El neoextractivismo en Latinoamérica hoy
COB - LA BRECHA - ANRED
Según los especialistas, en este nuevo modelo extractivo "el Estado juega un papel más activo", lo cual llega a resguardar los intereses de las propias megaempresas "incluso por medio de protección policial o militar".
Con ese nombre puede caracterizarse el modelo de desarrollo del subcontinente. Según el uruguayo Eduardo Gudynas en el neoextractivismo, a diferencia de un extractivismo anterior, que podríamos denominar como neoliberal, en este modelo, el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes por medio de políticas sociales. Sin embargo, continúan los impactos sociales y ambientales negativos. Se utiliza el rótulo de extractivismo en sentido amplio -petróleo, minería, agronegocios, etc.- para las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, no son procesados (o lo son limitadamente), y pasan a ser exportados.
Entre una serie de características, más allá de los indudables impactos ambientales nos interesa resaltar que estos mega proyectos desencadenan profundos impactos territoriales. Significan, por ejemplo, la llegada de contingentes de operarios y sus equipos, a áreas remotas; algunas habitadas por comunidades rurales o pueblos indígenas. Generan enclaves productivos que están conectados por corredores de transporte o de energía con otras zonas del país, y orientados hacia los puertos de exportación. Sus actividades son resguardadas en muchos casos por el propio Estado, incluso por medio de protección policial o militar.
Los cambios territoriales son profundos, ya que modifican la configuración del espacio, los actores que lo construyen y sus formas de relación. Muchas veces este tipo de producción reestructura la geografía junto a cambios institucionales y una desintegración comunal, y genera otro tipo de relaciones entre los espacios locales y los nacionales e internacionales, en la que los actores locales son pocas veces tenidos en cuenta. Este tipo de explotación atenta contra las economías regionales y autóctonas, ancestralmente desarrolladas en las distintas bioregiones, como es el caso de la ganadería, la horticultura, etc. Las consecuencias político-sociales son enormes, ya que no sólo los deberes del Estado pasan a ser reemplazados por las empresas, dependiendo de estas las refacciones de las escuelas, el hospital, etc. Sino también trae consigo problemas como la prostitución, la trata de personas, grandes índices de adicciones a drogas y alcohol generando una desintegración. Hay muchos casos que dan muestra de esta situación, como los informes "la ruta de la soja, la ruta de la trata" y "la ruta del petróleo la ruta de la trata".
Más allá de la propiedad de los recursos (ya que los Estados han pasado a ser actores directos extractivistas, como en el caso de Petrobras o más recientemente YPF) se repiten reglas y funcionamientos de los procesos productivos orientados a ganar competitividad, aumentar la rentabilidad bajo criterios de eficiencia clásicos: se llevan los recursos y dejan los impactos ambientales y sociales. El “nacionalismo sobre los recursos” no cuestiona la extracción en sí misma sino su control privado y extranjero. Uno de los argumentos más fuertes en favor de este tipo de mega-proyectos extractivistas es que generarán trabajo. Sin embargo, las expectativas que generan que pocas veces se cumplen, puesto que en realidad se trata de proyectos capital-intensivos y no trabajo-intensivos. Es decir que necesitan mucho dinero y no mucha mano de obra. Según Darío Aranda, periodista e investigador, en La Lumbrera se emplean 60 personas de Andalgalá de los 6000 puestos de trabajo prometidos.
Finalmente, muchos de los impactos ambientales y sociales también pasan desapercibidos debido al centralismo de casi todos los países. Las élites, los medios de comunicación y los sectores de mayor peso en la opinión pública, están en las capitales y grandes ciudades, y tienden a menospreciar lo que ocurre en el interior lejano de sus países. Los gobiernos centrales aprovechan una transferencia de los costos sociales y ambientales hacia las comunidades locales y los municipios, quienes son los que deben finalmente lidiar con los problemas ocasionados por el extractivismo.
Imagen:anred.org
