Argentina: Por qué hay 40 millones de hectáreas inundadas en once provincias del país: Desmonte, construcción en humedales, monocultivo
Científicos argentinos e internacionales consideran a la Argentina un campeón de la tala de bosques nativos. La expansión de la soja decimó la absorción de los suelos y cada vez se construye más en cauces naturales.
Las inundaciones en once provincias argentinas ya cubren cuarenta millones de hectáreas, un fenómeno que los científicos adjudican al monocultivo, el desmonte de bosques nativos y el uso inmobiliario y rural de humedales. La situación, según el Conicet, expone a 32 ciudades y pueblos del país con un millón de residentes. El riesgo de inundaciones afecta en particular a los más pobres y a los asentamientos en tierras bajas en las periferias urbanas.
“Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja”, aseguraron voceros de Greenpeace. Por su parte, investigadores del Conicet estimaron que más de un millón de personas está expuesta a riesgos de inundación en 32 ciudades. Las proyecciones climáticas para los próximos días no son alentadoras: indican que en muchas de las zonas afectadas seguirán las lluvias.
Unas 40 millones de hectáreas se encuentran anegadas actualmente en el país, de las cuales casi la mitad pertenece a la Pampa Húmeda. El director de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Miguel Taboada, señaló que esta circunstancia se debe principalmente a que durante el último cuarto de siglo se perdieron más de doce millones de hectáreas de pasturas y pastizales, que fueron reconvertidas en áreas sembradas. Según indicó Taboada, “todavía falta destinar grandes esfuerzos y mayor responsabilidad a la forma en que se manejan los suelos porque eso incide en la gravedad, la velocidad y la duración de las inundaciones”.
En la misma línea, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elaboró un ranking de los países que más desmontaron durante los últimos 25 años, y Argentina se ubica entre los diez primeros. El estudio detalla que en el período relevado se perdieron cerca de 7,6 millones de hectáreas arboladas, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos, y con un promedio de 300 mil hectáreas por año.
La legislación para enfrentar esta realidad y la postura del actual gobierno están lejos de asumir la responsabilidad que merece el tema. A fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que fue reglamentada recién en 2009, luego de insistentes reclamos de organizaciones sociales y ambientalistas. Si bien el objetivo de la norma es detener el desmonte, los fondos asignados en 2017 por el Presupuesto Nacional no alcanzan para su puesta en práctica, según admitieron voceros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y todavía hay muchas provincias que no completaron el ordenamiento territorial de sus bosques. A esto se suma la demora en la sanción de la Ley de Humedales, que fue aprobada en 2016 en el Senado, pero todavía no avanzó en Diputados por “la fuerte presión de los sectores agroindustriales”, según denunció el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales Andrés Nápoli. Los humedales son reservorios de agua que evitan las inundaciones, pero cada vez los hay en menos cantidad por el avance la urbanización sobre ellos.
Este tipo de comportamiento de los productores que priorizan la rentabilidad frente al cuidado del medio ambiente y a la calidad de vida de la sociedad en general, es uno de los factores principales de las inundaciones. En el libro “La Argentina y el Cambio Climático. De la Física a la Política”, los investigadores del Conicet Inés Camilloni y Vicente Barros, relataron cómo durante las inundaciones de 2007 en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, se dieron “situaciones anárquicas” en las que cada productor defendía sus tierras con la construcción de diques o derivaciones de agua en forma discrecional, y que incluso algunos representantes del Estado sufrieron amenazas.
Camilloni y Barros calcularon que actualmente más de un millón de personas está expuesta a riesgos de inundación en 32 ciudades del país. Los casos de mayor vulnerabilidad se dan en poblaciones en la Cuenca del Plata, que abarca los valles naturales de inundación de los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Uruguay, y sus afluentes, ocupados por sectores humildes o de clase media baja, como las zonas anegadizas del Litoral. También se trata de los pueblos rurales de la región pampeana y las comunidades del Noroeste, en Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Camilloni, que es titular de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de Conicet, aseguró que el “compromiso social” de los científicos debe estar dirigido a la “alfabetización sobre cambio climático”.
Distintos organismos internacionales también alertaron sobre la situación del desmonte en Argentina. En un informe del Banco Mundial publicado el año pasado, figura que el país perdió un total del 12 por ciento de sus zonas forestales entre 2001 y 2014. El estudio detalla que “casi toda la deforestación ocurrió en el norte” del país y que en Santiago del Estero se dieron “los mayores niveles de desmonte en el mundo”. Entre los países que más desperdiciaron su cubierta forestal, Argentina figura en el noveno puesto, y el informe advirtió que la pérdida equivalía a la desaparición de “un bosque del tamaño de una cancha de fútbol por minuto”. Por su parte, los datos del Global Forest Watch revelaron que la deforestación en el período mencionado significaba el 8 por ciento del total deforestado en Sudamérica. Los especialistas del organismo apuntaron a que el verdadero problema está en cómo los gobiernos, los empresarios y la sociedad en general desoye algo que la naturaleza está avisando hace siglos. A modo de conclusión advirtieron que si se talan los bosques nativos, se destinan grandes extensiones a monocultivo y se construye sobre humedales las lluvias y el desborde de ríos seguirán incontenibles.
Fuente: pagina12.com.ar - Imagen: Santiago del Estero inundada. La provincia tiene el record mundial de deforestación en lo que va del siglo. Télam
“Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja”, aseguraron voceros de Greenpeace. Por su parte, investigadores del Conicet estimaron que más de un millón de personas está expuesta a riesgos de inundación en 32 ciudades. Las proyecciones climáticas para los próximos días no son alentadoras: indican que en muchas de las zonas afectadas seguirán las lluvias.
Unas 40 millones de hectáreas se encuentran anegadas actualmente en el país, de las cuales casi la mitad pertenece a la Pampa Húmeda. El director de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Miguel Taboada, señaló que esta circunstancia se debe principalmente a que durante el último cuarto de siglo se perdieron más de doce millones de hectáreas de pasturas y pastizales, que fueron reconvertidas en áreas sembradas. Según indicó Taboada, “todavía falta destinar grandes esfuerzos y mayor responsabilidad a la forma en que se manejan los suelos porque eso incide en la gravedad, la velocidad y la duración de las inundaciones”.
En la misma línea, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elaboró un ranking de los países que más desmontaron durante los últimos 25 años, y Argentina se ubica entre los diez primeros. El estudio detalla que en el período relevado se perdieron cerca de 7,6 millones de hectáreas arboladas, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos, y con un promedio de 300 mil hectáreas por año.
La legislación para enfrentar esta realidad y la postura del actual gobierno están lejos de asumir la responsabilidad que merece el tema. A fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que fue reglamentada recién en 2009, luego de insistentes reclamos de organizaciones sociales y ambientalistas. Si bien el objetivo de la norma es detener el desmonte, los fondos asignados en 2017 por el Presupuesto Nacional no alcanzan para su puesta en práctica, según admitieron voceros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y todavía hay muchas provincias que no completaron el ordenamiento territorial de sus bosques. A esto se suma la demora en la sanción de la Ley de Humedales, que fue aprobada en 2016 en el Senado, pero todavía no avanzó en Diputados por “la fuerte presión de los sectores agroindustriales”, según denunció el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales Andrés Nápoli. Los humedales son reservorios de agua que evitan las inundaciones, pero cada vez los hay en menos cantidad por el avance la urbanización sobre ellos.
Este tipo de comportamiento de los productores que priorizan la rentabilidad frente al cuidado del medio ambiente y a la calidad de vida de la sociedad en general, es uno de los factores principales de las inundaciones. En el libro “La Argentina y el Cambio Climático. De la Física a la Política”, los investigadores del Conicet Inés Camilloni y Vicente Barros, relataron cómo durante las inundaciones de 2007 en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, se dieron “situaciones anárquicas” en las que cada productor defendía sus tierras con la construcción de diques o derivaciones de agua en forma discrecional, y que incluso algunos representantes del Estado sufrieron amenazas.
Camilloni y Barros calcularon que actualmente más de un millón de personas está expuesta a riesgos de inundación en 32 ciudades del país. Los casos de mayor vulnerabilidad se dan en poblaciones en la Cuenca del Plata, que abarca los valles naturales de inundación de los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Uruguay, y sus afluentes, ocupados por sectores humildes o de clase media baja, como las zonas anegadizas del Litoral. También se trata de los pueblos rurales de la región pampeana y las comunidades del Noroeste, en Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Camilloni, que es titular de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de Conicet, aseguró que el “compromiso social” de los científicos debe estar dirigido a la “alfabetización sobre cambio climático”.
Distintos organismos internacionales también alertaron sobre la situación del desmonte en Argentina. En un informe del Banco Mundial publicado el año pasado, figura que el país perdió un total del 12 por ciento de sus zonas forestales entre 2001 y 2014. El estudio detalla que “casi toda la deforestación ocurrió en el norte” del país y que en Santiago del Estero se dieron “los mayores niveles de desmonte en el mundo”. Entre los países que más desperdiciaron su cubierta forestal, Argentina figura en el noveno puesto, y el informe advirtió que la pérdida equivalía a la desaparición de “un bosque del tamaño de una cancha de fútbol por minuto”. Por su parte, los datos del Global Forest Watch revelaron que la deforestación en el período mencionado significaba el 8 por ciento del total deforestado en Sudamérica. Los especialistas del organismo apuntaron a que el verdadero problema está en cómo los gobiernos, los empresarios y la sociedad en general desoye algo que la naturaleza está avisando hace siglos. A modo de conclusión advirtieron que si se talan los bosques nativos, se destinan grandes extensiones a monocultivo y se construye sobre humedales las lluvias y el desborde de ríos seguirán incontenibles.
Fuente: pagina12.com.ar - Imagen: Santiago del Estero inundada. La provincia tiene el record mundial de deforestación en lo que va del siglo. Télam
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Denuncian en la ONU violación a los derechos humanos por el uso de agrotóxicos en la Argentina
Por Lucía Guadagno
Durante la 35° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ONG internacional CETIM pidió acciones urgentes para detener los “nefastos” impactos de los pesticidas en la salud en el país.
“Estamos alarmados por la situación en la región de la llanura argentina”, dijo Rafaele Morgantini, integrante de la organización Centre Europe Tiers Monde (CETIM). Desde 1981, la ONG tiene estatus consultivo en la ONU, es decir, la posibilidad de denunciar violaciones a los derechos humanos y presentar propuestas.
“En las zonas agrícolas se rocían venenos muy cerca de escuelas, casas y ríos, violando así las leyes sobre las distancias de aplicación de fitosanitarios”, advirtió Morgantini este martes durante la primera jornada del 35° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Estudios académicos demuestran que se han triplicado las enfermedades crónicas por envenenamiento, el cáncer pasó a ser una de las causas más probables de muerte en la región y las enfermedades mentales relacionadas aumentaron copiosamente”.
Emergencia y pedido de investigación
La organización pidió que se declaren “con urgencia” las áreas fumigadas como zonas de emergencia sanitaria para evitar que los pueblos afectados sigan respirando venenos contra su voluntad. “Instamos al gobierno a que adopte medidas para poner fin a esta situación que atenta contra la salud de su pueblo, en conformidad con la ley general de ambiente, la de residuos peligrosos, el artículo 41° de la Constitución y el Pacto Internacional de derechos económicos sociales y culturales, ratificado por Argentina”, sostuvo.
Además, pidieron que la ONU visite la zona, a través de un relator especial por el derecho a la salud, “para investigar dichas violaciones de derechos humanos”.
El artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Desde Lucio V. López
La denuncia llegó a la ONU por la movilización de asambleas de pueblos fumigados locales. Paola Carizza, integrante de los Vecinos Autoconvocados de Lucio V. López (una localidad de 700 habitantes situada en el departamento Iriondo, a 44 kilómetros de Rosario y a 132 kilómetros de Santa Fe), contó a Pausa que lograron ser oídos por CETIM, con sede en Suiza, gracias a familiares y compañeros que viven en Ginebra y otras ciudades europeas. “Necesitamos que se escuche nuestro reclamo. Ante la falta de respuestas del Estado argentino decidimos recurrir a organismos internacionales”, dijo la mujer.
Al recibir la denuncia, la ONG tomó contacto con asambleas de pueblos fumigados, redes de médicos y abogados y elaboró una declaración oficial, cuyo fragmento se leyó durante la asamblea de la ONU.
Pausa: http://pausa.com.ar/
“En las zonas agrícolas se rocían venenos muy cerca de escuelas, casas y ríos, violando así las leyes sobre las distancias de aplicación de fitosanitarios”, advirtió Morgantini este martes durante la primera jornada del 35° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Estudios académicos demuestran que se han triplicado las enfermedades crónicas por envenenamiento, el cáncer pasó a ser una de las causas más probables de muerte en la región y las enfermedades mentales relacionadas aumentaron copiosamente”.
Emergencia y pedido de investigación
La organización pidió que se declaren “con urgencia” las áreas fumigadas como zonas de emergencia sanitaria para evitar que los pueblos afectados sigan respirando venenos contra su voluntad. “Instamos al gobierno a que adopte medidas para poner fin a esta situación que atenta contra la salud de su pueblo, en conformidad con la ley general de ambiente, la de residuos peligrosos, el artículo 41° de la Constitución y el Pacto Internacional de derechos económicos sociales y culturales, ratificado por Argentina”, sostuvo.
Además, pidieron que la ONU visite la zona, a través de un relator especial por el derecho a la salud, “para investigar dichas violaciones de derechos humanos”.
El artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Desde Lucio V. López
La denuncia llegó a la ONU por la movilización de asambleas de pueblos fumigados locales. Paola Carizza, integrante de los Vecinos Autoconvocados de Lucio V. López (una localidad de 700 habitantes situada en el departamento Iriondo, a 44 kilómetros de Rosario y a 132 kilómetros de Santa Fe), contó a Pausa que lograron ser oídos por CETIM, con sede en Suiza, gracias a familiares y compañeros que viven en Ginebra y otras ciudades europeas. “Necesitamos que se escuche nuestro reclamo. Ante la falta de respuestas del Estado argentino decidimos recurrir a organismos internacionales”, dijo la mujer.
Al recibir la denuncia, la ONG tomó contacto con asambleas de pueblos fumigados, redes de médicos y abogados y elaboró una declaración oficial, cuyo fragmento se leyó durante la asamblea de la ONU.
Pausa: http://pausa.com.ar/
