Argentina-Barrick: imputan al secretario de Minería por el derrame de cianuro
Es Jorge Mayoral, que depende del ministro Julio De Vido. Investigan si hubo falta de control del Estado nacional.
La Justicia Federal avanza en determinar la responsabilidad del Estado Nacional y Provincial en el derrame del millón de litros de agua con cianuro en la minera Veladero, operada por la corporación Barrick Gold. La Justicia Federal ordenó ayer allanar las Secretarías de Minería y Ambiente de la Nación y también organismos provinciales. En la causa ya están imputados seis funcionarios nacionales entre quienes figura Jorge Mayoral, responsable del área minera del Ministerio de Planificación Federal, que dirige Julio De Vido.
Las medidas, entre las que se incluyen tomas de muestra del agua, fueron autorizadas por el juez federal Sebastián Casanello y pedidas por el fiscal federal Ramiro González. Ocurrieron 48 horas después de que el juez de Jáchal autorizara a Barrick Gold volver a utilizar cianuro en la mina de oro, tras afirmar que el agua no está contaminada. Los peritos de Naciones Unidas, llamados por el gobierno provincial, habían asegurado que se debe tener cautela con los primeros resultados porque la contaminación puede aparecer más tarde.
El objetivo de los procedimientos de ayer, explicaron fuentes judiciales a Clarín, es reconstruir lo sucedido en la noche del sábado 12 de septiembre cuando una válvula comenzó a perder agua cianurada y una compuerta, que debía estar cerrada no lo estaba, lo que permitió que el agua llegue al río. La Justicia federal busca determinar si hubo responsabilidad del Estado por falta de control y también de los particulares en su operatoria. Por eso también imputaron a los responsables de Barrick Gold en Argentina. La orden de Casanello llegó también a San Juan y fue llevada adelante por el juez Maximiliano Blejman, quien ordenó allanar los ministerios provinciales de Minería y Salud Pública, la secretaría de Ambiente y Obras Sanitarias.
El gobierno de José Luis Gioja, acusado por los vecinos de Jáchal de no haber informado inmediatamente del derrame, en un comunicado explicó que puso “la totalidad de la documentación referente a la contingencia ocurrida el día 13”, aunque el derrame fue el día anterior. Por el caso ya hay en marcha dos causas federales. Una, a cargo de Casanello, y otra impulsada por el fiscal Federico Delgado. En el juzgado de Jáchal hay otra. La lleva adelante Pablo Oritja, quien ayer por la mañana declaró a La red Informativa que había imputado a nueve empleados locales de Barrick, quienes estaban a cargo de la mina. A la tarde, desmintió la información a Cadena 3. Al cierre de esta edición, en el departamento de legales de Barrick todavía no tenían la notificación de la imputación. Según lo informado por el juez, las citaciones habrían sido enviadas a nueve empleados para la semana del 6 de octubre. También ayer la diputada Elisa Carrió dijo que denunciará penalmente a Gioja.
“No somos ingenuos, no nos vamos a conformar con que el juez impute a nueve empleados de la mina. La responsabilidad es básicamente del Estado Provincial y Nacional que debió controlar la operación”, explicó a Clarín ayer Diego Seguí, abogado querellante. Lo hacía mientras viajaba en una caravana hacia la capital sanjuanina. El final fue una marcha histórica en la que pidieron al gobierno provincial información sobre lo actuado y una ley para prohibir la minería a cielo abierto. El debate sobre este tipo de explotación estalló en medio de la campaña. El jueves viajó hasta ahí, Daniel Scioli, quien defendió la actuación de Gioja.
Las medidas, entre las que se incluyen tomas de muestra del agua, fueron autorizadas por el juez federal Sebastián Casanello y pedidas por el fiscal federal Ramiro González. Ocurrieron 48 horas después de que el juez de Jáchal autorizara a Barrick Gold volver a utilizar cianuro en la mina de oro, tras afirmar que el agua no está contaminada. Los peritos de Naciones Unidas, llamados por el gobierno provincial, habían asegurado que se debe tener cautela con los primeros resultados porque la contaminación puede aparecer más tarde.
El objetivo de los procedimientos de ayer, explicaron fuentes judiciales a Clarín, es reconstruir lo sucedido en la noche del sábado 12 de septiembre cuando una válvula comenzó a perder agua cianurada y una compuerta, que debía estar cerrada no lo estaba, lo que permitió que el agua llegue al río. La Justicia federal busca determinar si hubo responsabilidad del Estado por falta de control y también de los particulares en su operatoria. Por eso también imputaron a los responsables de Barrick Gold en Argentina. La orden de Casanello llegó también a San Juan y fue llevada adelante por el juez Maximiliano Blejman, quien ordenó allanar los ministerios provinciales de Minería y Salud Pública, la secretaría de Ambiente y Obras Sanitarias.
El gobierno de José Luis Gioja, acusado por los vecinos de Jáchal de no haber informado inmediatamente del derrame, en un comunicado explicó que puso “la totalidad de la documentación referente a la contingencia ocurrida el día 13”, aunque el derrame fue el día anterior. Por el caso ya hay en marcha dos causas federales. Una, a cargo de Casanello, y otra impulsada por el fiscal Federico Delgado. En el juzgado de Jáchal hay otra. La lleva adelante Pablo Oritja, quien ayer por la mañana declaró a La red Informativa que había imputado a nueve empleados locales de Barrick, quienes estaban a cargo de la mina. A la tarde, desmintió la información a Cadena 3. Al cierre de esta edición, en el departamento de legales de Barrick todavía no tenían la notificación de la imputación. Según lo informado por el juez, las citaciones habrían sido enviadas a nueve empleados para la semana del 6 de octubre. También ayer la diputada Elisa Carrió dijo que denunciará penalmente a Gioja.
“No somos ingenuos, no nos vamos a conformar con que el juez impute a nueve empleados de la mina. La responsabilidad es básicamente del Estado Provincial y Nacional que debió controlar la operación”, explicó a Clarín ayer Diego Seguí, abogado querellante. Lo hacía mientras viajaba en una caravana hacia la capital sanjuanina. El final fue una marcha histórica en la que pidieron al gobierno provincial información sobre lo actuado y una ley para prohibir la minería a cielo abierto. El debate sobre este tipo de explotación estalló en medio de la campaña. El jueves viajó hasta ahí, Daniel Scioli, quien defendió la actuación de Gioja.
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Tras el conflicto con la Barrick Gold
CTA Autónoma solicitó al Congreso Nacional que declare “Emergencia sanitaria, hídrica y ambiental en las zonas de actividad minera a cielo abierto”
Frente al conflicto suscitado por un derrame de cianuro en la cuenca del Río Jáchal en la Provincia de San Juan el pasado domingo 13 de septiembre, y a un día de que el Juez de esa localidad, Pablo Oritja, dispusiera el cese de la medida cautelar por medio de la cual se suspendían las actividades que emplearen cianuro en la mina Veladero, la CTA Autónoma realizó una petición formal al Congreso Nacional para que tome cartas en el asunto.
La nota solicita se dicte una ley que “declare la emergencia sanitaria, hídrica y ambiental de las regiones donde existan, en cualquiera de sus etapas, procesos mineros metalíferos que utilicen sustancias químicas hidro-tóxicas o a cielo abierto”, y que disponga a su vez el "cierre de todos los proyectos actualmente en ejecución y se prohíba la actividad minera a cielo abierto con uso de sustancias químicas hidro-tóxicas en todo el territorio nacional.”
A su vez, el documento firmado por el secretario General de la CTA-A Pablo Micheli y por los secretarios Adjuntos Ricardo Peidro y José Rigane, propone y subraya que todas estas medidas sean realizadas dentro de un programa de preservación de los puestos de trabajo y reconversión de los emprendimiento mineros hidro-tóxicos en proyectos no contaminantes.
En este marco, requiere que se prevea también la reparación integral de los daños causados por esta actividad a los ciudadanos, poblaciones y ambientes afectados. Desde la Central señalaron: “Se está poniendo en juego la salud de la población y, de acuerdo a la legislación vigente, las únicas beneficiadas son las empresas mineras”.
Por otro lado, el petitorio solicita la urgente necesidad de que se investiguen y determinen las responsabilidades penales, civiles y/o administrativas que pudieren corresponder, por los delitos y daños causados por este tipo de actividades, al igual de que se realice una consulta a la población en general para la elaboración de nuevas leyes que rijan la materia y contemplen la participación de los trabajadores en las ganancias de dicha actividad.
Las medidas solicitadas por la CTA Autónoma alcanzarían a la totalidad de las minas a cielo abierto que, según estudios y denuncias realizadas por distintas instituciones, afectarían negativamente la salud de la población aledaña a los emprendimientos, los ríos y reservas de agua y al ambiente en general.
Imagen: www.losandes.com.ar
