Comunidades q’eqchi’ de Alta Verapaz se levantan contra las hidroeléctricas: Denuncian la falta de consulta previa a la población y el impacto ambiental sobre el río Cahabón en Guatemala
Los presidentes de Corporación Multi Inversiones (CMI), Juan Luis Bosch Gutiérrez, y de la constructora ACS, Florentino Pérez, presentaron en junio de 2014 en Guatemala el proyecto Renace II, una central hidroeléctrica propiedad de CMI y de cuya construcción se hizo cargo una de las filiales de ACS, el grupo Cobra.
Enric Llopis
El complejo hidroeléctrico se ubica en el municipio de San Pedro Carchá (Alta Verapaz), y en la presentación los dos empresarios resaltaron las grandes cifras: una inversión de 270 millones de dólares para alcanzar una potencia instalada de 114 megavatios, 8,5 kilómetros de túneles y un canal de conducción de 11 kilómetros. La planta siguió a la central Renace I (66 MW), puesta en marcha por CMI en 2004. Corporación Multi Inversiones, transnacional con sede en Guatemala que opera en 14 países, y el presidente del Real Madrid continuaron colaborando en los proyectos hidroeléctricos Renace III (66 MW), ya finalizado, y Renace IV (55 MW), en fase de ejecución, todos en San Pedro Carchá, sobre los ríos Cahabón –uno de los principales de Guatemala- y Canlich. A estas centrales se agregará una quinta, lo que convertirá a este gran complejo –que se publicita en verde y con imágenes de la población maya- en el principal del país.
El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala registra 33 plantas hidroeléctricas en funcionamiento, nueve de ellas en Alta Verapaz. A estas centrales se agregan otras 11 –cuatro en Alta Verapaz- en fase de construcción; 13 hidroeléctricas cuya ejecución no ha comenzado (cinco de ellas en el departamento de El Quiché) y seis que tramitan actualmente las autorizaciones (tres en Huehuetenango). Además, las centrales de energía hídrica son las que cuentan con mayor capacidad instalada en el país –un 33,7%, la mayoría de propiedad privada- seguido de los ingenios azucareros.
Los movimientos populares han alzado la voz contra proyectos como Oxec –hidroeléctrica operativa desde finales de 2015- y Oxec II, autorizada y en fase de construcción en el municipio de Santa María Cahabón (Alta Verapaz). El pasado 27 de agosto 197 comunidades q’eqchi’ de Santa María Cahabón votaron en una consulta comunitaria contra el funcionamiento de las dos hidroeléctricas, debido al impacto sobre los ríos sagrados Cahabón y Oxec. La empresa responsable del macroproyecto es Oxec SA, filial de Energy Resource Capital, a la que medios comunitarios sitúan en Panamá.
Diferentes sentencias han influido en el devenir de la infraestructura. En febrero de 2017 la Corte Constitucional suspendió la licencia de los proyectos Oxec y Oxec II otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, al no realizarse una consulta previa a las comunidades de Santa María Cahabón, tal como establece el Convenio 169 de la OIT. En mayo de 2017 el alto tribunal mantuvo la suspensión, pero autorizó a las empresas a continuar operando durante un año (prorrogable), mientras el Ministerio de Energía realiza las consultas. La cúpula empresarial no se mantiene ajena al litigio. Tras la sentencia de febrero, la gran patronal CACIF demandaba “certeza jurídica” y “una visión de futuro con oportunidades de desarrollo”.
El colectivo ecologista Madre Selva de Guatemala batalla desde 1996 por la defensa del territorio. El asesor legal de la organización, Vladimir Soto, apunta algunas estrategias de criminalización tras un acto organizado por la ONG Perifèries en Valencia: “Cuando los pueblos y líderes se dan cuenta de los proyectos, las empresas proceden a denunciarlos penalmente; además, ya tienen prácticamente comprado al Ministerio Público (fiscalía) de los juzgados de Alta Verapaz. Acusan a los líderes comunitarios de delitos que implican penas de prisión, y obtienen órdenes de captura contra ellos su defensa de los ríos”. Soto critica la disparidad de criterios: “Las denuncias contra las hidroeléctricas quedan engavetadas en el Ministerio Público, sin embargo las que interponen las empresas se cursan a velocidad de rayo”.
Entre los ejemplos de persecución mediática y de la fiscalía, Vladimir Soto menciona a Ana Rutilia Ical Choc, líder q’eqchi’ de San Pedro Carchá y una de las promotoras del recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para frenar los megaproyectos en el río Cahabón. Ana Rutilia Ical destaca en su currículo como activista, exdelegada de la Defensoria de la Mujer Indígena en Alta Verapaz y profesora de Derechos Humanos en la Universidad Rafael Landívar de esta región.
En marzo de 2017 el colectivo Madre Selva denunció los “ataques” por parte de medios de comunicación y columnistas “al servicio de las élites” contra activistas. Por ejemplo, contra Bernardo Caal Xol, quien presentó en 2015 la acción de amparo ante el CSJ por entender que las autorizaciones de Oxec y Oxec II se otorgaron sin consultar a las comunidades. El líder y maestro comunitario fue arrestado el pasado 30 de enero en la ciudad de Cobán, acusado de robo agravado y detenciones ilegales, entre otros delitos. El seis de febrero un juez de la capital de Alta Verapaz ordenó la prisión preventiva de Caal Xol.
Desde entonces se han sucedido las campañas, concentraciones, acciones simbólicas y el cierre de carreteras para exigir su libertad. Comunidades q’eqchi’ de Santa María Cahabón y Alta Verapaz se manifestaron en Cobán; además, la ONG Alianza por la Solidaridad y Greenpeace, que colaboran con la organización Madre Selva, recogieron más de 1.700 firmas de apoyo a Bernardo Caal en cuatro días, remitidas a la Embajada de Guatemala en España. La Articulación por la Vida, contra la Impunidad y la Corrupción, que agrupa a más de 30 organizaciones populares de Guatemala, también condenó la captura del líder indígena.
El caso de Bernardo Caal no es una excepción en el país centroamericano. La Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha contabilizado 328 agresiones y delitos contra activistas a favor de los derechos humanos entre enero y octubre de 2017, un 25% más que en el mismo periodo de 2016. La cifra total del pasado año incluye 52 asesinatos (45 de ellos a mujeres), 72 agresiones contra activistas en defensa de los pueblos indígenas y el territorio; 131 agresiones contra mujeres y 30 a periodistas. Asimismo, organizaciones populares y de derechos humanos presentaron en marzo de 2017 un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión a comunidades que rechazan las grandes hidroeléctricas en Guatemala; el informe da cuenta de 103 órdenes de captura, 56 heridos, 36 encarcelamientos, 25 detenciones, 16 procesos de criminalización, 15 amenazas y 11 asesinatos.
Enric Llopis
El complejo hidroeléctrico se ubica en el municipio de San Pedro Carchá (Alta Verapaz), y en la presentación los dos empresarios resaltaron las grandes cifras: una inversión de 270 millones de dólares para alcanzar una potencia instalada de 114 megavatios, 8,5 kilómetros de túneles y un canal de conducción de 11 kilómetros. La planta siguió a la central Renace I (66 MW), puesta en marcha por CMI en 2004. Corporación Multi Inversiones, transnacional con sede en Guatemala que opera en 14 países, y el presidente del Real Madrid continuaron colaborando en los proyectos hidroeléctricos Renace III (66 MW), ya finalizado, y Renace IV (55 MW), en fase de ejecución, todos en San Pedro Carchá, sobre los ríos Cahabón –uno de los principales de Guatemala- y Canlich. A estas centrales se agregará una quinta, lo que convertirá a este gran complejo –que se publicita en verde y con imágenes de la población maya- en el principal del país.
El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala registra 33 plantas hidroeléctricas en funcionamiento, nueve de ellas en Alta Verapaz. A estas centrales se agregan otras 11 –cuatro en Alta Verapaz- en fase de construcción; 13 hidroeléctricas cuya ejecución no ha comenzado (cinco de ellas en el departamento de El Quiché) y seis que tramitan actualmente las autorizaciones (tres en Huehuetenango). Además, las centrales de energía hídrica son las que cuentan con mayor capacidad instalada en el país –un 33,7%, la mayoría de propiedad privada- seguido de los ingenios azucareros.
Los movimientos populares han alzado la voz contra proyectos como Oxec –hidroeléctrica operativa desde finales de 2015- y Oxec II, autorizada y en fase de construcción en el municipio de Santa María Cahabón (Alta Verapaz). El pasado 27 de agosto 197 comunidades q’eqchi’ de Santa María Cahabón votaron en una consulta comunitaria contra el funcionamiento de las dos hidroeléctricas, debido al impacto sobre los ríos sagrados Cahabón y Oxec. La empresa responsable del macroproyecto es Oxec SA, filial de Energy Resource Capital, a la que medios comunitarios sitúan en Panamá.
Diferentes sentencias han influido en el devenir de la infraestructura. En febrero de 2017 la Corte Constitucional suspendió la licencia de los proyectos Oxec y Oxec II otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, al no realizarse una consulta previa a las comunidades de Santa María Cahabón, tal como establece el Convenio 169 de la OIT. En mayo de 2017 el alto tribunal mantuvo la suspensión, pero autorizó a las empresas a continuar operando durante un año (prorrogable), mientras el Ministerio de Energía realiza las consultas. La cúpula empresarial no se mantiene ajena al litigio. Tras la sentencia de febrero, la gran patronal CACIF demandaba “certeza jurídica” y “una visión de futuro con oportunidades de desarrollo”.
El colectivo ecologista Madre Selva de Guatemala batalla desde 1996 por la defensa del territorio. El asesor legal de la organización, Vladimir Soto, apunta algunas estrategias de criminalización tras un acto organizado por la ONG Perifèries en Valencia: “Cuando los pueblos y líderes se dan cuenta de los proyectos, las empresas proceden a denunciarlos penalmente; además, ya tienen prácticamente comprado al Ministerio Público (fiscalía) de los juzgados de Alta Verapaz. Acusan a los líderes comunitarios de delitos que implican penas de prisión, y obtienen órdenes de captura contra ellos su defensa de los ríos”. Soto critica la disparidad de criterios: “Las denuncias contra las hidroeléctricas quedan engavetadas en el Ministerio Público, sin embargo las que interponen las empresas se cursan a velocidad de rayo”.
Entre los ejemplos de persecución mediática y de la fiscalía, Vladimir Soto menciona a Ana Rutilia Ical Choc, líder q’eqchi’ de San Pedro Carchá y una de las promotoras del recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para frenar los megaproyectos en el río Cahabón. Ana Rutilia Ical destaca en su currículo como activista, exdelegada de la Defensoria de la Mujer Indígena en Alta Verapaz y profesora de Derechos Humanos en la Universidad Rafael Landívar de esta región.
En marzo de 2017 el colectivo Madre Selva denunció los “ataques” por parte de medios de comunicación y columnistas “al servicio de las élites” contra activistas. Por ejemplo, contra Bernardo Caal Xol, quien presentó en 2015 la acción de amparo ante el CSJ por entender que las autorizaciones de Oxec y Oxec II se otorgaron sin consultar a las comunidades. El líder y maestro comunitario fue arrestado el pasado 30 de enero en la ciudad de Cobán, acusado de robo agravado y detenciones ilegales, entre otros delitos. El seis de febrero un juez de la capital de Alta Verapaz ordenó la prisión preventiva de Caal Xol.
Desde entonces se han sucedido las campañas, concentraciones, acciones simbólicas y el cierre de carreteras para exigir su libertad. Comunidades q’eqchi’ de Santa María Cahabón y Alta Verapaz se manifestaron en Cobán; además, la ONG Alianza por la Solidaridad y Greenpeace, que colaboran con la organización Madre Selva, recogieron más de 1.700 firmas de apoyo a Bernardo Caal en cuatro días, remitidas a la Embajada de Guatemala en España. La Articulación por la Vida, contra la Impunidad y la Corrupción, que agrupa a más de 30 organizaciones populares de Guatemala, también condenó la captura del líder indígena.
El caso de Bernardo Caal no es una excepción en el país centroamericano. La Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha contabilizado 328 agresiones y delitos contra activistas a favor de los derechos humanos entre enero y octubre de 2017, un 25% más que en el mismo periodo de 2016. La cifra total del pasado año incluye 52 asesinatos (45 de ellos a mujeres), 72 agresiones contra activistas en defensa de los pueblos indígenas y el territorio; 131 agresiones contra mujeres y 30 a periodistas. Asimismo, organizaciones populares y de derechos humanos presentaron en marzo de 2017 un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión a comunidades que rechazan las grandes hidroeléctricas en Guatemala; el informe da cuenta de 103 órdenes de captura, 56 heridos, 36 encarcelamientos, 25 detenciones, 16 procesos de criminalización, 15 amenazas y 11 asesinatos.
Foto: Santiago Botón (Telesur)
El informe “Criminalización en Guatemala (2012-2017)” de UDEFEGUA dedica un apartado a la resistencia contra las plantas hidroeléctricas en Alta Verapaz, una de las regiones más aterrorizadas por 36 años de guerra interna. Entre los ejemplos recientes de señalamiento, figura el de Rolando y Blanca Estela Güitz Pop, detenidos en abril de 2017 en Cobán. Los dos hermanos participaron en la lucha de la Comunidad Monte Olivo (Cobán) contra la construcción de una central hidroeléctrica –Hidro Santa Rita- en el río Dolores; en agosto de 2014 más de mil policías, guardias privados y un grupo paramilitar reprimieron a las comunidades opositoras al proyecto, con el resultado de tres campesinos asesinados (“masacre de Semococh”). La batalla popular contra Hidro Santa Rita tiene antecedentes en febrero de 2012, cuando la empresa denunció ante la fiscalía a cinco líderes comunitarios, sobre quienes se emitió orden de captura. Pero continuó la resistencia. En agosto de 2013 tres supuestos policías amenazaron e intentaron secuestrar a otro líder de la Comunidad Monte Olivo, David Chen; pasada una semana de los hechos, dos niños de 11 y 13 años murieron por los disparos de un sujeto –presunto trabajador de la hidroeléctrica, según las organizaciones comunitarias- que buscaba al líder indígena.
Tres años después que Florentino Pérez –declarado en 2017 por Forbes mejor ejecutivo de España- viajara a Guatemala para promocionar el complejo hidroeléctrico Renace en Alta Verapaz, las organizaciones Madre Selva y Alianza por la Solidaridad entregaron 25.552 firmas en la sede de ACS en Madrid contra un proyecto “que no respeta los derechos humanos de 29.000 indígenas q’eqchi’”. A la misma conclusión llegó el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, quien visitó San Pedro Carchá a finales de 2017; en la aldea Panzamala constató el impacto de las obras para implantar Renace IV: “Vulneraciones a los derechos a la salud y vida de los comunitarios, quienes viven en condiciones infrahumanas”. El procurador subrayó en un comunicado la reducción de caudal del río Cahabón por las obras, así como la “presencia fuerte” de agentes de seguridad privada en la zona; también se hizo eco de las protestas de las poblaciones, a las que no se consultó por la construcción de la infraestructura, según denunciaron.
El pasado 22 de marzo comunidades de San Pedro Carchá y Santa María Cahabón se manifestaron en Ciudad de Guatemala contra los proyectos Renace y Oxec; el periodista Rony Morales reprodujo en el periódico Prensa Comunitaria las palabras de una vecina: “El caudal del río Cahabón se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que construye la hidroeléctrica; el río está completamente sucio, y las personas de las comunidades no pueden abastecerse de agua, pues temen enfermarse”. Marchas y plantones a la capital se produjeron, con el mismo fin, en febrero de 2017 y octubre de 2016; en esta última movilización, el Consejo del Pueblo Q’eqchi’ de Alta Verapaz denunció el “clima de mentiras” y la “campaña negra” lanzada por las empresas Renace y Oxec contra Bernardo Caal Xol, Erick Armando Cu Caal y otros líderes comunitarios.
Diferentes informes revelan los entresijos de estas grandes infraestructuras. Los investigadores Elena de Luis Romero y Antonio Rodríguez-Carmona publicaron en 2016 el documento de 190 páginas “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala”, en el que se hacen eco de las protestas de Madre Selva en 2013: “La construcción de hidroeléctricas ha roto en ‘pedazos’ el río Cahabón y lo ha secado en varios tramos”; a ello se agregaban las denuncias de contaminación por los derrumbes y movimiento de tierras en las obras de Renace II, lo que –según el informe en el que colaboró el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)- “apuntaría directamente a la responsabilidad del grupo Cobra”. Las comunidades señalaban que la construcción de represas a lo largo del cauce producía “graves alteraciones” en el ecosistema fluvial, se modificaban los caudales del río y destruían hábitats. Tres años después, en abril de 2016, poblaciones q’eqchi’ de Alta Verapaz continuaban denunciando ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG) de la ONU y el Ministerio de Energía y Minas el desecamiento y la contaminación del río Cahabón por el impacto del proyecto Renace.
También en 2016, Alianza por la Solidaridad publicó la investigación “La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala. Caso Renace-Cobra (ACS)”. El complejo de Corporación Multi Inversiones recibió la concesión administrativa para uso de bienes de dominio público en el río Cahabón y uno de sus afluentes –el Canlich- por 50 años. El documento recoge testimonios de líderes comunitarios sobre caminos construidos por la hidroeléctrica en las riberas del río, “de uso privado y sin acceso para los vecinos”. Además utiliza el término “expolio” para el caso Renace; incluye en ese término la compra de tierras para implantar infraestructuras, abrir canales o túneles y construir carreteras; o a los propietarios de fincas medianas que acumularon tierras para revenderlas a la empresa.
“Este expolio de tierras genera división entre las comunidades”, concluye el informe. Las poblaciones relacionaron con el conflicto el atentado en abril de 2014 contra Carlos Vicente Chub Cucul, activista frente a las hidroeléctricas y secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) en su comunidad; el ataque con arma de fuego se produjo en el caserío Rubel Cruz Xicacaco (San Pedro Carchá). Pocos meses después, desapareció en el mismo municipio el joven Ovidio Xol Chub, en el contexto de una negociación sobre compraventa de tierras con Renace.
Una investigación más reciente es la titulada “Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso Guatemala”, publicada en octubre de 2017 por la organización Mugarik Gabe. El informe subraya la violencia ejercida contra las mujeres. En noviembre de 2014, la ONG Centro de Atención de la Familia y al Niño Maltratado (CAFNIMA) señaló que algunas de las agresiones contra mujeres en Ulpán (Alta Verapaz) estarían relacionadas con trabajadores del proyecto Renace. Pese al temor a realizar denuncias en las zonas rurales, en Ulpán se registraron 22 casos de violencia sexual contra la mujer en dos años. En noviembre de 2016, Prensa Comunitaria informaba sobre el caso de dos hermanas, Rosa y Dominga Tzalam Cuc, que tras vivir 25 años en las comunidades Q’eqchi’ de San Pedro Carchá, llevaban tres años en resistencia al negarse a vender sus tierras a la hidroeléctrica Renace. Denuncian amenazas de muerte y de desalojo. La ONG Mugarik Gabe resalta las estrategias de publicidad y marketing que envuelve a los proyectos. Una sonriente mujer maya encabeza, en un entorno de árboles, la página Web de la hidroeléctrica de Corporación Multi Inversiones: “Porque trabajando todos en una misma dirección, Renace un mundo mejor”.
Fuente: Rebelión.org - Foto: Foto: grupo Cobra Renace
