¿Cinco ambientalistas detenidos en El Salvador para reestablecer la minería metálica?
Desde su detención, actividades para reclamar la liberación de los 5 se han sucedido. Desde el viernes 13 una fogata se mantiene en solidaridad. Ayer 15 de enero 2023 la libertad de los detenidos fue la principal consigna dentro de la marcha por el 31 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que se organizaba en la capital San Salvador. A esta manifestación se desplazaron cientos de personas de Santa Marta y Cabañas para exigir el cumplimiento de los acuerdos y la libertad de sus compañeros. También se concentraron fuera de la Embajada de El Salvador de Washington una centena de personas de la comunidad de inmigrantes salvadoreños y de distintas organizaciones internacionalistas , en defensa del proyecto comunitario y los atropellos que está sufriendo la comunidad.
Además, Bukele se ha caracterizado por obstaculizar el proceso de justicia para las víctimas de la dictadura y de los escuadrones de la muerte afines, calificando a los Acuerdos de Paz iniciados en 1992 de farsa. Esta detención contrasta con las dificultades para procesar a miembros de el ejército acusados de decenas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en esa misma comunidad de Santa Marta, u otros de gran envergadura como la masacre de El Mozote en el departamento de Morazán. Como plantea la periodista Miriam García, la ironía es que Santa Marta lleva exigiendo «casi 40 años justicia y reparación por masacres cometidas contra su población en el conflicto armado». Porque Santa Marta es una repoblación integrada por exiliados y excombatientes de la guerra civil (1980-1992).
Y contrasta con la reivindicación de los propios detenidos y sus asociaciones que no es otra que “Prohibición de la minería metálica y reconocimiento de las víctimas del conflicto armado”. El intento de criminalización es también patente por etiquetar las autoridades a los detenidos como «comandantes» cuando todavía no se ha investigado el caso ni hay ninguna evidencia, pero con claro objetivo de crear opinión.
Los detenidos son Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco “Chico Montes” y Saúl Agustín Rivas Ortega y se les acusa de matar a una presunta informante del ejército hace más de 33 años. Todos ellos son activistas por la defensa de los derechos humanos y ambientales. Antonio Pacheco es el director de la Asociación de Desarrollo Económico Sociales (ADES), de la que también es miembro Saúl Agustín, una de las organizaciones que más incidieron para que se aprobara la ley de Minería.
Según la comunidad de Santa Marta, expresado a través de un comunicado, se trata de un «caso express cuya finalidad real atacar a la comunidad de Santa Marta y ala Asociación ADES atacando a sus liderazgos»
Las intenciones del gobierno de Nayib Bukele de re-establecer la minería metálica han sido expuestas por Leonel Herrera, del medio informativo comunitario Arpas, quien recordó que en mayo de 2021 el gobierno participó en el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible. Herrera también denunció que también en 2021 aprobaron la nueva Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas que incorporaba disposiciones para regular la explotación minera. Y por último y más evidente, » la inclusión de una partida de 4.5 millones de dólares en el presupuesto estatal de 2023 para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica”.
La lucha contra la minería en El Salvador se remonta a inicios de los 2000, después de que las mineras hubieran causado grandes impactos a las comunidades y el medio ambiente: el 90% de las aguas superficiales de El Salvador están contaminadas. En ese contexto el gobierno decretó en 2008 que no daría más permisos de extracción minera sin contar con un estudio de impacto ambiental previo y sin crear una normativa para regular la industria. La minera Pacific Rim Cayman, propiedad de OceanaGold, tenía autorización para realizar exploraciones en territorio salvadoreño desde 2002, pero en función del nuevo decreto se le negaron nuevos proyectos de extracción de oro en el mismo departamento del que proceden los detenidos, en El Dorado (San Isidro Cabañas). La minera demandó al gobierno salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, y exigió una indemnización por la pérdida de ganancias potenciales de 250 millones de dólares. Pero OceanaGold perdió el litigio y se le ordenó pagar ocho millones de dólares al Estado salvadoreño por los costos de éste.
El 29 de marzo de 2018 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. La ley prohibía las actividades de extracción, explotación, exploración y procesamiento a cielo abierto y subterráneo, así como el uso de los químicos tóxicos utilizados en estos procesos que son altamente contaminantes y responsables de desastres ambientales y de salud allá donde se utilizan. Esta prohibición solucionaba también gran impacto ambiental de carácter hídrico corresponde al gran volumen de agua utilizada en el procesamiento minero, que supone la limitación de caudal de ríos y acuíferos y de su uso por la población y para sus distintas actividades.
Pese a esta ley, existen proyectos de extracción minera transfronteriza, en este caso entre Guatemala y Honduras que suman 52. Estos tienen implicación ambiental directa en El Salvador sobre todo por la contaminación del sistema hídrico y como ocurre con numerosos ríos (Lempa, Paz, Sumpul, Torola, Goascorán) y el Lago de Güija.
Cabañas es el segundo departamento, después de Morazán, con mayor pobreza de El Salvador, con más de 55 % de los habitantes en índices de pobreza. Sin embargo, Santa Marta ha logrado un enorme desarrollo social gracias a su nivel organizativo y político, y a organizaciones como ADES. Así han implementado prácticas agroecológicas y de capacitación para agricultores. Al mismo tiempo, tanto ADES como la comunidad de Santa Marta han contribuido enormemente al país en general al detener la minería metálica y garantizar mejores condiciones ambientales.
En 2019 tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano la labor de ADES através de una de sus activistas, Vidalina Morales (audio y vídeo de jornada en Billbo, y Donostia (1 y 2)) quedando totalmente conectados con su lucha y conquistas. Por ello ahora también, solicitamos la liberación de los 5 compañeros, y una vez más, insistimos en que se respete la Ley de Minería Métalica de 2018 y no se amenacen sus objetivos.
Fuente: https://aplanetainfo.wordpress.com/2023/01/16/cinco-ambientalistas-detenidos-en-el-salvador-para-reestablecer-la-mineria-metalica/
