El récord más lamentable: 200 defensores de la Tierra asesinados en un año. El informe de Global Witness muestra que en 2016 aumentó el número de muertes entre los ambientalistas y luchadores indígenas

La violencia contra los defensores de la Tierra sigue extendiéndose lamentablemente. En 2016, al menos 200 personas comprometidas con la protección del medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas fueron asesinadas en diversos puntos conflictivos del planeta, según el informe Defender la Tierra publicado por Global Witness. “El asesinato de personas defensoras no sólo está creciendo, también se está expandiendo. En 2016 documentamos 200 asesinatos en 24 países, mientras que los 185 asesinatos registrados en 2015 fueron en 16 países”, destaca el informe de esta organización internacional especializada en el seguimiento de conflictos ambientales.

Joaquim Elcacho

 Brasil se mantiene como el país más mortífero según el número de muertes (49), mientras que Nicaragua (11) es el peor lugar per cápita. Durante la última década, Honduras se mantiene como el lugar más peligroso per cápita (127 desde 2007).

 
La cifra de 200 muertes podría ser incluso superior puesto que existen limitaciones importantes de acceso a información. Además, “los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos”, indica este documento publicado a escala mundial por Global Witness el 13 de julio.
Violencia
Los dos centenares de muertos en 2016 son el ejemplo extremos de la violencia de todo tipo que algunos sectores económicos y políticos ejercen contra los ambientalistas
“Te amenazan para que te calles. No me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas.” dijo Jakeline Romero a Global Witness.
Jakeline es una líder indígena colombiana que ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. El operador local del proyecto negó haber causado escasez de agua y ha condenado las amenazas sufridas por activistas.
“Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente. Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada”, expresó Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness.
En muchos casos, la falta de sistemas judiciales eficientes hace difícil identificar a los responsables de las agresiones y asesinatos, sin embargo, indica el informe de Global Witness, “encontramos evidencia sólida de que la policía y el ejército [de los países respectivos] estuvieron detrás de, al menos, 43 homicidios, y que actores privados como guardias de seguridad y sicarios estuvieron vinculados a 52 muertes”, destacan los autores del estudio. habilita JavaScript en caso de que no lo tengas habilitado tu navegador.
El informe documenta, por ejemplo, que los asesinatos se han triplicado en India, mientras que la brutalidad policial y la represión estatal hacia activistas empeora. América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60% de las muertes.
Casi el 40% de las personas asesinadas eran indígenas, ya que las tierras que han habitado por generaciones son robadas por empresas, terratenientes o actores estatales. Usualmente los proyectos se imponen a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado, respaldados por la fuerza, pues se sospecha que la policía y los soldados son autores de, al menos, 43 asesinatos. La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo.
Otros datos destacados en el informe:
La minería es la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector. Los asesinatos vinculados a las empresas madereras aumentaron de 15 a 23 en un año, mientras que hubo 23 asesinatos relacionados con proyectos de agronegocios.
Los homicidios registrados alcanzaron un máximo histórico en Colombia (37), ya que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares. Las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante el largo conflicto armado que vivió el país.
Los asesinatos en India se han triplicado a medida que empeora la brutalidad policial y la represión de protestas pacíficas. En 2016 se registraron 16 asesinatos, en su mayoría vinculados a proyectos mineros.
Proteger parques nacionales es más peligroso que nunca, con gran cantidad de guardaparques asesinados en África. En 2016 hubo 9 asesinatos confirmados de guardaparques en la República Democrática del Congo. Una industria minera voraz hace que Filipinas destaque por las muertes en Asia, con 28 asesinatos registrados.
El informe también señala la creciente criminalización de las y los activistas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. Suelen ser presentados como criminales, y deben enfrentar cargos penales falsos y agresivos casos civiles, armados por gobiernos y empresas que intentan silenciarlos.
Datos de 2017
Las cifras de los primeros meses de este año no son nada esperanzadoras: 97 asesinatos documentados entre enero y julio
“Los Estados están rompiendo sus propias leyes y fallando a su ciudadanía de la peor manera posible. Valientes activistas están siendo asesinados, atacados y criminalizados por las personas que supuestamente deberían protegerlos. Gobiernos, empresas e inversionistas tienen el deber de garantizar que las comunidades sean consultadas sobre los proyectos que las afectan, que los activistas sean protegidos de la violencia, y que los culpables sean llevados ante la justicia”, dijo Ben Leather.
Las cifras de 2017 no dejan demasiado margen a la esperanza. Entre enero y julio de este año se han registrado 97 asesinatos de personas comprometidas con la Tierra, según los datos provisionales de Global Witness.

Descargue el informe completo: Defender la Tierra (PDF, 4,7 MB), con detalle de los nombres
Fuente: http://www.lavanguardia.com/natural/20170717/424183426563/asesinatos-ambientalistas-global-witness-defender-la-tierra-2016.html - Más información en La Vanguardia Natural:-----------------
Suspenden proyecto hidroeléctrico contra el que luchaba Berta Cáceres en Honduras

A más de un año del asesinato de la dirigenta indígena, la empresa Agua Zarca anunció que suspenderá la construcción de la represa en el río Gualcarque. La compañía ve el anuncio como “un gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión” en las comunidades opositoras.
La compañía que lideraba el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras anunció que se suspenderá oficialmente su construcción en el río Gualcarque. La iniciativa formaba parte de la propuesta contra la que lucharon numerosos colectivos indígenas y la dirigenta ecologista y feminista Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016.
La empresa afirmó que que “jamás impondrá un proyecto ante ninguna comunidad” e informó su medida el pasado jueves 6 de julio. Sin embargo, la cancelación total de las obras comenzó a regir desde el lunes pasado.
Según informa InfoLibre, Agua Zarca señaló que preguntarán a las comunidades antes de iniciar una nueva propuesta a futuro: “Agua Zarca se compromete a aceptar la decisión de las comunidades, esperando que el diálogo sea voluntario, transparente y libre de influencias externas, así como convocado y guiado por un organismo internacional respetable, con la capacidad, mandato y experiencia necesaria para este trabajo”.
La compañía ve el fin de la iniciativa como “un gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión”, que causó numerosas protestas antes y después del asesinato de Berta Cáceres.
La dirigenta fue asesinada a tiros mientras ingresaba a su hogar, pese a la protección brindada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes habían dictado medidas cautelares a su favor. En 2015, Cáceres había recibido el Premio Goldman tras lograr que la mayor constructora de represas del mundo, Sinohydro, retirara su participación de la construcción liderada por Agua Zarca, que obligaba a desplazarse a cientos de indígenas de la etnia lenca.
La hija de Berta Cáceres fue atacada hace unos días
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) destacó que esto se logra tras la lucha incansable de sus miembros y el retiro de apoyo de dos bancos a la iniciativa: el holandés FMO y el finés Finnfund.
“Esta salida ha sido un proceso lento y difícil, donde el Copinh ha sido constantemente ignorado e invisibilizado“, indicaron. Sin embargo, el temor a las represalias contra los líderes ecologistas se mantiene, especialmente después del ataque sufrido por la hija de Berta Cáceres, Bertita Zúñiga, el pasado 30 de junio.
Zúñiga se dirigía de vuelta de la comunidad de Cancire, junto a miembros del Copinh, cuando fueron atacados por 4 hombres en dos ocasiones.
“Tres hombres armados con machetes, apostados al lado de un carro atravesados en el camino de la comunidad de Cancire a San Antonio, amenazaron a las personas que estaban dentro del carro del COPINH ondeando los machetes en posición de ataque. Gracias a la habilidad del conductor no pudieron detener ni machetear el carro, sin embargo, el cuarto hombre, conductor del carro Tacoma arrojó una piedra que golpeó la parte de arriba de la ventana del conductor de COPINH.”, sentencia la denuncia.
Los activistas ambientales se mantienen en riesgo en Honduras, donde han sido asesinado cerca de 80 dirigentes durante los últimos cuatro años.

 Fuente: El Desconcierto