Pronunciamiento de pueblos y comunidades afectadas por los megaproyectos mineros en el departamento de La Guajira, Colombia
Somos consientes de los derechos que hemos conquistado, los cuales deben ser respetados tanto por el Estado colombiano como por las empresas y los Estados de origen de éstas, en tal sentido nos oponemos a que de manera arbitraria se siga adelante con estos proyectos y se simule y engañe a las comunidades en reuniones que se pretenden hacer pasar como de consulta previa.
Reunidos entre el 18 y 20 de noviembre de 2011 en el Resguardo Indígena Wayuu provincial, municipio Barrancas
Reunidos miembros y delegados por las comunidades: Resguardos indígenas Wayuu: TRUPIO GACHO, ZAHINO,PROVINCIAL, CERRODEO, CABEZA DE PERRO, Comunidad asentamiento LA GRANJITA, LA GRANJA, BARRANCON, NUEVO ESPINAL, LOS GUAJIREROS, MADRE BERNARDA,TAMAQUITO II, PALMARITO, CAMPO ALEGRE comunidades afro colombianas de ROCHE, CHANCLETA y TABACO y comunidades campesinas de SIERRA AZUL, LAS CASITAS, ZARAHITA, EL DESCANSO, EL PALMARITO, PATILLA, ASOROCHEROS, OREGANAL Y ORGANIZACIÓN FUERZA DE MUJERES WAYUU, y las organizaciones que agrupan cabildos, asentamientos, campesinos, mujeres y comunidades afectadas y desplazadas ACIWASUG, ALEWAJILAWA, ANUC, FUERZA DE MUJERES WAYUU y FECODEMIAGUA en el resguardo Provincial jurisdicción del municipio de Barrancas del Departamento de la Guajira, los días 18 al 20 de noviembre de 2011, abordamos la problemática que ha ocasionado la solicitud de expansión del proyecto minero del Cerrejón y los impactos que viene produciendo la actividad minera a cielo abierto de este mismo proyecto por 35 años en la Guajira.
Fue especialmente notoria la activa participación durante las jornadas, de las autoridades tradicionales, de las mujeres, los jóvenes y las niñas.
Durante estos tres días, como pueblos y comunidades nos escuchamos y analizamos desde diferentes ámbitos y perspectivas los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos que se vienen presentando por cuenta de la minería en nuestros territorios; igualmente recordamos lo que teníamos en ellos hasta antes de llegar ésta y examinamos los derechos y garantías que nos amparan y el grado de protección o vulneración por parte de las empresas y del Estado durante todos estos años.
Así contatamos que:
Antes de que llegara la economía minera, había tranquilidad en nuestras comunidades, se vivía mejor, había animales para el ejercicio de la cacería, practicábamos la pesca y la agricultura, sin embargo con la llegada de la industria minera acompañada de la promesa de progreso y desarrollo, se iniciaron los despojos a las comunidades; en ningún momento se hicieron procesos de consultas ajustados a la constitución, los tratados internacionales ni nuestras leyes y normas de origen; es claro que las autoridades y empresarios violaron completamente todos los estándares de derecho de los pueblos indígenas Wayuu, afro descendientes y a la participación de las comunidades campesinas. Este despojo lo han padecido comunidades como: El Espinal, Palmarito, Cabeza de Perro, Sojori, Tabaco, Chancleta, Roche, Patilla, Zarahita, Manantial, Caracolí, Oreganal, Las Casitas, Barrancón y el Descanso, sin que a la fecha hayan recuperado su territorio o lo tengan sin la titulación correspondiente y con graves afectaciones en su cultura y tejido social, lo cual limita el goce de sus derechos como personas y miembros de comunidades. El Estado colombiano no ha protegido los derechos de las comunidades al territorio, a la participación, a la cultura, a la salud, ni a la propiedad colectiva ni individual.
La extracción minera a gran escala en nuestros territorios y al lado de ellos, ha afectado las culturas del pueblo Wayuu, afrodescendientes y campesinos; sumada a esta situación, la Empresa el Cerrejón con auspicio del Estado Colombiano pretende desviar el cauce del rio Ranchería del cual dependen los Municipios de Barrancas, Hatonuevo, Albania y Riohacha y sus corregimientos, Resguardos Indígenas y consejos comunitarios así como todas las comunidades y pobladores que habitan en el cauce del río.
Se observa con preocupación cómo el proyecto minero del Cerrejón por 35 años continúa desalojando del territorio a las comunidades nativas, contaminando el agua, el aire y el suelo, a través del polvillo del carbón el cual genera infecciones respiratorias que han llevado a la muerte a un número considerable de pobladores y miembros de las comunidades, contaminación visual por la modificación del paisaje y auditiva por los ruidos que producen las maquinarias y la voladura de los explosivos.
En estos momentos las empresas interesadas están impulsando reuniones para la expansión del proyecto minero del cerrejón y la desviación del río Ranchería en busca de explotar el carbón, sin importar los graves impactos que este proyecto traerá para los guajiros y las guajiras, por el desabastecimiento de agua, contaminación de aire, el agua y el suelo; la pérdida de biodiversidad, la ruptura de la cultura y los tejidos sociales y del territorio en general. Hoy nos vemos frente al inminente riesgo de que la Guajira desaparezca en pocos años, si no le ponemos freno a la ambición desmedida de las empresas y la complicidad del Estado que nos quieren dejar SIN DONDE COLGAR EL CHINCHORRO.
Como si fuera poco el daño causado con la explotación minera de tantos años, hoy se pretende desviar el río Ranchería más de 26 kilómetros de su cauce natural, por ello se ha movilizado la población el 9 de agosto y 6 de septiembre de 2011, porque no queremos el desvío del río Ranchería ni que se siga expandiendo el proyecto minería, pues como lo hemos constatado en estos 35 años de explotación, si se concreta la expansión se deteriorarán aun más las condiciones de vida de la mayoría de los pobladores de la Guajira. Estos proyectos y su expansión se han hecho sin respeto a los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas de la Guajira y de Colombia que contiene la Constitución Política de nuestro país.
Somos consientes de los derechos que hemos conquistado, los cuales deben ser respetados tanto por el Estado colombiano como por las empresas y los Estados de origen de éstas, en tal sentido nos oponemos a que de manera arbitraria se siga adelante con estos proyectos y se simule y engañe a las comunidades en reuniones que se pretenden hacer pasar como de consulta previa.
La consulta con consentimiento libre, previo e informado a que tenemos derecho, no se obtiene con la presión y los afanes de las empresas CERREJON, PACIFC RUBIALES y MPX que a través de sus funcionarios, contratando hermanos indígenas y de manera arbitraria han ingresado a comunidades indígenas y de afrodescendientes, dividiendo familias, desconociendo costumbres, tradiciones, autoridades comunitarias, formas de vida y la autonomía de los dueños del territorio; han realizado reuniones, levantado actas de concertación con algunas personas, desconociendo que el territorio es de todos los miembros de las comunidades, y es el 100% quien debe participar.
Por ello manifestamos, basados en el convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley 21 de 1991, la Constitución Nacional y la jurisprudencia nacional e internacional, que las empresas no tienen por qué estar promoviendo consultas ni entrando en nuestros territorios sin nuestro consentimiento y permiso de nuestras asambleas comunitarias como mayor organismo de gobierno de nuestras comunidades.
Las empresas multinacionales han violando el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas, con el apoyo y apadrinamiento del Ministerio del Interior y de Justicia, desconociendo éste su obligación y papel de garante para el que fue creado, ya que se ha parcializado a favor de los intereses de mega proyectos del Cerrejón para la fase de ampliación, la vía férrea para MPX, y la exploración de gas a favor de la empresa Pacific Rubiales; como también lo ha hecho durante todos estos años el Estado en relación con el megaproyecto carbonífero.
Decisiones:
1. Solicitamos al Estado colombiano:
a. Respetar y garantizar el derecho de los pueblos al goce efectivo de su territorio colectivo.
b. Invalidar las consultas realizadas con algunos delegados que desconocen la totalidad y forma de vida de las comunidades.
c. No otorgar licencias, previo a realizar consultas autónomas en las comunidades.
d. Respetar la decisión en cuanto a cómo realizar la consulta previa en las comunidades. Tomando en cuenta que los pueblos son autónomos, dueños de su territorio y por lo tanto que la consulta sea en base a sus costumbres, tradiciones y formas de vida.
e. Que el gobierno ordene el cese de las prácticas de acoso de MPX, en contra de las comunidades asentadas en las zonas de actividad minera, entre ellas CAÑAVELARES, CORRALEJA, CONEJO.
f. Tomar medidas urgentes para garantizar, promover y recuperar la alimentación de las comunidades a través de actividades productivas como la agricultura, la pesca, la caza y demás labores acordes con sus usos y costumbres; así como alternativas económicas viables para la Guajira que preserven el territorio, el agua, el medio ambiente, el trabajo y la vida digna de sus habitantes.
2. Exigimos a las Empresas CERREJON, MPX, PACIFIC RUBIALES y otras que pretendan instalarse:
a. Suspender sus actividades de extracción minera en nuestros territorios.
b. No realizar más reuniones en nuestras comunidades, haciéndolas pasar por consultas previas.
c. No utilizar el cuerpo de los pobladores para la publicidad de su empresa.
d. No engañar a la juventud de nuestras comunidades, haciéndose pasar como el mejor empleador de la época.
e. Informar sobre los efectos negativos que ocasionan sus empresas.
f. Que la empresa CERREJON repare los daños ocasionados durante los 35 años de explotación.
3. Manifestamos que no permitiremos la desviación del río Ranchería
4. Alertamos a quienes en verdad quieren a la Guajira, desean vivir y criar sus hijos en ella, que si permitimos que la minería siga expandiéndose, muy pronto nos vamos a quedar TODOS SIN AGUA Y SIN TERRITORIO.
5. Responsabilizamos al Estado colombiano, a la Empresa CERREJON y los países de origen de esta empresa, sobre los impactos y afectaciones al territorio y derechos humanos que sufra la población por defender y preservar el río Ranchería.
6. Informamos que no permitiremos que se realicen procesos de prospección de gas.
7. Advertimos que no aceptamos la construcción de una línea férrea ni megaproyectos que afecten nuestra vida y permanencia en el territorio que cohabitamos.
8. Exigimos el respeto a la decisión comunitaria en cuanto a la forma y el tiempo de realizar las consultas previas y autónomas en nuestro territorio.
9. Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y comunidades afectadas por la minería a trabajar conjuntamente hacia la descertificación de las empresas megamineras en el mundo, por la contaminación y atentar contra la vida de la humanidad.
POR LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO, Y EL BUEN VIVIR DE TODOS LOS GUAJIROS
Firman: COMUNIDADES WAYUU, AFRODESCENDIENTES Y CAMPESINOS DE LA GUAJIRA.
Dado en Provincial – Barrancas – Guajira – Colombia, el 20 de noviembre de 2011.
