Sin tregua, resistencias por la vida y el territorio frente al COVID-19 y la pandemia minera
El informe “Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera”, se elaboró en base a estudios de caso de nueve países de América Latina – México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Se enfoca en entender cómo gobiernos y empresas mineras aprovecharon el extenso periodo de la pandemia del COVID-19 para impulsar la agresiva expansión minera como “esencial” para la reactivación económica y la transición energética. A la vez, documenta las respuestas y la resiliencia de los pueblos afectados en condiciones aún más adversas que antes de la pandemia, refrendando lo verdaderamente esencial del cuidado mutuo, la organización comunitaria, la tierra, el agua y la alimentación sana.
La investigación resalta que el sector minero, sobre todo el metalífero, vivió un boom económico, mientras las comunidades y pueblos siguen sufriendo las consecuencias de múltiples crisis interrelacionadas: socio-económica, sanitaria, ambiental, junto a la violencia asociada a las mismas. Los altos precios de los minerales, los riesgos de suministro de muchas materias primas en las cadenas de producción, la transición energética, además de políticas extractivistas de la región y el colonialismo ejercido desde otras regiones, son los distintos engranajes de un sistema que aprovecha cada circunstancia para perpetuarse, y que sirven como impulso a la mayor especulación y expansión del sector en este período. Estos procesos conllevan al mismo tiempo la profundización de la represión, violencia, y control social que ejercen gobiernos y empresas.
A pesar de las numerosas amenazas que describe, el informe concluye con un análisis del significado de las resistencias al modelo minero, que se mantuvieron en tal contexto de peligro y de desastre climático y ecológico. Para las comunidades y poblaciones en primera línea frente a la minería, sus experiencias durante los últimos dos años refuerzan la importancia de seguir defendiendo el territorio, el agua y el aire limpios y por el sustento y los medios de vida. En definitiva, no es posible “quedarse en casa”, mientras todo eso está en riesgo.
La Coalición contra la Pandemia Minera es un grupo de organizaciones, redes e iniciativas de justicia ambiental de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, África y América Latina que trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos de la industria minera relacionados con la pandemia de COVID-19. Esta investigación forma parte de una investigación colaborativa global, lo cual abarca estudios de caso elaborados en conjunto con comunidades y grupos de base de 23 países. A inicios de junio, la Coalición publicará informes que llevan a cabo análisis similares en Asia, África, Europa y América del Norte.
Fin del comunicado.
ENLACES DE DESCARGA DEL INFORME:
Español: https://bit.ly/38b6aKX
Inglés: https://bit.ly/3NuXhL1
Para más información o para organizar una entrevista:
– Jen Moore, Investigadora Afiliada, Instituto de Estudios Políticos – Programa de Economía Global, jen@ips-dc.org
– Kirsten Francescone, Coordinadora del programa con América Latina, Alerta Minera Canadá, kirsten@miningwatch.ca
– Leny Olivera Rojas, Director, TerraJusta, leny@terra-justa.org
– Guadalupe Rodríguez, Salva La Selva, guadalupe@salvalaselva.org
Algunas citas y datos relevantes de los estudios de caso del Informe
Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera
Argentina, Provincia de Chubut: “Nosotros consideramos que la crisis que actualmente hay en Chubut, una provincia que tiene tantas posibilidades, es una crisis de diseño; una crisis que se ha armado justamente para tratar de imponer esta actividad, para que el pueblo no vea otra salida que la actividad minera”. Iván Paillalaf, miembro de la comunidad indígena Mapuche-Tehuelche de Laguna Fría Chacay Oeste
En diciembre de 2021, bajo la presión de la empresa canadiense Pan American Silver, las autoridades provinciales de Chubut aprovecharon la pandemia para anular una prohibición de la minería que llevaba casi dos décadas, a pesar de la oposición amplia. Las comunidades originarias Mapuche-Tehuelche y los residentes de toda la provincia salieron masivamente a las calles y, tras casi una semana de represión, la decisión fue retirada. El movimiento popular promueve ahora un proyecto de ley que busca ampliar la prohibición para incluir las fases de prospección y exploración de la minería.
Brasil, Comunidad de Aurizona, Maranhão: “La pandemia sirvió para que los conflictos y violencia en nuestros territorios causados por estas empresas fueran intensificados, muchos casos de amenazas, fortalecimiento de las milicias […] con un gobierno genocida que tenemos aquí, las empresas mineras sin duda se sienten muy autorizadas de actuar con violencia”. Dalila Alves Calisto, militante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en el estado de Maranhão, Brasil.
Dalila es una de cinco líderes locales demandados por la empresa minera canadiense Equinox Gold para silenciar las protestas, después de que una presa de relaves se desbordara en la mina de oro Aurizona, contaminando el agua de una comunidad de 4.000 personas que habitan río abajo. La comunidad sigue careciendo de un suministro de agua adecuado.
Chile, Municipio de Putaendo: “[…] hemos trabajado mucho, [para] que la gente entienda y aprenda a valorar lo que tenemos como territorio, lo valioso que es defender el ecosistema. Y a medida que se valore, se generen compromisos y acciones concretas de resistencia y de organización”. Alejandro Valdés, representante de la organización Putaendo Resiste, cuyo pueblo está siendo amenazado por la empresa minera canadiense Los Andes Copper.
Putaendo es la primera municipalidad chilena que se declara «territorio libre de minería». A lo largo de la pandemia, Los Andes Copper ha intentado imponer su proyecto de una mina de cobre de dos tajos y llevar a cabo la exploración avanzada. La empresa, de forma criticable, obtuvo su permiso ambiental durante las restricciones sanitarias. Durante años, la misma llevó a cabo un programa de perforación sin los permisos medioambientales pertinentes y en medio de una amplia oposición.
Colombia, La Guajira: “La situación descrita y los daños causados por el Cerrejón profundizaron las relaciones asimétricas entre las comunidades afectadas y las empresas responsables. Esta asimetría se evidencia, en gran medida, en el control de la información, organización y rendición de cuentas por parte de estas empresas, respecto a la posible expansión de la mina”. Fuerza de Mujeres Wayúu, Colombia
El Cerrejón es la mina a cielo abierto más grande de América Latina. Ha operado durante más de treinta años y ha despojado a 35 comunidades indígenas Wayúu y afrodescendientes de sus territorios ancestrales para la extracción de carbón térmico. La injusticia se profundizó aún más durante la pandemia, ya que en ese período las empresas y el gobierno continuaron negándose a respetar una decisión de la Corte Constitucional de 2017 que reconocía las violaciones de los derechos comunitarios relacionadas con el plan de expansión de la mina. Desde mediados de 2021, Glencore y Anglo American han demandado a Colombia en base a los acuerdos bilaterales de inversión internacional con Suiza y el Reino Unido, por impedir su expansión de la mina.
Ecuador, Pueblo Shuar en la provincia de Morona Santiago: [Las empresas] nunca se quedaron paradas, no cumplieron con los cuidados, y decretos de toque de queda que el gobierno impuso. No sé por qué la ley no se da para ellos, [sino] solo para las comunidades y pueblos… Para la empresa no hay ley”. Josefina Tunki, primera mujer Presidenta del Consejo de Gobierno Pueblo Shuar Arutam (PSHA), de la Amazonía ecuatoriana.
Durante toda la pandemia, las agresivas actividades de exploración avanzada de las empresas canadienses Solaris Resources y Aurania Resources amenazaron el territorio indígena Shuar Arutam, a pesar de que el pueblo Shuar lleva diciendo ‘NO a la minería’ en sus tierras colectivas desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, representantes legítimas de los Shuar, como Josefina, han vivido una campaña de amenazas y difamación.
Honduras, Municipalidad de Tocoa: “La pandemia del COVID-19 es la mejor oportunidad que las multinacionales y empresas nacionales tienen para profundizar el sistema de saqueo de recursos en nuestros países”. Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Honduras.
El Comité tuvo que llevar a cabo múltiples acciones, desde 2020 hasta febrero de 2022, para liberar a ocho defensores del agua que fueron detenidos arbitrariamente por su oposición pacífica a un proyecto de óxido de hierro de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares. A inicio del 2021, esta empresa puso en marcha su proyecto de óxido de hierro sin licencia ambiental, lo que provocó una fuerte sedimentación en el río San Pedro.
México, Luchas en seis estados: “Después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía no hubo tregua. No cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se ha movido un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar a quienes han generado tantos daños al agua, tierra, la salud y la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos”. Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
México fue uno de los pocos países que no declaró la minería como actividad esencial desde el principio. Appoyándose en la embajada de Estados Unidos, la industria apeló a la puesta en vigor del recién renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá para lograr la medida en un plazo corto de seis semanas. Como reacción a la declaratoria de la minería como esencial, incluso en el punto álgido de la pandemia, las comunidades encontraron formas de oponerse a la aprobación de nuevos permisos y seguir resistiendo a los daños a la salud que causa la minería, mientras se seguía profundizando la militarización y la violencia extrema.
Panamá, Movimiento Nacional: “Ante la falacia de reactivar la economía nacional por medio de la minería, las comunidades aledañas al proyecto Cobre Panamá y algunas organizaciones civiles, emprendieron una iniciativa de lucha. Crearon el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería (MPVMSM). Este movimiento se opone a la minería y a la renegociación del contrato con Cobre Panamá”. Colectivo Voces Ecológicas-Radio Temblor (COVEC)
El gobierno panameño ha utilizado el pretexto de la reactivación económica para intentar acelerar la expansión minera, lo que el movimiento MPVMSM considera una maniobra para enriquecer a ciertos funcionarios y a la élite a costa de las personas y del medio ambiente. Cobre Panamá, propiedad de la empresa canadiense First Quantum Minerals, es la única mina en operación en Panamá. Sigue trabajando, a pesar de que su contrato fue declarado inconstitucional en 2017 y de las violaciones que hace de su propio plan de mitigación ambiental.
Espinar, Perú: “Nosotros siempre estamos ahí luchando, siempre hay que cuidar nuestra semilla, nuestra soberanía alimentaria, como cuidadoras de nuestros cuerpos y territorios”. Asociación de Defensoras del Territorio y la cultura K´ana, Espinar, Perú
Las comunidades de Espinar llevan décadas denunciando la contaminación del agua y la intoxicación con metales pesados que sufren. Estas son resultado de la explotación minera de la empresa Antapaccay, propiedad de la empresa suiza Glencore, motivos por los que tiene demandas pendientes. Durante la pandemia y en plena crisis económica, la empresa otorgó bonos de ayuda que, en realidad, no fueron suficientes ni de fácil acceso. La empresa hizo esta concesión después de que la comunidad se movilizara durante 23 días, lo cual derivó en graves actos de represión y violencia a las comunidades. Además, el proceso de consulta para continuar con la expansión del proyecto minero, denominado Coroccohuayco, ha estado plagado de irregularidades durante la pandemia.
Puno, Perú: “[No] acepta cuestionamientos de parte de pobladores que están en contra de la actividad minera, lo que dice la minera es ley en comunidades indígenas”. Autoridad local del distrito de Macusani
El proyecto de litio y uranio de la empresa Macusani Yellowcake continuó sus actividades de exploración durante la pandemia, a pesar de carecer de los permisos necesarios y haber recibido la concesión de un importante glaciar que suministra agua a las comunidades río abajo y genera electricidad para tres regiones del sur de Perú. Las actividades de la empresa han fomentado la división entre las comunidades y han aumentado la vigilancia en las comunidades. Para facilitar aún más estos proyectos, en mayo de 2021, el gobierno peruano declaró la minería de litio y uranio de interés público y nacional.
Fuente: https://www.salvalaselva.org/exitos-y-noticias/10773/sin-tregua-resistencias-por-la-vida-y-el-territorio-frente-al-covid-19-y-la-pandemia-minera
