Empresas en un mundo global: ¿sin control?
Ecologismo de Emergencia
Fueron 197, como mínimo. 197 activistas ambientales que el pasado año perdieron la vida en la defensa de su territorio, como poco. Las cifras son de la organización Global Witness y aunque parecen muchos seguramente serán muchos más. Desde una conocida organización guatemalteca, UDEFEGUA, hablan de 55 asesinatos sólo en su país de defensores de derechos, así que no salen las cuentas. Oficialmente, casi nunca se llega a saber quién les mata, quién les amenaza, quién les acosa…. Pero la inmensa mayoría se oponían a grandes proyectos de no menos grandes empresas.
Rosa M. Tristán
Luego están los que pierden la libertad. Como el líder maya q´qechí Bernardo Caal Xol, en prisión por defender el río Cahabón, también en Guatemala, concretamente en Alta Verapaz, la región más pobre del país y botín codiciado de compañías con mega-proyectos hidroeléctricos. En uno de ellos está implicada una empresa española, el Grupo Cobra (ACS), un caso de vulneración de derechos de los pueblos indígenas que desveló Alianza por la Solidaridad y al que no dan repuesta. Bernardo cogió la bandera de esa lucha, como también lo había hecho contra la hidroeléctrica OXEC en el mismo río, y lo hizo pese al acoso mediático, a la criminalización, a las falsas denuncias… Hoy está entre rejas.
Lo mismo ocurre en Perú, en Brasil, en Colombia. En Buenaventura (Colombia), el pasado 27 de enero fue asesinado a tiros Temístocles Machado, otro héroe que aquí nunca apareció en las noticias. Don Temis, como era conocido este líder afro y comunitario, llevaba años luchando en la defensa de unos barrios levantados por desplazados del conflicto, gentes que huyeron de las balas desde selva adentro hasta orillas del Pacífico. Don Temis luchaba, entre otras batallas, por unos recuperar terrenos de los que se apropió la empresa que amplía el puerto de Buenaventura, TCBuen, cuyo socio mayoritario es la compañía catalana TCB.
Cada vez son más las empresas que explotan la RSC (Responsabilidad Social Corporativa), que tan bien les viene como política de márketing, pero a la vez son más los casos de persecución a las comunidades en las que implantan sus negocios. En el caso de España, sin embargo, apenas hay ningún mecanismo oficial o legal que permita denunciar a empresas españolas que vulneran los derechos humanos y ambientales fuera de la UE, apenas hay salidas para quienes a miles de kilómetros se enfrentan a ellas. En sus países acaban entre rejas. Fuera de sus fronteras, no hay más salida que la protesta.
En estados como Francia, Suiza e incluso Panamá se han aprobado leyes de “debida diligencia” para obligar a cumplir con esos derechos humanos y ambientales allá donde sea que una compañía nacional expanda su negocio. Aquí no, tienen las manos muy libres. En España, tras muchos dimes y diretes, en junio de 2017, siguiendo el compromiso adquirido en la OCDE años antes, por fin se aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas en cuyo texto se habla más de lo que los primeros significan para la reputación y la buena competitividad de las segundas que de las vulneraciones que pueden producirse y sus impactos. Además, este plan, al igual que la RSC, no es obligatorio, como ni siquiera lo son los Principios Rectores sobre este asunto que Naciones Unidas aprobó en 2011. Por más que Ecuador y Sudáfrica hayan tratado de que hubiera un tratado internacional que fuera vinculante, no ha habido forma. Hasta ahora, la economía del bien común es una quimera que queda bien en algunos discursos, mientras los ‘Bernardo’ son encarcelados, mientras otros ‘Don Temis’ y ‘Berta Cáceres’ acaban asesinados.
En estados como Francia, Suiza e incluso Panamá se han aprobado leyes de “debida diligencia” para obligar a cumplir con esos derechos humanos y ambientales allá donde sea que una compañía nacional expanda su negocio. Aquí no, tienen las manos muy libres. En España, tras muchos dimes y diretes, en junio de 2017, siguiendo el compromiso adquirido en la OCDE años antes, por fin se aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas en cuyo texto se habla más de lo que los primeros significan para la reputación y la buena competitividad de las segundas que de las vulneraciones que pueden producirse y sus impactos. Además, este plan, al igual que la RSC, no es obligatorio, como ni siquiera lo son los Principios Rectores sobre este asunto que Naciones Unidas aprobó en 2011. Por más que Ecuador y Sudáfrica hayan tratado de que hubiera un tratado internacional que fuera vinculante, no ha habido forma. Hasta ahora, la economía del bien común es una quimera que queda bien en algunos discursos, mientras los ‘Bernardo’ son encarcelados, mientras otros ‘Don Temis’ y ‘Berta Cáceres’ acaban asesinados.
El otro compromiso con la OCDE adoptado por España fue la creación de un Punto Nacional de Contacto en el que poder denunciar a las empresas que incumplen con los derechos. Ese punto se creó dentro del Ministerio de Economía, en lugar del Parlamento, como reclamaron algunas ONG. Basta hacer una rápida búsqueda para comprobar su escasa actividad: en su web sólo figura el caso de una denuncia contra Prosegur (http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/punto-nacional-contacto-lineas-directrices/Paginas/punto-nacional-de-contacto-espanol.aspx ) en todo 2017 y fue desestimada.
Pero, como señalaba, en Naciones Unidas el panorama no es mejor. El Global Compact es el mecanismo que, en teoría, vigila que si se cumplen los 10 principios rectores que las empresas deberían seguir a rajatabla, eso si también voluntariamente. Pues bien, en realidad su secretaría no investiga posibles denuncias, sino que se limita a pedir a la empresa que conteste sobre las reclamaciones, sin entrar a valorar la respuesta ni el propio caso denunciado. Tampoco hay sanciones. Aún recuerdo la reunión, en 2003, en la que se presentó en España esta ‘bien intencionada’ iniciativa de la ONU. Allí estaban todas las grandes multinacionales españolas, muchas de las cuales desde entonces han salido en las noticias porque no les importa subcontratar empresas que contaminan, emplear menores, desplazar poblaciones o secar ríos allá donde la población no tiene como defenderse.
Es más, hoy si alguien de estas comunidades quisiera denunciar fuera de su país –dentro ya vemos lo que pasa- a una empresa española que está destrozando su tierra, sus bosques, sus cauces… le quedaría únicamente la inalcanzable a Audiencia Nacional. Ni eso, pues posiblemente los jueces adujeran que no son españoles y el ‘presunto’ delito se comete fuera de nuestro territorio.
Llegados a este punto, es el momento de exigir instrumentos jurídicamente vinculantes a nivel internacional, como el que se está tratando de elaborar en el marco del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, pero que no acaba de llegar. Y, por supuesto, crear mecanismos para un mayor control a nuestras empresas allá donde estén, una responsabilidad con el medio ambiente y las personas que vaya más allá del ‘voluntarismo’ y una legislación que permita sancionarlas cuando no cumplan con algo tan básico como es el disfrute de las comunidades de sus recursos naturales y la obligación de que sean consultadas al respecto. Mientras no sea así, esos líderes anónimos de los rincones de este planeta seguirán luchando solos contra Goliats sin ninguna posible defensa.
Fuente: http://blogs.publico.es/ecologismo-de-emergencia/2018/02/25/__trashed/ Imagenes: ElRoto.es
Pero, como señalaba, en Naciones Unidas el panorama no es mejor. El Global Compact es el mecanismo que, en teoría, vigila que si se cumplen los 10 principios rectores que las empresas deberían seguir a rajatabla, eso si también voluntariamente. Pues bien, en realidad su secretaría no investiga posibles denuncias, sino que se limita a pedir a la empresa que conteste sobre las reclamaciones, sin entrar a valorar la respuesta ni el propio caso denunciado. Tampoco hay sanciones. Aún recuerdo la reunión, en 2003, en la que se presentó en España esta ‘bien intencionada’ iniciativa de la ONU. Allí estaban todas las grandes multinacionales españolas, muchas de las cuales desde entonces han salido en las noticias porque no les importa subcontratar empresas que contaminan, emplear menores, desplazar poblaciones o secar ríos allá donde la población no tiene como defenderse.
Es más, hoy si alguien de estas comunidades quisiera denunciar fuera de su país –dentro ya vemos lo que pasa- a una empresa española que está destrozando su tierra, sus bosques, sus cauces… le quedaría únicamente la inalcanzable a Audiencia Nacional. Ni eso, pues posiblemente los jueces adujeran que no son españoles y el ‘presunto’ delito se comete fuera de nuestro territorio.
Llegados a este punto, es el momento de exigir instrumentos jurídicamente vinculantes a nivel internacional, como el que se está tratando de elaborar en el marco del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, pero que no acaba de llegar. Y, por supuesto, crear mecanismos para un mayor control a nuestras empresas allá donde estén, una responsabilidad con el medio ambiente y las personas que vaya más allá del ‘voluntarismo’ y una legislación que permita sancionarlas cuando no cumplan con algo tan básico como es el disfrute de las comunidades de sus recursos naturales y la obligación de que sean consultadas al respecto. Mientras no sea así, esos líderes anónimos de los rincones de este planeta seguirán luchando solos contra Goliats sin ninguna posible defensa.
Fuente: http://blogs.publico.es/ecologismo-de-emergencia/2018/02/25/__trashed/ Imagenes: ElRoto.es
