Chile: ¿La Política Forestal al servicio del desarrollo del país, o de los intereses de algunos pocos?
En febrero de 2017 se desató uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en Chile: un mega incendio forestal que afectó a más de medio millón hectáreas, desastre que dejó una profunda cicatriz en nuestro territorio. Rápidamente, varios ministros (de Agricultura, Medio Ambiente y Hacienda) se comprometían a organizar comités técnicos para discutir e implementar un plan de “restauración ecológica” orientado a recuperar los “bosques perdidos”.
Asoc. Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo
Tras varios meses de trabajo en diferentes “comités”, el resultado es el mismo de siempre: directa o indirectamente las grandes empresas forestales terminan siendo las potenciales beneficiadas, gracias a su enorme poder de lobby.
El escenario actual es el siguiente: el Ministerio de Hacienda ha comprometido aproximadamente 60 millones de dólares para establecer nuevas plantaciones forestales de especies exóticas (pinos y eucaliptos), con la meta de reforestar 30 mil hectáreas en propiedades de pequeños y medianos productores. Sin embargo, para la recuperación del bosque nativo se define un presupuesto paupérrimo (aproximadamente 4 millones de dólares), asignado por la vía de “concurso de proyectos”.
Esta situación es contradictoria, ya que al mismo tiempo nuestras autoridades han reconocido que el actual modelo de desarrollo forestal, basado en plantaciones de pinos y eucaliptos, ha generado impactos muy negativos, siendo necesario “hacer las cosas de manera diferente“, como se ha dicho por la prensa a la sociedad civil en reiteradas oportunidades.
Pero eso no es todo, ya que el uso de estos 60 millones de dólares quedó condicionado al desarrollo de un Protocolo Técnico, en el cual se define la forma cómo se deberían establecer estas plantaciones forestales. Sorprendentemente, esta propuesta, encargada por el Ministerio de Agricultura para ser presentada a la Contraloría General de la República, dista mucho de lo que necesitamos como país y que los mismos ciudadanos han identificado que necesitamos para evitar un nuevo desastre ambiental como el ocurrido este verano.
Entre otras cosas, el protocolo permitiría la cosecha a tala rasa de plantaciones de pino y eucalipto hasta casi el borde mismo de los esteros, además de la mantención de plantaciones forestales a escaso límite de los centros urbanos, ¿Alguien cree que una franja de 10 metros sin plantaciones al costado de los centros poblados evitaría que el fuego llegue a las casas? La propuesta, una vez más, responde a las necesidades de las grandes empresas.
El 14 de julio pasado, en la ciudad de Valdivia, sesionó el Consejo de Política Forestal, instancia que debe discutir y sancionar este protocolo. Lejos de llegar a un acuerdo, el protocolo fue cuestionado por diversos actores, a la espera de una versión que realmente se haga cargo del desastre ocurrido y establezca medidas técnicas que permitan avanzar hacia un mejor manejo del territorio.
Nuestra organización, miembro activo de dicho consejo, declara que la aprobación de este protocolo requiere de la inclusión de medidas que apunten a la función social que debe cumplir la propiedad privada que consagra la Constitución, para éstas cumplan las funciones claves que se requieren en los territorios, como la producción de agua en cuencas asociadas al consumo humano, corredores biológicos que mantengan la biodiversidad, zonas de protección para especies vulnerables y en peligro de extinción, discontinuidad de combustible en torno a caminos y poblados y cortafuegos, entre otras.
Lo anterior, representaría un real avance para evitar futuros desastres y equilibrar los objetivos de producción con la protección y conservación del medio ambiente.
Fuente: AIFBN - Foto: El Tipógrafo
Tras varios meses de trabajo en diferentes “comités”, el resultado es el mismo de siempre: directa o indirectamente las grandes empresas forestales terminan siendo las potenciales beneficiadas, gracias a su enorme poder de lobby.
El escenario actual es el siguiente: el Ministerio de Hacienda ha comprometido aproximadamente 60 millones de dólares para establecer nuevas plantaciones forestales de especies exóticas (pinos y eucaliptos), con la meta de reforestar 30 mil hectáreas en propiedades de pequeños y medianos productores. Sin embargo, para la recuperación del bosque nativo se define un presupuesto paupérrimo (aproximadamente 4 millones de dólares), asignado por la vía de “concurso de proyectos”.
Esta situación es contradictoria, ya que al mismo tiempo nuestras autoridades han reconocido que el actual modelo de desarrollo forestal, basado en plantaciones de pinos y eucaliptos, ha generado impactos muy negativos, siendo necesario “hacer las cosas de manera diferente“, como se ha dicho por la prensa a la sociedad civil en reiteradas oportunidades.
Pero eso no es todo, ya que el uso de estos 60 millones de dólares quedó condicionado al desarrollo de un Protocolo Técnico, en el cual se define la forma cómo se deberían establecer estas plantaciones forestales. Sorprendentemente, esta propuesta, encargada por el Ministerio de Agricultura para ser presentada a la Contraloría General de la República, dista mucho de lo que necesitamos como país y que los mismos ciudadanos han identificado que necesitamos para evitar un nuevo desastre ambiental como el ocurrido este verano.
Entre otras cosas, el protocolo permitiría la cosecha a tala rasa de plantaciones de pino y eucalipto hasta casi el borde mismo de los esteros, además de la mantención de plantaciones forestales a escaso límite de los centros urbanos, ¿Alguien cree que una franja de 10 metros sin plantaciones al costado de los centros poblados evitaría que el fuego llegue a las casas? La propuesta, una vez más, responde a las necesidades de las grandes empresas.
El 14 de julio pasado, en la ciudad de Valdivia, sesionó el Consejo de Política Forestal, instancia que debe discutir y sancionar este protocolo. Lejos de llegar a un acuerdo, el protocolo fue cuestionado por diversos actores, a la espera de una versión que realmente se haga cargo del desastre ocurrido y establezca medidas técnicas que permitan avanzar hacia un mejor manejo del territorio.
Nuestra organización, miembro activo de dicho consejo, declara que la aprobación de este protocolo requiere de la inclusión de medidas que apunten a la función social que debe cumplir la propiedad privada que consagra la Constitución, para éstas cumplan las funciones claves que se requieren en los territorios, como la producción de agua en cuencas asociadas al consumo humano, corredores biológicos que mantengan la biodiversidad, zonas de protección para especies vulnerables y en peligro de extinción, discontinuidad de combustible en torno a caminos y poblados y cortafuegos, entre otras.
Lo anterior, representaría un real avance para evitar futuros desastres y equilibrar los objetivos de producción con la protección y conservación del medio ambiente.
Fuente: AIFBN - Foto: El Tipógrafo
