Diez días que sacudieron a Uruguay
Hasta los primeros días de agosto el gobierno uruguayo negociaba su participación en el TISA (Trade in Services Agreement) para desregular servicios y comercio, con fuerte respaldo de su ministro de Economía, Danilo Astori, y se disponía a aprobar el presupuesto quinquenal, pese a las resistencias de algunos sindicatos, en particular de la educación. El presidente Tabaré Vázquez ejercía “un tipo de liderazgo casi monárquico”, en la acertada expresión del historiador Gerardo Caetano (Brecha, 4/9/15).
Un mes después, el gobierno sufrió una derrota inapelable por parte de los sindicatos docentes, debió afrontar la mayor movilización social en años (y la más numerosa contra un gobierno de izquierda), el liderazgo de Vázquez fue confrontado en la calle, en su propio partido y en el movimiento sindical, y cerró la quincena con el anuncio del abandono de las negociaciones del TISA. De este modo, las aspiraciones de convertir a Uruguay en socio privilegiado de Estados Unidos en el Mercosur se vieron frustradas por la contundente movilización popular.
Lo sucedido tiene su historia. Los sindicatos de la educación enfrentan desde hace medio siglo el autoritarismo. Primero el del gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), quien decretó la intervención de la enseñanza secundaria y técnica en el marco del estado de excepción para contener la protesta social. Con el retorno de la democracia en 1985, los sindicatos de docentes siguieron resistiendo las reformas neoliberales y protagonizaron importantes luchas en la década de 1990.
Desde hace una década y media demandan que 6 por ciento del presupuesto nacional se invierta en la educación. Luego de 11 años de gobierno del Frente Amplio, la inversión en educación sigue siendo uno de las principales deudas de la izquierda. Bajos salarios, locales en malas condiciones, déficit de docentes que impide que se cubran los cupos en todos los niveles educativos, y un desempeño general estancado con tendencia al retroceso, son tendencias de largo aliento que no han sido revertidas por los tres gobiernos de la izquierda.
El aspecto más llamativo son las malas relaciones que mantuvieron con los gremios docentes. El ex presidente José Mujica dijo al promediar su mandato: “Hay que juntarse y hacer mierda a esos gremios”, en referencia a los sindicatos de la educación (Brecha, 28/8/15). Sin embargo, nadie había llegado tan lejos como Vázquez, quien el lunes 24 de agosto decretó la “esencialidad” para quebrar la huelga docente con sumarios y destituciones masivas.
Fue la primera vez desde 1985 que se imponía semejante medida, a la que ni siquiera los gobiernos neoliberales apelaron. La respuesta fue drástica: miles de maestras se concentraron ante la sede sindical en clara señal de desacato al autoritarismo; la central sindical decidió un paro general y una marcha de 50 mil docentes y estudiantes gritó contra el decreto de Vázquez, mientras 50 centros de estudio eran ocupados. El Frente Amplio se dividió. Sólo la derecha respaldó al presidente.
En un clima de crispación entre gobierno y sindicatos, el Frente Amplio realizó un plenario el primer sábado de septiembre para discutir, luego de idas y venidas, la posición frente al TISA. La votación de los delegados de los sectores y de las bases mostró el aislamiento del gabinete: 117 votaron por retirarse de las negociaciones y sólo 22 respaldaron al Ejecutivo. El lunes 7 el gobierno anunció que Uruguay dejará de participar en las negociaciones.
El TISA también tiene su historia. Como destaca el economista Antonio Elías, a quien le cupo el mérito de destapar el secreto, hubo tres etapas: “La primera, en secreto absoluto; la segunda, semipública, pero no hubo discusión; la tercera fue pública, hubo discusión, pero los documentos secretos no fueron entregados a la sociedad para su análisis” (Voces, 10/9/15).
Durante casi un año, entre septiembre de 2013 y julio de 2014, cuando se publican los primeros datos, el gobierno de Mujica llevaba adelante negociaciones sin informar a la población, a su fuerza política ni al parlamento. El canciller Luis Almagro, premiado por Mujica con el máximo cargo en la OEA, debió reconocer que se estaba negociando y aseguró que es un tratado positivo para el país.
Las negociaciones oficiales comenzaron en febrero de 2015, sin anuncio oficial, en los últimos días del gobierno Mujica. Fue la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá la que informó del ingreso de Uruguay en las negociaciones, recuerda Elías. Sería bueno que alguien, en alguna parte del mundo donde se lo aclama, le preguntara al ex presidente sobre las razones de tan significativo silencio.
Lo importante es que apenas se rompió el silencio, la sociedad uruguaya rechazó contundentemente el TISA. Los medios de izquierda, que en este país siempre han jugado un papel decisivo; el movimiento sindical, organizaciones sociales y ambientalistas, grupos como la Red de Economistas de Izquierda (Rediu), académicos e intelectuales, modificaron la relación de fuerzas. La votación en el seno del Frente Amplio, donde quedaron aislados los partidarios de Astori y Vázquez, refleja el modo de pensar de la mayoría de los uruguayos.
En el desencadenamiento de los hechos se vivió la feliz coincidencia entre la lucha de los gremios docentes, que aún no ha finalizado, y la resistencia al TISA que es la continuación de la que en 2007 libró la izquierda social contra el TLC con Estados Unidos que pretendía firmar Vázquez en su primer gobierno. En ambos casos se quedó sólo con el apoyo de la derecha y el rechazo del movimiento popular.
La derrota de la “esencialidad” contra los docentes y la derrota del TISA tienen algo en común: esta sociedad no se deja llevar por delante con políticas autoritarias, ni en nombre del desarrollo, ni siquiera bajo un gobierno que dice ser de izquierda. La calle le puso límites al giro a la derecha.
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Es lo mismo el TiSA y el TTIP?
TTIP son las siglas de Transatlantic Trade Investment Partnership, que significa aproximadamente Asociación Trasatlántica de Inversión. Mientras el TiSA pretende abrir mercados a los servicios entre los 24 participantes, el TTIP es una negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Sus objetivos son abrir los Estados Unidos a las empresas de la Unión, eliminar las dificultades a la exportación que las compañías encuentran y, en general, establecer nuevas reglas para que la exportación, importación e inversión entre EEUU y la UE resulten más sencillas
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Nueva propuesta de mecanismo de arbitraje para el TTIP : más de lo mismo
Comunicado de Prensa
Amigos de la Tierra se opone a cualquier tipo de arbitraje que otorgue derechos a las empresas por encima de gobiernos y ciudadanos
La Comisión Europea anunció ayer, 16 de septiembre, su plan para reformar el muy controvertido mecanismo de arbitraje entre inversores y estados, conocido por ISDS, actualmente en negociación en el marco del Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, TTIP [1]. El ISDS, presente en numerosos tratados de inversiones ya ratificados, otorga derechos a los inversores extranjeros por encima de los marcos legislativos y tribunales de los estados, constituyendo un grave atentado a su soberanía.
La propuesta de la Comisión Europea, que la propia Comisaria de Comercio Cecilia Malmström califica de “reforma y modernización del antiguo sistema de resolución de conflictos”, pretende reemplazar el mecanismo del ISDS por un sistema de tribunales que incluiría una corte de inversión en primera instancia y una de apelación.
Si bien la Comisión, al menos en sus declaraciones, intenta abordar algunas de las críticas al ISDS - con la designación pública de los jueces o supuestamente la garantía a los estados de poder legislar, no hace más que disfrazar un sistema que no es necesario, ni aborda el problema de raíz: la concesión exclusiva de privilegios a los inversores extranjeros por encima de la sociedad, de los gobiernos y de los inversores domésticos, en clara contradicción con el carácter democrático de la Unión Europea y la libre competencia.
Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, ha afirmado: “la propuesta de la CE para reformar el sistema de arbitraje está hecha con la misma vara de medir que el anterior mecanismo. A pesar de su nuevo nombre y algunas reformas de funcionamiento, blinda los derechos de los inversores extranjeros sin exigirles ninguna obligación para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente. Este sistema es inaceptable en una democracia”.
La inclusión del arbitraje entre inversores y estados no es necesaria. Inversiones multibillonarias han tenido lugar sin este mecanismo entre EE.UU. y la UE (y sus Estados) en las últimas décadas. En la actualidad, menos del 10% de estas inversiones están cubiertas por un ISDS. Incluir un arbitraje de estas características en el TTIP incrementaría drásticamente su alcance, con el consiguiente aumento de demandas a los Estados europeos [2]. Los inversores ya disponen de mecanismos de protección, como acudir a los tribunales normales, por lo que no existe ninguna razón para otorgarles este poder descomunal con una corte específica de inversiones.
Por otra parte, el carácter unidireccional del sistema no se aborda en la reforma: mientras las empresas extranjeras pueden demandar a los gobiernos, en particular si estos legislan en pro del interés social y del medio ambiente, los gobiernos no pueden demandar a las empresas en estos tribunales. Igualmente, las comunidades afectadas por inversiones empresariales no tienen acceso tampoco a la justicia. La capacidad de las democracias para regular se ve socavada y la de los pueblos para defenderse totalmente ignorada. De hecho, mientras la Comisión Europea insiste en blindar los derechos de las empresas, se opone categóricamente en Naciones Unidas a un tratado vinculante de protección de los derechos humanos frente a los abusos de las multinacionales [3].
También resulta curioso cómo la Comisión hace oídos sordos a su propia consulta a la ciudadanía sobre el ISDS, cuyos resultados se conocieron en enero de 2015. Más del 97% de las respuestas se posicionaban claramente en contra de un sistema de estas características [4].
La propuesta, que se tendrá que acordar con los estados miembro y el Parlamento Europeo, y a posteriori negociar con Estados Unidos, confirma la falta de voluntad por parte de la Comisión Europea de prescindir de un sistema de privilegios para los inversores en detrimento de la ciudadanía y el medio ambiente, y decide centrarse en los cambios superficiales que mantienen el sistema de arbitraje prácticamente inmutable
Amigos de la Tierra se opone al TTIP y el CETA en sí, sin o con ISDS. ***
Más información: Teresa Rodríguez Pierrard, responsable de prensa de Amigos de la Tierra: 680 936 327 Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra: 653 968 935 ***Notas: [1] http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1364[2] http://www.s2bnetwork.org/isds-statement/[3] http://www.tierra.org/spip/spip.php?article2210[4] http://www.foeeurope.org/eu-commission-deaf-opposition-investor-privileges-130115
La propuesta de la Comisión Europea, que la propia Comisaria de Comercio Cecilia Malmström califica de “reforma y modernización del antiguo sistema de resolución de conflictos”, pretende reemplazar el mecanismo del ISDS por un sistema de tribunales que incluiría una corte de inversión en primera instancia y una de apelación.
Si bien la Comisión, al menos en sus declaraciones, intenta abordar algunas de las críticas al ISDS - con la designación pública de los jueces o supuestamente la garantía a los estados de poder legislar, no hace más que disfrazar un sistema que no es necesario, ni aborda el problema de raíz: la concesión exclusiva de privilegios a los inversores extranjeros por encima de la sociedad, de los gobiernos y de los inversores domésticos, en clara contradicción con el carácter democrático de la Unión Europea y la libre competencia.
Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, ha afirmado: “la propuesta de la CE para reformar el sistema de arbitraje está hecha con la misma vara de medir que el anterior mecanismo. A pesar de su nuevo nombre y algunas reformas de funcionamiento, blinda los derechos de los inversores extranjeros sin exigirles ninguna obligación para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente. Este sistema es inaceptable en una democracia”.
La inclusión del arbitraje entre inversores y estados no es necesaria. Inversiones multibillonarias han tenido lugar sin este mecanismo entre EE.UU. y la UE (y sus Estados) en las últimas décadas. En la actualidad, menos del 10% de estas inversiones están cubiertas por un ISDS. Incluir un arbitraje de estas características en el TTIP incrementaría drásticamente su alcance, con el consiguiente aumento de demandas a los Estados europeos [2]. Los inversores ya disponen de mecanismos de protección, como acudir a los tribunales normales, por lo que no existe ninguna razón para otorgarles este poder descomunal con una corte específica de inversiones.
Por otra parte, el carácter unidireccional del sistema no se aborda en la reforma: mientras las empresas extranjeras pueden demandar a los gobiernos, en particular si estos legislan en pro del interés social y del medio ambiente, los gobiernos no pueden demandar a las empresas en estos tribunales. Igualmente, las comunidades afectadas por inversiones empresariales no tienen acceso tampoco a la justicia. La capacidad de las democracias para regular se ve socavada y la de los pueblos para defenderse totalmente ignorada. De hecho, mientras la Comisión Europea insiste en blindar los derechos de las empresas, se opone categóricamente en Naciones Unidas a un tratado vinculante de protección de los derechos humanos frente a los abusos de las multinacionales [3].
También resulta curioso cómo la Comisión hace oídos sordos a su propia consulta a la ciudadanía sobre el ISDS, cuyos resultados se conocieron en enero de 2015. Más del 97% de las respuestas se posicionaban claramente en contra de un sistema de estas características [4].
La propuesta, que se tendrá que acordar con los estados miembro y el Parlamento Europeo, y a posteriori negociar con Estados Unidos, confirma la falta de voluntad por parte de la Comisión Europea de prescindir de un sistema de privilegios para los inversores en detrimento de la ciudadanía y el medio ambiente, y decide centrarse en los cambios superficiales que mantienen el sistema de arbitraje prácticamente inmutable
Amigos de la Tierra se opone al TTIP y el CETA en sí, sin o con ISDS. ***
Más información: Teresa Rodríguez Pierrard, responsable de prensa de Amigos de la Tierra: 680 936 327 Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra: 653 968 935 ***Notas: [1] http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1364[2] http://www.s2bnetwork.org/isds-statement/[3] http://www.tierra.org/spip/spip.php?article2210[4] http://www.foeeurope.org/eu-commission-deaf-opposition-investor-privileges-130115
