Perú: La institucionalidad ambiental retrocede frente a la política económica

Por Walter Chamochumbi

Transcurridos más de tres años de gobierno del presidente Humala y de su pragmática conversión en torno a la continuidad del modelo económico neoliberal, su gestión de hoja de ruta no hace un análisis autocrítico frente al incremento de proyectos extractivos de recursos naturales y la necesidad de ordenar el territorio, de internalizar la variable ambiental y de fortalecer su institucionalidad país mediante el diálogo plural continuo como respuesta a las demandas sociales de las comunidades campesinas y nativas en conflicto en las diferentes regiones; por el contrario, es la preeminencia de la política económica alentada por los poderes fácticos y la tecnocracia neoliberal que rodea su gobierno, lo que impide o limita cualquier avance serio y consistente en materia de política ambiental.

Sólo así se puede explicar que ante la cumbre climática mundial COP 20 a realizarse en diciembre de este año en Lima, el gobierno nacionalista y el ministro del ambiente asuman un discurso retórico y mediocre desaprovechando la oportunidad de generar reales procesos participativos y de avanzada en este tema, máxime a propósito de la alta vulnerabilidad del país frente a los riesgos y efectos del cambio climático y de la variabilidad climática extrema, que de hecho debiera involucrar una estrategia nacional adecuada y participativa con los diversos actores, principalmente con la población rural más pobre de las zonas andinas y amazónicas del interior del país. Más allá de las cifras oficiales auspiciosas de reducción de la pobreza, el gobierno nacionalista sigue enfrentado con la posibilidad de revertir los índices de desigualdad económica y exclusión social en las diferentes regiones, como en las zonas donde hay proyectos extractivos de recursos naturales y persistentes índices de pobreza, contaminación y pasivos ambientales. De hecho hoy existe un mayor riesgo de conflictividad, porque 20% del territorio nacional está concesionado para proyectos extractivos, siendo por ende imperativo planificar y ordenar el territorio a fin de revertir y prevenir los conflictos socio-ambientales, así como aplicar políticas redistributivas y de uso sostenible de los recursos naturales. Lamentablemente iniciativas al respecto desde la sociedad civil y en el congreso de la república siguen postergadas debido al cálculo político, la dispersión y divergencia de intereses de los partidos políticos de la llamada “oposición” junto a la pérdida de liderazgo y de capacidad de diálogo de la bancada oficialista.

Pese a la enorme riqueza en recursos naturales del Perú, lejos de haber sido una oportunidad para lograr su ansiado crecimiento y desarrollo sostenible con inclusión social, en más de 190 años de historia como república independiente y próxima a su bicentenario, esto no ha sido así (ahora está encasillado como un país de renta media o en desarrollo). Al respecto algunos economistas analizan que en América Latina esta situación se debe a que existe una relación negativa entre la intensidad de las exportaciones de recursos naturales y el ritmo de crecimiento económico país. El caso del Perú, que pese a su abundancia de recursos naturales no logra un desempeño económico y social satisfactorio debido a la relación de causalidad inversa entre su stock natural y el desempeño de la economía nacional. Sin embargo, no son los recursos naturales per se lo que explica esta situación deficitaria e inequitativa de desarrollo país, sino sobre todo la falta de compromiso de la clase política gobernante, de las inadecuadas políticas económicas aplicadas, de corte extractivista, y de la no aplicación de mecanismos de regulación del mercado, así como de la débil institucionalidad ambiental, la mayor brecha de desigualdad de los ingresos generados, la criminalización de las demandas y protestas sociales, la corrupción y el descrédito de los partidos políticos, entre otros factores, que explican por qué el deficiente desempeño económico y su relativo -y sobre todo- desigual desarrollo país pese al crecimiento sostenido de la última década.

En el Perú y países de la región, al estudiar la problemática ambiental, se encuentra que el problema principal es la desigualdad en la distribución del ingreso y la falta de políticas integrales de desarrollo. Investigaciones recientes de la ONU vienen interesándose en el estudio de la relación que existe entre el clima y la conflictividad social relacionada con los niveles de desarrollo económico.

Se sabe que uno de los factores más importantes de perturbación del equilibrio de los ecosistemas naturales, es el proceso de acumulación capitalista y la racionalidad predominante económica del modelo de desarrollo a favor de la industria extractiva. O sea que la racionalidad capitalista analizada en su faz ideológica más rígida, circunscrita a indicadores de crecimiento económico y acumulación, induce de forma compulsiva a una mayor ocupación de espacios-territorios de las comunidades locales y a la desestabilización del comportamiento natural de los ecosistemas, al ejercer una mayor presión económica sobre el ambiente:

agotando o degradando en forma sistemática el capital natural y social de las comunidades del entorno. Por ello se cuestiona el muy pobre desempeño en materia social y ambiental del gobierno del presidente Humala, quien, muy distante hoy de su programa original “la gran transformación”, de seguir aplicando a ultranza la política económica neoliberal en base a la exportación de materias primas, hará inviable cualquier proyecto, medida o iniciativa por lograr avances sustantivos para diversificar, ordenar el territorio y armonizar las actividades económicas con el bienestar y desarrollo social, el cuidado de los ecosistemas y el ambiente.

Contradicción que no podrá ser resuelta en tanto no se incorporen nuevos criterios y parámetros que superen la simple lógica del libre mercado como fundamento (motor) del desarrollo, que en el caso peruano constituye un dogma anclado en el pensamiento más retrógrado de la clase política nacional en la región, y que lamentablemente hoy en día es muy afín al entorno de gobierno del presidente Humala. Se requiere pues de una nueva actitud y postura política, un pensamiento crítico sobre las formas tradicionales de relacionamiento que han existido –y que persisten- entre los sistemas naturales y sociales desde la simple lógica del mercado. Es decir, hay que cuestionar el falaz pensamiento mecanicista de que el comercio es un fin en sí mismo a partir del cual se dinamiza el crecimiento económico y luego las mejoras ambientales a lograrse.

Lamentablemente, desde el año 2008 de la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM) a la fecha, lo poco que se había avanzado en materia de institucionalidad ambiental país retrocede por la presencia de los poderes fácticos y de la tecnocracia neoliberal anclada en el MEF y su enorme poder basado en su enfoque reduccionista de la economía, a costo del debilitamiento y subordinación del rol del MINAM y sus organismos competentes (OEFA y otros). En ese sentido, desde la perspectiva de la economía ecológica, el permanente conflicto entre economía y ambiente no podrá resolverse con el discurso retórico del desarrollo sostenible, de la economía verde, de la ecoeficiencia o peor aún la de ser sede de la próxima COP 20. De hecho el paradigma del desarrollo sostenible debiera dejar de ser un mero discurso oficial o una meta inalcanzable para concebirse en adelante como parte de un proceso en construcción, una nueva postura política y principista que cuestione y enfrente la mayor brecha social y ambiental que existe entre los sectores minoritarios privilegiados de la economía neoliberal y los grandes sectores sociales mayoritarios que siguen siendo excluidos de los procesos de modernización, desarrollo e inclusión del estado peruano.

La problemática ambiental no se circunscribe sólo a una cuestión técnica o de mero trámite formal que entrampa la inversión, el crecimiento y desarrollo país, tal como afirma la burocracia neoliberal y los sectores políticos y empresariales afines al actual gobierno. De ahí que sentar las bases del cambio social y ambiental implicará su armonización efectiva con la política económica, así como voluntad y coherencia política para contar con una entidad ambiental fuerte y competente con mayor responsabilidad.

*Walter Chamochumbi es Consultor en Gestión Ambiental y Desarrollo.

Alainet http://alainet.org/