Brasil - La minera VALE promueve la palma aceitera en Pará: Impactos de la “economía verde”
La región de los alrededores de Belém, capital del estado amazónico de Pará, Brasil, fue testigo en el siglo XIX de la llamada "Cabanagem", una de las mayores revueltas populares de la historia de Brasil, donde pueblos indígenas, negros, mestizos y de los sectores medios de la sociedad se organizaron para luchar por la libertad y la justicia. Estas revueltas son poco conocidas ya que fueron invisibilizadas por las clases dominantes en su versión de la historia "oficial". Hoy en día, el poder imperial en Brasil terminó, pero hay nuevas amenazas que intentan someter a los trabajadores del campo a una lógica de opresión, restringiendo su libertad y autonomía, y buscando asumir el control de sus territorios. Un ejemplo es la expansión del monocultivo de la palma aceitera.
Alrededor del año 2006, se inició un proceso de expansión del monocultivo de la palma aceitera en Pará, alcanzando incluso los municipios de Acará y São Domingos de Capim, a unos 100-150km de Belém, la capital del estado. Empresas como VALE y Petrobrás se apropiaron de tierras en la región y la llegada de la palma aceitera expulsó a muchas familias de sus territorios. Muchas de estas familias todavía continúan resistiendo hasta hoy a lo largo de las carreteras, mientras que otras ya están intentando sobrevivir en las ciudades. El proceso, según denuncian los pobladores, también provocó deforestación.
El drama social que viven los trabajadores del campo fue denunciado por los sindicatos y motivó a la intervención del gobierno, lo que hizo que las empresas cambiaran de táctica: intentaron convencer a los campesinos para que ellos mismos empezaran a plantar la palma aceitera en sus tierras - y el gobierno abrió una línea de financiación específica para otorgar préstamos a los agricultores. Un agricultor del asentamiento de Taperuçu cuenta que ya lleva unos 3-4 años con un contrato con la empresa Biovale (de la empresa minera VALE). El año pasado recogió las primeras frutas de palma, por las que obtuvo cerca de R$1,000 (US$ 268) por mes. Ahora espera que su cosecha rinda el doble. Sin embargo, el agricultor todavía no empieza a pagar el préstamo que recibió del gobierno, y no sabe cómo va a lidiar con la situación a partir del 2017, cuando la empresa Biovale ya no se hará cargo del transporte de las frutas hasta la fábrica de procesamiento, un trecho de más de 100 km. Para peor, en la tierra del asentamiento, además de palma aceitera, solo tiene un monocultivo de árboles para vender madera. Él agricultor dejó de plantar mandioca, el alimento básico más consumido en la región, que desde que la palma empezó a expandirse, ha aumentado significativamente de precio.
El mismo agricultor nos cuenta que tuvo que aplicar agrotóxicos - previsto en el contrato con la empresa Biovale -, pero que debió dejar de hacerlo porque se empezó a sentir mal. Todavía frágil y tembloroso, sigue sufriendo las consecuencias de la aplicación de productos que son venenos, en una región caliente y húmeda que dificulta el uso del equipo de protección individual (que tampoco es una protección totalmente segura). Otro peligro del trabajo en las plantaciones de palma es la existencia de muchas víboras venenosas. Escuchamos a personas denunciar que la propia empresa habría esparcido víboras venenosas en las plantaciones, pidiendo que no las mataran para intentar controlar la presencia de roedores que podrían comprometer la producción. Aparentemente, a la empresa no le preocupa el hecho de que las víboras representan otro riesgo para la salud de los trabajadores.
El problema de los agrotóxicos es grave. Los habitantes locales cuentan haber visto peces muertos en los ríos de la región y lo atribuyen a la llegada de la palma aceitera y a la contaminación que esta conlleva. El renombrado Instituto en salud pública Evandro Chagas de Belém, confirmó la denuncia de los pobladores al detectar la presencia de agrotóxicos en fuentes de agua de las cuales los pobladores de la región dependen. Uno de los productos utilizados en las plantaciones esel endosulfan, un producto muy peligroso para la salud humana, prohibido en varios países. Basándose en esos análisis, el Ministerio Público de Pará está intentado hacer un acuerdo de conducta con las empresas para intentar reducir la contaminación.
Con la plantación de palma aceitera de Biovale, la región entró de lleno en la ruta de la “economía verde”. Con la duplicación de su ferrovía, que lleva mineral de hierro desde la mayor mina del mundo - el complejo de Carajás – hacia la costa brasileña, la demanda de biodiesel a partir del aceite de palma va aumentar todavía más. Pero el proyecto sirve, sobre todo, para que VALE haga su propaganda “verde”, ya que el 80% de la demanda de diesel de la empresa continúa siendo el petróleo. Con la expansión prevista de los rieles de tren y de la producción, la empresa también aumentará su consumo de petróleo, y por lo tanto, aumentarán sus emisiones de carbono (vea más información sobre los impactos de VALE y la resistencia en el artículo del Boletín de Junio 2015). Este es un ejemplo de cómo la “economía verde”, más que una receta para reducir las emisiones es una “cortina de humo” que le permite a las empresas aumentar la producción y la quema de combustibles fósiles que esta conlleva. En lugar de dejar al petróleo y otros combustibles fósiles bajo el suelo , la “economía verde” es una forma de extender en el tiempo su uso, hasta que la última gota de petróleo se agote.
La instalación de la plantación de palma aceitera en la región hizo que el Estado mejorara las carreteras para atender la demanda de las empresas. Algunas obras del plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) también están siendo programadas para esta región, facilitando así la entrada de otras empresas. Todo esto ha provocado que las tierras de la región aumenten de precio y, por consiguiente, aumente el proceso de especulación y sobrevalorización de las mismas. Lo que es peor, varias comunidades quilombolas de la región, como la comunidad de Concórdia, que esperan el reconocimiento de su derecho constitucional de titulación, el reconocimiento colectivo de sus territorios, denuncian que esta lucha se ha vuelto aún más difícil. Los títulos colectivos son de suma importancia para estas comunidades para tener acceso a políticas públicas, pero sobre todo, para garantizarles un futuro - incluyendo el acceso a la tierra - a las futuras generaciones. Sin embargo, el Estado no deja de incentivar los títulos individuales sobre la tierra, ya que eso encaja muy bien con la propuesta de las empresas de plantar palma aceitera en las tierras de cada campesino, mediante contratos individuales con cada uno por separado.
En las visitas a las comunidades quilombolas de la región, que ya están cercadas por la palma aceitera, los habitantes nos cuentan de un desequilibrio ambiental en general e incluso del resurgimiento de enfermedades hasta entonces erradicadas, como la enfermedad de Chagas. Cuentan también que sufren la invasión de animales de caza, que huyen de las áreas de monocultivo debido a que no encuentran más alimentos, además de, entre otras cosas, las plagas que se desplazan a tierras campesinas. También relataron que son sobre todo los hombres los que consiguen empleo en las empresas, pero comparan su situación con la de “semi-esclavitud”, ya que reciben un salario mínimo por mes (R$ 788 o US$ 211) por realizar labores muy duras.
Fuente: Boletin Mensual del WRM
Winnie Overbeek – winnie@wrm.org.uy
Secretariado Internacional del Movimiento Mundial para los Bosques Tropicales (WRM)
Este artículo se basa en una visita de dos días a las ciudades de Acará y São Domingos do Capim, articulada por FASE-Amazônia, una actividad que fue parte de la Conferencia Latino-Americana sobre Financerización de la Naturaleza, 24-27 de agosto 2015 en Belén (vea en http://br.boell.org/pt-br para más informaciones)
