México: La economía de guerra de Occidente se adentra en una bahía en Sinaloa
25 de marzo de 2026, Berlín: una bandera roja, blanca y azul se extiende frente a la Puerta de Brandenburgo, icono de un país que se proclama como modelo de democracia y de derechos humanos. La sostienen dos mujeres que llevan en su pecho una consigna: Aquí ¡no! La bandera tiene en su centro un venado cornudo y dos flechas cruzadas. El venado señala la conexión del mundo humano con el mundo sagrado del monte, y las flechas a los cuatro elementos y puntos cardinales que sostienen todo el universo. Es la bandera de la nación yoreme-mayo, una población indígena del noreste de México. Este nombre significa “el pueblo que respeta la tradición”, con lo que se diferencian de la población del hombre blanco, o “yori”, que significa “el que no respeta”. Y, precisamente, lo que exigen las defensoras del territorio yoreme-mayo con su visita a la capital alemana es que los europeos respeten algunos de los principios más básicos del derecho ambiental y de la autodeterminación de los pueblos.
Renata Ruiz Figueroa / Francisco Hernández Moleres
Apenas unos meses antes, estas mismas mujeres sostenían esa bandera en una protesta en su comunidad natal, Lázaro Cárdenas, en el municipio de Ahome, en la costa del Pacífico del estado de Sinaloa, cuna del narcotráfico en México. En esa ocasión lo hacían portando chalecos antibalas, pues ya desde 2024 han sufrido intimidaciones y amenazas por su labor de defensa comunitaria y del territorio. Sus nombres, Melina Maldonado Sandoval y Claudia Quintero Sandoval, están en el centro del movimiento “¡Aquí no!”, compuesto en su mayoría por mujeres mayo-yoreme, autoridades ejidales, municipales y tradicionales de las comunidades afectadas –Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones–, además de cooperativas de pescadores, sectores académicos, abogados y otros grupos activistas nacionales e internacionales.
Lo que defienden es una bahía: las aguas de Santa María-Topolobampo-Ohuira, hogar de manglares y humedales protegidos, de aves, delfines, manatíes, camarones, ostiones y tortugas marinas, y sustento de miles de familias pescadoras durante generaciones. La amenaza es la construcción de la mayor planta de producción y almacenamiento de amoníaco de América Latina por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria de la suiza Proman AG (con sede en el paraíso fiscal de Wollerau), con financiamiento del banco alemán KfW IPEX-Bank y garantías de crédito a la exportación del propio Gobierno de Alemania. La planta produciría miles de toneladas de amoníaco al día, para lo cual extraería 2.000 metros cúbicos de agua de mar por hora de esa misma bahía que hoy sostiene la vida de toda esta comunidad.
Ante esta amenaza, Claudia y Melina viajaron a Berlín para presentar una queja oficial e intentar frenar el proyecto. En palabras de la primera: “El KfW IPEX-Bank y el Gobierno federal alemán no pueden eludir aquí su responsabilidad. Su capital financia un proyecto que contamina nuestra bahía y destruye el futuro de las comunidades indígenas. Exigimos que no se destinen más fondos públicos a proyectos que, debido a sus repercusiones sobre las personas y el clima, nunca se permitirían en su propio país”.
El amoníaco se ha convertido en uno de los productos más codiciados del nuevo orden mundial
¿Pero por qué Alemania estaría interesada en un proyecto como este? ¿Qué beneficio obtiene, y por qué ahora? ¿Qué significa la lucha de Ohuira contra las plantas químicas que se proyectan en su territorio en términos globales? La respuesta corta es que el amoníaco se ha convertido en uno de los productos químicos estratégicos más codiciados del nuevo orden mundial. La respuesta larga es que, para entender esta conjetura, hay que mirar en múltiples direcciones. Primero, de las orillas de Topolobampo, donde una comunidad indígena lleva once años defendiendo un territorio vivo, hasta el Mar Negro, donde la guerra ruso-ucraniana destruyó en 2022 la principal vía de exportación de gas ruso y reorganizó de golpe la geografía mundial del nitrógeno. Después, al estrecho de Ormuz, donde la guerra entre Estados Unidos e Irán en 2026 cerró el paso al 30% del comercio global de fertilizantes y convirtió fuentes alternativas de amoníaco en activos geopolíticos de primera importancia. Estos puntos dispersos convergen en una misma escena en Topolobampo, Sinaloa, donde dos pescadoras con chaleco antibalas se enfrentan no solo a la industria petroquímica, sino también a un banco estatal alemán y a las ambiciones económicas de occidente.
Resistencia local frente al extractivismo
Cuando se inició el proyecto en 2013, la lógica de los inversores europeos correspondía con una ambición de ampliación de capital y de captación del mercado latinoamericano. El permiso para su construcción fue expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a pesar de que la consulta a los habitantes de la bahía Ohuira estuvo teñida de irregularidades. En respuesta, en 2018 y 2019 las comunidades indígenas presentaron una serie de amparos ante los tribunales mexicanos, por lo que en 2022 se hizo una nueva consulta por orden judicial. A pesar de un resultado dividido –en el que, de las trece comunidades consultadas, las cuatro más cercanas al sitio rechazaron la propuesta– los planes de construcción siguen adelante.
Hoy, la resistencia local se ha hecho más y más difícil. Tras casi 13 años de procesos legales, comisiones de investigación de impactos ambientales y lucha por parte de los habitantes más cercanos al proyecto, el conflicto ha alcanzado una nueva encrucijada con la llegada de equipos industriales de GPO a la bahía. El viaje de representantes del colectivo “¡Aquí no!” a Berlín para pedir la suspensión de los créditos de KfW hacia Proman AG y la protesta frente a la embajada alemana en la Ciudad de México el pasado 4 de junio demuestran el poder de lo que podríamos llamar una diplomacia no oficial del pueblo yoreme-mayo, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana, a la que se presume favorable al proyecto, todavía no ha realizado ninguna declaración al respecto.
La planta de GPO no es la única preocupación del colectivo “¡Aquí no!”. De hecho, cientos de manifestantes interrumpieron la colocación de la primera piedra del proyecto Pacífico Mexinol, también en la bahía de Ohuira, una planta con financiamiento estadounidense, mexicano y del Banco Mundial destinada a la producción de metanol. Ya que tanto el amoníaco como el metanol necesitan gas como materia prima, y que una de las prioridades comerciales de EEUU ha sido la exportación de gas licuado, tiene sentido que estas dos plantas estén planeadas a escasos kilómetros de distancia. Tras la protesta en Topolobampo, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, calificó el proyecto Mexinol como “una de las prioridades del presidente Donald Trump: el fortalecimiento de la seguridad energética de Norteamérica”. Al parecer, el suministro del gas licuado necesario para estas dos plantas lo llevará la compañía texana Mexico Pacific a través de buques con destino a Puerto Libertad (Sonora) y del gasoducto Sierra Madre Pipeline, que, una vez terminado, conectaría las cuencas gasíferas del oeste de Texas con Sonora. De momento, una medida cautelar emitida por un tribunal de Sonora ha podido frenar el tráfico de buques de carga que superen los trescientos metros de eslora para evitar el impacto que este tipo de navíos causan en el ecosistema, y especialmente en las 31 especies de ballenas que habitan en el golfo de California.
Amoníaco, metanol y la nueva geografía química global
Los eventos geopolíticos recientes han dotado a los proyectos de extracción de compuestos químicos en Topolobampo de una relevancia que tal vez era poco previsible en sus inicios, hace más de una década. A pesar de que estos desarrollos pudieran parecer de exclusivo interés privado y comercial –para la producción de fertilizantes, plásticos, combustibles y otros materiales, incluyendo municiones y explosivos–, la geopolítica actual nos muestra una imagen más compleja. Cuando el préstamo de KfW a Proman por un valor de 863 millones de euros se cerró en 2020 con la garantía del Estado alemán, la producción interna de amoníaco acababa de convertirse en un gran problema.
Antes de ese momento, Alemania dependía del gas ruso como insumo principal del proceso Haber-Bosch, con el que fabricaba sus propios fertilizantes nitrogenados, una dependencia que hacía cada vez más vulnerable toda su cadena agroindustrial. Con el rápido incremento del precio del gas natural al comenzar la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022, plantas alemanas como la de BASF cerraron sus líneas de producción de amoníaco por inviabilidad económica, lo que volvió aún más urgente asegurar fuentes externas de este recurso. El sabotaje del ducto Togliatti-Odesa en 2023 –el oleoducto de amoníaco más largo del mundo, que conectaba las plantas rusas del Volga con el Mar Negro– cerró además la principal ruta de exportación rusa y reorganizó de golpe la geografía mundial del nitrógeno. Los cierres del estrecho de Ormuz en 2026 y la escalada del presupuesto militar alemán desde 2024, destinado a crear el ejército convencional más grande de Europa para 2030, parecen sellar el destino de una operación que produciría, solo en el complejo de Topolobampo, unas 2.200 toneladas métricas diarias de amoníaco. A esta capacidad se suman las proyecciones de la planta de Pacífico Mexinol de producir 1,8 millones de toneladas métricas de metanol azul anuales. Esto convierte a la bahía de Ohuira en el embrión de un polo petroquímico completo, ubicado fuera del alcance de los conflictos que están reorganizando el suministro global de estos materiales.
La sombra de la guerra parece cernirse sobre la Unión Europea
En este contexto, la sombra de la guerra parece cernirse sobre la Unión Europea, y las protestas provenientes de México deben situarse en este marco de economía de guerra. Al aumentar el gasto nacional en defensa, los países de la UE están participando en un peligroso juego, no solo de escalada militar frente a sus vecinos continentales del este, sino también de intensificación de su relación neocolonial frente al Sur Global. El riesgo de una Rusia descontrolada, argumentan los diplomáticos europeos, es lo suficientemente alto como para requerir más fondos para gastos militares. Y los daños colaterales derivados de la extracción de recursos en el Sur, invisibilizados desde Europa, parecen cada vez más asumibles para los que no los tienen que sufrir en sus propias tierras ni en sus propios cuerpos.
Por su parte, los estrategas rusos perciben una Europa belicista, tal como lo ejemplifican las sugerencias del analista militar Sergei Karaganov –cada vez más aceptadas por el Kremlin– de que Rusia considere atacar Alemania antes de que sea “de nuevo” demasiado tarde. La memoria de Operación Barbarroja –la invasión de la Unión Soviética en el verano de 1941– sigue teniendo un importante significado para algunos observadores rusos cuando leen sobre los contratos de Alemania para suministrar tecnología de drones letales a Ucrania. Las bajas civiles en Kursk y en Moscú se presentan como momentos de peligro innegables para los analistas rusos. Y existe un registro histórico, por muy instrumentalizado que sea por el propio imperialismo ruso, que da crédito a sus afirmaciones. Lo que nos lleva a una inquietante pregunta: ¿cómo va a legitimarse Europa frente al Sur Global como una fuerza del orden internacional, opuesta a una Rusia o a un Estados Unidos imperialistas, si su extraccionismo no hace más que acelerarse?
No es casual que Estados Unidos también tenga un papel en esto. De acuerdo con un comunicado del propio KfW, el distribuidor del amoníaco de GPO producido en México será Koch Fertilizer LLC, parte del conglomerado Koch AG & Energy Solutions de los hermanos Charles y David Koch, la segunda empresa privada más grande de Estados Unidos y una de los principales financiadoras de la derecha republicana durante las últimas tres décadas. Aunque GPO argumenta que el amoníaco producido en Topolobampo se suministrará en su mayoría a México para paliar la dependencia de este país de la importaciones, el banco alemán afirma que éste se venderá también al mercado estadounidense a través de Koch Fertilizer. Al mismo tiempo –y esta es la justificación oficial del banco para su inversión–, las productoras de maquinaria química alemanas se beneficiarán de contratos para exportar la infraestructura necesaria para la planta en México. Pero una planta alejada de las zonas de conflicto, en el Pacífico mexicano, y con acceso directo al mercado norteamericano y potencialmente asiático, adquiere una dimensión estratégica que no existía en 2013, antes de la reorganización de la geografía del amoniaco global. Y como importante beneficiario, Koch –quien controlaría la distribución del producto final– sacaría aún una mayor tajada de esta planta a largo plazo que el propio KfW.
Es esta lucha entre el capital, por un lado, y el territorio y comunidades, por el otro, lo que define la anatomía del proyecto de GPO. Esto explica por qué el mismo bloque de poder que busca la escalada militar frente a Rusia o Irán comparte intereses económicos mutuos en Topolobampo, con la mirada puesta en sustituir las importaciones de países enemigos o simplemente en encontrar nuevos recursos y mercados para alimentar la economía de guerra de la OTAN. Dada la reducción del suministro de químicos del estrecho de Ormuz tras la desastrosa guerra de Israel y EEUU contra Irán, y vistos todos los gestos de un gobierno alemán que, a pesar de una retórica de oposición moral frente a Trump, está incrementando salvajemente su presupuesto militar para convertirse en una potencia subordinada a los intereses estadounidenses, el colectivo “¡Aquí no!” se enfrentará a varios contrincantes. Lo cual, si nos permitimos soñar con un desenlace favorable para los habitantes de Topolobampo, podría multiplicar el significado de un triunfo para ellos y ofrecer un modelo de oposición internacional frente a un capitalismo cada vez más desatado.
Una pequeña ciudad portuaria
“Topolobampo es una pequeña ciudad portuaria en el norte del estado mexicano de Sinaloa en el municipio de Ahome. Topolobampo se encuentra en el Golfo de California, cerca de Los Mochis. También se puede llegar en ferry a La Paz en Baja California Sur desde Topolobampo. Se pretende construir allí una fábrica de amoníaco para la producción de fertilizantes con fondos del banco KfW. Por otro lado, hay preocupaciones de los residentes debido a posibles problemas de seguridad”.
Esta es la entrada para Topolobampo en la Wikipedia alemana, reducida a cuatro frases escuetas. Además de un mapa, contiene una sola imagen: una ladera árida y rocosa que abre paso hacia el mar, donde un muelle industrial y un enorme buque atraviesan el agua. Al fondo, una franja de casas blancas sugiere que ahí viven algunas personas, quienes posiblemente trabajan también en la zona. En esta imagen, la industria no está llegando: la industria ya está ahí. Como un hecho consumado, la bahía aparece como un espacio predeterminadamente industrial.
Las que no aparecen aquí son las propias comunidades yoreme-mayo y lo que dicen de su propio territorio y su vida en él: un lugar donde todo está vivo, y en el que convergen –como señala su bandera– todos los rincones del universo. La bahía, donde existen comunidades humanas y frágiles ecosistemas, se ve, si acaso, como una fuente de recursos y un salvavidas ante la actual vulnerabilidad energética de Europa. La triste ironía de estos mecanismos coloniales, aún despiadadamente activos, es que para los habitantes de esta bahía la descripción extractivista de su territorio sería todo lo contrario a un salvavidas: un desastre económico y humano a gran escala. Así, mientras que GPO asegura que la planta se ubica en una zona “sin vegetación ni fauna”, la respuesta de Melina Maldonado Sandoval revela el contraste entre la relación de la empresa y de la comunidad local con ese territorio: “Dicen ellos que era muy poco mangle el que había en la orilla. Pero, para lo que ellos es poco, para nosotros lo es todo”.
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Renata Ruiz Figueroa es historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata doctoral en Columbia University.
Francisco Hernández Moleres es historiador, doctorado por la Universidad de Wisconsin-Madison.
Actualmente ambos son investigadores visitantes en el Instituto Leibniz de Historia Europea en Mainz.
Fuente: https://ctxt.es/es/20260601/Politica/53781/Renata-Ruiz-Figueroa-Francisco-Hernandez-Moleres-economia-de-guerra-Topolobampo-Mexico-ecocidio-colonialismo.htm - Imagen de portada: Bahía de Topolobampo. / panza.rayada
