ni tampoco se ha cumplido con la prioridad de salvaguardar vidas y bienes de quienes vivimos en la región desde mucho tiempo antes de que se hicieran las obras. Tampoco se ha beneficiado a la zona del Comahue con las tarifas preferenciales o promocionales enunciadas oportunamente.
El primer gran impacto negativo se produjo por la alteración de los caudales naturales de los ríos, lo cual generó y genera una serie de inconvenientes en los suelos productivos de tal magnitud que ya en la década de 1980 un trabajo del INTA realizado por intermedio de la sección Riego y Drenaje, titulado "Comentarios sobre problemas que se han originado por la modificación de los regímenes de los ríos", advertía: "Un relevamiento efectuado por las agencias de extensión de esta EERA establece una superficie afectada por este problema de algo más de l3.000 hectáreas". Sobre ello decía el ingeniero Enrique Sánchez en una nota del 28/12/1993: "El caudal del Río Negro incide sobre la altura de la napa freática. Cuando ésta se halla próxima a la superficie afecta la fisiología de los frutales, lo cual se traduce en menor crecimiento radical, menor absorción de los nutrientes, menor producción de hormonas, menor fotosíntesis y acentuación de deficiencias nutricionales".
Cuando en la década del ´90 se produjeron las concesiones de las represas hidroeléctricas se establecieron caudales y franjas de operación que permitieran reducir los riesgos de factores negativos, tanto para la producción como para la población ubicada aguas abajo. En tal sentido la creación, en diciembre de l985, de la Autoridad Interjurisdiccional de los ríos Limay, Neuquén y Negro, que fue conformada varios años después, nos permitía alentar la esperanza de que con el cumplimiento cabal del tratado se asegurarían para siempre los intereses de todos los habitantes de la región. Basta recordar que en el punto primero expresa: "Las provincias detentan el dominio público inalienable e imprescriptible respecto de los ríos que forman las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Consecuentemente, corresponde a las mismas el ejercicio de la jurisdicción sobre tales recursos. Los estados provinciales signatarios tienen el derecho exclusivo de reglar el uso de tales recursos hídricos a través de tratados entre todos ellos".
Hoy, luego de casi 25 años de la creación de la AIC, podemos decir que poco se ha logrado en protección de riberas y cada día que pasa los cauces están más deteriorados, la napa freática sigue y seguirá siendo un obstáculo para la producción y las costas continuarán sufriendo la erosión causada por el manejo del agua, manejo que sigue privilegiando la generación de electricidad por encima de los intereses regionales. Así observamos que hasta hace poco tiempo los ríos Limay y Neuquén parecían simples arroyos mientras se seguía acumulando agua en los lagos para generar reservas y ahora resulta que tenemos que evacuar caudales que ponen en peligro vida y bienes, algo que según lo sabiamente previsto cuando se inició el proyecto Chocón- Cerros Colorados era lo primero que debía favorecerse con las represas.
¿Hasta cuándo la región estará sujeta a decisiones de quienes desde lejanas oficinas que responden a órdenes de la Secretaría de Energía indican cuándo y cuánto abrir las compuertas de las represas, dejando la región expuesta a inundaciones, con todos los riesgos que ello provoca?
¿Alguna vez podrá la AIC cumplir seriamente con lo que dice el tratado firmado en l985?
¿No será que los funcionarios que la integran deberán defender mejor los intereses de nuestra comunidad y no dejarse avasallar por quienes sólo pretenden lucrar con la generación de electricidad?
Si son nuestros representantes, ¿cómo explican que en pocos días pasemos de ríos casi sin agua a inundaciones que traen tantos daños y sufrimiento a la población? ¿Cómo explican su inacción ante el vertido permanente y creciente de efluentes contaminantes que agreden la pureza natural de estos cursos de agua, que son paradigmas de vida y futuro, fenómeno contaminante que es más agresivo durante los largos períodos de estiaje que se generan cuando se obstruye el paso del agua para guardarla para generar la energía que hace falta en otras partes del país y disimular, así, otra falla del gobierno: no invertir en ampliar el parque generador?
¿Se cumplen las cotas de nivel previstas para atenuar los riesgos en caso de que las condiciones meteorológicas se agravaran y continuaran las lluvias en la cordillera?
Alguien debería ser responsable por este manejo caprichoso que tanto daño genera y que borra para siempre aquella imagen que en diciembre de l985 permitió vislumbrar en la creación de la AIC, un verdadero hito del federalismo, hoy tristemente convertida en algo totalmente alejado de la idea que originó su creación.
Especial para "Río Negro"
